ü El Gobierno, pobladores de Cotabambas y la minera MMG se reunieron durante
los días 7 y 8 de septiembre.
ü La población ha pedido al Ejecutivo que declare de interés nacional el
desarrollo de esta provincia.
El diálogo entre el
Gobierno de Pedro Pablo Kucyznski, los pobladores de Cotambambas y la minera MMG comienza
a cobrar impulso. Tras dos días de intensas reuniones celebradas ayer y hoy, se
han logrado aprobar las reglas del juego que regirán el proceso de diálogo, es
decir, el reglamento. El Estado presentó un balance sobre el cumplimiento de
los compromisos asumidosque han sido calificados por la población como
insuficientes y han pedido al Ejecutivo que declare de interés nacional el desarrollo de
esta provincia donde el 88% de sus habitantes viven en la pobreza. La próxima
cita está programada para los días 6 y 7 de octubre donde se abordarán las
preocupaciones ambientales y la responsabilidad social empresarial, cumpliendo
con el apretado cronograma de la mesa que tiene 180 días para llegar a
acuerdos que ayuden a promover el desarrollo integral de Cotabambas, provincia
que espera poder beneficiarse de la mayor inversión minera en la historia del
país.
“Hemos pedido al Estado que
declare de interés nacional el desarrollo de la provincia de Cotabambas”,
declara Rodolfo Abarca, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses
de Cotabambas. “No contamos con servicios básicos. Necesitamos proyectos de
gran envergadura en agricultura, educación, salud para tener un futuro mejor”,
comenta Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha de Cotabambas. Un reclamo sobre el que pesa su preocupación
porque durante la reunión Proinversión no ha informado en qué fecha ni a cuánto
ascendería el monto quese recibiría por canon minero.
En el eje ambiental, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica sobre las cinco modificaciones realizadas al proyecto en un lapso de 20 meses a su Estudio de Impacto Ambiental. Además, demandaron el asfaltado de la carretera por la que transitan casi 300 camiones diarios transportando el mineral.
“En el eje de responsabilidad social, el Ministerio de Energía y Minas presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no ha habido avances”, remarca Ana Leiva, directora de CooperAcción. Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte de un convenio marco, en vista de que la minera no pagará impuestos hasta por lo menos el año 2022. Asimismo, explica Leiva, se pidió que la minera cumpla con los principios de responsabilidad social y ambiental del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y de la Cámara China de Minería, Metálicos y Químicos.
El diálogo comienza a
desbloquearse en un proceso que parecía encallado. No hay que olvidar que esta
mesa se instaló hace casi siete meses a raíz del conflicto que estalló el 25
de septiembre del 2015 y que se cobró la
vida de tres personas, una decena de heridos y 21 personas detenidas. La
viceministra de Derechos Humanos, Guisella Vignolo, se mostró dispuesta durante
la reunión a mejorar las condiciones de vida de las familias que han quedado
rotas tras el incidente, aunque por el
momento se ha comprometido a realizar una evaluación de su situación. Hasta el
momento, la única ayuda que se les ha prometido a estas familias es un fondo de
850 soles mensuales durante dos años- aunque tan solo está asegurado el primer
año-, además de trasladar sus casos ante el Consejo Nacional de Reparaciones
para que pudieran recibir una pensión.
“Pedimos un diálogo
horizontal, y que participen los ministros titulares”, explica Rodolfo Abarca.
A las reuniones celebradas durante estos dos días asistieron el viceministro de
Energía y Minas, Guillermo Shino; el viceministro de Políticas Agrarias, Juan
Carlos Gonzales y la viceministra de Derechos Humanos quienes estuvieron
acompañados por 21 funcionarios del Gobierno nacional.
Este proceso de diálogo,
heredado del gobierno de Ollanta Humala, cuenta con novedades: se asegura la
participación de un traductor de quechua que pueda facilitar las
comunicaciones, una demanda que los pobladores han reclamado de manera
insistente desde el inicio de la mesa. Además, se contará con un facilitador,
una propuesta de la sociedad civil sobre la que se mostraban discordantes
algunos representantes del sector público, pero que finalmente aceptaron que la
Oficina Nacional de Diálogo sea la que designe un facilitador profesional que
propicie un “diálogo horizontal y la construcción de consensos”.
La Mesa de Diálogo será presidida por el
Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del
Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno
local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad
civil y cuatro miembros de la empresa MMG. Experiencias en mesas de diálogo anteriores han
mostrado que la dificultad no sólo subyace en alcanzar acuerdos, sino en que se
cumplan en plazos razonables; por ello, los equipos negociadores han acordado
la creación de un comité, integrado por representantes estatales, de la
sociedad civil y de la empresa minera,
que dé seguimiento a los acuerdos. Las próximas reuniones están programadas para
los días 6 y 7 de octubre y para el 20 y 21 de octubre
donde se abordará los ejes de de derechos humanos y desarrollo sostenible.
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