Elaboración:
Matthew Porterfield del Instituto Harrison en Washington DC
Escribe José De Echave C.
En la tercera semana de
mayo, se desarrolló en Lima una nueva ronda de negociación del denominado
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). Este es un
nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene una característica que lo diferencia
de anteriores acuerdos que el Perú ha negociado: en esta ocasión, el TPP
significaría de un solo golpe varios TLC con doce países.
Lo cierto es que
negociaciones de esta envergadura merecen una mayor transparencia y deberían
estar precedidas de balances previos, sobre todo luego de haber recorrido un
buen tramo en la implementación de varios TLC: por ejemplo, el Perú ya cuenta
con nueve TLC.
¿Cómo nos está yendo con algunos temas de los
TLC? En primer lugar no está de más recordar que los TLC son mucho más que
simples acuerdos comerciales y que por ejemplo, de los más de veinte capítulos
que actualmente se vienen negociando en el TPP, apenas cinco tienen que ver con
aspectos comerciales. El resto son capítulos tan variados sobre temas como
cultura, agricultura,
textiles y vestido, administración aduanera, medidas sanitarias y
fitosanitarias, salvaguardias, telecomunicaciones, servicios financieros,
políticas de competencia, derechos de propiedad intelectual, aspectos
laborales, ambiente, salud y también inversiones.
La realidad muestra que países como el Perú están
teniendo un duro proceso de aprendizaje sobre lo que significan algunos
capítulos de los TLC. Por ejemplo, uno de los temas que genera mayor
preocupación son los capítulos de inversiones y las diferentes provisiones que
vienen siendo utilizadas por empresas en procesos de demandas en contra de los
Estados.
El Perú no es la excepción
en este tipo de demandas y comienza a ser un buen ejemplo. Como se puede ver en
el siguiente gráfico, las demandas en contra del Estado peruano han aumentado
en número desde la vigencia de los TLC en el año 2006 y lo que es más
preocupante es que las sumas reclamadas por los inversionistas ascienden en la
actualidad a más de 5,800 millones de dólares.
Además, enfrentar estos procesos de arbitrajes internacionales,
significa que los estados tienen que asumir una serie de costos no previstos.
Por ejemplo, el Perú viene gastando más de US$ 20 millones por costos asociados
a los arbitrajes (pago a estudios jurídicos y otros). Empresas como Pluspetrol,
Convial Callao, Elecnor y el controvertido caso de Doe Run, son algunas de las
demandas pendientes que enfrenta en la actualidad el Perú.
Casos como el de Doe Run
plantean varias interrogantes: ¿cómo una empresa que ha incumplido todas sus
obligaciones ambientales en el país se puede dar el lujo de llevarlo a un
proceso de arbitraje y tener la posibilidad de ganarlo y obtener una
indemnización millonaria?
La respuesta es que sí es
posible. Los capítulos de inversión de los TLC les brindan todas las
posibilidades y las empresas las están aprovechando. Los mecanismos para
proteger a los inversionistas extranjeros han abierto una Caja de Pandora de la
que las empresas transnacionales extraen todo tipo de reclamos que lesionan la
soberanía en materia de políticas públicas de los países firmantes.
Las denuncias presentadas
por las empresas ante tribunales arbitrales internacionales y la propia
experiencia que el Perú comienza a tener en este terreno deberían permitir
evaluar los excesos cometidos en el diseño de estos instrumentos.
El caso Doe Run muestra
cómo el capítulo de inversiones y sus diversos instrumentos como la
expropiación indirecta, el trato inequitativo y los mecanismos de arbitraje,
entre otros, son utilizados por las empresas en contra del país receptor de sus
inversiones. Además, pese a las advertencias surgidas en el debate en torno a
la firma del TLC y el intento de negar estas amenazas por los promotores del
acuerdo(1), lo cierto es que las evidencias en el escenario internacional, son
contundentes y revelan el uso y abuso de estos instrumentos.
Pese a que algunos insisten
en presentar a los TLC como el único camino a seguir; lo cierto es que hay
evidencias de nuevas tendencias en el contexto internacional en las que el
desarrollo económico y la necesaria atracción de inversiones no se contradicen
con la necesidad de construir nuevas regulaciones que garanticen equilibrios
sociales y ambientales.
Si la demanda de Renco/Doe
Run en contra del Perú sirve finalmente para iniciar una reflexión seria sobre
estos temas y de esta manera se comienzan a producir reformas orientadas a
recuperar gobernabilidad y los equilibrios mencionados, algo se habrá ganado de
esta experiencia. Ojalá que este aprendizaje no le termine costando demasiado
caro al país.
(1) El
entonces ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero Diez Canseco, negó la
posibilidad de que el Perú fuera llevado a un proceso de arbitraje por un caso
como el de La Oroya y más aún que la empresa tuviese alguna posibilidad de
éxito.
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