Escribe José De Echave C.
El
pasado 10 de abril, la justicia chilena tomó la decisión de suspender el
mega-proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold,
ubicado en la frontera entre Chile y Argentina y uno de los más importantes
emprendimientos mineros a nivel mundial. Hace unos días, el 3 de junio, la
Superintendencia del Medio Ambiente de Chile ha multado a la empresa con una
cifra histórica -16,4 millones de dólares- por “incumplimientos gravísimos” y
ha confirmado la paralización del proyecto minero.
Las
faltas graves cometidas por Barrick y que han sido identificadas por las
autoridades chilenas, van desde “no haber construido obras asociadas al sistema
de manejo de aguas de contacto y no contacto, que debían estar implementadas en
forma previa a las faenas de excavación” hasta no haber entregado información
verídica sobre las características del proyecto.
Desde
sus inicios, el proyecto Pascua Lama desencadenó serias controversias en ambos
países. En primer lugar porque su desarrollo afectaba a todo un ecosistema de
glaciares y periglaciares así como las nacientes de aguas que abastecen a
poblaciones del Valle del Huaso en Chile y de la provincia de San Juan en
Argentina. Fue el caso de Pascua Lama que dio origen a la ley de protección de
glaciares aprobada en Argentina.
Ahora
bien no está demás preguntarnos si algo similar podría pasar en el Perú. ¿Podemos imaginar a la justicia peruana o a nuestras
autoridades ambientales tomando una decisión que paralice una inversión
superior a los ocho mil millones de dólares y que además le impone una multa
histórica a la empresa minera? ¿Cuáles serían las reacciones de las empresas y
sus periodistas? ¿Nuestras autoridades se mantendrían firmes frente a las
enormes presiones que se desatarían? ¿No nos anunciarían acaso que tras una
decisión similar las inversiones huirían despavoridas del país (seguramente a
Chile)?
Por
el momento podemos testimoniar que en nuestro país, a una de las empresas más
contaminadoras del planeta, Doe Run, se la premió con dos ampliaciones del plazo
para que cumpla con sus obligaciones ambientales y otros beneficios más y hasta
ahora no ha cumplido. Además, nuestros sistemas de fiscalización y evaluación
ambiental siguen siendo precarios, totalmente permisivos y peor aún, el
reciente paquete de medidas para acelerar las inversiones los hace más
vulnerables.
Se
sigue pensando equivocadamente que para atraer inversiones hay que mantener una
gestión ambiental laxa y que hay que dejar hacer y dejar pasar. De esta manera
se mantiene el estatus quo ambiental y se da un pésimo mensaje a los
inversionistas.
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