El 06
de setiembre próximo se cumplirán dos años de la promulgación de la Ley de
Consulta previa y hasta la fecha no se ha realizado ninguna en el
país. Asimismo se desconoce quiénes son sujetos a este derecho y qué
consultas previas de envergadura nacional se tiene prevista para el presente
año, es decir se evidencia un entrampamiento político en cuanto al reto
de conducir procesos de consulta en nuestro país.
El mapa de
concesiones mineras elaborado por el OCM reporta que el 21.02% del territorio
nacional está concesionado a la minería, alcanzando 26´752,220 de
hectáreas. En ese escenario, el otorgamiento de concesiones afecta
directamente a los territorios de comunidades campesinas, pues el 48.6% de sus
territorios tiene concesiones mineras, según el último informe del el
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).
Emma
Gómez, subdirectora de CooperAcción señala que desde la década del 90 las
concesiones mineras vienen creciendo de manera sostenida en todo el territorio
nacional. “Si bien es importante señalar que no toda concesión minera va
a concretarse en un proyecto minero, lo que es cierto es que este crecimiento
viene presionando, el uso del territorio, en especial los territorios de
comunidades campesinas y nativas, compitiendo con estas últimas por el uso de
recursos naturales como el agua. Las concesiones mineras son otorgadas sin que
medie consulta previa a las poblaciones indígenas afectadas por las
concesiones”, sostiene.
Afirma que
es desde el otorgamiento de concesiones que se originan los conflictos
entre empresas, poblaciones y comunidades. “Es desde el momento inicial en que
comienzan los procesos de compra de tierras que muchas veces se dan en
condiciones de asimetría de la información, que impiden la adopción de acuerdos
justos y equitativos.
Así, el XII
Informe OCM denuncia que hay muchas asimetrías en las compras de tierras, la
mayoría de los casos analizados evidencian que los acuerdos por tierras a los
que llega la comunidad con la empresa no son equitativos para los comuneros. Un
claro ejemplo de ello es lo sucedido en la comunidad de Pumamarca, donde
Xstrata adquirió tierras para la construcción de carreteras y el campamento a
un precio por demás escandaloso de 20 céntimos el metro cuadrado. Además, la
empresa contrajo ciertos compromisos para ejecutar proyectos con la comunidad
pero no las cumplió.
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