En un Estado de derecho y laico, la difamación y el discurso religioso se imponen en el debate sobre despenalización del aborto por violación sexual

 

La Comisión de Justicia debatió ayer, en segunda sesión, la iniciativa ciudadana, que cuenta con el respaldo de más de 64 mil personas, que propone despenalizar el aborto en caso de violación sexual.  El debate sobre esta iniciativa (Proyecto de Ley N° 3839-2014-IC,) continuará el martes 12 de mayo.

 

"No está siendo un debate justo bajo las reglas del Congreso. Por una parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial recibieron la invitación 24 horas antes de iniciar la sesión. Curiosamente, ambos organismos cuentan con una opinión favorable a esta iniciativa", afirmaron las representantes de la Campaña Déjala Decidir.

 

En el debate intervino la representante del Poder Judicial peruano, Lucy Zare quien expresó la opinión técnica de esta institución.

 

“La libertad de la mujer para decidir llevar o no a término un embarazo producido en circunstancias de violencia sexual y reproductiva, garantizara en mayor medida la igualdad de género, lo que representa un deber para la sociedad y el Estado y una garantía dentro de un Estado Constitucional de Derecho", señaló Zare.

 

“Imponer a las mujeres continuar un embarazo forzado es un ejercicio abusivo del poder del Estado, en una ilegitima coacción legal, que no tiene otro sustrato que la discriminación contra la mujer, la cual deber ser abolida", sustenta el oficio técnico del Poder Judicial (enviado al Congreso bajo oficio N6141-2014-P-PJ, con fecha 05 de diciembre de 2014)

 

La congresista Martha Chávez cuestionó de manera insistente a la representante del Poder Judicial, poniendo en duda si las opiniones del informe eran avaladas institucionalmente.

 

 Las dudas quedaron despejadas, cuando Zare explicó que todo informe es firmado por el Presidente de esta institución. Ante los insistentes cuestionamientos, la representante del Poder Judicial afirmó: "nos han invitado y ahora somos interrogados cuando la opinión no les favorece".

 

Por su parte, el representante legal del Arzobispado de Arequipa, Juan Velásquez, rechazó el proyecto de ley porque "constituye un acto de discriminación diferenciar entre un nacido y un no nacido. Si se reconoce el derecho al aborto, se desconoce el derecho a la vida". No obstante, en la actualidad cinco países en América Latina han eliminado de sus códigos penales el delito de aborto por violación sexual. La ciudadanía, a través de sus firmas, solicita que el Perú se sume a estos países y apruebe este Proyecto de Ley.

 

Las cifras indican que cuatro de cada cinco casos de violaciones sexuales se producen en menores de edad. Además, 90 de cada 100 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto. Asimismo, 34 de cada 100 niñas, entre 10 y 19 años de edad, quedaron embarazadas producto de una violación. De cada 100 muertes maternas, 29 están vinculadas a abortos inseguros; según las cifras que ha podido recoger la congresista Verónika Mendoza del Ministerio de Salud. "Esta iniciativa busca que se reconozca como sujeto de derecho a la mujer y no se le imponga la consecuencia de un acto no consentido sobre sobre su cuerpo", afirmó.

 

La representante de la Marcha por la Vida, Carol Maraví, declaró que el aborto no combate la violación, sino que al contrario, esconde al violador. Sustentando que el embarazo se convierte en prueba del delito, y “desconociendo que esta situación revictimiza a la mujer, sobre todo niña, víctima de violación sexual”, señalaron las promotoras de esta iniciativa ciudadana.

 

La exfuncionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Amparo Medina, llegó a afirmar que esta iniciativa es una "herramienta del imperialismo" que financia a ONGs para reducir la pobreza en América Latina. Difamó al Fondo de Población, IPPF, Católicas por el Derecho a Decidir- Peru, entre otras ONGs feministas peruanas.

 

Con motivo de este debate, a lo largo de la semana se realizaron movilizaciones a favor de esta iniciativa legislativa en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Tacna y otras ciudades. Cabe recordar que este Proyecto de Ley es promovido por más de 40 organizaciones civiles.

 

Datos:

 

Los espacios donde suelen ocurrir el mayor porcentaje de actos de violación, son el hogar, el vecindario o la escuela.

 

Según la Policía Nacional del Perú, el 24% de los agresores está conformado por los padres biológicos, padrastros, profesores, tutores, entre otros adultos que asumen la responsabilidad del “cuidado” de las menores de edad.

 

La penalización del aborto genera informalidad y muchas mujeres se lo practican de manera clandestina, en lugares inseguros y con métodos riesgosos, poniendo en peligro sus vidas hasta llegar a perderlas.

Juzgarán como delito de lesa humanidad las violaciones sexuales a mujeres durante el conflicto armado interno en Perú

ü  14 miembros del Ejército fueron acusados de violar sexualmente a mujeres  en la región de Huancavelica.

ü  Huancavelica fue el segundo departamento del país con mayor porcentaje de violaciones sexuales durante el conflicto armado  (1980-2000).

14 miembros del Ejército fueron acusados de violar sexualmente a mujeres  en la región de Huancavelica. Las penas que ha solicitado la Tercera Fiscalía Superior Nacional oscilan entre los ocho hasta los 20 años de cárcel. Este es el segundo caso que será enjuiciado como delito de lesa humanidad, de los 19 denunciados a nivel nacional. En la actualidad, hay registradas en el país más de 4.405 mujeres víctimas de violación sexual, inscritas  en  el Registro Único de Víctimas (RUV), durante el conflicto armado interno (1980-2000), de éstas sólo 2.963 han recibido una reparación únicamente económica. Sin embargo ninguna  ha obtenido todavía justicia.

“Consideramos esta decisión un avance en materia de justicia. La acusación fiscal, se constituye como parte del proceso de reparación para las víctimas, lo que ayuda a menguar el dolor de las afectadas y el proceso de recuperación de sus proyectos de vida”, explica María Ysabel Cedano, directora de Demus, organización que defiende a tres de las víctimas. “Estamos a la expectativa de que la Sala Penal Nacional fije fecha para el inicio del juicio oral”, afirma.

Huancavelica fue el cuarto departamento del país donde hubo más muertos y desaparecidos, un total de 782 personas registró la CVR. Asimismo, este departamento fue el segundo que registró un mayor número de violaciones sexuales.  En una región, además, que estaba entre las cinco más pobres de Perú. El 83% aproximadamente de los estos actos en el país son imputables al Estado, y un 11% corresponde a los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA, de acuerdo a este informe (de los 572 casos que documentó). Las víctimas eran en su mayoría quechuahablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas o amas de casa, entre  los 20 y 29 años (120%), y entre 10 y 9 a 19 años (100%). La CVR concluye que “tiene evidencias que le permiten concluir que “en relación al Estado la violencia sexual fue una práctica generalizada y subrepticiamente tolerada pero en casos abiertamente permitida por los superiores inmediatos”. 

 

Violaciones sexuales como estrategia militar

Hace más de 30 años, en marzo de 1984, llegaron a las localidades de Manta y Vilca (Huancavelica) miembros del Ejército peruano con el fin de contrarrestar las acciones terroristas de Sendero Luminoso en la zona, para lo cual construyeron una base militar. Sin embargo, utilizaron ese espacio para cometer actos de tortura, violencia física y sexual en contra de la población. La Base Militar que se instaló en Manta estuvo activa durante catorce años. Al interior, ocurrían ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, entre otros.

Las violaciones sexuales eran comunes, debido al enorme poder político y al manto de impunidad que revestía a los militares, así como la excesiva permisividad por parte de sus mandos. En Manta y Vilca, así como en otras ciudades de Perú, se violó sexualmente a las mujeres -como estrategia militar o como parte de ella- en el periodo del conflicto armado. “Se trató de una práctica sistemática”, asevera Cedano.

El largo camino hacia la Justicia

En el 2004, se realizaron las primeras investigaciones preliminares en la Fiscalía de Huancavelica. En el 2007, se formalizó la denuncia realizada por las víctimas y posteriormente se inició el proceso penal.  El expediente se encontraba en la Tercera Fiscalía Superior Nacional desde noviembre de 2013.  En marzo, después de un año y medio de tensa espera, finalmente el fiscal a cargo formuló acusación contra los 14 miembros del Ejército, entre oficiales, sub oficiales y personal de tropa, sindicados de cometer estos crímenes. Las penas que ha solicitado fiscalía oscilan entre los ocho hasta los 20 años de privación de la libertad.

Promotoras de campaña Déjala Decidir demandan urgente un dictamen sobre ley que propone despenalización del aborto en casos de violación

Mañana la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debate iniciativa ciudadana que cuenta con el respaldo de más de 64 mil personas.

Las promotoras de la campaña Déjala Decidir demandaron un debate serio y la pronta redacción de un dictamen que pueda pasar al Pleno del Congreso de la República sobre el proyecto de ley N° 3839-2014-IC, que propone despenalizar el aborto en caso de violación sexual, cuyo análisis, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, ha sido postergado para mañana  martes 28 de abril.

 

Esta iniciativa ciudadana, que recoge más de 64 mil firmas de peruanas y peruanos, y que cuenta con la opinión favorable del Poder Judicial y el Ministerio Público, fue debatida por este grupo de trabajo durante su última sesión del martes 21 de abril.

 

Durante la sustentación de la propuesta, Rossina Guerrero, una de las promotoras de la norma y Directora de Incidencia de PROMSEX, señaló que “esta es la oportunidad que tiene el Congreso de la República de saldar una larga deuda con las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país sobrevivientes de una violación”.

 

Por su parte, la directora del movimiento Manuela Ramos y vocera de la campaña Déjala Decidir, María Elena Reyes, subrayó que más 40 organizaciones apoyan esta iniciativa ciudadana y representan el sentir de más de 64 mil personas. “Esta situación se tiene que transformar para mejorar la calidad de vida de las mujeres, para reconocer el ejercicio pleno de sus derechos, sobre todo para enmarcar este tema en un debate constitucional”, enfatizó.

 

La directora del movimiento Manuela Ramos confió en que el proyecto de ley de Despenalización del Aborto en Casos de Violación pase al pleno del Legislativo, al considerarla reivindicativa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en estas penosas situaciones, que fomentarían, en parte, los más de 371 mil ‘abortos clandestinos’ presentados en el Perú.

 

Puntualizó que la propuesta ciudadana no promueve el aborto, sino el derecho a decidir. “Muchas mujeres decidirán continuar con sus embarazos y, para las que decidan no hacerlo, el Estado tiene que ser el garante de los servicios públicos de salud necesarios. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de víctimas de violación no denuncia el hecho, porque se trata de niñas y adolescentes que sufren esta brutal agresión dentro de sus hogares”, aseveró.

 

Por su parte, la congresista Verónika Mendoza afirmó que una de las cifras que ha podido recoger del Ministerio de Salud revela que por cada 100 muertes maternas, 29 están vinculadas a abortos inseguros.

 

“Esa es una realidad que debemos erradicar. Esas adolescentes tienen que hacerlo en la clandestinidad poniendo su vida en riesgo. Esa es la realidad y ¿qué vamos a hacer frente a esto? Estamos hablando de esas adolescentes que están muriendo”, advirtió.

 

La iniciativa legislativa es promovida por diversas organizaciones civiles, entre ellas Movimiento “Manuela Ramos”, Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Comité de América Latina y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú.

 

Datos:

 

En la actualidad cinco países en América Latina han eliminado de sus códigos penales el delito de aborto por violación sexual. La ciudadanía, a través de sus firmas, solicita que el Perú se sume a estos países y apruebe este proyecto de ley.

 

Las cifras indican que cuatro de cada cinco casos de violaciones sexuales se producen en menores de edad. Además, 90 de cada 100 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto. Asimismo, 34 de cada 100 niñas, entre 10 y 19 años de edad, quedaron embarazadas producto de una violación.

 

Los espacios donde suelen ocurrir los actos de violación son el hogar, vecindario o escuela. En el caso de las adolescentes quienes las violentaron fueron sus parejas. Según la Policía Nacional del Perú, el 24% de los agresores está conformado por los padres biológicos y adoptivos, padrastros y los profesores.

 

La penalización del aborto genera informalidad y muchas mujeres se lo practican de manera clandestina, en lugares inseguros y con métodos riesgosos, poniendo en peligro sus vidas hasta llegar a perderlas.

Hoy Comisión de Justicia y DDHH del Congreso definirá la aprobación del proyecto de ley que plantea la despenalización en el Perú

 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República definirá hoy la aprobación del proyecto de ley que plantea la despenalización en el Perú del aborto en casos de violación sexual, propuesta que cuenta con la opinión favorable del Poder Judicial y Ministerio Público.

 

Desde que el proyecto de ley N° 3839-2014-IC, que plantea la despenalización en el Perú del aborto en casos de violación sexual, ingresó al Legislativo en octubre de 2014 respaldado por más de 64 mil ciudadanos, se contó con 120 días para realizar un debate serio, tiempo en el cual no se convocó a las promotoras para exponer los argumentos a favor de esta iniciativa legislativa.

 

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Juan Carlos Eguren, elaboró un predictamen previo a la 'sesión extraordinaria' que el grupo de trabajo realizó el jueves último, cuando el procedimiento establece que este documento se formule luego de escuchar a las promotoras de la iniciativa ciudadana. Este predictamen es desfavorable a la iniciativa ciudadana y a los derechos de las mujeres. El mismo que solo cuenta con la opinión (a su favor) del Arzobispo de Arequipa: Javier del Río.  

 

Las promotoras de la campaña Déjala Decidir esperan que hoy martes exista una discusión de fondo, y no solo una exposición de motivos sobre la iniciativa legislativa ciudadana, que permita la formulación y discusión de un nuevo predictamen, y en el que participen las instituciones públicas que han emitido opiniones favorables como el Poder Judicial y Ministerio Público.

 

“Estamos evaluando la interposición de un Recurso de Amparo por violación al principio de Laicidad del Estado contra el congresista Eguren por haber consultado a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Arequipa. Es importante que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos respete los procedimientos de la Ley de Participación Ciudadana. Asimismo, que tome en cuenta las recomendaciones de los Comités que vigilan tratados internacionales y los derechos de las mujeres que nuestra Constitución garantiza”, enfatizó María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS. Ella recordó que el pasado julio el Comité CEDAW recomendó al Estado peruano despenalizar el aborto en estos casos.

 

Diversos colectivos de jóvenes, mujeres, feministas, universitarias, entre otras; que conforman las más de 64 000 firmas se están movilizando y vigilando lo que el Congreso decida el día hoy. Habrán acciones en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima, San Martín y Tacna. En Lima el plantón se realizará desde las 3:00 pm al frente del Congreso de la República.

“El retraso en la publicación de la base de datos de las comunidades campesinas está ligado a que están ubicadas en las zonas de mayor desarrollo minero”

Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, realiza un balance sobre la implementación de la consulta previa en el país. El también exviceministro de Interculturalidad (2011-2013) afirma que en proyectos como los extractivos, en particular, se requiere una consulta en la etapa de exploración y, al menos una, en lo que refiere a la explotación.

 

P.- Se han concluido ocho procesos  de consulta previa. ¿Cuál es el balance que se realiza desde la Defensoría del Pueblo?

R.- Es importante que se haya iniciado la implementación de las normas de consulta previa que se dictaron entre el 2011 y 2012, creo que la finalización de estos procesos demuestra que es posible llevarlos a cabo entre el Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, hay varios temas que muestran que se necesitan reformas o cambios en la gestión de la consulta. Una primera cuestión es respecto de los actores involucrados en los procesos: salvo en las consultas nacionales, las demás consultas vinculadas a proyectos o con decisiones ligadas al territorio se han llevado a cabo en la Amazonía, y se ha dejado de lado todo el ámbito andino. Eso además está ligado a que todavía hasta la fecha no se incorporan las comunidades campesinas de origen quechua dentro de la base de datos de pueblos indígenas; solo ha ocurrido con las comunidades aimaras y jaqaru. Por lo tanto, tenemos un déficit. Eso también ha llevado a que el sector de Energía y Minas no ha llevado a cabo ninguna consulta previa.

 

Un segundo elemento, es que las decisiones que se han adoptado hasta el momento todavía no se han concretado en una decisión final del Estado. El caso más visible de ello es lo que está ocurriendo con el pueblo indígena Maijuna y Kiwchua, que participaron en la primera consulta hace 16 meses para la creación de un área de conservación regional  y, hasta el momento, dicha área todavía no se ha creado. En tercer lugar, vamos viendo el tipo de acuerdos que se pueden lograr en estos procesos. Determinados proyectos, en particular, los extractivos requerirán de una consulta temprana, vinculados con las actividades de exploración, y una consulta posterior, al menos una, en lo que refiere a la explotación para asegurar de que la información esté disponible en un nivel suficiente para asegurar que los pueblos tomen decisiones con la información adecuada.

 

P.- ¿Por qué cree que no se ha llevado cabo ninguna consulta en la zona minero andina?

R.-Un primer elemento en el retraso en la publicación de la base de datos en lo que corresponde a comunidades campesinas, en particular, las quechuas, está ligado precisamente a que éstas están ubicadas en las zonas de mayor desarrollo minero, donde están la mayor cantidad de proyectos que pueden ser objeto de exploración, y que por tanto, son aquellos donde podría haber consultas. Existen comunidades campesinas en la zona andina que son parte de pueblos indígenas que tienen derechos colectivos y que por lo tanto, requieren ser consultados antes de que se adopte una medida. Por ello, la Defensoría del Pueblo le ha recordado al Ministerio de Energía y Minas la importancia de realizar la consulta en el ámbito minero.

 

P.- ¿Podría decirme un ejemplo de alguna comunidad campesina de la zona andina que requiera ser consultada?

R.- La comunidad campesina de Cañaris es un ejemplo muy claro. Es una comunidad campesina que forma parte del pueblo indígena quechua, tiene derechos colectivos, como la tierra, y por lo tanto, está sometido a las reglas que establecen las normas sobre pueblos indígenas, e incluye, entre otros derechos, la consulta previa.

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P.- La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en una entrevista a Consultape explicaba que respecto a la consulta previa en la zona minero andina han avanzado en el marco de las funciones que les tocan, publicando en la base de datos información sobre el pueblo aimara y jaqaru, y mediante la identificación de instrumentos metodológicos. Decía que ahora es el Ministerio de Energía y Minas el que debe iniciar los procesos. ¿Siendo la consulta obligatoria, existe algún mecanismo para exigir a su cumplimiento?

R.-El Ministerio de Cultura tiene un rol directo que todavía no está completo. Al no haber completado la publicación de la base de datos de pueblos indígenas, no habrían cumplido su tarea. Esto debe corregirse en la brevedad. Hay que recordar también que el Ministerio de Cultura, a través del viceministerio, tiene un rol muy claro en la rectoría del tema de consulta, e inclusive, tiene un rol de segunda instancia para definir donde se requiere consulta en determinados casos. Ese rol no está siendo usado de manera activa, y creo que debería de haber una mayor decisión respecto de asegurar que se haga consulta en aquellos casos donde la legislación es muy clara.

Es posible que en determinados casos terminemos con procedimientos judiciales-administrativos que obliguen a llevar a cabo la consulta. Sin embargo, estos mecanismos no deberían ser la regla, sino la excepción.

 

P.- ¿Cuáles son los retos que se identifican desde la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas?

R.- Si hay un tema que es sin duda significativo para todas las comunidades y pueblos indígenas del país es el tener un derecho a la tierra firme, estable, debidamente garantizado, que esté alejado de cualquier situación de incertidumbre. Para titular se requiere una política nacional al respecto, la implementación de un programa que apoye a los gobiernos regionales, y además, garantizar los recursos económicos para hacer que esto se lleve adelante. Recientemente, el Perú ha firmado un conjunto de acuerdos: por ejemplo, los programas contra el cambio climático o los programas vinculados a la titulación de comunidades rurales que pueden proveer los fondos para este fin. El Perú no puede excusarse en que no hay recursos, lo que está faltando es la toma del más alto nivel dentro del Ejecutivo de la decisión de avanzar de manera acelerada en el tema de la titulación.

 

P. -¿Considera que la Ley 30230 vulnera la seguridad territorial de los pueblos indígenas?

R.- No es posible interpretar esta norma bajo ningún tipo de vista como una que modifique en término alguno, alguna disposición vinculada con las tierras o con otros derechos indígenas. Porque si esa fuera la interpretación, tendría que haber sido sometida a consulta previa.; y si no lo fue, no puede hacer ningún tipo de modificación. Una posibilidad es que el reglamento sea muy claro y establezca con precisión que esta norma no tienen ningún tipo de aplicación respecto a casos vinculados con derechos colectivos de los pueblos indígenas.

 

P.- La Defensoría advertía que el 51% de comunidades nativas carecen de establecimientos de salud. Por otro lado, concluyó una consulta previa sobre una política de salud intercultural. ¿Cuáles son los avances y los retos?

R.-El principal problema en este ámbito es la poca capacidad del Estado para extender los servicios de salud para todas las comunidades. Ese porcentaje es un indicador de ese problema. Es un tema que viene de atrás, pero aún hoy no se corrige. Este informe ha sido el de redoblar los presupuestos orientados a este tema, y de aprobar una política de salud intercultural que fue además, consultada con los pueblos indígenas. Esta política define precisamente todas las líneas de acción que tienen que ir cumpliéndose para asegurar que la salud sea no solamente algo disponible para los pueblos indígenas, sino que sea adaptada interculturalmente a las necesidades de cada comunidad. El tema crítico para las comunidades es acceder a servicios de calidad, pero las distancias y las dificultades logísticas han sido habitualmente el principal problema. Creemos que este informe y esta política pueden conducirnos a esa solución.

 

Por Nylva Hiruelas