La
ley de consulta previa a los pueblos indígenas promulgada hace dos años está entrampada,
su aplicación es clave para reducir la conflictividad en el país.
Tres organizaciones no gubernamentales
Grufides, CooperAcción y Fedepaz por sexto año consecutivo presentaron el Informe
del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que presenta el monitoreo de
5 zonas de intervención: Piura, Cusco, Cajamarca, Apurímac y Junín. A mayo de
2013, según el mapa de concesiones mineras el 21% del territorio peruano se
encuentra concesionado, es decir más de 26 millones de hectáreas. En este semestre
se reporta la reactivación de conflictos que marcarán la pauta de la segunda
mitad del año, como es el caso del conflicto Conga en Cajamarca, sin visos de
solución y diálogo por parte del gobierno.
Emma Gómez, subdirectora de
CooperAcción señala que los reportes de Apurímac muestran que es la región de
mayor conflictividad en el país. “En varias de sus provincias los conflictos se
han incrementado, sobre todo los vinculados a la actividad minera. En regiones
vecinas, como Cusco, Puno y Arequipa, también se presentan escenarios de
reactivación de conflictos, lo que plantea la necesidad de observar con mucha
atención el sur andino del país”.
Ello se debe a la tendencia de
expansión de las inversiones mineras en estas regiones. Según las estadísticas
del propio Ministerio de Energía y Minas, regiones como Apurímac ya encabezan
los flujos de inversión en nuevos
proyectos mineros: Apurímac ocupa el primer lugar captando el 20.88% de
los montos de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum,
Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas demanda una inversión
de más de US$ 5,200 millones. Todo indica que el sur andino, se va a convertir
en los próximos años en el centro de expansión minera, que tendrá en el cobre
al principal mineral de explotación.
El informe OCM identifica que uno de
los focos de conflictos es el entrampamiento de la aplicación de la ley de
Consulta Previa. Este 06 de setiembre
próximo se cumplirán dos años de la promulgación de la Ley de Consulta, sin que
se haya realizado proceso alguno, por lo que han surgido nuevos conflictos.
El OCM reporta que hay que hacer un
seguimiento al paquete de medidas que se viene promoviendo para salvaguardar la
inversión en nuestro país. Estas normativas pretenden agilizar la cartera de
proyectos mineros. Para Marco Arana de Grufides, las inversiones mineras en
nuestro país no se han detenido, por el contrario, si se compara con el “boom”
minero del periodo de Alan García, este gobierno (Ollanta Humala) ha superado
ya con creces las inversiones en el presente periodo.
Por su parte, Emma Gómez, señala que
en este semestre (2013) las medidas de promoción de la inversión ante una “supuesta
desaceleración de la economía peruana” sustentada en la baja de la minería, en palabras
del propio presidente Ollanta Humala, no es real. “Lo que estamos demostrando
ahora es que en realidad el PBI minero es positivo, hay predicciones de
carteras de proyectos para los próximos siete años, en realidad 54 000 000
millones de dólares, si bien hay baja en productos y producción de oro, el
cobre es lo que va sostener la producción minera en los próximos últimos años y
en el nivel del crecimiento del sector, lo que estamos mostrando es que hay una
búsqueda por parte del Ejecutivo para garantizar las inversiones, hay una
preocupación del gobierno por blindar las inversiones a costa de la protección
de los derechos de las poblaciones”, dice Gómez.
“Las
variaciones de los precios internacionales de los minerales ocurren con bajos
precios de producción por lo que las ganancias siguen estando aseguradas, sin
embargo las empresas mineras buscan mantener sus altísimas tasas de ganancia
con el incremento acelerado de la producción”, señala Arana.
“La
flexibilización de las normas ambientales van a traducirse en mayores daños
ambientales y ahora también al patrimonio arqueológico lo que va a traducirse en mayor
conflictividad social en todo el país”, dice Arana.
Concesiones
en las cinco regiones monitoreadas:
Apurímac registra al 2013 que el 64.8%
de su territorio se encuentra concesionado, más de un millón 353 mil hectáreas,
6% más que el año 2012, la provincia
con mayor concesión es Cotabambas: 97.83% de su territorio está concesionado a
la minería. La inversión china podría ingresar con fuerza en la zona. De acuerdo
a las últimas informaciones, dos empresas chinas estarían interesadas en el
proyecto Las Bambas. Existe una propuesta de Chinalco Mining Corp.
Internacional.
En Cusco el 23% del territorio está concesionado a la minería. La provincia con
mayor concesión es Chumbivilcas que tiene el 77.38% de su territorio
concesionado. Está comprobado mediante el Informe del MINAM que existe contaminación en la
Provincia de Espinar, asociada a la actividad minera Xstrata Tintaya. El 100%
de las personas que viven en las comunidades directamente afectadas por Xstrata
Tintaya se encuentran expuestas a las presencia de metales.
Cajamarca es la región que tiene
concesionado el 44.8% de su territorio, el distrito de Bambamarca está
concesionado en un 90.17%.
Arana sostiene que el proyecto Conga
no se ha detenido. “Se sigue adelante con la construcción de la infraestructura
hidráulica (reservorio Chaillaguón) y ahora se presiona también sobre la
construcción de la infraestructura hidro-energética en el Río Marañón (Chadín
II), la persecución judicial continúa, y hoy mismo la empresa busca el desalojo
judicial de la familia acuña Chaupe”.
En Junín, más de un millón de
hectáreas de territorio se encuentra concesionado, es decir un 26.9% de su
territorio. Siendo la provincia de Morococha la que mayor concesión minera
tiene: 69.92%.
La región Piura el 31% de su territorio
está concesionada a la minería. Aparentemente en esta región se trata de reactivar
la actividad extractiva, como es el caso de la posible reactivación del
proyecto minero Tambogrande.
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