jueves, 27 de octubre de 2016

Congresistas y alcaldes impulsarán modificaciones al proyecto de presupuesto 2017 para incrementar los recursos de los gobiernos subnacionales y el agro

A dos semanas de inicio del debate presupuestal, las autoridades locales y congresistas se reunieron ayer en el Congreso de la República y expresaron su preocupación por el carácter centralista del presupuesto presentado por el Ejecutivo, y adelantaron que platearán modificaciones al proyecto de ley para incrementar los recursos de los gobiernos subnacionales y al agro.
 
El debate, organizado por los congresistas Wilbert Rozas, Humberto Morales, Jorge Castro, Reymundo Lapa, Oracio Pacori y Rogelio Tucto junto con el Grupo Propuesta Ciudadana, contó con la presencia de alcaldes de diferentes municipalidades de país, congresistas, representantes del Ejecutivo, la Plataforma de Gobiernos Descentralizados y representantes de la sociedad civil.
 
En el proyecto de ley de presupuesto, los gobiernos locales en el 2017 tendrán el 12% del presupuesto no previsional ni financiero, cuando en el año 2013 tenían el 21%. El gobierno central controla el 75% de los gastos de capital, mientras que los gobiernos subnacionales el 25% restante; recordemos que en 2013 este porcentaje era de 55% y el 45% respectivamente. “Este proyecto de ley muestra la poca voluntad del gobierno por querer implementar políticas de descentralización. Impulsaremos modificatorias al presupuesto 2017 para garantizar incrementos en las partidas para los gobiernos locales”, afirmó Oracio Pacori, congresista por Puno e integrante de la Comisión de Descentralización
 
“Esta distribución del presupuesto no tiene precedentes, solo se ha visto en los tiempos de Fujimori. Una de las razones que explica esta situación es la disminución de los ingresos por canon y la decisión del gobierno de Ollanta Humala de concentrar el presupuesto”, explica Epifanio Baca, economista de Propuesta Ciudadana.
 
“Con este proyecto de ley centralista se perjudica las dinámicas económicas regionales, afectando la producción local y generando desempleo. Las autoridades municipales se han convertido ya no en gestores de una posibilidad de desarrollo, sino más bien en tramitadores de obras. Esto creemos que tiene que cambiar”, señaló Wilbert Rozas, titular de la Comisión de Descentralización, Gobierno regionales, locales y Modernización del Estado del Congreso“.
 
“Obras inconclusas en saneamiento básico,  agua potable y problemas en carreteras, son algunos de los resultados del recorte presupuestal. remarcó Vidal Suyllo, alcalde del distrito de Pucyura (Cusco). 
 
Otro de los temas críticos del nuevo presupuesto es que su distribución geográfica no guarda relación con los indicadores de pobreza. Por ejemplo, Cajamarca y Huancavelica tienen altas tasas de pobreza; sin embargo no presentan los montos per cápita más altos para enfrentar temas como educación, salud o programas sociales. También es el caso de Loreto,  región a la que tan sólo se le ha incrementado un 12% los recursos cuando es uno de los departamentos con mayor pobreza, situación ésta que contrasta con la asignación otorgada a Tacna y Arequipa, con incrementos del 28% y 24%, respectivamente.
 
Los incrementos sustanciales en el presupuesto público de los últimos años no se ha traducido en mejores resultados en los servicios de educación, salud u otros que presentan deficientes indicadores en el medio rural. Por ejemplo, en el sector rural el 98,5% de los hogares consume agua sin ningún tratamiento.
 
La disminución de los ingresos por canon afecta fuertemente a las municipalidades en los últimos cuatro años. Como consecuencia de ello, los recursos del programa PROCOMPITE, han disminuido a la quinta parte, pasando de 237 millones en 2013 a 55 millones en 2015. El campo además se ha visto duramente impactado por la disminución de los recursos del canon, de los que depende hasta en un 40% la pequeña agricultura. Este sector marginado desde muchos años en el presupuesto público cuenta para el 2017 con un exiguo 2,1% del Presupuesto Institucional de Apertura.
 
 
“Los recursos del canon que ingresan a las municipalidades, especialmente, y en menor medida a los gobiernos regionales, han servido para financiar pequeñas obras de riego, canales, bocatomas, riego por aspersión para pequeños productores y esos recursos son los que se han caído al piso, se han reducido al mínimo y por tanto ellos son los perjudicados”, puntualizó Baca.
 
“Esta dependencia del canon, nos va a hacer caer más. Hay una descentralización en las funciones, pero no en el presupuesto, lo que nos va a generar más empobrecimiento”, aseguró Humberto Morales, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de la República.
 
“La centralización del presupuesto no sólo pasa por pedir más recursos, debe ir acompañado de un impulso a la reactivación económica producto de una diversificación productiva. No podemos seguir dependiendo de la minería…”, aseveró Rogelio Tucto, integrante de la comisión de Economía.

Una delegación de EEUU está en Lima evaluando si Perú ha cumplido con sus recomendaciones para acabar con las prácticas antisindicales en el sector exportador

  • Perú incumple el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con normas que generan ventajas comparativas  a los productos peruanos a  costa de bajos precios y condiciones precarias (dumping social).
  •  El Departamento de Trabajo  estadounidense expresó su preocupación por la falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad sindical en el sector exportador. El 18 de diciembre vence el plazo para que el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski cumpla con estas recomendaciones.
 
Una delegación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos está visitando Lima para evaluar si el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha avanzado con las recomendaciones para acabar con las prácticas antisindicales en el sector exportador.  El 18 de diciembre vence el plazo para que el Ejecutivo adopte estas disposiciones, de lo contrario, Perú se enfrentaría a un proceso que conllevaría la suspensión de las preferencias comerciales.
 
“Esta nueva visita ratifica el interés del gobierno de Estados Unidos porque el Perú cumpla con sus compromisos asumidos en materia laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio. Implica, un llamado de atención a la inacción del gobierno peruano frente a la queja presentada por las organizaciones de trabajadores”, explica Luis Mendoza, abogado laboralista.
 
Las normativas que promocionan el sector agrario y textil, la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360) y el Decreto Ley de Exportación No Tradicional (22342) establecen respectivamente menores condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores: en el primer caso permite condiciones en la agroindustria inferiores a las del régimen general (menos tiempo de vacaciones, menor compensación por despido arbitrario o una remuneración mínima en la que se incluye también CTS y gratificaciones); mientras que en el segundo caso se permite la renovación indefinida de contratos temporales de los trabajadores de exportación no tradicional. Ello perjudica la libertad sindical de los trabajadores y genera ventajas comparativas a los productos peruanos a costa de bajos precios y condiciones precarias de empleo (dumping social), e incumple el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
 
El Departamento de Trabajo expresó su preocupación mediante un pronunciamiento público en marzo del presente año como respuesta a la queja presentada el 21 de julio de 2015 por el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad y siete organizaciones de trabajadores que se sustenta en la falta de cumplimiento por el gobierno peruano de las normas laborales incluidas en el acuerdo de promoción comercial entre ambos países, en vigor desde el 1 de febrero de 2009. La queja documenta ocho casos emblemáticos de vulneración a los derechos laborales en empresas como Topy Top, Hialpesa, Corporación Texpop, Inca Tops, Tejidos Pisco, Camposol, Sociedad Agrícola Virú y el Grupo Palmas.
 
“Esta queja activa un procedimiento internacional, acordado por ambos estados, que puede concluir en lapérdida de las preferencias comerciales”, precisa Mendoza, asesor laboral que participó en la presentación de la queja. “Si Perú no subsana las recomendaciones realizadas por Estados Unidos, sin duda, va a tener un efecto sobre los compradores. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones peruanas en estos rubros, y las grandes corporaciones compran a empresas que respeten la normativa internacional vinculada a los derechos laborales, por tanto, afectaría a las ventas  nacionales”, comenta Juan Carlos Vargas, economista de la institución Programa Laboral de Desarrollo (PLADES).  
 
Desde el 2009, las exportaciones agrícolas han crecido un 144% y las textiles bordean los dos mil millones de dólares anuales, vendiendo a gigantes mundiales como Nike, Hugo Boss, New Balance, RalphLauren, Calvin Klein, GAP o North Face, entre otras. En su pronunciamiento, el Departamento de Trabajo señaló, basándose en estadísticas gubernamentales, que el porcentaje de sindicalización en los sectores de exportación no tradicional es menos de la mitad del que existe en el resto de sectores sujetos al régimen general. El informe muestra “preocupaciones significativas” de si el marco legal “es suficiente para proteger el derecho a la libertad de asociación”.
 
El informe público emitido por Estados Unidos recomendó que antes del 18 de diciembre el gobierno de Perú debería poner coto a la renovación indefinida de los contratos temporales, modificando el artículo 32 del decreto ley 22342, para ajustarlo a la normativa general contenida en la Ley 728 que establece un tope de 5 años a partir del cual se debe hacer indefinido al trabajador. También señala que el Estado debe reforzar  la fiscalización laboral, a través del establecimiento de oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones  y aumentar el número de inspecciones laborales, lo que supondría incrementar el presupuesto de este organismo, así como el del Poder Judicial para los casos laborales.
 
La Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) y la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (Fentagro) han presentado en la Comisión de Trabajo dos proyectos ley para derogar los regímenes laborales del Decreto Ley de Exportación No Tradicional y de la Ley de Régimen Agrario (Decreto Ley 22342 y la Ley 27360). Ambas propuestas buscan suprimir el régimen discriminatorio que afecta los trabajadores de estos sectores y propone que se adecúen al régimen general establecido por el Decreto Legislativo 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral). A partir de este momento, se abre un plazo de 30 días para que soliciten opinión técnica a instituciones públicas (como el Ministerio de Trabajo) y otros organismos, para que pueda ser debatido en la comisión.