jueves, 30 de julio de 2015

Demandan que no se exija 'interdicción' a personas con discapacidad severa para cobrar pensión no contributiva

ü  Tumbes será la primera región donde se ponga en marcha la pensión  no contributiva de 150 soles a partir del mes de agosto.
ü  Las personas que tengan discapacidad intelectual o mental severa tendrían que ser declaradas incapaces por un juez para poder cobrar la pensión no contributiva.
En agosto unas 230 personas con discapacidad severa en situación de pobreza extrema de Tumbes podrán cobrar una pensión de 150 soles mensuales; esta región será la primera donde se implementa la pensión no contributiva. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual o mental severa que quieran acceder a ella se enfrentarán a la posibilidad de ser declarados civilmente incapaces (interdictos) por un juez. De exigirse este trámite surgen muchos cuestionamientos, pues el Perú está obligado a derogar la interdicción tras haber ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. De hecho, el Congreso ha formulado un anteproyecto de ley que elimina esta figura.

Tumbes, primera región en cobrar la pensión no contributiva
La pensión no contributiva es un derecho reconocido en el artículo 59 de la Ley General de la Persona con Discapacidad y corresponde a aquellas personas con discapacidad severa que se encuentra en situación de pobreza. Tras ser incorporada en el Presupuesto General de la República para este año 2015, con un monto que asciende a 130,621 millones de nuevos soles, de la que beneficiarían cerca de 87 mil personas a nivel nacional. Se estimó que los pagos se iniciarían en abril, implementándose de manera gradual; sin embargo, esta demora se debe a que aún no se ha creado el programa social a cargo de las mismas.

“Se está creando un programa social nacional y el mecanismo de pago sería mediante el Banco de la Nación; no es cuestión de solo tener el dinero, hay que implementar la normativa. La idea es comenzar con el plan piloto en Tumbes donde se le entregaría la pensión a un grupo de 230 personas en agosto”, adelantó Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables y presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

El monto que recibirán será de 150 soles mensuales, cifra que se entregará acumulada cada tres meses. Es decir, cobrarán 450 soles cuatro veces al año. El viceministro Bolaños agregó que la pensión será entregada cada tres meses para reducir el costo operativo que generaría entregarla mensualmente, además cada vez que se efectúen los pagos, se deberá revisar el padrón para verificar que, por ejemplo, personas que ya fallecieron, no estén recibiendo el beneficio.


Para recibir la pensión, los beneficiarios deben obtener un certificado del Ministerio de Salud (Minsa), el cual detallará el nivel de la discapacidad de la persona (leve, moderada o severa). Si se constata que el paciente tiene discapacidad severa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) será la entidad encargada de comprobar la situación de extrema pobreza.

Interdicción, en el punto de mira

Las personas con discapacidad intelectual o mental severa que acudan a las oficinas del Banco de la Nación para cobrar esta pensión se enfrentarán a la posibilidad de que se les exija atravesar primero por un engorroso y largo juicio que puede durar entre dos y tres años- por el que se declara incapaz a la persona perdiendo el ejercicio de todos sus derechos; es decir, que no podrá casarse, votar, firmar un contrato de trabajo o tramitar una tarjeta bancaria. Por medio de este proceso, se designa a un representante (curador) para que tome las decisiones por ella

“Estamos viendo si habría una forma más permanente de representación legal, en el caso de discapacidad mental severa se tendría que nombrar a un curador y ese es un tema que escapa al Ejecutivo e involucra al Poder Judicial”, afirma Bolaños.

De exigirse este trámite, surgen muchos cuestionamientos pues el Perú está obligado a derogar la interdicción tras haber ratificado La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Además, una Comisión Especial del Congreso ha formulado un anteproyecto de ley que propone reformar más de 80 artículos del Código justamente con el objetivo de eliminar esta figura.  

“Establecer como requisito la interdicción para acceder a la pensión no contributiva no sólo es contrario al marco internacional y constitucional, sino que resulta contraproducente para los propios objetivos del programa. Los costos económicos y no económicos de la interdicción son altos y difíciles de revertir”, explica Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (Sodis). “¿Queremos una pensión que empodere o que desempodere a las personas? No tendría sentido exigir la interdicción para cobrar 150 soles mensuales. Basta con identificar una persona de apoyo en el hogar, y verificar periódicamente que se mantiene el vínculo”, añade.

El congresista Jhon Reynaga también discrepa con la propuesta de manera tajante: “Entiendo la preocupación por el método mediante el cual se va a entregar el dinero a las personas con discapacidad mental severa, pero no se les debe interdictar; deben crear un manual de apoyos y salvaguardas. No podemos ser crueles y mandarlos a un proceso judicial”. Además, señala que los 150 soles mensuales son insuficientes, ya que las personas con discapacidad severa tienen muchas veces a alguien encargado de apoyarlos y, por tal motivo, serían dos personas sin poder trabajar: “No podemos ser mezquinos con ellos” enfatiza.

Vásquez señala que habría que tener en cuenta la experiencia del programa Pensión 65 a cargo del MIDIS debido a que un alto número de adultos mayores que tienen alzheimer u otras demencias han percibido esta pensión porque se ha establecido un sistema flexible de poderes que pueden ser emitidos por jueces de paz letrados. Ese caso se podría aplicar en la pensión a las personas con discapacidad”.

lunes, 27 de julio de 2015

Todavía no hay respuesta por parte del Estado ante demandas indígenas


ü  Próximo diálogo sería el 14 de agosto en Lima. Pueblos indígenas exigen la presencia del jefe del Gabinete, así como de los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas.


Entre la espada y la pared se encuentra el Ejecutivo ante el vencimiento del contrato del Lote 192 y las demandas de las comunidades indígenas para poder licitar este lote petrolero. Ayer no se pudo continuar con el proceso de diálogo entre líderes indígenas y representantes del Estado en Loreto, debido a que los apus de las cuatro cuencas (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón), zonas de influencia del Lote 192, exigieron la presencia del Premier Pedro Cateriano; la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortíz; y el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Además se exigió la presencia del nuevo presidente de Perupetro, Rafael Zoeger, ya que la licitación de este lote representa para ellos el futuro de las comunidades indígenas. “Son 30 años más, el Estado pidió más tiempo para evaluar nuestras propuestas”, señala Aurelio Chino Dahua, presidente de la FEDIQUEP.

Representantes de los pueblos indígenas señalan que esperan ser notificados sobre la asistencia de las autoridades que demandan en la próxima reunión; de lo contrario, no asistirán.

 “Nosotros vemos que los funcionarios no tienen poder de decisión, por eso hemos dicho que queremos hablar directamente con el presidente del Consejo de Ministros, el ministro Economía y la ministra de Energía y Minas. Queremos que se garantice su presencia. Hasta el momento, solo se confirmó la presencia del titular del Ministerio de Energía y Minas; esperamos que en los próximos días confirme su asistencia el premier y el titular del MEF”, señala Chino Dahua.

Además de las tres empresas que están compitiendo por la licitación (Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco), surge la posibilidad de que la empresa del Estado, Perupetro, asuma el lote petrolero. Sobre esto, las comunidades indígenas son tajantes en resaltar que cualquiera de las empresas que gane la licitación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen en beneficio de la población.

Hasta el momento, no hay respuesta a ninguno de los requerimientos de las comunidades en materia económica, de salud, educación, finanzas, entre otros. Por eso, los integrantes de las comunidades están dispuestos a sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo con el Estado, además señalan que no están en contra de la extracción, pero añaden que debe ser una actividad responsable.

Asimismo, sobre las críticas a la cifra del fideicomiso que piden las comunidades por un monto de 1000 millones de dólares que servirían para financiar proyectos de desarrollo social, Aurelio Chino manifestó: “Hemos considerado ese monto porque hemos sido atropellados, Pluspetrol ha hecho todo lo que ha querido mientras que nosotros nunca hemos sido beneficiados con servicios básicos como: salud, educación, a pesar que el dinero salía de nuestros recursos”.

Son 138 millones de barriles de petróleo los que serán extraídos en 30 años, por lo que dicha explotación causará serios daños en las poblaciones que viven en el lote 192. “De todas maneras nosotros vamos a ser afectados, y más de lo que estamos ahora, entonces pensamos en el futuro de nuestras generaciones, por eso pedimos esa cantidad” comenta Chino.

Para el antropólogo Carlos Monge, prorrogar la concesión del lote 192 sin cumplir las condiciones previas fijadas por la ley significaría violentar el orden constitucional y legal. Advirtió que es necesario remediar los daños ambientales, consultar a los pueblos indígenas y hacer una licitación justa y competitiva. Este es el mismo sentir de las federaciones y comunidades de las cuatro cuencas afectadas por el lote 192.

Las condiciones de los pueblos indígenas para la explotación del lote 192 por 30 años más


La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, no acudirá a la consulta porque "no hay avances ni acuerdos", según informó Renato Boluarte, director de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos

Los pueblos indígenas señalan que en la respuesta del Estado a sus propuestas, no existen compromisos concretos.

 
La consulta se encuentra en la fase de diálogo- la penúltima de siete etapas- donde se están debatiendo las propuestas de los pueblos indígenas acerca de las condiciones de la continuidad de la explotación del Lote 192 por 30 años más. El 4 de agosto será la apertura de sobres, es decir, ese día se abrirán las propuestas técnicas presentadas por los postores: las empresas Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco. Dos días después, el 6 de agosto, se anunciara el ganador de la licitación.

El viernes pasado el Estado dio a conocer sus respuestas a las propuestas de los pueblos indígenas. Sobre los principales puntos, aquello en donde las comunidades y federaciones buscan asegurar su derecho al territorio, salud, desarrollo y beneficios, no existen puntos de convergencia en la respuesta del Estado.

Asimismo, El Estado parece confundir estas nuevas propuestas que intentan poner condiciones a la explotación petrolera en los siguientes 30 años, con el cumplimiento de los acuerdos del acta del 10 de marzo, que busca solucionar los problemas ocasionados por 45 años de actividad petrolera.

Cabe señalar que estas propuestas se encuentran en el Acta de Evaluación Interna y han sido formuladas por las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza en el proceso de consulta previa.

Las comunidades nativas manifestaron su profunda preocupación por los impactos que supondrá explotar 138 millones de barriles de petróleo, con desechos de más de 6000 millones de barriles de agua de producción que se re-inyectarán en la tierra, dadas los impactos negativos de la reinyección en curso el Lote 192 reportados por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Asimismo, mostraron su preocupación sobre las garantías que se dispondrán en el contrato para que los impactos negativos sean, en lo posible evitados o por lo menos minimizados y remediados adecuadamente.

Atención a la salud y beneficios para las comunidades

Las comunidades y federaciones exigen monitoreo a la salud de la población durante los próximos 30 años de actividad petrolera, mediante estudios toxicológicos y epidemiológicos que les informe periódicamente la situación de la salud en las comunidades, y se generen atenciones a partir de estos resultado. Perupetro sostiene que en el marco del Acta del 10 de marzo sería suficiente realizar un estudio epidemiológico y toxicológico.

En estos más de 40 años de explotación petroleras se declararon cuatro emergencias ambientales, y diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertaban de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

Los pueblos indígenas están proponiendo beneficios directos de la producción petrolera, a través del establecimiento de un fideicomiso que les permita financiar proyectos de desarrollo sociales, ambientales y económicos, así como la necesidad de una comisión técnica de gestión para garantizar el uso adecuado de esos recursos. Sobre este punto no ha habido respuesta.

Otro tema importante es la creación de espacios tripartitos (Estado-Empresa-Comunidades y Federaciones) para el establecimiento de la compensación por servidumbres y una adecuada valorización, teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales, culturales y económicos. Perupetro ha sostenido al respecto que ya existe una ley que establece negociación directa entre operador y propietario; sin embargo, lo que se suele dar frecuentemente es la imposición de una parte sobre la otra, dada las asimetrías de poder existentes. Es por esta razón que se justifica espacios como los propuestos.

Asimismo, considerando que dentro del lote existen ocho comunidades nativas, se está proponiendo que se establezcan zonas indispensables para la supervivencia económica y cultural de esas comunidades como por ejemplo, cochas, zonas de caza, lugares sagrados, etc.

Remediación y controles a la contaminación ambiental

Existe incertidumbre sobre cuándo y cómo se realizará la remediación ambiental, ya que la empresa Pluspetrol se negó a levantar las observaciones del OEFA sobre el Plan de Abandono, donde se le exigía incorporar 92 sitios contaminados y otros identificados por el OEFA, Ante ello los pueblos indígenas están planteando que el Estado incremente en 200 millones el fondo de remediación creado para remediar lugares no considerados por la Pluspetrol. Sobre esto, Perupetro no responde con precisión.

Las comunidades señalaron que aceptan la licitación, pues sus opciones son limitadas y saben que es muy difícil oponerse a una operación que abastece una parte importante del consumo nacional de combustible. Pero también, son conscientes de los altos costos que significan la explotación petrolera para sus comunidades, y las próximas generaciones, teniendo en cuenta además que con los denominados paquetazos ambientales aprobados por el Ejecutivo se ha debilitado la fiscalización ambiental; por ejemplo, el OEFA tiene limitada su potestad sancionadora durante tres años, así como se han reducido las exigencias para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Una de las propuestas planteadas es la de nuevos instrumentos de gestión ambiental. Se les ha dicho que los pozos que seguirán explotándose deben regirse por las obligaciones establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA y el Plan Ambiental Complementario-PAC, instrumentos que utilizan estándares ambientales muy bajos, como el permitir que en los lugares remediados del lote exista 30 veces más contaminación que en cualquier otro lugar remediado.

Los pueblos indígenas saben que la elaboración de un nuevo estudio ambiental demora, por ello están planteando la creación de una comisión técnica que se responsabilice de estos nuevos instrumentos en un plazo razonable y que ello no suponga paralizar la producción. Plantean asimismo mejorar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de elaboración y evaluación de los estudios ambientales y garantizar un programa de monitoreo ambiental independiente cuyas actividades sean financiadas por un fondo fideicomiso. Dado que el ducto que transporta el petróleo ha sufrido roturas por su antigüedad y deterioro, lo que ha ocasionado contaminación en reiteradas oportunidades, se está proponiendo que Perupetro promueva el cambio de éste en condiciones óptimas y con la participación de las comunidades afectadas.

Primera consulta en el Lote 192, tras más de 40 años de explotación

La consulta previa en el lote 192 no es un proceso más: es la misma prueba de hacia dónde va la consulta en el país. En este lote se disponen las reglas del juego que el Estado está dispuesto aceptar con los pueblos indígenas; además es emblemático, porque fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional.

“Los planteamientos formulados son completamente razonables y buscan asegurar una convivencia en mejores términos entre empresa y comunidades. Asimismo, busca que el Estado se constituya en garante de derechos, llenando el vacío que dejó por años y que ha dado pie a que la calidad de vida de estos pueblos se vea disminuida”, sostiene Ana Leyva, de CooperAcción.

En este caso las comunidades han conseguido que se consulte el contrato de licencia de exploración y explotación petrolera que regirá las actividades del nuevo operador y no sólo el Decreto Supremo que lo aprueba, que es lo establecido en la normativa –y lo que se ha consultado en otros lotes -. Por tanto, en este caso se consultarán las condiciones sobre las que se explotará el Lote 192 por 30 años más.

El proceso ha sufrido idas y venidas: más de tres años de diálogo, cuatro emergencias ambientales, una emergencia sanitaria y dos comisiones multisectoriales así como momentos de escalamiento del conflicto por la lentitud para atender los graves problemas ambientales y de salud generados tras más de 40 años de explotación.

“En términos del proceso de consulta, y licitación para un nuevo titular del lote, lo mínimo que el Estado debe ofrecer son acuerdos de modificación del contrato y cambios en la normatividad sectorial. Las reglas no pueden seguir siendo las mismas, 30 años más de convivencia indígena con la explotación petrolera merece algo más”, declara Miguel Lévano, de Oxfam.

 

viernes, 24 de julio de 2015

Congreso de la República legisla de espalda a los derechos de las mujeres


En un contexto en el que se está definiendo la elección de los nuevos integrantes de la Mesa directiva del Congreso de la República, es importante que los congresistas deslinden con posiciones que niegan derechos de las mujeres. En ese sentido, el Legislativo debe priorizar abordar proyectos de ley que garanticen, reconozcan  y protejan los derechos humanos de las mujeres peruanas.


  1. El Nuevo Código Penal establece una lista cerrada de formas de violencia sexual.

La propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no se ajusta al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Nuevo Código Penal establece una lista cerrada de formas de violencia sexual. Pues, si bien tipifica como delito de lesa humanidad la violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, y unión forzada tal como lo establece el instrumento de derecho Penal Internacional, no recoge que “cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” es delito de lesa humanidad. Ello significa una seria omisión, que perjudica que se garanticen los derechos de las mujeres peruanas.  

  1. No se está legislando de manera específica la violencia familiar y la violencia hacia las mujeres.

Una de las mayores debilidades del dictamen “Ley para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso, es que trata igual dos formas de violencia que tienen naturaleza y características diversas: hacia la familia, y hacia las mujeres. Frente a ello recomendamos una mirada compara con legislaciones progresistas como es el caso de México, en el que se ha legislado de manera específica, aprobando una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, el dictamen no tiene un reconocimiento integral de la violencia basada en género; la normativa debería considerar aspectos educativos, sociales y asistenciales y no sólo jurídicos. Pero además, esta ley no recoge instancias especializadas que ya existen para atender la violencia de género. Igualmente, en las formas de reparación no se menciona alguna forma particular para las mujeres maltratadas. En ese sentido, es preocupante que tampoco se menciona al presupuesto público que se destinará a esta norma.

  1. La deuda pendiente con las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos continua dando la espalda a las víctimas de esterilización forzada, esclavitud sexual, embarazo o aborto forzado, prostitución forzada entre otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno (1980-2000), al no incluir en la agenda legislativa de la comisión el proyecto de ley que contempla la inclusión de estas víctimas al Registro Único de Víctimas, y poder beneficiarse del Plan Integral de Reparaciones (PIR).

Existe un predictamen favorable para la modificación de los artículos 3 y 6 de la Ley N°28592 que crea el PIR, por el cual se reconocería a estas otras formas de violencia sexual.

Este proyecto de ley avanzó un largo camino durante el 2012, llegó a ser aprobado en el Pleno del Congreso quedando listo para ser promulgado, sin embargo, fue observado por el Ejecutivo por aspectos económicos, financieros y presupuestales. Rechazó que este proyecto no evaluará el presupuesto requerido, pues se tendría que reparar económicamente a más personas, y por ello fue devuelto a la Comisión, sin que se haya agendado su discusión y debate.

“Llama la atención que el congresista Eguren, quien ha presidido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y se autodefine como “próvida”, no haya priorizado el tratar este tema para reparar a las mujeres víctimas de aborto forzado, así como a todas las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado” señala María Ysabel Cedano Directora de DEMUS

  1. Despenalización del aborto en casos de violación sexual

El único camino de que vea la luz la iniciativa legislativa sobre despenalización del aborto en casos de violación sexual es a través de la Comisión de Constitución que reanudará su debate en agosto.

El 26 de mayo fue archivado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos este proyecto de ley tras ser debatido hasta en seis sesiones. Se trata de una iniciativa legislativa, respaldada por más de 64 mil personas, que entró al Congreso en octubre de 2014.

El Estado peruano desoye a organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) que exhortó en repetidas ocasiones al Estado para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

“No debemos perder de vista que, el movimiento feminista y organizaciones como CMP Flora Tristán, Calandria, RENAMA, Sintrahogarp entre otras estamos atentas y buscando que se discutan y aprueben temas legislativos pendientes cuya postergación afecta directamente los derechos de las mujeres peruanas entre ellos: la de Ley de Alternancia, la Ley N° 777 de tipificación del daño psíquico para las víctimas de violencia familiar y sexual, la Ley N° 3981 de Soberanía, Seguridad alimentaria nutricional y la Ley N° 4003 que considera la inclusión del aporte del trabajo no remunerado en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias, así como la ratificación del Convenio 189 OIT que reconoce el derecho de las trabajadoras del hogar a un contrato escrito, jornada de 8 horas y salario mínimo.” Señalo Sara Ramírez Zubillaga politóloga de DEMUS.

“Instamos al Congreso de la Republica a priorizar las temáticas expuestas, por ejemplo, a través de la realización de un pleno temático en el que se avance en garantizar una vida libre de violencia, igualdad, libertad y justicia para niñas, adolescentes y mujeres peruanas” señala Yulianna Valencia abogada de DEMUS.