miércoles, 14 de diciembre de 2016

El Gobierno peruano incumple las recomendaciones de Estados Unidos de acabar con las prácticas antisindicales y la explotación laboral en el sector exportador

El 18 de diciembre termina el plazo dado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para que el gobierno peruano atienda sus recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales recogidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre ambos países. Hasta el momento, el Estado peruano ha desoído las preocupaciones de Estados Unidos, enfrentándose a un proceso que complicaría gravemente el acceso a las preferencias comerciales concedidas por el TLC. A esta preocupación por la inacción del Gobierno, se ha sumado el presidente de la Comisión de Trabajo, Hernando Cevallos, y las congresistas del Frente Amplio, Indira Huilca y Marisa Glave, quienes desde el Congreso exigieron hoy al Estado que cumpla con las recomendaciones y respete los derechos de los trabajadores en ambos sectores.

 “Es de esperarse que si el 18 de diciembre el Departamento de Trabajo de Estados Unidos no constata que se hayan atendido sus preocupaciones,  es probable que se pase a una segunda fase donde se constituiría un panel que determinará  si aplica una sanción a Perú”, explica el abogado laboralista Javier Mujica, quien ha interpuesto la queja.

Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones textiles y agrícolas peruanas. El sector agro-exportador ha crecido un 144% en lo siete años que lleva vigente el TLC, mientras las exportaciones textiles y de confecciones bordean los 2 mil millones de dólares. Sin embargo, este crecimiento ha ido acompañado de la falta de cumplimiento de los derechos de los trabajadores de ambos sectores. La Ley de Promoción del Sector Agrario (27360) y el Decreto Ley de Exportación No Tradicional (22342) establecen condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores, por debajo del estándar internacional, incumpliendo el capítulo laboral del TLC.

Durante el mes de noviembre una delegación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el propio Secretario de Trabajo, Thomas Pérez, visitaron Perú para dar seguimiento a la queja presentada  el 21 de julio de 2015 por el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad y siete organizaciones sindicales. En ella se documentaban ocho casos emblemáticos de violaciones laborales en los sectores exportadores de textil y agroindustria, y se alegaba que el gobierno peruano incumple las normas laborales incluidas en el TLC entre ambos países.

“Los representantes de Estados Unidos se reunieron con nosotros y se mostraron preocupados por nuestra situación laboral. Con el régimen de exportación no tradicional, podemos trabajar toda una vida con contratos de un mes y medio o tres meses, vulnerando nuestro derecho a sindicalizarnos ya que la empresa cuando se entera de que un trabajador se ha afiliado a un sindicato le hostiga y decide no renovarle el contrato como represalia”, explica Lorena Chavera, ex trabajadora de una empresa textil y representante de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles y Afines del Perú (FNTTP). “Yo haría un llamado al gobierno peruano para que respete los derechos fundamentales de los trabajadores garantizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, afirma Walter Campos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentagro).

El Departamento de Trabajo emitió un informe en marzo de 2016 donde recomendó que el gobierno de Perú debería poner un tope a la renovación indefinida de los contratos temporales, modificando el artículo 32 del decreto ley 22342, para ajustarlo a la normativa general contenida en el decreto legislativo 728 que establece un tope de 5 años a partir del cual se debe hacer indefinido el contrato del trabajador. También señaló que el Estado debe reforzar  la fiscalización laboral, a través del establecimiento de oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones  y aumentar el número de inspecciones laborales, lo que supondría incrementar el presupuesto de este organismo, así como el del Poder Judicial para los casos laborales. Estas recomendaciones, sin embargo, han sido ignoradas por el Estado. 

El Ministerio de Trabajo mantiene su posición de que ambos regímenes son “plenamente consistentes” con los compromisos establecidos en el TLC y niega que haya habido un incumplimiento del capítulo laboral. Una postura contradictoria con dos informes emitidos por esta misma cartera ministerial (N°111-2008-MTPE/5 y N°23-2011-MTPE/2/14) donde encontró que esta norma “habría sido utilizada como un elemento disuasivo contra la afiliación sindical” y constató la “imperiosa necesidad de reformar el régimen”.

“Al no haber aprobado reformas a la ley, el Gobierno de Perú corre el riesgo de que la controversia se formalice, una situación que podría afectar al comercio entre ambos países”, afirma Eric Gottwald, director de la organización estadounidense Foro Internacional de los Derechos Laborales (en inglés, International Labor Rights Forum). Cabe recordar que en 2013 cinco multinacionales con sede en Estados Unidos (incluyendo Nike, New Balance y PVH Corporation) en una carta dirigida al expresidente Humala manifestaron su preocupación porque el decreto ley 22342 “alienta y tolera violaciones a los derechos laborales y constituye un obstáculo a sus códigos de conducta empresariales”.

“Estamos informados de que representaciones diplomáticas de otros países siguen con interés este procedimiento, en particular, Canadá–país que tiene un Tratado de Libre Comercio con Perú- y la propia Unión Europea. Sería ingenuo pensar que esta incapacidad para tomar medidas correctivas sea ignorado por países que tienen capítulos laborales similares”, afirma Mujica.

jueves, 27 de octubre de 2016

Congresistas y alcaldes impulsarán modificaciones al proyecto de presupuesto 2017 para incrementar los recursos de los gobiernos subnacionales y el agro

A dos semanas de inicio del debate presupuestal, las autoridades locales y congresistas se reunieron ayer en el Congreso de la República y expresaron su preocupación por el carácter centralista del presupuesto presentado por el Ejecutivo, y adelantaron que platearán modificaciones al proyecto de ley para incrementar los recursos de los gobiernos subnacionales y al agro.
 
El debate, organizado por los congresistas Wilbert Rozas, Humberto Morales, Jorge Castro, Reymundo Lapa, Oracio Pacori y Rogelio Tucto junto con el Grupo Propuesta Ciudadana, contó con la presencia de alcaldes de diferentes municipalidades de país, congresistas, representantes del Ejecutivo, la Plataforma de Gobiernos Descentralizados y representantes de la sociedad civil.
 
En el proyecto de ley de presupuesto, los gobiernos locales en el 2017 tendrán el 12% del presupuesto no previsional ni financiero, cuando en el año 2013 tenían el 21%. El gobierno central controla el 75% de los gastos de capital, mientras que los gobiernos subnacionales el 25% restante; recordemos que en 2013 este porcentaje era de 55% y el 45% respectivamente. “Este proyecto de ley muestra la poca voluntad del gobierno por querer implementar políticas de descentralización. Impulsaremos modificatorias al presupuesto 2017 para garantizar incrementos en las partidas para los gobiernos locales”, afirmó Oracio Pacori, congresista por Puno e integrante de la Comisión de Descentralización
 
“Esta distribución del presupuesto no tiene precedentes, solo se ha visto en los tiempos de Fujimori. Una de las razones que explica esta situación es la disminución de los ingresos por canon y la decisión del gobierno de Ollanta Humala de concentrar el presupuesto”, explica Epifanio Baca, economista de Propuesta Ciudadana.
 
“Con este proyecto de ley centralista se perjudica las dinámicas económicas regionales, afectando la producción local y generando desempleo. Las autoridades municipales se han convertido ya no en gestores de una posibilidad de desarrollo, sino más bien en tramitadores de obras. Esto creemos que tiene que cambiar”, señaló Wilbert Rozas, titular de la Comisión de Descentralización, Gobierno regionales, locales y Modernización del Estado del Congreso“.
 
“Obras inconclusas en saneamiento básico,  agua potable y problemas en carreteras, son algunos de los resultados del recorte presupuestal. remarcó Vidal Suyllo, alcalde del distrito de Pucyura (Cusco). 
 
Otro de los temas críticos del nuevo presupuesto es que su distribución geográfica no guarda relación con los indicadores de pobreza. Por ejemplo, Cajamarca y Huancavelica tienen altas tasas de pobreza; sin embargo no presentan los montos per cápita más altos para enfrentar temas como educación, salud o programas sociales. También es el caso de Loreto,  región a la que tan sólo se le ha incrementado un 12% los recursos cuando es uno de los departamentos con mayor pobreza, situación ésta que contrasta con la asignación otorgada a Tacna y Arequipa, con incrementos del 28% y 24%, respectivamente.
 
Los incrementos sustanciales en el presupuesto público de los últimos años no se ha traducido en mejores resultados en los servicios de educación, salud u otros que presentan deficientes indicadores en el medio rural. Por ejemplo, en el sector rural el 98,5% de los hogares consume agua sin ningún tratamiento.
 
La disminución de los ingresos por canon afecta fuertemente a las municipalidades en los últimos cuatro años. Como consecuencia de ello, los recursos del programa PROCOMPITE, han disminuido a la quinta parte, pasando de 237 millones en 2013 a 55 millones en 2015. El campo además se ha visto duramente impactado por la disminución de los recursos del canon, de los que depende hasta en un 40% la pequeña agricultura. Este sector marginado desde muchos años en el presupuesto público cuenta para el 2017 con un exiguo 2,1% del Presupuesto Institucional de Apertura.
 
 
“Los recursos del canon que ingresan a las municipalidades, especialmente, y en menor medida a los gobiernos regionales, han servido para financiar pequeñas obras de riego, canales, bocatomas, riego por aspersión para pequeños productores y esos recursos son los que se han caído al piso, se han reducido al mínimo y por tanto ellos son los perjudicados”, puntualizó Baca.
 
“Esta dependencia del canon, nos va a hacer caer más. Hay una descentralización en las funciones, pero no en el presupuesto, lo que nos va a generar más empobrecimiento”, aseguró Humberto Morales, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de la República.
 
“La centralización del presupuesto no sólo pasa por pedir más recursos, debe ir acompañado de un impulso a la reactivación económica producto de una diversificación productiva. No podemos seguir dependiendo de la minería…”, aseveró Rogelio Tucto, integrante de la comisión de Economía.

Una delegación de EEUU está en Lima evaluando si Perú ha cumplido con sus recomendaciones para acabar con las prácticas antisindicales en el sector exportador

  • Perú incumple el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con normas que generan ventajas comparativas  a los productos peruanos a  costa de bajos precios y condiciones precarias (dumping social).
  •  El Departamento de Trabajo  estadounidense expresó su preocupación por la falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad sindical en el sector exportador. El 18 de diciembre vence el plazo para que el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski cumpla con estas recomendaciones.
 
Una delegación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos está visitando Lima para evaluar si el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha avanzado con las recomendaciones para acabar con las prácticas antisindicales en el sector exportador.  El 18 de diciembre vence el plazo para que el Ejecutivo adopte estas disposiciones, de lo contrario, Perú se enfrentaría a un proceso que conllevaría la suspensión de las preferencias comerciales.
 
“Esta nueva visita ratifica el interés del gobierno de Estados Unidos porque el Perú cumpla con sus compromisos asumidos en materia laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio. Implica, un llamado de atención a la inacción del gobierno peruano frente a la queja presentada por las organizaciones de trabajadores”, explica Luis Mendoza, abogado laboralista.
 
Las normativas que promocionan el sector agrario y textil, la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360) y el Decreto Ley de Exportación No Tradicional (22342) establecen respectivamente menores condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores: en el primer caso permite condiciones en la agroindustria inferiores a las del régimen general (menos tiempo de vacaciones, menor compensación por despido arbitrario o una remuneración mínima en la que se incluye también CTS y gratificaciones); mientras que en el segundo caso se permite la renovación indefinida de contratos temporales de los trabajadores de exportación no tradicional. Ello perjudica la libertad sindical de los trabajadores y genera ventajas comparativas a los productos peruanos a costa de bajos precios y condiciones precarias de empleo (dumping social), e incumple el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
 
El Departamento de Trabajo expresó su preocupación mediante un pronunciamiento público en marzo del presente año como respuesta a la queja presentada el 21 de julio de 2015 por el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad y siete organizaciones de trabajadores que se sustenta en la falta de cumplimiento por el gobierno peruano de las normas laborales incluidas en el acuerdo de promoción comercial entre ambos países, en vigor desde el 1 de febrero de 2009. La queja documenta ocho casos emblemáticos de vulneración a los derechos laborales en empresas como Topy Top, Hialpesa, Corporación Texpop, Inca Tops, Tejidos Pisco, Camposol, Sociedad Agrícola Virú y el Grupo Palmas.
 
“Esta queja activa un procedimiento internacional, acordado por ambos estados, que puede concluir en lapérdida de las preferencias comerciales”, precisa Mendoza, asesor laboral que participó en la presentación de la queja. “Si Perú no subsana las recomendaciones realizadas por Estados Unidos, sin duda, va a tener un efecto sobre los compradores. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones peruanas en estos rubros, y las grandes corporaciones compran a empresas que respeten la normativa internacional vinculada a los derechos laborales, por tanto, afectaría a las ventas  nacionales”, comenta Juan Carlos Vargas, economista de la institución Programa Laboral de Desarrollo (PLADES).  
 
Desde el 2009, las exportaciones agrícolas han crecido un 144% y las textiles bordean los dos mil millones de dólares anuales, vendiendo a gigantes mundiales como Nike, Hugo Boss, New Balance, RalphLauren, Calvin Klein, GAP o North Face, entre otras. En su pronunciamiento, el Departamento de Trabajo señaló, basándose en estadísticas gubernamentales, que el porcentaje de sindicalización en los sectores de exportación no tradicional es menos de la mitad del que existe en el resto de sectores sujetos al régimen general. El informe muestra “preocupaciones significativas” de si el marco legal “es suficiente para proteger el derecho a la libertad de asociación”.
 
El informe público emitido por Estados Unidos recomendó que antes del 18 de diciembre el gobierno de Perú debería poner coto a la renovación indefinida de los contratos temporales, modificando el artículo 32 del decreto ley 22342, para ajustarlo a la normativa general contenida en la Ley 728 que establece un tope de 5 años a partir del cual se debe hacer indefinido al trabajador. También señala que el Estado debe reforzar  la fiscalización laboral, a través del establecimiento de oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones  y aumentar el número de inspecciones laborales, lo que supondría incrementar el presupuesto de este organismo, así como el del Poder Judicial para los casos laborales.
 
La Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) y la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (Fentagro) han presentado en la Comisión de Trabajo dos proyectos ley para derogar los regímenes laborales del Decreto Ley de Exportación No Tradicional y de la Ley de Régimen Agrario (Decreto Ley 22342 y la Ley 27360). Ambas propuestas buscan suprimir el régimen discriminatorio que afecta los trabajadores de estos sectores y propone que se adecúen al régimen general establecido por el Decreto Legislativo 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral). A partir de este momento, se abre un plazo de 30 días para que soliciten opinión técnica a instituciones públicas (como el Ministerio de Trabajo) y otros organismos, para que pueda ser debatido en la comisión.

martes, 20 de septiembre de 2016

Conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de las personas con discapacidad

Congresistas de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Alianza Popular conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de derechos del más de un millón y medio de ciudadanos con discapacidad que viven en Perú. Los congresistas se comprometieron a fiscalizar el cumplimiento de las normas ya aprobadas como la Ley General de la Persona con Discapacidad,  a impulsar propuestas que apoyen los derechos civiles y políticos y a promover la asignación de recursos presupuestales para las políticas. Esta bancada inclusiva (Bancada ‘”IN”) contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS), organización con una trayectoria de casi dos décadas defendiendo los derechos de las personas con discapacidad.
 
“La conformación de esta bancada es una iniciativa inédita en la historia de nuestro país. Debemos luchar por la equidad de las personas con discapacidad. Hoy en día no somos tratados como el resto de ciudadanos. Por eso, la creación de esta bancada es una luz al final del túnel”, declaró José Antonio Isola, director de SODIS.
 
Todos los congresistas que participaron en el acto oficial, celebrado el pasado viernes 16, coincidieron en la necesidad de mejorar la fiscalización de las normas, y se comprometieron a apoyar e impulsar políticas. Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, condenó la discriminación y exclusión de las personas con discapacidad, especialmente, en el sector educativo y laboral.  En la actualidad, más de 120.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanecen fuera de las aulas. Además, el 60% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse, lo cual restringe su acceso a servicios básicos.
 
Alberto de Belaunde, parlamentario de Peruanos por el Kambio, señaló como prioridad la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica para dotar de una mayor autonomía a las personas con discapacidad. “Si dotamos de las herramientas necesarias a las personas con discapacidad podemos estar de igual a igual”, declaró Paloma Noceda, congresista de Fuerza Popular.
 
El anuncio de la bancada, compuesta por 26 congresistas, se acompañó  de la presentación de una guía legislativa con propuestaspolíticas urgentes, consensuadas y  respaldadas por las organizaciones de personas con discapacidad que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El documento elaborado presenta propuestas concretas que se pueden hacer desde el Congreso para eliminar las barreras en educación, salud, empleo, accesibilidad y autonomía de la persona con discapacidad.
 
“Las personas con discapacidad son un sector invisibilizado. La conformación de esta bancada y la presentación de esta guía constituyen un esfuerzo importante a favor de los derechos de  estos ciudadanos”, declaró Percy Medina, jefe de IDEA Internacional-organización que ha apoyado la conformación de la bancada, junto con la Unión Europea-. El arquitecto Jaime Huerta, usuario de una silla de ruedas, reconoció la importancia de esta iniciativa  que velará por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de una manera transversal a través de todas las políticas que se dicten en el Congreso.

domingo, 11 de septiembre de 2016

Avanzan las negociaciones en la Mesa de Diálogo para el multimillonario proyecto Las Bambas

ü  El Gobierno, pobladores de Cotabambas y la minera MMG se reunieron durante los días 7 y 8 de septiembre.
ü  La población ha pedido al Ejecutivo que declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia.
 
El diálogo entre el Gobierno de Pedro Pablo Kucyznski, los pobladores de Cotambambas y la minera MMG comienza a cobrar impulso. Tras dos días de intensas reuniones celebradas ayer y hoy, se han logrado aprobar las reglas del juego que regirán el proceso de diálogo, es decir, el reglamento. El Estado presentó un balance sobre el cumplimiento de los compromisos asumidosque han sido calificados por la población como insuficientes y han pedido al Ejecutivo que  declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia donde el 88% de sus habitantes viven en la pobreza. La próxima cita está programada para los días 6 y 7 de octubre donde se abordarán las preocupaciones ambientales y la responsabilidad social empresarial, cumpliendo con el apretado  cronograma  de la mesa que tiene 180 días para llegar a acuerdos que ayuden a promover el desarrollo integral de Cotabambas, provincia que espera poder beneficiarse de la mayor inversión minera en la historia del país.
 
“Hemos pedido al Estado que declare de interés nacional el desarrollo de la provincia de Cotabambas”, declara Rodolfo Abarca, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Cotabambas. “No contamos con servicios básicos. Necesitamos proyectos de gran envergadura en agricultura, educación, salud para tener un futuro mejor”, comenta Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha de Cotabambas.  Un reclamo sobre el que pesa su preocupación porque durante la reunión Proinversión no ha informado en qué fecha ni a cuánto ascendería el monto quese recibiría por canon minero.
 
En el eje ambiental, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica sobre las cinco modificaciones realizadas al proyecto en un lapso de 20 meses a su Estudio de Impacto Ambiental. Además, demandaron el asfaltado de la carretera por la que transitan casi 300 camiones diarios transportando el mineral. 
 
“En el eje de responsabilidad social, el Ministerio de Energía y Minas presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no ha habido avances”, remarca Ana Leiva, directora de CooperAcción. Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte de un convenio marco, en vista de que la minera no pagará impuestos hasta por lo menos el año 2022. Asimismo, explica Leiva, se pidió que la minera cumpla con los principios de responsabilidad social y ambiental del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y de la Cámara China de Minería, Metálicos y Químicos. 
 
El diálogo comienza a desbloquearse en un proceso que parecía encallado. No hay que olvidar que esta mesa se instaló hace casi siete meses a raíz del conflicto que estalló el 25 de  septiembre del 2015 y que se cobró la vida de tres personas, una decena de heridos y 21 personas detenidas. La viceministra de Derechos Humanos, Guisella Vignolo, se mostró dispuesta durante la reunión a mejorar las condiciones de vida de las familias que han quedado rotas  tras el incidente, aunque por el momento se ha comprometido a realizar una evaluación de su situación. Hasta el momento, la única ayuda que se les ha prometido a estas familias es un fondo de 850 soles mensuales durante dos años- aunque tan solo está asegurado el primer año-, además de trasladar sus casos ante el Consejo Nacional de Reparaciones para que pudieran recibir una pensión.
 
“Pedimos un diálogo horizontal, y que participen los ministros titulares”, explica Rodolfo Abarca. A las reuniones celebradas durante estos dos días asistieron el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shino; el viceministro de Políticas Agrarias, Juan Carlos Gonzales y la viceministra de Derechos Humanos quienes estuvieron acompañados por 21 funcionarios del Gobierno nacional.
 
Este proceso de diálogo, heredado del gobierno de Ollanta Humala, cuenta con novedades: se asegura la participación de un traductor de quechua que pueda facilitar las comunicaciones, una demanda que los pobladores han reclamado de manera insistente desde el inicio de la mesa. Además, se contará con un facilitador, una propuesta de la sociedad civil sobre la que se mostraban discordantes algunos representantes del sector público, pero que finalmente aceptaron que la Oficina Nacional de Diálogo sea la que  designe un facilitador profesional que propicie un “diálogo horizontal y la construcción de consensos”.
 
La Mesa de Diálogo será presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad civil y cuatro miembros de la empresa MMG. Experiencias en mesas de diálogo anteriores han mostrado que la dificultad no sólo subyace en alcanzar acuerdos, sino en que se cumplan en plazos razonables; por ello, los equipos negociadores han acordado la creación de un comité, integrado por representantes estatales, de la sociedad civil y de la empresa minera,  que dé seguimiento a los acuerdos.  Las próximas reuniones están programadas para los días  6 y 7 de octubre y para el 20 y 21 de octubre donde se abordará los ejes de de derechos humanos y desarrollo sostenible.

miércoles, 31 de agosto de 2016

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad


  • La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.
 
Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.
 
“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 
 
Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.
 
“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Mastro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.
 
Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Mastro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.
 
Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.
 
Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.
 
Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad


  • La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.
 
Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.
 
“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 
 
Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.
 
“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Maestro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.
 
Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Maestro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.
 
Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.
 
Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.
 
Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

jueves, 25 de agosto de 2016

Pobladores de Cotabambas demandan un desarrollo planificado para sus comunidades



ü  Las Bambas, una de las cinco operaciones mineras más grandes del mundo, se ubica en una de las zonas más pobres del país donde la tasa de pobreza alcanza al 88% de su población.

En Apurímac se esconde el mayor proyecto de inversión minera en la historia del país: La Bambas, operado por el consorcio chino MMG,  es una apuesta de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, a pocos kilómetros de los tajos abiertos, las comunidades de Grau y Cotabambas viven en la pobreza, en especial los niños: la mitad de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y la región Apurímac muestra la peor tasa de pobreza extrema de la población de 65 a más: 35.2%. El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los representantes sociales acordaron ampliar la Mesa de Diálogo por 180 días más. Comienza la cuenta regresiva para cerrar acuerdos y cumplir con las expectativas generadas en una población que espera poder beneficiarse de este proyecto.

“La gente de otros departamentos piensan que la población de Apurímac vivimos con un mayor desarrollo económico, pero no es verdad”, afirma Juan Carlos Huilca, vecino de Pissacasa. El megaproyecto Las Bambas generó expectativas  sobre su impacto económico en la zona, especialmente durante la fase de construcción que llegó a demandar unas 18 mil personas como mano de obra; ahora, se ha reducido a unas cuatro mil.  Fue entonces cuando la localidad de Challhuahuacho experimentó un crecimiento sin precedentes: pasó de tener una población de 3 mil habitantes a 16 mil. Restaurantes, bares, lavanderías, hospedajes, sedes bancarias comenzaron a multiplicarse en una pequeña localidad en medio de la puna. “Desde que entró la mina, los precios de nuestros productos de primera necesidad se elevaron”, relata Huilca. 

Sin embargo, todos estos nuevos servicios y habitantes, lejos de hacer de Challhuahuacho un polo de desarrollo, empezaron a colapsarla. Ahora, el río está contaminado por las aguas servidas y residuos sólidos. “Esta localidad  tiene una cantidad impresionante de casos de violación sexual. Challhuahuacho ni siquiera tiene una oficina de Centro de Emergencia Mujer”, explica Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras. Luque añade que la presencia de la actividad minera ha alterado la realidad social “los hombres que trabajan para empresas que prestan servicios a la minera tienen mayor capacidad económica, por tanto, acceden a una serie de servicios como bares, cantinas, y eso trastoca las relaciones familiares y vida comunal”.

Los vecinos apurimeños no quieren que se repita la experiencia de Challhuahuacho; quieren que el desarrollo empiece por tener acceso a servicios básicos. Para atenderse en un centro de salud deben viajar unas siete horas hasta Cusco, el 70% de los hogares no tiene acceso a agua, y el 88,5% no tiene acceso a desagüe. Felipe Mamani, presidente de Defensa de los Intereses de Mara, espera que el Estado invierta y apoye a los pequeños productores que cultivan papa nativa.

 “La población ha pedido que se promueva un desarrollo más concertado y planificado. Estos planes tienen que hacerlo los gobiernos regionales y locales, pero si el Estado nacional quiere fortalecer el desarrollo en estas zonas debería hacer un esfuerzo por mejorar la institucionalidad local”, declara César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción.