Congreso de la República legisla de espalda a los derechos de las mujeres

En un contexto en el que se está definiendo la elección de los nuevos integrantes de la Mesa directiva del Congreso de la República, es importante que los congresistas deslinden con posiciones que niegan derechos de las mujeres. En ese sentido, el Legislativo debe priorizar abordar proyectos de ley que garanticen, reconozcan  y protejan los derechos humanos de las mujeres peruanas.

1. El Nuevo Código Penal establece una lista cerrada de formas de violencia sexual.

La propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no se ajusta al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Nuevo Código Penal establece una lista cerrada de formas de violencia sexual. Pues, si bien tipifica como delito de lesa humanidad la violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, y unión forzada tal como lo establece el instrumento de derecho Penal Internacional, no recoge que “cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” es delito de lesa humanidad. Ello significa una seria omisión, que perjudica que se garanticen los derechos de las mujeres peruanas.  

2. No se está legislando de manera específica la violencia familiar y la violencia hacia las mujeres.

Una de las mayores debilidades del dictamen “Ley para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso, es que trata igual dos formas de violencia que tienen naturaleza y características diversas: hacia la familia, y hacia las mujeres. Frente a ello recomendamos una mirada compara con legislaciones progresistas como es el caso de México, en el que se ha legislado de manera específica, aprobando una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, el dictamen no tiene un reconocimiento integral de la violencia basada en género; la normativa debería considerar aspectos educativos, sociales y asistenciales y no sólo jurídicos. Pero además, esta ley no recoge instancias especializadas que ya existen para atender la violencia de género. Igualmente, en las formas de reparación no se menciona alguna forma particular para las mujeres maltratadas. En ese sentido, es preocupante que tampoco se menciona al presupuesto público que se destinará a esta norma.

3. La deuda pendiente con las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos continua dando la espalda a las víctimas de esterilización forzada, esclavitud sexual, embarazo o aborto forzado, prostitución forzada entre otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno (1980-2000), al no incluir en la agenda legislativa de la comisión el proyecto de ley que contempla la inclusión de estas víctimas al Registro Único de Víctimas, y poder beneficiarse del Plan Integral de Reparaciones (PIR).

Existe un predictamen favorable para la modificación de los artículos 3 y 6 de la Ley N°28592 que crea el PIR, por el cual se reconocería a estas otras formas de violencia sexual.

Este proyecto de ley avanzó un largo camino durante el 2012, llegó a ser aprobado en el Pleno del Congreso quedando listo para ser promulgado, sin embargo, fue observado por el Ejecutivo por aspectos económicos, financieros y presupuestales. Rechazó que este proyecto no evaluará el presupuesto requerido, pues se tendría que reparar económicamente a más personas, y por ello fue devuelto a la Comisión, sin que se haya agendado su discusión y debate.

“Llama la atención que el congresista Eguren, quien ha presidido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y se autodefine como “próvida”, no haya priorizado el tratar este tema para reparar a las mujeres víctimas de aborto forzado, así como a todas las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado” señala María Ysabel Cedano Directora de DEMUS

4. Despenalización del aborto en casos de violación sexual

El único camino de que vea la luz la iniciativa legislativa sobre despenalización del aborto en casos de violación sexual es a través de la Comisión de Constitución que reanudará su debate en agosto.

El 26 de mayo fue archivado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos este proyecto de ley tras ser debatido hasta en seis sesiones. Se trata de una iniciativa legislativa, respaldada por más de 64 mil personas, que entró al Congreso en octubre de 2014.

El Estado peruano desoye a organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) que exhortó en repetidas ocasiones al Estado para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

“No debemos perder de vista que, el movimiento feminista y organizaciones como CMP Flora Tristán, Calandria, RENAMA, Sintrahogarp entre otras estamos atentas y buscando que se discutan y aprueben temas legislativos pendientes cuya postergación afecta directamente los derechos de las mujeres peruanas entre ellos: la de Ley de Alternancia, la Ley N° 777 de tipificación del daño psíquico para las víctimas de violencia familiar y sexual, la Ley N° 3981 de Soberanía, Seguridad alimentaria nutricional y la Ley N° 4003 que considera la inclusión del aporte del trabajo no remunerado en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias, así como la ratificación del Convenio 189 OIT que reconoce el derecho de las trabajadoras del hogar a un contrato escrito, jornada de 8 horas y salario mínimo.” Señalo Sara Ramírez Zubillaga politóloga de DEMUS.

“Instamos al Congreso de la Republica a priorizar las temáticas expuestas, por ejemplo, a través de la realización de un pleno temático en el que se avance en garantizar una vida libre de violencia, igualdad, libertad y justicia para niñas, adolescentes y mujeres peruanas” señala Yulianna Valencia abogada de DEMUS.