miércoles, 5 de junio de 2013

El TPP, las inversiones y las industrias extractivas



 
Elaboración: Matthew Porterfield del Instituto Harrison en Washington DC

 
Escribe José De Echave C.

En la tercera semana de mayo, se desarrolló en Lima una nueva ronda de negociación del denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). Este es un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene una característica que lo diferencia de anteriores acuerdos que el Perú ha negociado: en esta ocasión, el TPP significaría de un solo golpe varios TLC con doce países.

 
Lo cierto es que negociaciones de esta envergadura merecen una mayor transparencia y deberían estar precedidas de balances previos, sobre todo luego de haber recorrido un buen tramo en la implementación de varios TLC: por ejemplo, el Perú ya cuenta con nueve TLC.

 
¿Cómo nos está yendo con algunos temas de los TLC? En primer lugar no está de más recordar que los TLC son mucho más que simples acuerdos comerciales y que por ejemplo, de los más de veinte capítulos que actualmente se vienen negociando en el TPP, apenas cinco tienen que ver con aspectos comerciales. El resto son capítulos tan variados sobre temas como cultura, agricultura, textiles y vestido, administración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardias, telecomunicaciones, servicios financieros, políticas de competencia, derechos de propiedad intelectual, aspectos laborales, ambiente, salud y también inversiones.   

 
La realidad muestra que países como el Perú están teniendo un duro proceso de aprendizaje sobre lo que significan algunos capítulos de los TLC. Por ejemplo, uno de los temas que genera mayor preocupación son los capítulos de inversiones y las diferentes provisiones que vienen siendo utilizadas por empresas en procesos de demandas en contra de los Estados.

 
El Perú no es la excepción en este tipo de demandas y comienza a ser un buen ejemplo. Como se puede ver en el siguiente gráfico, las demandas en contra del Estado peruano han aumentado en número desde la vigencia de los TLC en el año 2006 y lo que es más preocupante es que las sumas reclamadas por los inversionistas ascienden en la actualidad a más de 5,800 millones de dólares.


Además, enfrentar estos procesos de arbitrajes internacionales, significa que los estados tienen que asumir una serie de costos no previstos. Por ejemplo, el Perú viene gastando más de US$ 20 millones por costos asociados a los arbitrajes (pago a estudios jurídicos y otros). Empresas como Pluspetrol, Convial Callao, Elecnor y el controvertido caso de Doe Run, son algunas de las demandas pendientes que enfrenta en la actualidad el Perú.

 
Casos como el de Doe Run plantean varias interrogantes: ¿cómo una empresa que ha incumplido todas sus obligaciones ambientales en el país se puede dar el lujo de llevarlo a un proceso de arbitraje y tener la posibilidad de ganarlo y obtener una indemnización millonaria?  

 
La respuesta es que sí es posible. Los capítulos de inversión de los TLC les brindan todas las posibilidades y las empresas las están aprovechando. Los mecanismos para proteger a los inversionistas extranjeros han abierto una Caja de Pandora de la que las empresas transnacionales extraen todo tipo de reclamos que lesionan la soberanía en materia de políticas públicas de los países firmantes.

Las denuncias presentadas por las empresas ante tribunales arbitrales internacionales y la propia experiencia que el Perú comienza a tener en este terreno deberían permitir evaluar los excesos cometidos en el diseño de estos instrumentos.

 
El caso Doe Run muestra cómo el capítulo de inversiones y sus diversos instrumentos como la expropiación indirecta, el trato inequitativo y los mecanismos de arbitraje, entre otros, son utilizados por las empresas en contra del país receptor de sus inversiones. Además, pese a las advertencias surgidas en el debate en torno a la firma del TLC y el intento de negar estas amenazas por los promotores del acuerdo(1), lo cierto es que las evidencias en el escenario internacional, son contundentes y revelan el uso y abuso de estos instrumentos.

 
Pese a que algunos insisten en presentar a los TLC como el único camino a seguir; lo cierto es que hay evidencias de nuevas tendencias en el contexto internacional en las que el desarrollo económico y la necesaria atracción de inversiones no se contradicen con la necesidad de construir nuevas regulaciones que garanticen equilibrios sociales y ambientales.

 
Si la demanda de Renco/Doe Run en contra del Perú sirve finalmente para iniciar una reflexión seria sobre estos temas y de esta manera se comienzan a producir reformas orientadas a recuperar gobernabilidad y los equilibrios mencionados, algo se habrá ganado de esta experiencia. Ojalá que este aprendizaje no le termine costando demasiado caro al país.

(1) El entonces ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero Diez Canseco, negó la posibilidad de que el Perú fuera llevado a un proceso de arbitraje por un caso como el de La Oroya y más aún que la empresa tuviese alguna posibilidad de éxito.

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