lunes, 24 de junio de 2013

Urgen oficinas municipales para atender a personas con discapacidad a nivel nacional



Mujeres con discapacidad no denuncian por temor a ser ignoradas y discriminadas

De las 1,838 municipalidades a nivel nacional, solo 438 tienen de 1,838. municipalidades a nivel nacional, solo 438 tengan OMAPED’s.

 

Doña Jovita Oré Pastorelli reniega de sus autoridades. Sobre su silla de ruedas, reclama por qué en la municipalidad de su distrito no opera la OMAPED. ¿Qué es eso? Es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. De acuerdo a la ley, debería haber una en cada alcaldía del territorio nacional. Sin embargo, esto no es una realidad.

 

En su calidad de representante de la Asociación Femenina de Discapacitados de Villa El Salvador, Oré acudió a quejarse ante la Comisión de Inclusión Social del Congreso y a la Defensoría del Pueblo. Señaló que ni la Gerencia de Desarrollo Social de su comuna desea saber sobre las necesidades de sus agremiados.

 

Su amiga, Claudia Rentería, jefa de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) de Piura, le recomendó entablar una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial. Este es un proceso de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades cumplan lo dispuesto por la ley.

 

Este solo es un caso de desidia por falta de ciertas autoridades que no velan por las necesidades de todos sus pobladores, sea cual sea su condición. Así como este, existen muchos más a lo largo y ancho del país.

 

Falta de OMAPED’s

Mónica Honores, jefa de Desarrollo y Promoción Social del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), lamentó que de 1,838 municipalidades a nivel nacional, solo 438 tengan OMAPED’s. Es decir, mucho menos que la mitad.

 

La funcionaria explicó que una de las principales labores de esta oficina es el empadronamiento de personas con discapacidad para conocer cuántas hay en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, dentro de sus objetivos se encuentra el ayudar a estas personas en su integración a la sociedad.

 

“Si todas funcionaran (OMAPEDs), no solo ayudarían al CONADIS sino a diversas entidades del Estado para apoyar a cualquier persona de esta condición”, agregó.

 

Por su parte, Sonia Povis, responsable del programa de los derechos de las personas con discapacidad de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), recriminó a los alcaldes distritales y provinciales el no crear sus respectivas OMAPED’s para atender las necesidades de este amplio sector poblacional.

 

“De acuerdo a la ley 29973 y la Ley Orgánica de Municipalidades, cada una de ellas debería tener una OMAPED. Estas deben ser reconocidas mediante una Ordenanza Municipal, y tener su propio presupuesto. Lamentablemente esto no ocurre en todos lados”, indicó.

 

Temor a denunciar

Los principales problemas para que una mujer con discapacidad acceda al sistema judicial en nuestro país son su temor a efectuar la denuncia, ser víctimas de discriminación de género y carecer de recursos materiales y humanos, como un intérprete en el caso de una sordomuda; por citar un ejemplo.  

 

Así lo precisó Sonia Povis, en la presentación de los avances del informe sobre la situación de este sector poblacional, el cual pronto dará a conocer APRODEH a la opinión pública. Agregó que en el 2012, 84 hombres con discapacidad interpusieron denuncias de todo tipo de discriminación ante la Defensoría del Pueblo, mientras que únicamente 55 mujeres lo hicieron.

 

Por su parte, Luis Fernando Astorga, director ejecutivo para América Latina del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), indicó que las personas con discapacidad tienen derecho y se deben eliminar esas barreras discriminatorias entre seres humanos.

 

El Dato:
Cualquier persona con discapacidad de escasos recursos económicos, es decir, que no tenga los medios para solventar su propia defensa, puede acceder a un abogado de oficio asistiendo a la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. 

jueves, 20 de junio de 2013

Exigen pronunciamiento de Defensoría del Pueblo, MINSA Y MIMP por privilegiar derechos del embrión por encima de la madre


La Defensoría del Pueblo y los Ministerios de Salud (MIMSA) y de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables deberían pronunciarse por los graves retrocesos que significarían aprobar en el Congreso de la República el Dictamen que limita los derechos de la mujer frente a los derechos del concebido. Asimismo, esta otorga la responsabilidad absoluta a los padres sobre la educación sexual de sus hijos.

 
Así lo solicitaron enérgicamente las organizaciones sociales Promsex, Demus, Católicas por el Derecho a Decidir, Manuela Ramos, Flora Tristán y la filial en nuestro país del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), integrantes de la Articulación Feminista del Perú.

 
La Comisión de la Mujer del Congreso aprobó el Dictamen del Código del Niño, Niña y Adolescente, el cual sostiene que los padres son responsables de la educación sexual y reproductiva de sus hijos mayores de 14 años. Asimismo, se privilegia los derechos del embrión por sobre los de la madre. Es decir, que una mujer una mujer cuya vida o salud estén en riesgo a causa de un embarazo (de aprobarse esta norma) no podría someterse a un aborto terapéutico.

 
“Este dictamen se contradice con el Código Penal vigente que aprueba el aborto terapéutico desde 1924. Este protege la salud de una mujer ante un embarazo riesgoso. No se puede aceptar grupos que pretendan regular nuestras leyes en base a creencias religiosas y no en las normas”, indicó Maria Ysabel Cedano,  directora de Demus.

 
Por su parte, Rossina Guerrero, directora de Promsex, manifestó que debe existir un amplio debate al respecto. Exhortó a los diversos congresistas que no están de acuerdo con este Dictamen manifestarse al respecto, porque estarían incurriendo en una complicidad ante las vulneraciones de los derechos de las mujeres. “Hay un lobby fujimorista en el Congreso para sacar adelante este proyecto”, agregó.

 
Con la aprobación del Dictamen se está entregando derechos especiales,  privilegiados y absolutos al concebido, superando todos los mandatos legales nacionales e internacionales, que establecen que no existen derechos absolutos, sino que los mismos tienen límites que les impone entre otros, la libertad y el daño a terceros por ejemplo.

 
Este que además representa retrocesos y amenazas a la continuidad en la implementación de políticas públicas como el Plan Nacional de Población, el Plan de Acción por la Infancia y Adolescentes, el Plan de Igualdad de Género, entre otros, los cuales contienen medidas de política pública relacionadas que por los artículos cuestionados que serían gravemente cuestionadas.

 
Peruanos de acuerdo con educación sexual
El 93% de los peruanos está a favor de que exista una educación sexual integral en las escuelas, reportó la última encuesta de Ipsos Perú, realizada por encargo de Promsex y el movimiento Manuela Ramos, con encuestados de Lima, Ayacucho, Huancavelica, Iquitos, Pucallpa y Piura.

 
Según este estudio, un 52% dijo estar de acuerdo con que los adolescentes tengan acceso a la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente. Asimismo, el 62% de las personas encuestadas señaló que el embarazo no deseado es el principal problemas entre adolescentes en cuanto a temas de salud sexual. Finalmente, un 53% consideró que el aborto debe ser permitido en caso de una violación sexual.

 
Guerrero  señaló que ante esta evidencia el Congreso de la República se encuentra legislando de espaldas a la población y sus necesidades en el campo de la salud sexual y reproductiva.

miércoles, 19 de junio de 2013

Temor, discriminación y falta de intérpretes son los principales factores para que mujeres con discapacidad accedan a la justicia


Los principales problemas para que una mujer con discapacidad acceda al sistema judicial en nuestro país son su temor a efectuar la denuncia, ser víctimas de discriminación de género y carecer de recursos materiales y humanos, como un intérprete en el caso de una sordomuda; por citar un ejemplo.  

 

Así lo precisó Sonia Povis, responsable del programa de los derechos de las personas con discapacidad de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), en la presentación de los avances del informe sobre la situación de este sector poblacional, el cual pronto dará a conocer su organización a la opinión pública.

 

Agregó que en el 2012, 84 hombres con discapacidad interpusieron denuncias de todo tipo de discriminación ante la Defensoría del Pueblo, mientras que únicamente 55 mujeres lo hicieron.

 

“Muchas veces es por temor de las mismas mujeres a enfrentarse a esta sociedad machista, la cual tenemos que cambiar. Discapacidad en una mujer no es sinónimo de incapacidad. Es una condición adicional. Muchas veces los hombres piensan que una mujer invidente o sorda no es competente o productiva. Hay un maltrato por parte de algunas autoridades. ¿Por qué cree que se creó las comisarías de mujeres? Para darles un mejor trato”, afirmó.

 

A su turno, Silvana Vargas, asesora del Ministerio de Inclusión Social, indicó que cuando se trata de una madre con discapacidad, ello no la conlleva necesariamente a tener dificultades para sacar adelante a su familia.

 

Por su parte, Mónica Honores, representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) exhortó a todas las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato.

 

“Que nosotras seamos humilladas, depende muchos de nosotros. Las mujeres debemos hacer una fuerza y no quedarnos calladas. Además, esto servirá para conocer cuántas mujeres con discapacidad están siendo abusadas”, explicó.

 

Todas ellas brindaron estas declaraciones tras participar en el foro ‘Casos de violación a los derechos de las mujeres con discapacidad y su atención en el sistema judicial’, organizado por APRODEH, que tuvo como ponente principal a Luis Fernando Astorga, director ejecutivo para América Latina del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI).

CONGA: La absurda terquedad de Merino



 
Escribe Pedro Francke

 

Miles de ronderos se movilizaron a ayer  a la laguna El Perol para protegerla e impedir que se convierta en un enorme tajo abierto del proyecto Conga. La semana pasada, la empresa Yanacocha luego de unas declaraciones provocadoras anunciando el trasvase de las aguas de El Perol, retrocedió y dijo que eso se vería el próximo año. Pero ayer mismo, el ministro de energía y minas Jorge Merino en una entrevista afirmaba que “Conga va”, provocando una agudización del conflicto.

 

“Con lo que ocurre en el mundo, el Perú no puede dejar de lado una inversión tan grande como Conga”, ha dicho el ministro. Transparenta así Merino que para el gobierno la inversión de una gran empresa es más importante que la de miles de medianas y pequeñas empresas, o que la de millones de agricultores y microempresarios. Ministro Merino: quien pone un pequeño restaurante, amplía su panadería, mejora sus artesanías o abre un hostalito en Celendín, también es inversionista. El campesino que se compra una vaca de mejor calidad o instala su riesgo tecnificado con pastos mejorados, también es inversionista. Son además inversionistas que reducen la pobreza y están comprometidos con el Perú, y por eso deben ser preferidos al que pone millones en las bolsas electorales y se lleva sus ganancias al exterior, ministro Merino.

 

Al mismo tiempo, Merino anunció que la inversión minera, sin Conga, creció 20% en lo que va del año. ¿Cuál es, entonces, la desesperación porque Conga va sí o sí? El mismo diario que sacó la entrevista a Merino, en otra sección refería un estudio según el cual, incluso en el “escenario más catastrófico” en el que “aparte de no haber exploración varios proyectos de explotación en desarrollo se paralizan”, la inversión minera en este gobierno sería de 19 mil millones de dólares. Esto incluye ocho grandes proyectos de cobre, pero no Conga. Si lo vemos comparativamente, en el gobierno del “perro del hortelano” de Alan García, donde hubo un crecimiento económico alto y muchos conflictos con muertos de por medio, la inversión minera fue de 10 mil millones de dólares. Es decir, sin Conga y sin varios otros proyectos, todavía la inversión minera en este gobierno será mucho mayor que antes. ¿Por qué entonces la terquedad, ministro Merino? Haga sus sumas y restas, señor ministro, y deje de ser tan solo un propagandista simplón de la minería.

 

Propagandista que, además, ni siquiera dice la verdad. Porque la propia mina Yanacocha, en relación a Conga, ha dicho en un comunicado público que “La construcción de Conga continuará solo si [hay] retornos aceptables que justifiquen futuras inversiones”. Es decir, la empresa no está segura de que “Conga va” por razones de precio (“retornos aceptables”). Pero el ministro habla como si Conga fuera rentable cualquiera sea el precio del cobre, algo que cualquier economista sabe es imposible.

 

Los cajamarquinos no quiere que le quiten y contaminan su agua. Prefieren El Perol a Conga.  Conga no es indispensable para la economía nacional, los números lo dicen. Pero Merino sale de manera insensata a defender la codicia y a atizar los conflictos. Que eso no le gane a nuestro espíritu de paz y vida.

 

Publicado en La Primera, 19 de junio de 2013

lunes, 17 de junio de 2013

Náusea. Escribe Pedro Francke



 

Alan García indulta 3 mil narcotraficantes y otros  2 mil delincuentes. Dice que revisó uno a uno los expedientes antes de firmarlos y que si no nos gusta que no votemos por él. Se suman testimonios acerca de pagos por recibir estos indultos. Mientras tanto, los responsables del escándalo de los petroaudios, tremendo faenón en el gobierno de Alan, van saliendo de la cárcel sin condena.

 

Alberto Fujimori quiere salir libre. Inventan por eso que tiene cáncer y que está grave: es mentira. Lo que sí es cierto es que está condenado no solo por asesinato sino también por corrupción: le entregó una maleta con 15 millones de dólares del Tesoro Público a Vladimiro Montesinos y luego quiso arreglar el asunto entregando otra maleta, distinta, con otros 15 millones de dólares que nadie sabe de donde salieron.

 

Mientras Alejandro Toledo parece no poder dar explicaciones razonables de cómo compró su suegra una casa millonaria, Luis Castañeda anda viendo cómo salir del juicio de Comunicore y Alex Kouri se prepara para la siguiente campaña gracias a que el robo de la llamada “Vía Expresa del Callao” se pierde en el olvido.

 

Los fiscalizadores no están mejor. En el Congreso todo es arreglo político. El primer presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belaunde de Solidaridad Nacional, no hizo nada mientras amenazaba a algunos para encubrir a Castañeda. Pero si eres de la oposición y has denunciado a los corruptos sin miramientos, como Javier Diez Canseco, te inventan cargos para que al final la venganza de Nadine se una a la rabia de apristas y fujimoristas. Mientras tanto, el Contralor General de la República nombrado por el Apra anda escondido porque se subió su propio sueldo por encima de lo que la ley permite.

Náuseas.

 

Experiencias

La primera fue indirecta. Trabajaba en 1999 en el MEF preparando y supervisando proyectos sociales, y un proyecto educativo financiado por el Banco Mundial tenía un problema: el ministro del ramo, nada menos, estaba empeñado en arreglar las bases de una licitación de materiales educativos para que solo pudiera haber un postor.  12 millones en juego. El Banco Mundial no le daba pase, él seguía emperrado en conseguir el negocio y los estudiantes, sin materiales. Una desgracia.

 

Mi primer contacto directo con la corrupción fue poco después que Toledo ganó las elecciones del 2001. Yo había colaborado en el último tramo con el equipo de plan de gobierno y me encargaron la transferencia de gobierno del ministerio de la mujer, cuando un día sentado frente a mi computadora en mi oficinita de la Universidad Católica, recibo una visita. Yo inocente, sin conocer al fulano, accedí. Quería que intercediera para eliminar a su competencia en una licitación por 6 millones de soles de compras para desayunos escolares. Su argumento: algunos enredados argumentos jurídicos y unas bolsitas de leche en polvo con impresos de campaña, que él decía había regalado para la campaña electoral. Ni era parte del gobierno y ya empezaban.  Claro que no moví un dedo para ayudarlo.

 

Meses después, como Director Ejecutivo de Foncodes, un día se acerca a mi oficina el Gerente General y me dice que hay sospechas de un caso de corrupción en la compra de papel. El caso era extrañísimo: Xerox había llamado diciendo que ese papel solo lo importaban ellos al Perú y que era imposible que alguien hubiera ganado la licitación ofreciendo menos precio que ellos. Parecía el mundo al revés: ¿Cómo puede haber trafa pidiendo un precio demasiado bajo en vez de demasiado alto?. Un par de semanas después, una investigación interna reveló lo que estaba pasando: el arreglo pasaba por el almacén. Cuando los traferos que ganaban el concurso  a un precio menor mandaban el material, entregaban menos de lo establecido, pero el almacenero daba la conformidad por la cantidad completa y luego lo iba arreglando manipulando los kardex de control logístico. Cortamos el contrato a los rateros, que tuvieron el desparpajo de denunciarnos en el Poder Judicial y unas semanas después  que dejé el cargo engañaron a un periodista de Correo para hacer pasar como que había habido corrupción desde la dirección, ¡cuando nosotros éramos los que los habíamos denunciado y despedido!

 

No ha sido mi único problema con la justicia al revés. Cuando pocos años después escribí un artículo diciendo que la “Via Expresa del Callao”, es decir el peaje que puso Kouri en la av. Faucett, era un robo, el sinvergüenza me enjuició por difamación pidiendo que le pagara una indemnización de 150 mil soles. Felizmente, al final tuvo que desistirse del juicio porque era obvio que no iba a ganar.

Náuseas.

 

Teorías

Las historias pueden seguir y seguir. Pero solo una buena teoría puede darle sentido a la persistencia y fuerza de la corrupción. Empecemos por las más absurdas: hay economistas pro-libre mercado que sostienen que, ante las enormes barreras burocráticas que pone el estado dificultando los negocios, la corrupción logra salidas a esas trabas, permitiendo que los negocios se desarrollen y ganándose en eficiencia. Por otro lado, si consideramos, como una mirada neoliberal simplista diría, que la gente siempre busca su propio interés y eso está bien porque ya la mano invisible del mercado lo arreglará todo, no puede llamarnos la atención que quienes pueden cobrar por arreglar algunos trámites lo hagan.

 

Nada de eso explica porqué hay estados muy corruptos y otros muy poco. La primera teoría fuerte es la de la historia: estamos llenos de corrupción porque así hemos estado siempre. Porque el estado colonial era un estado orientado precisamente a que se enriquecieran otros y no a defender el bien público, y porque desde entonces la forma como los españoles organizaron el estado fue entregando territorios y cargos públicos por dinero y como negocio particular. Hoy, esa misma idea sigue presente, la de que acceder a un cargo es un negocio, al que se va a enriquecerse y no a servir, y para llegar al cual hay que hacer una inversión.

 

Otra teoría es de economía política. Nuestra economía se concentra en la extracción de minerales y recursos naturales, y esa actividad tiene una diferencia importante con la industria. Una industria se puede poner en cualquier parte, y por lo tanto su dependencia del poder político es menor: si no la apoyan, se va a otro lado. La minería no puede irse a otro lado porque debe estar donde está el yacimiento, y por eso necesita del estado para tener el control territorial. Ese apoyo político puede darse a cambio de que los políticos reciban un pago. Abajo, como ha mostrado esta revista, muchas empresas mineras tienen convenios con la policía a quienes pagan adicionales e incluso premian a los comandantes y jefes de comisarías – claro, solo si se ponen de su lado. Arriba, el impuesto a las sobreganancias mineras se ha encajonado una y otra vez,  con Alan y con Ollanta, tras negociaciones en la cúpula a puertas cerradas. Ahora, pretenden prorrogar las concesiones petroleras que están por vencerse, por diez años más, a dedo, beneficiando exclusivamente a las trasnacionales. Millones en juego.

 

Finalmente, otra explicación es la institucionalidad política. Para ganar elecciones en el Perú no hace falta partido ni elecciones internas, solo candidato y plata para la campaña. Mucha plata. Y los que tienen mucha plata, están dispuesta a poner algunos millones para asegurarse más ganancias en el futuro. Pocas veces se ve el rastro de los billetes, pero en las elecciones pasadas Yanacocha financió mediante una fachada llamada Reflexión Democrática las campañas electorales de una docena de congresistas, gente como la fujimorista Cecilia Chacón que luego obviamente los defiende a capa y espada. Alianza para el Progreso funciona con el dinero del negocio de las universidades de César Acuña y evidentemente hace todo para que este negocio siga prosperando, aunque la calidad de nuestros profesionales vaya para abajo y la universidad pública también.

Náuseas.

 

Izquierdas corruptas y valientes

Pienso así: “izquierda” y “corrupción” son dos palabras incompatibles. Ser de izquierda es luchar por una distribución más amplia y justa de la riqueza  y el poder. Ser corrupto es concentrar la riqueza de manera injusta. Quienes se han presentado como izquierdistas pero son corruptos, no son de izquierda, son infiltrados o traidores. Hay que expulsarlos y meterlos a la cárcel, sin importar que carné de partido tengan. Simple.

 

¿Cuántas veces hemos visto en los últimos años un partido que denuncie que gente de sus filas es corrupta y los expulse? Hemos visto varias veces como ante denuncias comprobadas en la prensa, por limpiarse, luego de hacerse los locos un tiempo, de alguna suspensión temporal o licencia parcial, un partido expulsa a alguien como Rómulo León (pero Lucianita sigue feliz). Solo una vez hemos visto una agrupación política que desenmascara a gente de su propio grupo, los expulsa de su partido y pide que se les quite su cargo público: la Confluencia de las izquierdas en Lima con los regidores Luis Valer y Tito Quilla.

Una pequeña pastilla de esperanza frente a la náusea.

 

Pero no es suficiente. Hay que atacar las causas estructurales de la corrupción. La visión patrimonialista del estado, el individualismo egoísta extremo de los neoliberales, la economía rentista, el sistema político caudillista y las elecciones que resultan ser una feria de publicistas y caricatura de democracia.

 

Publicado en Hildebrandt en sus trece, 14 de junio de 2013 

Califican de nefasto a Dictamen aprobado hoy en la Comisión de la Mujer del Congreso


Perú se incluirá en la lista minoritaria de países de América Latina que prohíben absolutamente el aborto y cerrará cualquier debate respecto a la ampliación de causales de aborto no punible, explicitando la negativa del derecho a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres y ahondando la discriminación, aún a costa de su propia vida, dado que solo son las mujeres las que se embarazan.





Hoy la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó un dictamen en contra los derechos humanos de las mujeres y contra el derecho a la información  sexual, el derecho de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad a los adolescentes mayores de 14 años. En el primer punto, el Dictamen establece que los derechos al concebido son absolutos, pese a que ni siquiera la Constitución Política les otorga.

 

“La aprobación de este Dictamen  es sumamente preocupante, sabemos que los derechos humanos no son absolutos, y en este caso concreto de los derechos del concebido, el Código Penal peruano ha establecido excepciones con la aprobación del aborto terapéutico, desde 1924. En ese sentido, se está utilizando este Código para que de manera completamente irregular se aborde un tema pero sin nombrarlo, y eso es condenar a las mujeres a la muerte si es que su vida y salud están en riesgo, acercándonos a países donde la penalización del aborto es absoluta, si quieren penalizar por completo el aborto deberían señalarlo de manera transparente y clara, y no escudarse tras la protección al niño”, señala Rossina Guerrero, directora de Promsex.

 

“Nos llama la atención sobre manera que sean las congresistas mujeres quienes hayan votado a favor de esta fórmula, ya que  son las mujeres en nuestro país las que  mueren por causa del embarazo”, dice Guerrero. Actualmente, las muertes por causas indirectas (enfermedades que surgen o se agravan con el embarazo) llegan a un 30%, por ello medidas como el aborto terapéutico tienen también finalidades de salud pública. “La salud de la mujer pretende ser desconocida con este Dictamen, que se escuda en la protección del niño, llama la atención que no se diera un debate en este sentido y que se pretenda sorprender a la opinión pública”, sostiene.

 

Mientras Susana Chávez, presidenta de Promsex, sostiene que declarar la protección especial del concebido, tal como se propone en este Dictamen, sugiere que el huevo fertilizado, el embrión y el feto, se encuentran en un estado de amenaza y coloca a las mujeres como sospechosas. Esta visión tan perversa ignora que el desarrollo del embarazo es interdependiente de la mujer, hasta que el feto alcance viabilidad, pero a su vez, también desconoce que cada vez, hay más mujeres que tienen embarazos apreciados y cuidados, porque son planificados y eso hace que las mujeres sean las principales interesadas en los cuidados de un buen control prenatal y una atención del parto de calidad.

 

“Resulta irónico que los promotores de este absurdo argumenten su posición en la “defensa de la vida”, cuando es todo lo contrario; Son ellos los que se oponen a los anticonceptivos que podría reducir al menos el 30% de abortos, son ellos a quienes no les inmuta la muerte perinatal, que llenan las morgues de los hospitales de recién nacidos muertos y solo les preocupa la continuidad del embarazo, aunque este no tenga ninguna viabilidad o haga daño a la mujer. Tampoco les interesa la protección especial que deberían tener las gestantes, pues si ellas son saludables, sus hijos también lo serán”, puntualiza Chávez.

 

Para Guerrero este Dictamen es  nefasto porque además de estas implicancias para la vida y la salud de las mujeres, no se han considerado las opiniones técnicas alcanzadas por el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos, y más bien han asumido las recomendaciones de agendas basadas en la Fe, explícitamente de la Conferencia Episcopal y de otros actores cuyas acciones se basan en la religión católica, es decir, se ha privilegiado actuar sin hacer uso de la evidencia y el marco de los derechos humanos, sino en base a concepciones de la vida personal y que tienen una concepción negativa de la sexualidad y del rol de las mujeres frente a la sexualidad.

 

Comisión de la Mujer les da las espaldas a los adolescentes

Por otro lado, se ha eliminado la obligación que tiene el Estado de brindar información que permita a los adolescentes mayores de 14 años disfrutar su sexualidad. Y ello significa algo sumamente grave, pues en nuestro país, los adolescentes sufren de una serie de eventos adversos producto de una sexualidad, sin información y sin servicios integrales, tenemos altas tasas de embarazo adolescente, el promedio es 13.2% pero en Iquitos este llega a 30%.

 

La muerte materna en adolescentes es también un grave problema, el 29% son por aborto y  entre las causas de muerte indirecta en este grupo, el 56% fue por suicidio. Este efecto adverso recae en las adolescentes mujeres y la Comisión de la Mujer les da la espalda y señala que no tienen derecho a recibir servicios del Estado, sino solamente información de sus padres.

 
Los congresistas deben  basar sus votos en las evidencias, en los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos sostiene Guerrero. “El presidente Humala se olvidó de todo aquello que colocó en su Plan de Gobierno, su plan ha pasado de ser “una gran decepción” a ser “una gran traición” a las mujeres y hombres que votaron por su propuesta. En su Plan de Gobierno Humala se comprometió a aprobar el protocolo de aborto terapéutico, y a avanzar con la despenalización del aborto por violación, no hay ningún avance, este gobierno más bien viene dando graves retrocesos, finaliza Guerrero. 




 

domingo, 16 de junio de 2013

Advierten graves retrocesos en los derechos humanos de las mujeres


Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República mediante pre dictamen establece que los derechos del concebido son absolutos, sin prevalecer la salud  y la vida de las mujeres, cuando ya se estableció que ante el conflicto de derechos entre la vida y la salud de la mujer gestante y el derecho a la vida del concebido, priman los derechos de la mujer.

Además, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha emitido dictamen en mayoría en la cual se elimina la categoría de orientación sexual e identidad de género como forma de discriminación para cometer actos criminales.

 
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobaría mañana pre dictamen que establece que los derechos del concebido son absolutos, por lo tanto prevalecerán frente a cualquier derecho de la mujer, organizaciones no gubernamentales como Promsex y Demus advierten que esto significaría serios retrocesos en los derechos humanos de las mujeres.
  
El contenido del pre dictamen de la comisión de la mujer y familia desconoce y vulnera los derechos fundamentales de las personas cuando se encuentran en conflicto con los derechos del concebido, ya que resuelve cualquier situación de conflicto a favor siempre del concebido, vulnerando, de manera arbitraria, derechos fundamentales y legítimos de las mujeres, señala Rossina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Promsex.
 
Un pronunciamiento firmado por ambas organizaciones sostiene que el Estado peruano tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, “consideramos que ésta debe darse en consonancia con la Constitución y los tratados internacionales que ha suscrito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo v., Costa Rica,  ha señalado que la protección del concebido debe darse a través de la mujer embarazada concediéndoles atención y ayuda especiales antes y durante un lapso razonable después del parto. El debate sobre el aborto debe darse en el marco de la legislación especializada, es decir, en el debate de reforma del Código Penal”, dice el documento.
 
Para Guerreo el legislativo está planteando una serie de retrocesos respecto a los derechos humanos de las mujeres, sin considerar que en noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los derechos del concebido no son absolutos, todo lo contrario, son graduales;  recordemos que la Corte IDH es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de DD.HH. del sistema interamericano de protección de derechos humanos al cual se ha sometido el Estado peruano.
 
“Cuestionamos la razonabilidad de las Comisiones del Congreso de la República, ya que sus dictámenes están vulnerando estándares internacionales de derechos humanos, por un lado la Comisión de la Mujer y Familia establece que los derechos del concebido son absolutos y por lo tanto prevalecerán frente a cualquier derecho de la mujer; y por otro lado la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha emitido dictamen en mayoría en la cual se elimina la categoría de orientación sexual e identidad de género como forma de discriminación para cometer actos criminales, esto es un grave retroceso”, dice Guerrero.
 
Respecto al aborto Guerrero señala que no le compete al Código de Niños, Niñas y adolescentes resolver conflictos de derechos ni señalar la prevalencia de un derecho sobre otro. El código penal, el cual si es el instrumento legal para este tipo de discernimientos,  ha despenalizado el aborto terapéutico desde 1924 y ya ha resuelto dicho conflicto de derechos en este caso. De no modificarse esta propuesta,  estaríamos obligando a las mujeres a morir o a tener graves daños en su salud física y mental con tal de mantener un embarazo, incluso sin reconocer el origen de este. Y resulta aún más preocupante que, siendo las adolescentes se ven afectadas por la muerte materna, no se aborde esto como un tema de preocupación del Código, finaliza Guerrero.
 
Ambas organizaciones  exhortan al Congreso que estas dos disposiciones no sean aprobadas por la Comisión de la Mujer y la Familia porque tienen consecuencias nefastas para las mujeres.

sábado, 15 de junio de 2013

Consulta previa: juegos de hipocresías


Por Rodrigo Montoya Rojas

 

En el Perú existe una ley ya reglamentada que autoriza la consulta previa como derecho de los pueblos indígenas, frente a las empresas -que vienen de fuera y muy lejos- que invierten para explotar en sus territorios petróleo, gas, minas y hacer grandes carreteras. A varios empresarios, internacionales y nacionales, les gustaría que la consulta previa no existiese para hacer lo que quieran, como en el pasado lejano y reciente. A los pueblos indígenas les gustaría que ese derecho ganado desde el Acuerdo 169 de la OIT sea plenamente ejercido y que sus acuerdos sean vinculantes, que sean tomados en cuenta y respetados. Lamentablemente, en la incipiente democracia peruana, la colonialidad del poder se impone para desvirtuar los mandatos legales y seguir, como antes, tratando a los indígenas como menores de edad, sin derechos ni opinión propia. 

 

Resulta ahora que para el gobierno llamado nacionalista los únicos pueblos indígenas  a quienes habría que consultar, sin compromiso alguno, serían los de la Amazonía y no los quechuas y aimaras de los Andes; que el reconocimiento de esa condición sería otorgado a pedido de parte y que la Base de Datos sobre los pueblos indígenas no será publicable sino para cada caso concreto. En buen romance, el dilema parece muy simple: inversión minera o consulta previa. Las empresas no quieren consulta previa en los Andes y todo indica que el gobierno se inclinará por favorecerlas con el pretexto de salvar las inversiones que el país necesita para volver a asegurar las altas tasas de crecimiento que estarían cayendo.

 

Una de las primeras lecciones en un curso de antropología peruana es la siguiente: la lengua, el territorio, la cultura y la identidad son 4 pilares de  existencia de los pueblos indígenas. Habría que ser ciego, conservador y reaccionario para suponer que estos cuatro elementos no están presentes entre los Cañaris del norte y entre los Quechuas y Aimaras. Decir que las comunidades campesinas de los Andes están ya integradas al Estado, y que  por eso habrían dejado de ser indígenas, es la expresión de un pensamiento antropológico pobrísimo que limitaría lo indígena a un espacio ajeno al mercado y al Estado. Siguiendo ese razonamiento, indígenas habrían sido solamente los pueblos pre-incas e incas.

 

Se puede ser indígena y estar inmerso en la llamada globalización, tener facebook y tarjetas de crédito. Los indígenas con derechos son lo nuevo y último de la modernidad. ¿Para qué se autoriza por ley una consulta previa? Sencillamente para conocer y oír la opinión de los pueblos que tienen todo el derecho de defender sus cuencas de agua, sus tierras de cultivo y pastos para sus animales. Son esos pueblos los que producen los alimentos que los peruanos consumimos. Las grandes empresas multinacionales no producen ni un kilo de papa, ni una cebolla. Se llevan, sí, el oro, la plata, el cobre y dejan una pequeña cantidad de dinero para el Estado. Si se consulta a los pueblos para no tomar en cuenta sus opiniones se trata simplemente de una burla. La hipocresía del “sí pero no”, agrega leña al fuego de los conflictos que ya conocemos.

 

Como una bibliografía, una base de datos es por definición y principio abierta para agregar, actualizar, mejorar las informaciones ya recogidas y eliminar los datos irrelevantes.  Si el gobierno anuncia que no puede publicar la base de datos que había prometido entregar está confesando que tiene entre manos un gato encerrado. Este hecho es demasiado grave y revela una gran incompetencia.

 

Hay algo más dentro de este juego de hipocresías: a las empresas les gustaría que la consulta previa se haga en la fase de explotación y no en las de concesión y exploración. Sin embargo, todo comienza con la concesión porque cuando una empresa compra el favor de una concesión  ya tiene un derecho muy próximo a la propiedad.  Al tener la concesión y al explorar, la empresa ocupa un territorio. En la fase de explotación ya no hay nada que hacer y la propiedad queda registrada. En esas condiciones ¿Qué sentido tendría la consulta? Ninguno.

 

¿Será posible  que los funcionarios del estado con seriedad profesional y ética no se den cuenta de este juego de hipocresías? ¿Confianza a los inversionistas o consulta previa? Esa es la dicotomía según los empresarios. Después del “Conga va”, el gobierno de Humala reafirma su voluntad de agravar el conflicto con los pueblos indígenas. No tomar en cuenta a los pueblos quechua y aimara y, particularmente a Cañaris, será un nuevo error con múltiples consecuencias. No se apaga un incendio con gasolina.

 

Publicado en Otra Mirada, 14 de junio de 2013

Petroperú, políticas de Estado y La Pampilla


 
Por Humberto Campodónico
 
Una condición esencial para el fortalecimiento y modernización de una empresa estatal, en este caso Petroperú, es que debe establecerse una clara política de Estado que defina sus roles y objetivos. Esto le corresponde a la Junta General de Accionistas, constituida por tres representantes del Ministerio de Energía y Minas (incluido el Ministro, que la preside) y dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (incluido el Ministro). Cada uno representa un 20% de las acciones de la empresa.
 
En lo que concierne al Directorio de PETROPERU, cinco de sus miembros son designados por la Junta General de Accionistas-JGA, mientras que el sexto es el representante de los trabajadores y de la empresa y es elegido por éstos. La Ley Orgánica de Petroperú establece las atribuciones, funciones y responsabilidades del personal de la empresa –incluido el Directorio- las mismas que tienen como objetivo, entre otros, implementar las políticas que emanan de la JGA.
 
En el caso de la venta de las acciones de Refinería La Pampilla SA (Relapasa) por parte de Repsol y la voluntad de compra expresada por el gobierno peruano, debemos decir, en primer lugar, que la Ley 28840 del 2006 (reseñada en un anterior artículo de Otra Mirada) establece que Petroperú puede participar en todas las actividades de la cadena de hidrocarburos.
 
Dicho esto, esa voluntad de compra de activos de un tercero (en este caso, Relapasa) debe venir acompañada de un informe técnico, económico y financiero, que permita establecer con claridad y transparencia los montos de la compra, la viabilidad de la inversión a realizar y, sobre todo, las razones que determinan la necesidad de dicha compra (seguridad energética, abastecimiento oportuno de combustibles, entre otros).
 
A nuestro juicio la compra de Relapasa era muy problemática por los pasivos que tiene y la enorme inversión a realizar para la desulfurización. Pero eso debió ser determinado por un análisis prolijo y detallado de un banco de inversión, mandado por la Junta General de Accionistas e implementado por el directorio de PETROPERU. Esto fue lo que hizo el anterior Directorio de PETROPERU, con carta del 31 de octubre del 2012, donde se planteó a la JGA la posible venta de los activos de Relapasa para que impartan al Directorio “las instrucciones que consideren convenientes”. Pero no hubo respuesta de la JGA.
 
Agreguemos que el análisis que debió haber encargado la Junta General de Accionistas al Directorio de Petroperú debió haber sido integral, lo que quiere decir que debe también incluir la realización de los proyectos de inversión que ya tiene la empresa (Modernización de Talara, entrada a lotes petroleros, como el Lote 64 y, también, a los lotes productores de Talara que revierten al Estado en el periodo 2013-2016). Estos objetivos figuran en el Plan Estratégico de Petroperú 2012-2025.
 
Agreguemos, también, que debe informarse ampliamente y con transparencia a la opinión pública en general, al sector empresarial y al periodismo las razones que llevan al Estado a considerar factible la compra de La Pampilla y la realización de las inversiones existentes. Mas aún si el Presidente de Repsol viene a Lima a conversar con las más altas autoridades del país pero no se informa sobre el contenido de estas reuniones.
 
Es también clave que la política de Estado sea respaldada por todos los integrantes del gabinete, lo que no sucedió en este caso durante varios meses. Solo al final, por ejemplo, el Ministro de Economía declaró que dicha compra de activos solo se realizaría después de estudios exhaustivos que demuestren su conveniencia.
 
Finalmente, pero no menos importante: debe quedar claro que el Buen Gobierno Corporativo implica la autonomía del Directorio de la empresa en su manejo técnico y económico, lo cual otorga la garantía a la ciudadanía de que la empresa no estará –como antaño- dependiendo del poder político, lo que implica la ausencia de “encargos” como la decoración de Palacio de Gobierno y, menos aún, la imposición de políticas de precios que hacen que la empresa venda por debajo de su costo de producción (como ocurrió de 1987 a 1990, con el primer gobierno de García). Por lo que se ha visto, no es eso lo que ha sucedido en estos últimos meses.
 
El corolario es la “flotación” de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Lima, emulando a las exitosas Ecopetrol y PETROBRAS. Decimos bien corolario pues esta “flotación” debe producirse, no cuando la empresa solo refina petróleo (lo cual le da una de las más bajas rentabilidades empresariales) sino cuando ya esté definido un horizonte de mayor rentabilidad en el mediano plazo, es decir, cuando esté concretada la producción de petróleo y, también, la modernización de la Refinería de Talara.
 
Debe remarcarse que la población aprueba el potenciamiento de PETROPERU, lo que quedó claramente demostrado en una reciente encuesta de APOYO, que estableció que el 72% de los peruanos así lo quería.
 
En este artículo hemos tocado los temas de la institucionalidad necesaria para llevar adelante una política de Estado, lo que incluye a la Junta General de Accionistas y sus mandatos claros al Directorio de la empresa. En ese marco actúa la política. Si no se cumple con esa institucionalidad (lo que fue el caso pues la JGA no se pronunció sobre el pedido del Directorio de Octubre 2012), entonces aquellos que tienen una política contraria a la modernización –son una minoría, pero tienen gran control mediático-, encontrarán terreno fértil para debilitar a la empresa con miras a desaparecerla. De lo que se trata, entonces, es de volver a unir política e institucionalidad para modernizar y fortalecer Petroperú.
 Publicado en Otra Mirada, 9 de mayo de 2013