domingo, 27 de septiembre de 2015

Lima Metropolitana votaría por candidato que despenalice aborto por violación

Encuesta de DATUM revela que el 76% está en desacuerdo con el archivamiento del proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación.
Un 64% de la población en Lima Metropolitana votaría por un candidato o candidata que esté a favor de la despenalización del aborto en casos de violación sexual según una última encuesta realizada el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Datum.
Este cambio favorable de la opinión pública hacia la propuesta que impulsa la campaña Déjala Decidir se refleja también en el 76% de las personas encuestadas que manifestaron estar en contra del archivamiento del proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo por esta causal.

En ese sentido, la opinión respecto al aborto tiene posiciones divididas pues para el 48% es una decisión personal mientras que para un 44% es un derecho de la mujer. Sobre la penalización de la práctica del aborto por causal violación, el 81% se mostró en desacuerdo con que exista un castigo penal hacia las mujeres que decidan interrumpir embarazos impuestos por una agresión sexual.

Frente al papel que debe asumir el Estado, el 55% consideró que este debería respetar la decisión de las mujeres, el 32% que debería brindar servicios de salud integral para evitar que las mujeres acudan a lugares clandestinos y solo un 9% que debería sancionarla penalmente.

Entre las razones por las que los encuestados señalaron que el Estado tendría que respetar su decisión sobresalen con 29% “porque es su cuerpo y se debe respetar” y “porque ha sido víctima de una violación” con 24%.

A nivel argumentativo, el 87% manifestó estar a favor de que “se debe dejar a la mujer decidir si quiere o no continuar con el embarazo producto de una violación, sin ser criminalizadas, garantizando el derecho a su vida y salud” y el 83% estuvo de acuerdo con que “es importante garantizar el acceso a servicios de salud seguros y gratuitos para la interrupción del embarazo en casos de violación sexual”.

Al respecto de los cuestionados argumentos expuestos en el marco del debate del proyecto de ley dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el 84% rechazó la afirmación de Juan Carlos Eguren sobre la improbabilidad de que se produzca un embarazo producto de una violación sexual ya que la víctima no produce ningún tipo de lubricación debido al estrés.

jueves, 17 de septiembre de 2015

Pronunciamiento al 5to día de movilización pacífica de los pueblos achuar y quechua del Corrientes y Pastaza junto a cuatro comunidades kichwas frente al lote 192 (ex 1ab)

16 de septiembre de 2015 Las comunidades de los pueblos Quechua del Pastaza, Achuar del Corrientes y cuatro comunidades kichwas del Tigre en influencia directa, unidos de manera histórica, en EL 5to DÍA DE MOVILIZACIÓN PACÍFICA en el Lote 192, por la defensa de nuestros territorios, decimos:
PRIMERO. Aclaramos nuevamente que esta movilización es pacífica, y tiene como motivos: el daño generado por más de 40 años de contaminación petrolera; el atropello del Estado peruano a nuestro derecho a la consulta en el Lote 192; y el grave incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado en material de titulación, remediación y salud (Acta del 10 de marzo).
Todo peruano sabe que a nadie le gusta estar en una situación de paro que nos impide estar tranquilos y además porque pone en riesgo nuestras vidas y la de nuestros hijos debido a las políticas de represión usuales del Estado peruano. Sin embargo, nuestros pueblos se ven obligados a ello porque el Estado, una vez más, atropella gravemente nuestros derechos. Por eso, ¡Esto es una lucha por la dignidad! ¡Es una lucha por nuestros hijos y sus hijos!
SEGUNDO. Reiteramos la exigencia de una Comitiva de Alto Nivel a nuestras comunidades, la cual se apersone con respuestas concretas a nuestras propuestas reanudando el diálogo perdido en la Consulta. Ya hemos sustentado al Estado estas propuestas en muchas mesas de trabajos las cuales sentimos nos han “mecido” sin solución. Por ello, a estas alturas se requieren de soluciones claras que permitan sana y eficientemente llegar a acuerdos.
TERCERO. Desmentimos rotundamente las declaraciones del Ministerio de Energía y Minas que pretende engañar a la opinión pública señalando que NO se ha parado la producción petrolera del lote 192; entendemos que lo hacen para no alarmar al país.
Nosotros, vivientes ancestrales de estosterritorios, los conocemos como la palma de nuestras manos y desde el sábado 12 de septiembre nos hemos visto en la obligación de posicionarnos pacíficamente en diversos puntos del territorio: el aeropuerto y la estación de bombeo de Petroperú en Andoas así como en las baterías productoras (pozos) de Shiviyacu, Forestal, Dorissa, Huayurí, Carmen, Jibarito, Teniente Lopez, San Jancito, Capahuari Norte y Capahuari Sur y sus plantas estacionarias de energía eléctrica; parando así el 100% de la producción petrolera del Lote 192. Es decir, la totalidad de la producción actual, tal como la misma empresa Pacific y los medios de comunicación que están presentes en el territorio corroboran.
Reiteramos que la infraestructura mencionada se encuentra en los territorios de las comunidades del Corrientes, Pastaza y Tigre (bases de FEDIQUEP, FECONACO y OPIKFPE) con las cuales justamente el Estado no ha llegado a acuerdos en la consulta previa. 2 CUARTO. Rechazamos y denunciamos el papel que ha jugado el viceministerio de interculturalidad liderada por Viceministra Patricia Balbuena, en el tema de la consulta previa de lote 192, acusa a los dirigentes de haber firmado el Plan de Consulta y sostiene que esa firma es suficiente para avalar la decisión arbitraria e injustificada del MINEM.
Rechazamos y denunciamos abiertamente el tono y actitud prejuicioso y excluyente de la Viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, quien nos coloca como pueblos que coactamos al Estado para dialogar, cuando ella misma sabe que somos pueblos pacíficos y además que hemos sido nosotros quienes hemos insistido oportuna y constantemente en el diálogo. En cambio ella nunca se acercó a nuestros pueblos para poder cumplir con su labor de asesoría determinada por norma.
Tomamos estas declaraciones como un acto de provocación, más aún viniendo de la institución estatal que debiera velar por los derechos indígenas y quien tendría que mediar interculturalmente en el Estado. Por ello, declaramos a la Viceministra como persona no grata para nuestros pueblos y exigimos su renuncia.
Y es que sumado a ello, la Viceministra MIENTE al brindar información falsa con respecto a la cantidad de comunidades dentro del Lote 192 con quien el Estado firmó. Por su incapacidad de verificar la legitimidad de los firmantes, no ve que las comunidades excluidas de los acuerdos de consulta somos más de la mitad de las comunidades dentro del Lote. Asimismo, ignora u oculta de manera premeditada que en nuestros territorios se encuentra la mayor cantidad de infraestructura y contaminación, como se puede corroborar por informes de la misma OEFA.
Esta situación la conocemos, porque es estrategia usual del Estado y las empresas petroleras cansarnos, dividirnos y enfrentarnos para así poder actuar a sus anchas, lo cual ha querido hacer también en esta consulta. Por ello, responsabilizamos a la Viceministra de todo acto de violencia interna y externa que se puedan producir por haber avalado la participación de ONGs formadas en pleno proceso de consulta y no haberse pronunciado por la exclusión de cuatro comunidades nativas de influencia directa del Lote en la cuenca del Tigre, la cual ahora cuenta con su propia organización OPIKFPE debido al atropello del Estado. Estos hermanos ni siquiera han sido consultados en el proceso a sabiendas de la Viceministra.
De ocurrir en nuestras comunidades muertes por represión, por la empresa o por el enfrentamiento de hermanos y hermanas generado por el Estado, pediremos que el Estado indemnice a nuestras familias perjudicadas y denunciaremos judicialmente a todos los responsables políticos, tal como la viceministra Balbuena y la Ministra Rosa María Ortiz del MINEM. Firmemente nosotros no queremos ni esperamos llegar a eso. Rechazamos todo tipo de violencia.
QUINTO. Rechazamos las declaraciones del Gobernador Regional de Loreto, Fernando Melendez, quién continúa provocando enfrentamiento entre nuestros pueblos acusando a nuestros Apus y defendiendo a otros sin criterio alguno, avalando a personas que no representan a las comunidades nativas; además señala que ésta movilización y nuestras exigencias son “agenda nacional” y no asunto suyo.
Le recordamos y exigimos que como Padre de Loreto que es, cumpla con su compromiso de titular nuestras comunidades pues ya no hay excusas de que no tiene plata. Ya nuestra lucha ganó ese financiamiento, pero él elabora proyectos (el PIP para titular) que no cumple con el Acta firmada.
Exigimos su presencia, ya que él mismo ha declarado que el Lote 192, es el más importante para Loreto. Sin embargo, parece ser que la mayoría de la población de este Lote no le interesa y los excluye. ¿Así actúa una autoridad responsable? Todos saben que el tema de titulación es un tema vital para el futuro.
Así, el gobernador quien alguna vez nos acompañó, ahora se desentiende y hasta declara, confusamente, que nuestros Apus “se creen dueños de la consulta”. ¿Qué significa eso? ¿Acaso el gobernador cree que nuestros derechos son un juego? ¿Será que irresponsablemente nos usó para lograr fondos para su gobierno? Queremos claridad, seriedad y madurez como Padre de Loreto. Exigimos que venga a firmar el convenio de titulación que está en sus manos y cumpla aquello que dice de “querer defender derechos”. Sino, será evidente que su discurso sobre el Lote 192 y PETROPERU es una excusa para seguir destruyendo a pueblos indígenas y solo camina con quienes le conviene para su uso político personal, sin dar solución real a nada. Esperemos reflexione.
SEXTO. Nos mantenemos en paro y protesta permanente hasta que lleguemos a acuerdos con el Estado que garanticen nuestra vida y la de nuestros hijos frente a la contaminante actividad petrolera. Nos vemos en la obligación de parar la producción petrolera pues parece ser la única manera para que el Estado respete los derechos de nuestros pueblos indígenas. Esto seguirá escalando, por lo tanto exigiremos que ya no solo la producción del Lote se paralice sino que en nuestro territorio desde el 17 de setiembre, nadie de la empresa transite, asimismo, que todo el personal de la empresa, abandonen el Lote, porque no queremos que ninguna actividad de oficina u otro se realice mientras nosotros nos encontramos sin acuerdos con el Estado.
Esta medida que ya se lo hemos hecho presente por parte del pueblo achuar a la empresa Pacific, se realizará bajo el pleno respeto de sus derechos humanos, no se realizará ningún tipo de acción destructiva contra la propiedad privada, y se respetará la protección de toda la infraestructura petrolera. Reiteramos que esta acción no es contra la empresa Pacific, sino que los pueblos afectados se ven en la necesidad justificante de proteger nuestro territorio, ya que el Estado no nos da la seguridad de que su empresa repita los mismos desastres de otras empresas petroleras. Señores de Pacific, no se sientan agredidos y respeten nuestras medidas, ustedes también deberán arreglar con el Estado una situación que seguro ellos no les comunicaron del todo. Lamentamos también que estos hechos sucedan y perjudiquen a Loreto y al Perú, pero entiéndanos compatriotas, a nosotros especialmente que defendimos el territorio en la Guerra con Ecuador, y sufrimos contaminación mientras se daba canon que nunca nos llegó. Ustedes tampoco querrían en su casa que entre cualquier persona sin antes no establecer reglas de convivencia. Peor si entran personas delincuentes como han sido Pluspetrol y OXY quienes nos vulneraron los derechos y destruyeron.
Señores de Pacific en ese término, queremos dejar claro que las personas….. fueron parte de Pluspetrol y nos generan desconfianzas. No los consideren entre su personal porque nos traen 4 a la memoria los desastres de la antigua empresa y pensaremos que ustedes hacen lo mismo. Ya ellos vienen dividiendo a los pueblos, y ellos son responsables del mal manejo de paz y tranquilidad en nuestros territorios.
Hermanos del Peru y del Mundo, vigilen que nuestro ESTADO no nos Reprima por nuestras acciones de justo derecho y de necesidad. Les repetimos, nadie querría en su casa alguien que los maltrate y se defenderá ante esta agresión.
Por eso mismo, Agradecemos: el apoyo de nuestras organizaciones representativas AIDESEP, ORPIO y CORPI, siempre atentas a defender nuestros derechos. El apoyo de ACODECOSPAT y el Frente de Defensa del Datem de Marañón. El apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, el apoyo de las congresistas Veronica Mendoza, Marisol Perez Tello y Eduardo Nayap durante tantos años de lucha. Finalmente al apoyo brindado los Relatores de las Naciones Unidas quienes han manifestado que nuestras exigencias deben ser atendidas. Esperamos continúen dando su voz y acompañamiento en estos tiempos duros. Estemos Vigilantes para que no ocurran desgracias.
SEPTIMO. Finalmente queremos reiterar que nuestra movilización NO es contra de la empresa Pacific ni la inversión petrolera; NO es en contra las comunidades que firmaron la consulta; NO busca que el Perú se quede sin producción petrolera. NO. Nuestra lucha respeta a la empresa privada y pública, la vida, la salud y y el desarrollo de nuestros pueblos respetando nuestras visiones de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de las comunidades, las más afectadas del Lote 192 quedaron sin acuerdos vitales para defender sus derechos por los próximos años de contaminación, lo cual, nos llevó a unirnos de manera histórica entre los pueblos Quechua y Achuar dentro del Lote y con ello defender el territorio que nos pertenece y hoy claman el respeto.
OCTAVO. Preocupa e indigna la falta de respuestas oportunas y de pronunciamientos de la totalidad del Estado frente a la vulneración de nuestros derechos y ante esta protesta, que termina perjudicando a la empresa, a Iquitos, pero sobre todo a nosotros. Conforme pasa el tiempo, nuestros corazones se fortalecen, y creemos que mientras más indiferencia y engaño de parte del Estado, nuestra protesta seguirá firme y escalando, porque nuestra lucha es por la defensa de nuestras vidas, por nuestro territorio, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. La demora y lo que nos produce es plena responsabilidad del Estado por no tener capacidad de diálogo oportuno e intercultural.
Señores Ministros de Estado, a quienes estamos exigiendo que vengan desde el inicio de nuestra protesta, acérquense con propuestas a nuestros pueblos. Públicamente manifestamos que garantizaremos su seguridad y nuestra medida no es para presionarlos, es una medida que protege nuestras vidas, así entiéndanla. La seguridad en el diálogo es una norma para nosotros, como ya se ha demostrado antes cuando vino los Premieres Cornejo y Jiménez, diversos Ministros y congresistas. Dialogaremos así como dialogamos en Iquitos y en Lima, de buena fé, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a escuchar que por fin el Estado comprende realmente nuestra situación. Es más protegeremos al Estado peruano como lo hemos protegido con la vida de nuestros padres, hermanos, hijos, como siempre lo hemos hecho, sin reconocimiento de parte del Estado, porque nos sentimos tan peruanos como ustedes.
Ustedes nos conocen desde muchos años, ya conocen nuestros territorios y cómo están de contaminados nuestros hijos. Además, ya han comprobado que nuestros pueblos son pacíficos, que no buscamos la guerra, ni tampoco somos violentos. El enfrentamiento lo rechazamos siempre, nos gusta vivir en paz. Pero repetimos, traigan respuestas concretas y buen ánimo. Todas las garantías están dadas.
Señores del Estado tienen la oportunidad de no repetir la exclusión cometida durante tantos siglos hacia nuestros pueblos, y de mostrar a quienes quieren violencia y destrucción, que como Peruanos, sabemos vivir en armonía, en equidad, en interculturalidad. Tenemos la oportunidad de cerrar la etapa de la exclusión, racismo, engaño y desigualdad y recuperar así juntos el BUEN VIVIR.
DIALOGEMOS, por un territorio sano, por la vida de nuestros hijos y por la de los hijos de todos por venir; por el buen vivir para los pueblos indígenas peruanos y para el futuro; porque se mantenga el respeto entre nosotros; por que se respete la dignidad que tenemos como pueblos indígenas y como todo peruano.
Firmamos las siguientes comunidades presentes:
José Olaya                                     Apu Abel Nango Piñola
Nuevo Jerusalén                           Apu Esteban Torres Cariajano
Pampa Hermosa                          Apu Gilberto Vilchez Maynas
Nuevo Nazaret                              Apu Edilberto Ruiz Maynas
Saukí                                               Apu Arly Sandi Washinton
Antioquía                                       Apu Francisco Sandi Maynas
Tituyacu                                         Apu Daniel Tahua Maynas
Nuevo Porvenir
Nuevo Andoas                              Apu Teddy Guerra Majín
Los Vencedores                            Apu Raúl Cariajano Sandi
Alianza Topal                                Apu Edinson Sanchez Tapullima
Pañayacu                                       Apu Emerson Butuna Mucushua
Sabaloyacu                                    Apu Wilton Dahua Chino
Soplin                                             Apu Pablo Butuna Chino
Loboyacu                                       Apu Roman Dahua Cueranari
Bolognesi                                       Apu Cesar Hualinga Dahua
Alianza Cristiana                          Apu Lucio Najar Cariajano
Sungachi                                        Apu Segundo Yahuarcani Cariajano
Santa Maria de Manchari           Apu Francisco Lopez
Puerto Alegre                                Apu Noe Chino Cahuaza
Nueva Esperanza                         Apu Marcelo Mucushua Arahuanaza
Trueno Cocha                               Apu Materson Chino
Campo Verde                                Apu Pedro Chino Mucushua
Nueva Unión                                 Apu Terbio Mucushua Sandi
San Fernando                                Apu Hitler Rivera (ACADA -Pueblo Cadonshi)
Doce de Octubre
San Juan de Bartra
Avelino Cáceres
Arenal
 
Atentamente,
Federación de Comunidades Nativas del Corrientes – FECONACO
Carlos Sandi Maynas,
Presidente Federación de Comunidades Indígenas Quechua del Pastaza –FEDIQUEP
Aurelio Chino Dahua,
Presidente Organización de pueblos indígenas kichwas amazónicos fronterizo del Perú-Ecuador - OPIKFPE
Emerson Sandi Tapuy, Presidente

miércoles, 16 de septiembre de 2015

Pueblos indígenas del Corrientes y Pastaza paralizan el Lote 192 como exigencia para retomar el diálogo de la consulta previa


ü  Indígenas exigen al Estado formar una comisión de alto nivel para atender sus demandas.
ü  Expertos consideran que el Estado se apresuró en concluir la consulta previa.

Las organizaciones indígenas del Pastaza y Corrientes  tomaron de manera pacífica el aeropuerto de Andoas y paralizaron de forma indefinida la producción en todos los pozos petroleros del Lote 192, tras denunciar como fraude el proceso de consulta previa luego de que en forma antidemocrática el Gobierno, diera por concluida la etapa de diálogo del mayor lote petrolero del país.

“Nosotros hemos dicho, varias veces, que lleguemos a un acuerdo; pero no fue así, por eso ahora estamos reclamando nuestros derechos. Hasta la fecha el Estado ni siquiera se preocupa por remediar nuestro territorio ni hacer análisis de salud. El pueblo se siente vulnerado en sus derechos y hemos concluido que si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie más lo hará”, señala Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).

Para llegar a acuerdos, las organizaciones indígenas exigen que el Estado conforme una comisión de alto nivel, integrada por autoridades que tengan poder de decisión: “Estamos exigiendo que el Estado instale una mesa de diálogo con autoridades de alto nivel, que la presidan los ministros de Estado que tienen poder de decisión porque el proceso de consulta, para nosotros, fue un fraude”, comenta Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco).

Además añade que han decidido paralizar todos los pozos de producción petrolera y también el aeropuerto de Andoas: “Sobre todo quiero recalcar que la lucha es pacífica, respetando la integridad física de las personas, de los trabajadores, de los policías y también los campamentos; si al Estado no le importan nuestras demandas, los pueblos nos mantendremos así porque la lucha es indefinida”, sustenta Sandi.

Consulta apresurada

Una de las principales incidencias que las organizaciones indígenas han cuestionado es la falta de atención a 26 de las 27 propuestas que presentaron en temas de salud, educación, remediación, entre otros; ya que, como el Estado y las comunidades no llegaron a un acuerdo sobre el fondo económico, debido a que ellos ofrecieron el 0.75% de la producción fiscalizada -monto que debía ser empleado en proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental-, pero las comunidades pedían el 2,5%; el Ejecutivo dio por concluida la consulta previasin tratar los demás puntos en discusión.

“Nunca se planteó una respuesta frente a la demanda de las organizaciones -ni afirmativa, ni negativa- en aspectos vinculados a salud, titulación, medio ambiente y demás; simplemente no se incluyó el tema en la última reunión y el Estado dijo que, como no hubo acuerdos en el tema económico, ahí se acababa la consulta; eso es algo que no cumple los estándares mínimos de consulta previa”, dice Vladimir Pinto, abogado de Oxfam Perú.

Gustavo Zambrano, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú(Idehpucp), afirma que la legislación nacional está hecha de tal manera que faculta al Estado a que, si no se han llegado a acuerdos o éstos son difíciles de alcanzar, se pueda dar por terminada la consulta previa, “lo cual en este caso es riesgoso porque da la impresión que el Estado se ha apresurado por cumplir con los plazos relacionados a la firma del contrato con Pacific(nuevo operador del lote por dos años) y ahí estuvo el error”, enfatiza.

Al respecto, los integrantes de las comunidades indígenas han mostrado su indignación: “Cuando nosotros no llegamos a un acuerdo sobre la consulta, hemos insistido en seguir dialogando, pero igual la terminaron, por ese motivo nos hemos retirado” manifiesta Chino.En la misma línea, Sandi dice que “el proceso de consulta no garantizó nada, no se trató el tema de seguridad ambiental ni seguridad territorial y el Estado ha vuelto a dar servidumbre gratuita –sin indemnización- a la empresa petrolera, lo cual impide que nosotros titulemos el territorio integral y seamos respetados”.

Es importante resaltar que los territorios del Lote 192 presentan serios impactos negativos que, hasta la actualidad, no han sido remediados. La empresa Pluspetrol Norte S.A. operó el lote durante los últimos 15 años, y presentó un Plan de Abandono que no fue aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAAE), del Ministerio de Energía y Minas. Además, el proyecto fue observado por el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA) y hasta la actualidad, no existe otro plan de remediación.“Se requería tener claridad de cuál va a ser ese proceso de remediación y quién asume las responsabilidades pero no hubo ninguna esclarecimiento del Estado sobre este tema, tampoco ha habido voluntad política de dar una solución o mensaje sobre esto” señala Pinto.

Cierre de la vía del diálogo

Hay que recordar que el Ejecutivo concluyó el diálogo de manera unilateral el 25 de agosto con las cuencas del Pastaza y Corrientes (Fediquep y Feconaco) en cuyo territorio se encuentra el 80%  de las instalaciones del lote 192. Además, dicha etapa fue constantemente postergada por los técnicos del Estado en Loreto, y cuando en Lima se retomóel diálogo (el 14 de agosto), se estableció como único punto a tratar el tema de beneficios, generando incomodidad en los presidentes de Fediquep y Feconaco, quienes no firmaron el acuerdo debido a que ellos viajaron desde sus comunidades para dialogar sobre la totalidad de sus demandas.Quienes sí suscribieron el pacto fueron las comunidades del Tigre (Feconat).

Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las normas de la consulta establecen que, en caso de concluir la consulta, el Estado tiene que justificar su decisión, “este punto es algo que se tiene que cumplir, no es solo proponer un punto de los que le interesan a las comunidades” sostiene el abogado Vladimir Pinto. En la misma línea, Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) sostiene en un artículo que es ilegal dar por concluido un proceso de consulta a pesar que nunca hubo desacuerdo, violando el Gobierno el artículo 15 de la Ley de Consulta.

Esta norma precisa que: en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. También viola el artículo 21 del reglamento que dice que: la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta”, manifiesta Ruiz y agrega que al no haber mala fe de ninguna de las partes, no hay causal para poner fin al proceso.

Ministerios se pronuncian

Si bien la consulta previa se llevó a cabo por el Ministerio de Energía y Minas, liderado por la ministra Rosa María Ortiz, el proceso tuvo la intervención de otros actores gubernamentales, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura y Ministerio Economía y Finanzas. El trabajo en conjunto, conllevó a la decisión de dar por terminada la consulta previa con la aprobación del primer ministro, Pedro Cateriano.

“El proceso de consulta ha sido mal llevado por el Ministerio de Energía y Minas, más allá de si el Ministerio de Cultura ha estado ahí o no. Desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir es que el MINEM no va a querer retomar la consulta” comenta Zambrano. Pinto agrega que “el Gobierno ahora tiene una oportunidad de oro porque puede establecer una mesa de diálogo donde se traten estos temas con seriedad, el problema ha sido que mucho de la agenda indígena, no se tomó en serio”.

A eso se suman las declaraciones  de la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en el diario El Comercio, que han generado malestar en las comunidades nativas, pues tildó de “desgastante” el proceso de consulta previa en el lote 192 y además, cree que son improcedentes los reclamos.

“Rechazamos categóricamente el pronunciamiento de la ministra Balbuena, ella en un par de meses va a dejar de ser viceministra, pero nosotros no, nosotros vamos a seguir viviendo aquí los 30 años que vienen, nuestros hijos van a crecer aquí, la viceministra puede opinar, pero no reúne las condiciones para hacerlo bien” comenta Sandi.El presidente de Feconaco añade que no van a permitir que el Estado tome decisiones sin conocer la realidad de sus pueblos: “Nosotros estamos en total abandono, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló en el programa Cuarto Poder que los pueblos indígenas gozan de los programas sociales, pero eso no es verdad, yo no sé quién le ha informado eso porque es falso, nosotros estamos en total abandono del Estado. Ellos tienen una deuda histórica con las organizaciones indígenas” señala.

Por otro lado, tras aprobarse en el Congreso la ley que permite a Petroperú operar el Lote 192, los parlamentarios esperan que el Ejecutivo se pronuncie sobre la misma. “Si el Ejecutivo observa esa ley, el Congreso tiene dos opciones: o encarpetar esa ley o la promulga más allá de lo que el Ejecutivo considere. Pero sea cual sea el resultado, el Ministerio de Energía y Minas va a tener que solucionar el tema con las comunidades indígenas” dice Zambrano. Pinto manifiesta que es valioso que el Estado quiera tener mayor autonomía en la política energética, pero agrega que “esa discusión ha opacado el proceso de consulta previa del lote 192”.

martes, 8 de septiembre de 2015

Predictamen sobre consulta previa contraviene el Convenio 169 de la OIT

El día de hoy la Comisión de Constitución debatirá el pre-dictamen que implementa la Consulta previa a nivel del Congreso de la República. Este documento, realiza cambios significativos al Dictamen consensuado -en diciembre de 2014- entre las organizaciones Indígenas y  la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.
 
Una de las modificaciones más importantes es el momento en el que se debe consultar. “Había un consenso de qué la consulta se realice posterior al dictamen, ahora se pretende que se haga en la etapa de comisiones. De nada serviría someter a consulta un proyecto de ley que después el Congreso pueda cambiar. Eso haría inútil el proceso de consulta que se haría previamente”, señala Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Acción Práctica (CAAAP).
 
Este duro revés, en el cambio del contenido de la iniciativa legislativa,  se dio en la Comisión de Constitución, en donde las bancada fujimorista y aprista se opusieron a que la consulta previa se realice después de la aprobación del dictamen de una ley.
 
"De nada servirá someter a consulta un proyecto de ley que luego cualquier congresista podrá cambiar en el momento de la aprobación del dictamen", sostiene Javier La Rosa, abogado especialista en derecho de los pueblos indígenas.
 
Otro de los notables cambios que se han introducido es que ya no será la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos la que se encargará de llevar a cabo la consulta previa. Podrá hacerlo cualquier comisión ordinaria, "lo que afectará que el ente del Congreso encargado de dictaminar, no tenga la especialidad en  materia de pueblos indígenas", precisa La Rosa.
 
“Es alarmante que una comisión que no conoce la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas y tampoco sus derechos, lleve adecuadamente un proceso de consulta previa legislativa, advierte Gladys Vila, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
 
En este aspecto, Ismael Vega manifiesta que se atentaría contra el buen proceso de la consulta porque “se requiere tener un conocimiento específico sobre la problemática y la instancia especial para realizar ello es justamente la Comisión de Pueblos Indígenas”.
 
Contraviene Convenio 169 OIT
"Lo más grave es que en el texto  hay aspectos contrarios al Convenio 169 de la OIT", explica La Rosa. En el literal g del artículo 81, se señala que el acuerdo alcanzado entre las organizaciones indígenas y el Congreso puede ser desconocido por el pleno del Congreso con el voto de la mayoría legal de congresistas.
 
Además, excluye lo que sugiere la Defensoría del Pueblo, entidad que recomienda que el proyecto de ley debe regular la compatibilidad entre el poder de decisión de los congresistas y la obligación de cumplir con los acuerdos indígenas, debido a que el Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley de consulta previa, y acordó el carácter vinculante para todo el Estado de los acuerdos alcanzados con los representantes de los pueblos indígenas u originarios.
 
“Esto viola el Convenio 169 de la OIT y se contradice con la ley de consulta previa, aprobada en el Perú. Es de suma preocupación para los pueblos indígenas en vista que le estamos quitando mucho poder al convenio” manifiesta Vila.
 
Igualmente, Vega señala que se pone en riesgo el derecho a la consulta porque en este predictamen también se plantea la posibilidad de que el Congreso pueda desconocer en el pleno, con voto de la mayoría legal, los acuerdos que se hayan alcanzado entre las organizaciones y el Congreso”.
 
“La primera falla es que no hay un tema de legitimidad, esto no fue lo consensuado con las organizaciones. Lo segundo grave, es que están estableciendo que, en buena cuenta, la consulta previa ya no tendría sentido porque si yo llego a un acuerdo con las organizaciones y ese acuerdo se puede desconocer en el Congreso, ¿cuál es el objetivo?” se cuestiona La Rosa.
 
El punto clave de la consulta previa legislativa es que de aprobarse, normas como las dispuestas desde el Ejecutivo –denominados paquetazos ambientales- deberían en el futuro ser sometidas a consulta previa, pues afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  “La Ley 30230 [segundo paquetazo] en su capítulo tercero amenaza la propiedad campesina y nativa. Si hubiera existido esta norma, tendría que haber sido consultada a los pueblos indígenas”, dice La Rosa.
 
Al respecto, Ismael Vega sostiene que si hay una iniciativa que va a afectar los derechos de los pueblos, tendría que ser sometida a consulta, como ya lo ha planteado la misma Defensoría del Pueblo. Sin embargo, esto no se ha hecho; con este tipo de pre-dictamen se está planteando que se profundice esta falta de respeto a los pueblos indígenas.