jueves, 27 de agosto de 2015

Consultas previas alrededor de dos proyectos ponen en tela de juicio de cómo se están llevando estos procesos

Los procesos de consulta previa implementados hasta el momento están poniendo en tela de juicio la eficacia de ésta para velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En los últimos meses se ha venido desarrollando  dos procesos emblemáticos: Hidrovía Amazónica y Lote 192; precisamente en este último, el Estado ha dado por concluida unilateralmente la consulta previa  a pesar que, hasta la fecha, de las 27 propuestas realizadas por las comunidades indígenas, 5  no han tenido respuestas, 17 estuvieron siendo debatidas con los  equipo de asesores,  y solo en 5 existe consenso.

Se complica consulta en el Lote 192
Una carta enviada por las Federaciones Indígenas de las cuencas del río Pastaza y Corrientes dirigida al Presidente Ollanta Humala -con fecha 20 de agosto- critica seriamente la etapa de diálogo, y ha sido el detonante para que el Estado diera por concluido el proceso, pese a haber temas pendientes. Así, el oficio de respuesta dada por el Ministerio de Energía y Minas, a través del Director General Asuntos Ambientales Energéticos, Renato Baluarte, señala “por no haber tenido respuesta sobre las propuestas del Estado y no tener respuesta para retomar el diálogo o plantear una fecha alternativa (…) corresponde al Estado concluir la etapa de diálogo intercultural y proceder con la etapa de decisión al no haberse alcanzado acuerdos.

En esta comunicación se acusa a las comunidades de supeditar los acuerdos a la determinación de una propuesta de beneficios.  Estas afirmaciones llaman la atención pues fue el Estado, quien en la reunión del 14 de agosto, fecha en que se retomó el diálogo entre el Estado y las federaciones de FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ORIAP, puso como único punto a tratar el tema de beneficios.

En dicha reunión  solo formalizaron  acuerdos alcanzados con anterioridad con FECONAT y ORIAP,  organizaciones con las que el Estado se había reunido por separado.  Ambas federaciones aceptaron la propuesta de un aporte de  0.75% del valor de la producción fiscalizada del lote,  monto que debía ser empleado en  proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental. Esta situación generó desconcierto en las comunidades  FECONACO y FEDIQUEP, pues ambas organizaciones no aceptaron el monto, alegando que era muy pequeño considerando la producción del lote. En los días posteriores sus principales líderes han expresado su descontento: “El Estado tenía preparada una estrategia, ellos han pensado que condicionándonos vamos a firmar aceptando el 0.75%, pero nosotros estamos solicitando el 2,5%, son 45 años que nosotros hemos aportado con nuestros recursos, ¿cómo es posible que nos ofrezcan el 0.75%? señala Aurelio Chino Dahua, presidente de FEDIQUEP, y agrega que lamenta la desunión entre las comunidades que integran el Lote 192.

Nuevo operador Lote 192
El Lote 192 que produce el 17% del crudo nacional, estará a cargo de Pacific Stratus Energy (antes Pacific  Rubiales), compañía canadiense con sede en Toronto y oficinas en Bogotá, Colombia, operador cuestionado por despojos, violaciones de derechos humanos y serios problemas ambientales en Colombia. Esta  petrolera sufrió una fuerte crisis financiera,  registrando pérdidas  por un monto de 722 millones de dólares en el primer trimestre del 2015, atribuida a la baja significativa del precio de los hidrocarburos.

Además, Pacific Stratus Energy no es empresa nueva en nuestro país, opera los lotes Z-1 en Tumbes, lotes 135 y 137 en Loreto, Lote 138 en Ucayali y Lote 116 en Amazonas, precisamente en este último ha ocasionado grandes impactos negativos contaminantes. “Hay graves denuncias de las poblaciones debido a la contaminación en el Lote 116, no sería una buena noticia para la gente el ingreso de Pacific al Lote 192” comenta el Abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Acción Práctica (CAAAP) señala que se trata de una empresa canadiense que tiene una presencia importante en Colombia y que en Perú tiene un número importante de lotes petroleros. Manifiesta que en el caso del Lote 116, las organizaciones indígenas vienen exigiéndole al Estado que suspenda las actividades de exploración y se inicie un proceso de consulta previa.

Cabe señalar que Pacific fue seleccionada pese a que hubo una oferta mayor. Mientras que ésta  ofreció 40 millones de dólares, Omega tuvo una propuesta de 54 millones de dólares, y además se comprometió a desarrollar programas sociales con las comunidades que están en las zonas de influencia del lote. Fuentes oficiales informaron que Omega no ganó la concesión debido a que produce menos de 3 mil barriles de petróleo al día y es considerada una empresa pequeña para encargarse de uno de los lotes más importantes del país.

Peligra remediación
La empresa Pluspetrol Norte S.A. -que administró el Lote 192 por 15 años- culmina su contrato de explotación del Lote 192 el 29 de agosto, y por increíble que parezca, no tiene un Plan de abandono aprobado por el Estado. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas presentaron observaciones al plan Pluspetrol, y hasta la fecha no existe otro proyecto de remediación.

A ello se suma que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), inició un proceso en el cual sanciona a Pluspetrol por no cumplir con la remediación de los lugares afectados por la actividad extractiva, los cuales han contaminado agua, aire y suelo de los territorios que ocupan el Lote 192. Según el OEFA, Pluspetrol debe resarcir el daño causado aún después de culminado su contrato. Sin embargo hay un silencio gubernamental en cuanto al tema.

El Plan de Abandono fue desaprobado por el OEFA, ya que no absolvió las observaciones en relación al cierre de 92 sitios impactos que no fueron inicialmente considerados. Se supone que cuando se desaprueba un plan se debe presentar otro. Esperamos que el Estado tenga los instrumentos legales para exigir a Pluspetrol que cumpla con sus obligaciones ambientales”, sostiene Leyva.

Agrega que es totalmente legítimo dudar de Pluspetrol, más aun teniendo en cuenta que ya se vence el plazo de las operaciones. “Depende mucho del Estado peruano fiscalizar y garantizar que se cumpla con la remediación”.

Consulta de Hidrovía Amazónica vuelve a etapa informativa
Otra consulta en cuestión es la del proyecto Hidrovía Amazónica, proyecto que  pretende integrar la Amazonía peruana mediante una red fluvial que atravesará los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas.  El proceso de consulta se inició debido a una acción de amparo presentado por la organización indígena ACODECOSPAT contra Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y actualmente este proceso ha regresado a la etapa informativa, porque las comunidades indígenas vienen demandando mayor transparencia e información en cuanto a impactos ambientales y sociales  de la mega obra.

En la última reunión entre el Estado y las comunidades indígenas de Loreto y Ucayali se llegó a un acuerdo con el MTC, así el acta suscrito señala que el proceso se extenderá hasta setiembre, y volverá a atravesar la fase de evaluación, y finalizará con el diálogo.

 “Nuestra propuesta ha sido aprobada en un 100%, hemos llegado a un acuerdo con el MTC después de varias propuestas y contrapropuestas. Nos parece justo que el Estado vuelva a brindar información porque las comunidades lo necesitan, a fines de setiembre estaremos nuevamente en la etapa de diálogo”, señala Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO.

Por su parte Leyva agrega que un proceso como este requiere plazos razonables, pues se debe garantizar un diálogo intercultural, eso supone también ser flexibles con las etapas y con el tiempo.

La consulta previa debe ser una política clara, que responda a un convencimiento por parte del Estado. La consulta, lejos de ahuyentar la inversión, lo que hace es tratar de llegar a resultados positivos en términos de ganancias para los empresarios, respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos; esto haría que las inversiones sean sostenibles y se traduciría en la reducción de conflictos sociales y ambientales” concluye Vega.

Especialista argentina sobre exigencia de interdicción para cobrar pensión por discapacidad: “La Constitución está por encima de la ley”


  • María Graciela Iglesias, abogada y ex jueza de familia argentina, visitó nuestro país para dictar en Diplomatura Internacional sobre Capacidad Jurídica y Discapacidad, organizada por la Academia de la Magistratura y Sociedad y Discapacidad – SODIS.
El Ejecutivo oficializó el Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, que dispone otorgar a sus beneficiarios 150 soles mensuales. Las organizaciones de/para personas con discapacidad demandaron que dicha pensión no esté sujeta a exigencias legales, a pesar de ello la Ministra de Mujer, Marcela Huaita, ha ratificado que las “personas con discapacidad mental severa” necesitarán de un curador para poder cobrar la nueva pensión no contributiva. Es decir, estas personas se verían restringidas en el ejercicio de sus derechos para poder acceder a este nuevo programa de lucha contra la pobreza.

La argentina Maria Graciela Iglesias, abogada especialista en familia que estuvo de paso por nuestro país para dictar en la “Diplomatura Internacional sobre Capacidad Jurídica y Discapacidad”, señaló que pueden adoptarse distintas medidas para asegurar que las personas con discapacidad cobren sus beneficios sociales sin tener que atravesar un juicio de interdicción. Esto tomando como punto de partida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ratificada por el Perú.

“Si alguien requiere de un beneficio previsional o de una pensión; el Estado tiene que realizar el ajuste razonable sin exigir un trámite de incapacidad o un trámite tutelar para otorgar un beneficio que la persona tiene por derecho propio”, explicó. Así, por ejemplo, si la persona otorga un mandato como la carta poder a un familiar de su confianza y sus derechos están salvaguardados, “perfectamente el apoyo puede percibir, pero ya no se le va a sustituir porque se toma en cuenta la voluntad de la persona”.

Iglesias, quien ha sido jueza de familia y actualmente preside el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental de Argentina, destacó que la sociedad civil peruana tiene una serie de herramientas legales para hacer respetar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

“Lo que se viene haciendo a nivel internacional es una incidencia muy importante a partir de amparos colectivos, medidas cautelares, de oponerse, de hacer incidencias a nivel político para que haya una adecuación a la Convención. Seguramente que el Defensor del Pueblo o los observatorios de la Convención podrán dictaminar en contra de esa medida.”

La especialista también destacó que los jueces peruanos podrían optar, como el juez cusqueño Edwin Béjar, por inaplicar el Código Civil para que las personas con discapacidad mental severa cobren su pensión sin nesidad de un curador.

“Por eso es importante la capacitación que los jueces y fiscales están recibiendo, porque serán ellos los encargados de declarar la inaplicabilidad de la norma o poner en orden la supremacía de la ley. La propia Constitución está por encima del Código Civil”, dijo. “Hasta ahora hemos actuado por el interés de la persona, ahora vamos a actuar por la voluntad de esa persona con discapacidad que no hemos sabido mirar ni reconocer como persona”.

Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad – SODIS, precisa que la norma de creación del Programa indica que la pensión puede percibirse a través de un representante o apoderado otorgado por notario o juez de paz. Asimismo, permite hacer entrega personal a los beneficiarios de la pensión no contributiva. “No entendemos las declaraciones de la Ministra pues no hay necesidad de exigir la interdicción. Esperamos que la nueva encargada del Programa escuche los pedidos de la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil”.


“El Perú todavía tiene un modelo de interdicción y, mientras no adecúen su legislación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas situaciones contradictorias seguirán sucediendo”, explicó Iglesias.

miércoles, 12 de agosto de 2015

Apus de comunidades indígenas de Loreto llegan a Lima para dialogar con autoridades

Diálogo se realizará el miércoles 14 de agosto sin la presencia del primer ministro, Pedro Cateriano.
Indígenas esperan que las autoridades den respuesta a sus propuestas.
 
Tras haberse postergado en reiteradas oportunidades el diálogo de la consulta previa a las comunidades indígenas de las zonas de influencia del Lote 192, entre técnicos del Estado y los representantes de las Federaciones Indígenas de la Amazonía; 30 apus de las comunidades de la cuenca del Pastaza y Corrientes llegaron a Lima hoy para sostener una reunión con el premier Pedro Cateriano y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.
 
Aunque representantes del MINEM han señalado que no participará  el premier,  las federaciones indígenas siguen demandando su participación. “Nosotros bien claro hemos pedido que nos garanticen la presencia de autoridades de alto nivel, pero ahora escucho que solo nos va a atender la ministra de Energía y Minas, nos preocupa ir a la capital del país y sentarnos con personas que no tienen poder de decisión”, dice Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP).
 
“Estamos exigiendo que el primer ministro esté en esa reunión para poder garantizar los acuerdos concretos, queremos personas que tengas poder político en la toma de decisiones”, señala David Chino, vicepresidente de FEDIQUEP.
 
Esta reunión se realizará luego de que la licitación del Lote 192 ha sido declarada desierta, ya que ninguno de los tres postores (Pacific Rubiales, Perenco y Pluspetrol) presentó ofertas para explotar el lote petrolero, este panorama hizo que las comunidades indígenas e incluso el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez demanden al Estado que entregue la licitación a la estatal Petroperú. El presidente Ollanta Humala descartó esa opción tildando a quienes la propusieron de “extremistas”.
 
Actualmente, hay un gran temor que Pluspetrol siga con la administración del Lote 192. “Así sea Petroperú u otra empresa, lo que nosotros queremos es que asuman todas las responsabilidades ambientales y también que respeten los derechos de los pueblos originarios, venimos a pedir que se garantice nuestra vida y que no hayan irregularidades en la empresa que asuma el lote”, dice David Chino.
 
Así, los dirigentes indígenas esperan que en la reunión del día 14 de agosto se dé respuesta a las 27 demandas de las comunidades indígenas, ya que hasta la actualidad el Estado no ha llegado a un acuerdo con las federaciones FEDIQUEP y FECONACO (Federación de comunidades Nativas del Corrientes y Pastaza), a pesar de haberse realizado reuniones técnicas de preparación en Lima y en Loreto.
 
Por otro lado, tras las declaraciones del ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, quien dijo que en 1971 no existía una sola comunidad nativa en la zona del Lote 192 y que por lo tanto, no debería realizarse una consulta previa, David Chino comenta que “son falsedades, nosotros estamos en esa zona hace miles de años defendiendo nuestros territorios, nuestros derechos, esas afirmaciones es indignante para nosotros”.
 
“Todos esos comentarios vienen a crear problemas, nos van a obligar nuevamente a adoptar medidas de fuerza porque nosotros no tenemos temor de defender nuestros derechos como cualquier peruano. Si es que el señor no conoce ni sabe, pues que viaje aquí para que sepa que nuestros ancestros han vivido aquí. Queremos que los interesados en los recursos de nuestro país piensen bien y nos llamen para sentarnos a dialogar”, señala Aurelio Chino.

martes, 11 de agosto de 2015

Incertidumbre: en 18 días vence el contrato del Lote 192

A tan solo 18 días de vencer el contrato del Lote 192 aún no se ha dado la licitación de uno de los lotes más  importantes del país, actualmente produce el 17% del crudo nacional. Pese al rechazo de las comunidades indígenas Pluspetrol –empresa argentina que explotó el lote los últimos 15 años- sigue siendo una opción para continuar con la administración de dicho lote, pues la licitación ha sido declarada desierta, y hay una preocupación real de parte de las comunidades indígenas de Loreto que Perupetro negocie directamente con Pluspetrol.

Escriben Magali Zevallos y Iara Urbina

Las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto, se encuentran viviendo momentos de incertidumbre, en 18 días se definiría el destino de estas poblaciones que han padecido por más de 40 años los lastres de la contaminación petrolera, y la incapacidad del Estado para estar presente en estas zonas. La cercanía del vencimiento del contrato de este lote petrolero obligó al Estado a atender las demandas de estos pueblos indígenas, a partir de ello se establecieron mesas de trabajo, compromisos de remediación ambiental, proceso de diálogo para la consulta previa, entre otros. Sin embargo, hay mucha incertidumbre entre las poblaciones y sus federaciones respecto a quién administrará el lote.

Mediante un comunicado las Federaciones Indígenas señalaron que la actual operadora del Lote 192 continúa sin implementar las recomendaciones que el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA han hecho para la remediación ambiental. “Pluspetrol cumple un papel nocivo, no sólo en nuestros territorios sino frente al interés nacional. La actual operadora del Lote 1AB y, ahora, también postora del Lote 192, pretende excluir más de 90 sitios contaminados que han sido identificados por entidades del Estado”.

 
Tras ser declarada desierta la licitación, uno de los escenarios que plantean los economistas en cuanto a las negociaciones de este lote es que la empresa podría negociar con condiciones a su favor y podría pedir que se reduzca más el porcentaje de regalías, que en el caso del petróleo ligero bajó de 35% a 20%, mientras que para el petróleo pesado disminuyó de 25% a 15%.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas señala que por un lado ha habido errores técnicos y falta de claridad política, y en esta disyuntiva se plantea una pregunta ¿no habrá sido que han endurecido las bases para que no hayan postores? “Si es así, no queda más que negociar directamente con Pluspetrol, esa es la especulación que se hace y en ese caso, se puede decir que como ninguno se ha presentado, las bases pedían demasiado y en la negociación directa se bajan sustancialmente los requisitos y regalías pero ya con un solo postor”.

Ante esta premisa los integrantes de las Federaciones Indígenas señalaron que no permitirán que la historia se repita y que antes de realizarse la licitación, el nuevo operador y el Estado deben acercarse a los territorios para conversar con las comunidades y sus organizaciones. “El Estado no puede ser débil ante Pluspetrol y debe exigirle que se haga cargo del daño cometido”.

Piden que Petroperú asuma Lote 192

Las comunidades del Tigre realizaron una movilización presidida por su gobernador regional, Fernando Meléndez, donde protestaron en contra de la disminución del canon petrolero que recibe Loreto. Con pancartas y banderolas exigieron que Petroperú sea la empresa que se encargue de la explotación del Lote 192 ya que, es la propuesta más viable para operar dicho lote.

Aunque el presidente Ollanta Humala ya ha salido a descartar esa opción.

Herrera Descalzi señala que según la Ley N°30130, la empresa estatal no puede participar al 100% en la licitación del Lote 192, sí es que hubiera la intención política, el caso tendría que ser llevado al Congreso de la República, y la salida sería por la emisión y publicación de un Decreto de Urgencia, es decir depende de la voluntad política del gobierno.

Al respecto, el economista Humberto Campodónico sostiene que esa negativa viene desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Lo que sucede es que el ministro Alonso Segura no quiere que la empresa estatal tome el rol que le corresponde; por lo tanto, el peso viene del Ministerio de Economía, esa es la realidad, el MEF se opone y como tiene mucho poder, están impidiendo que esto suceda”. “Si es que Petroperú entra al Lote 192, hay que modificar esa ley. Si hay voluntad política, se encontrará la forma” manifiesta Campodónico.
“Sí existe la posibilidad de que Petroperú entre al Lote 192, porque esto le va a permitir generar un mejor flujo de caja, Petroperú no tendría que pagar los 345 millones de dólares que cuestan los activos porque serían del Estado, la tarifa del oleoducto tampoco. Tiene que haber un nuevo paquete económico, financiero y productivo muy bien definido”, dice Campodónico.

El congresista Manuel Dammert comentó que le parece sorprendente que el presidente haya declarado en contra del ingreso de Petroperú al Lote 192. “Petroperú debería participar en el lote petrolero. La medida sería la más beneficiosa para el Estado y las comunidades indígenas. “Si hay voluntad política, se puede cambiar la ley en diez días”.

Dammert es el impulsor de una iniciativa ciudadana que declara de necesidad pública e interés nacional priorizar la modernización de la Refinería de Talara, y que además adopta medidas para fortalecer Petroperú S.A., en ese marco legal Petroperú podría estar a cargo del Lote 192. “La Ley N° 30130 impide que Petroperú asuma el Lote 192 y obliga la venta del 49% de los activos de la empresa. “En el estudio de la consultora Wood Mackenzie realizado para Petroperú, se sustenta que para reactivar en conjunto a Petroperú y garantizar la Refinería de Talara, Petroperú debería participar en los lotes petroleros. Es decir, según ese estudio técnico, si Petroperú se queda solo con la refinería, ésta no se podrá sustentar financieramente”, sostiene el congresista.

Reunión con representantes indígenas

Rosa María Ortíz, titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que faltan pocos puntos para llegar a acuerdos con las federaciones de comunidades y que este 14 de agosto recibirá a algunos representantes de las Federaciones Indígenas para concluir los acuerdos pendientes para la consulta previa: “Se ha postergado hasta el 14 de este mes una reunión con algunas comunidades, para dar respuesta a algunas repreguntas planteadas por sus representantes”, señaló la ministra.  

Las comunidades ashuar y quechuas de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza, así como de sus federaciones FECONACO y FEDIQUEP, señalaron que “de lo que se trata es de dar respuesta no a preguntas, sino a justas demandas de mejores condiciones para la explotación petrolera. Se está minimizando los impactos en la tierra, en la salud y en nuestras vidas”. Cabe señalar que la programación de esta reunión es una continuación del frustrado diálogo con las comunidades del Corrientes y Pastaza, que se desarrolló en julio en Iquitos.

Datos:

Pluspetrol tiene 12 multas que ascienden a los 39 millones de soles en infracciones ambientales, según un informe de Ojo Público. Fuentes del sector petrolero, dijeron que las empresas que hayan sido sancionadas por transgresiones a normas socioambientales no podrán calificar en la licitación del lote, para así no generar conflictos sociales con las comunidades indígenas.

Según el informe final publicado por el Grupo de Trabajo del Congreso de la República, Pluspetrol, al igual que Oxy en 1996 y 2002, no han remediado los daños realizados a las comunidades.

miércoles, 5 de agosto de 2015

Defensoría del Pueblo pide que no se declare ‘incapaces’ a las personas con discapacidad severa para cobrar la pensión no contributiva

ü  En un oficio remitido a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recuerda que el mecanismo de entrega de la pensión debe armonizarse con la normativa nacional e internacional que prohíbe la interdicción.
ü  Asimismo, desde la Defensoría reclaman que la pensión deben entregarse a través de mecanismos de apoyo “gratuitos, sencillos y flexibles”.
 
El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, si bien afirmó que el cobro de las pensiones no contributivas es un “importante avance”, en un oficio remitido a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huayta, señaló que es “importante que los mecanismos de entrega de la pensión respeten su capacidad jurídica, se prohíba la interdicción y se garantice el goce y ejercicio de sus derechos”.

"La reacción de la Defensoría del Pueblo es pertinente y acertada. Si lo que se busca es promover la inclusión social, no se puede exigir la interdicción como requisito para cobrar una pensión. Además, es importante que se asegure que los procedimientos sean sencillos, flexibles y accesibles, de modo que cualquier persona con discapacidad pueda acceder a ellos”, afirma Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

El programa asistencial se iniciará este mes en Tumbes y beneficiará a 231 personas con discapacidad severa en situación de pobreza extrema que cobrarán una pensión de 150 soles mensuales; esta región será la primera donde se implementa la pensión no contributiva. Sin embargo, esta población se podría enfrentar a la posibilidad de que se les exija atravesar primero por un engorroso y largo juicio que puede durar entre dos y tres años por el que se declara incapaz a la persona perdiendo el ejercicio de todos sus derechos; es decir, que no podrá casarse, votar, firmar un contrato de trabajo o tramitar una tarjeta bancaria. Por medio de este proceso, se designa a un representante (curador) para que tome las decisiones por ella.

Esta posibilidad la dejaba abierta el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, al afirmar: “Estamos viendo si habría una forma más permanente de representación legal, en el caso de discapacidad mental severa se tendría que nombrar a un curador y ese es un tema que escapa al Ejecutivo e involucra al Poder Judicial”.

El Defensor recuerda que la interdicción contraviene lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (convenio que Perú ratificó en enero del 2008), e insta a que la pensión se entregue a través de apoyos “gratuitos, sencillos y flexibles”, sistema por el que aboga este convenio así como la Ley General de la Persona con Discapacidad. De esta manera se estaría garantizando el respeto de los derechos y voluntad de las personas con discapacidad. Vega afirma que atendiendo a la experiencia de otros programas sociales y pensionarios, se podrían requerir cartas poder o entregas domiciliarias de la pensión para el cobro de la pensión no contributiva.

Por otra parte, la Defensoría señala que se debe contar con mecanismos de monitoreo para constatar que los beneficiarios están recibiendo de manera efectiva su pensión -para evitar el abuso de terceros-, asegurando el acceso de esta población a la información con diversos formatos y medios de acuerdo a cada tipo de discapacidad, ya sea a través de lengua de señas, sistema braille, entre otros.

Asimismo propone la necesidad de incrementar la certificación de las personas con discapacidad, pues según la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, solo el 7% contaba con dicho certificado. Además, esta institución considera que la pensión debe contar con el sustento técnico del monto de los aportes atendiendo a la situación de especial vulnerabilidad de los beneficiarios que demandan altos costos para su tratamiento, cuidado, salud, educación, alimentación, así como el apoyo de una tercera persona.

"El monto de la pensión ciertamente es bajo, pero es porque se está buscando un equilibrio con los demás programas de lucha contra la pobreza. Sin embargo, se necesitan desarrollar más intervenciones y programas que compensen los costos adicionales en que incurren las personas con discapacidad y que las ponen en situación de desventaja frente a los demás. 150 soles mensuales, por ejemplo, no cubren el costo de un asistente personal", explica Vásquez.
 
Oficio Defensoría del Pueblo: