viernes, 30 de enero de 2015

Continúa la movilización indígena en Loreto que ha paralizado la producción de pozos petrolíferos en el lote 192

* Este lote constituye una de las mayores explotaciones petrolíferas del país.
* Indígenas de la cuenca del Rio Corrientes han paralizado la producción de crudo en 14 pozos; mientras la paralización de las comunidades del Tigre suma 25 días sin haber alcanzado acuerdos con la empresa.
* Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.

La situación en el lote 192 se tensa. Más de 380 indígenas achuares de la cuenca del Río Corrientes (de la comunidad de Pampa Hermosa) han tomado, desdeel lunes por la noche,la base de Jibarito, paralizando la producción petrolífera de 14 pozos, ocasionandola pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según informaciones de Pluspetrol.
 
Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), alerta de la presencia de efectivos de la DINOES en la base. “No queremos que suceda nada lamentable, queremos que se instale lo más pronto posible una Mesa de Diálogo para poder tratar las demandas, en la que participen el Alto Comisionado del Estado, de la empresa, Defensoría del Pueblo, comunidades y organizaciones”.
Hemos contactado con la Presidencia del Consejo de Ministros pero no ha querido hacer declaraciones al respecto.
“Tenemos preocupación porque se pueda hacer un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias o algún tipo de violación a los derechos de los pueblos indígenas”, declara Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
La comunidad de la cuenca del Río Corrientes reclama, entre otros pedidos, el pago por el uso de sus tierras. Afirman que desde hace tres meses, Pluspetrol estuvo pagando compensaciones a otras comunidades vecinas de Pampa Hermosa, ubicadas al interior del lote, sin embargo, se niegan a pagar a la comunidad movilizada. Por su parte, Pluspetrol afirma en un comunicado de prensa, que a las otras nueves comunidades sí les corresponde “ya que tienen en sus territorios instalaciones petroleras y están dentro de la zona de influencia de la empresa”. Sandi afirma que la comunidad de Pampa Hermosa es parte del área de influencia.
Respecto a ello, Ismael Vega afirma que hay que tomar en cuenta la forma de entender el territorio por parte de los pueblos amazónicos, la cual es diferente de la occidental, delimitado a un espacio con medidas específicas. “La forma de cultivo, de alimentación requiere de vastos espacios que incluyen bosques y ríos, porque sin este territorio básico es difícil que las comunidades amazónicas puedan vivir de acuerdo a su cosmovisión”.

 
25 días de movilización en la cuenca del Tigre
Desde hace casi un mes los pobladores de la cuenca del Tigre reclaman, entre otras medidas, una “justa compensación” por el uso de los territorios para la explotación petrolífera por parte de Pluspetrol. En un comunicado de prensa, denuncian el ofrecimiento de un pago “irrisorio”, sin estudios de valorización económica de por medio”. Sin embargo, la empresa afirma en el comunicado que no le corresponde este pago, por la misma razón que en el caso de Corrientes, es decir, por no estar dentro de la zona de influencia de la empresa.
Desde hace una semana, se han endurecido las medidas de protesta de las comunidades con el cierre del río, por lo que al menos ocho embarcaciones se encuentran retenidas al no poder surcar el río. Las comunidades del Tigre piden que la premier Ana Jara se traslade a la zona para escuchar sus demandas, y la conformación de una Comisión de Alto Nivel para atender sus demandas.

Más de 40 años de explotación petrolífera
“Estas medidas de fuerza por parte de las organizaciones indígenas se producen ante la inaceptable postergación de soluciones que el Estado viene mostrando en este proceso de negociación y de diálogo que, desde el año 2012, comenzó con las organizaciones indígenas”, explica Ismael Vega, el también coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Hay que tener en cuenta que, la semana pasada finalizó una reunión celebrada en Iquitos por la Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo con representantes de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en 2012. Tras la reunión, se siguió sin llegarse a acuerdos sobre la titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y las comunidades.
 
“El país se ha beneficiado de más de 40 años de explotación petrolífera. Sin embargo, nosotros vivimos en la pobreza, el Estado no ha invertido en educación ni salud. La empresa viene contaminando los bosques y ríos. La población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados”, denuncia Sandi.
 
Así lo documentan además diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.
Las comunidades indígenas de las cuatro cuencas demandan indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, depuración de los lugares contaminados, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a los problemas de la zona y titulación de los territorios, además de la celebración de la consulta previa.
“De acuerdo a lo que señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estas comunidades tienen derecho a ser compensados, indemnizados y a una reparación ambiental por los daños producidos. De modo que no son demandas fruto del capricho, sino producto de convenios e instrumentos internacionales”, comenta el antropólogo.
 
Sin embargo, “El Estado no ha tenido capacidad para resolver las demandas planteadas, y tampoco ha mostrado voluntad política, pese a la voluntad de diálogo de las comunidades”, explicaVega.

A contrarreloj para realizar consulta previa
Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.
 
Vega considera que “el Estado está demostrando que está más preocupado por hacer la licitación que por implementar el derecho a la consulta previa. Lo cual sería bastante peligroso porque estaría violando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados”. Hay que recordar que el Estado Peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como promulgó la ley del Derecho a la Consulta Previa.
 
“Los plazos se vencen, el proceso de consulta está en riesgo, y las medidas de fuerza de las organizaciones indígenas pueden incrementarse, y producirse una escalada muy peligrosa de conflicto”, reflexiona el antropólogo.

martes, 27 de enero de 2015

El lote 192 en su laberinto

ü  Sigue sin llegarse a acuerdos sobre la titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y las comunidades.
ü  Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.
Los plazos se agotan y  las propuestas no convencen. La Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo se reunió con representantes de las comunidades de las  cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en el 2012.
 
Las comunidades indígenas enfrentan con desconfianza este proceso tras la falta de actuación del Estado durante 43 años de explotación petrolera, la misma que ha ocasionado contaminación del agua y la tierra de estas poblaciones. Así lo documentan diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)  que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.
 
Sin embargo, se muestran firmes en sus reclamos. “No queremos que ratifiquen contratos sin consulta previa y sin cumplir las  cinco demandas que tenemos”, declara Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Es por ello que el líder indígena no firmó el Acta de Acuerdos (los dirigentes de las otras cuencas sí lo hicieron) pues señalaba que “las partes están de acuerdo en encontrar una solución que asegure la continuidad de la operación petrolera, bajo el criterio de protección ambiental”.  No obstante, el diálogo con el Ejecutivo continúa abierto.
 
Pese a las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en las  que remarca que las comunidades verán respetados todos sus derechos, existen temas pendientes que ponen en duda esta afirmación.
 
Titulación ‘regresiva’
El Ejecutivo planteó titular sólo aquellas tierras con aptitud agropecuaria, pero no aquellas que tienen aptitud forestal. “Si el 95% del territorio amazónico tiene aptitud forestal, la propuesta del Gobierno significa no reconocer derecho de propiedad, sino sólo contratos de cesión de uso de suelos forestales, que desconocen derecho de propiedad”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que estuvo presente en la reunión.
 
Asimismo, el Gobierno sostuvo en la reunión que no tocará las servidumbres petroleras gratuitas dadas por el Ejecutivo en favor de la empresa. Sin embargo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos tienen derecho de propiedad sobre los territorios que han usado ancestralmente, lo que equivale a un  título de propiedad. “Como no reconoce que esos son territorios son los de los pueblos indígenas, y cree erróneamente que es del Estado, dispone de ello”. Así, tampoco el Ejecutivo reconoce el pago de servidumbres petroleras en favor de las comunidades nativas.
 
Ruiz afirma que si se analiza las propuestas ofrecidas por el Ejecutivo en el ámbito de titulación, “no hay nada nuevo, hay una actitud regresiva. Hay que exigir judicialmente la titulación de tierras, y eso pasa por interponer una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto, y en favor de las cuatro cuencas, para que titule el territorio”.
 
Remediación a cargo de Pluspetrol
Respecto a la remediación de pasivos ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha identificado hasta 92 pasivos ambientales, los que, según este organismo deben que ser remediados por la empresa Pluspetrol. Sin embargo, esta propuesta ha sido acogida con recelo entre las comunidades. “¿Cómo vamos a confiar si esa empresa nos está matando?”, se cuestiona el  presidente de Fediquep, Aurelio Chino.
 
Una desconfianza que compartía el Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República que publicó en su informe: “La licitación del Lote 1-AB hace surgir preocupaciones, porque se teme que Pluspetrol Norte S. A., al igual que Oxy en 1996 y 2002, vaya dejando pasivos no remediados propios, pero también los que correspondían a las actividades de la Occidental Petroleum, creando así un círculo vicioso”. Además, no hay que olvidar que Pluspetrol cuenta con un largo expediente de sanciones impuestas por el Organismo Supervisor en Energía y Minería (Osinergmin).
 
Contra reloj
Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional.  Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20  a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.

lunes, 26 de enero de 2015

Autoridades judiciales se comprometen a proteger a víctimas de violación sexual


 En reunión con representantes de organizaciones de mujeres de todo el país, autoridades judiciales se comprometieron a velar por la protección de las víctimas de violencia sexual.
 
Organizaciones de mujeres a nivel nacional, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), expresaron una a una sus solicitudes para la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, dentro del sistema de justicia del país. Durante la realización del Diálogo Ciudadano Nacional: Por el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, las representantes de los distritos judiciales de Arequipa, San Martín, Junín, Lima, Cajamarca y Huancavelica expresaron sus demandas.
 
La jueza suprema Janet Tello, recordó que durante muchos años ha compartido el objetivo de velar por la seguridad y protección de las víctimas de violencia sexual. “Trabajamos de manera directa en la ley que modificó las normas para que la declaración de menores de 14 años de edad sea única”, dijo.
 
Al mismo tiempo, acotó que se han dictado en el país muchas cadenas perpetuas y sanciones de 20 a 25 años en muchos casos; sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer.
 
Por su parte, durante su intervención, el viceministro de Justicia, José Ávila, señaló que el país tiene “Planes de lucha contra la violencia contra la mujer”; aunque admitió  que faltan muchas cosas por mejorar.
 
Anunció la construcción de un consultorio en la ciudad de Lima, que albergará a más de 40 profesionales, entre abogados, peritos, médicos y psicólogos. “Este proyecto que estamos haciendo gracias al financiamiento del Banco Mundial, es pensando en la mujer. Además vamos a dotar a la defensa pública de camionetas, motos. Pero no solo para Lima sino que vamos a solicitar vehículos para las provincias. Es un compromiso que va a fortalecer el sistema de justicia penal”, manifestó.
 
En tanto, las representantes de las organizaciones femeninas dieron a conocer las solicitudes para el cambio en el sistema judicial, entre ellas figura la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es el ente encargado de elegir y renovar la vigencia de jueces y fiscales, tenga en cuenta, a la hora de evaluar a los postulantes, sus acciones en materia de enfoque de género y violencia contra la mujer, así lo expresó Elvira Chiquisuta, representante de San Martín.
 
Otro de los requerimientos que hicieron saber a las autoridades judiciales presentes, fue la necesidad de un presupuesto para mejorar la infraestructura y atención en la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), dependencia del Ministerio Público. “Necesitamos que la Udavit proteja a las víctimas de violación, en caso su agresor viva bajo el mismo techo”, agregó Doris Ramos, representante de Arequipa.
 
Además, también se expresó la urgente demanda de implementación de más cámaras gessel, que son salas especiales para obtener la declaración de las víctimas de agresiones sexuales.
 
En el país solo hay 30 de estas cámaras, las colas duran de dos a tres meses y solo se usa en caso la víctima sea menor de edad. El pedido también incluye que su utilización se extienda hacia mujeres mayores de 18 años.
 
Es responsabilidad del Ministerio Público, incluir una partida para este fin en sus planes presupuestales. Este será elevado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y finalmente deberá ser aprobado por el Congreso de la República en la Ley General de Presupuesto. Queda en manos de esas entidades.
 
Otra de las solicitudes es que, las declaraciones ofrecidas en las cámaras gessel, sean únicas durante el proceso de denuncia. Ello para la no revictimización de las mujeres violadas, con el fin de evitar que den una y otra vez su testimonio ante distintas instancias judiciales reviviendo el trauma que conlleva una violación sexual.
Esto es responsabilidad del Poder Judicial.
 
Durante un proceso judicial de violación sexual, algunos agresores aducen patrones socioculturales en donde el abuso contra la mujer es visto como una conducta normal. Para ello, la demanda también pasa por exigir pericias antropológicas y que no se le exonere de delito solo por presentar por esta condición.
 
La abogada Janet Llaja, asociada de DEMUS, realizó un sustento jurídico de las medidas y propuestas presentadas. “Estamos abordando el tema violencia sexual, lo que es histórico. Pero hay que seguir visibilizándolo”, dijo.
 
Finalmente, la directora de DEMUS, María Ysabel Cedano, añadió que la violación sexual contra la mujer es una de las expresiones más violentas del machismo y es necesario y urgente tratarlo y erradicarlo.

jueves, 22 de enero de 2015

“Sin acceso a derechos fundamentales, personas con discapacidad están condenadas a la pobreza”

LILIANA PEÑAHERRERA, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE SÍNDROME DOWN

Los días 2 y 4 de febrero, el Banco Mundial realizará en Cusco y Lima sesiones de consulta con organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de revisar el último borrador del nuevo marco de políticas de salvaguardia de dicha entidad. Estas políticas buscan garantizar que la implementación de los proyectos financiados por esta entidad no perjudique a las personas o el medioambiente, promoviendo enfoques de desarrollo sostenible.
 
Para ello, diversos gremios y organizaciones del movimiento de personas con discapacidad se están organizando para transmitir a dicha entidad internacional la necesidad de incorporar la voz de las personas con discapacidad en el marco de estos procesos de consulta, asegurando condiciones de accesibilidad tales como documentos en formato electrónico o braille, así como intérpretes en lengua de señas.
 
A propósito de este proceso de revisión de las políticas de salvaguardias del Banco Mundial, la presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, Liliana Peñaherrera, advirtió acerca de las consecuencias sociales y económicas de no acercar los servicios básicos a las personas con algún tipo de discapacidad y no garantizar sus derechos fundamentales.
 
“Tendría que haber salvaguardias específicamente que estén dirigidos a personas con discapacidad, cualquiera sea su condición, para que pueda tener acceso a los derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo. Pero si no tengo educación, ni salud ni transporte ¿Cómo me desarrollo? es como una cadena, están condenados a vivir en la pobreza”, acotó.
 
Por su parte, el presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS), Alberto Vásquez, agregó que "La falta de una política de desarrollo que responda a las necesidades y vulnerabilidades específicas de las personas con discapacidad puede causar daño y profundizar las brechas de exclusión de este colectivo”.
 
Al respecto, la representante de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, explicó que “La falta de servicios y apoyos agudiza la brecha. Si tienes una discapacidad, gastas más; es decir, yo tengo que ir acompañado porque el transporte no me resulta accesible, no tengo claro dónde me tengo que bajar, dónde tengo que subir, cuál es el paradero, o sea, estoy gastando más”, precisó.
 
El proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil que el Banco Mundial sostendrá en nuestro país, se realizará los días 2 y 4 de febrero en Cusco y Lima, respectivamente. Paralelamente la entidad internacional realizará consultas con funcionarios de gobierno.
 
Estos procesos representan una oportunidad importante para transmitir a la entidad internacional la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad en los proyectos de desarrollo que impulsa y financia en nuestro país, así como para que se concrete una política de salvaguardias que proteja los derechos de este colectivo.



miércoles, 14 de enero de 2015

Comunidades indígenas de Loreto alertan de un conflicto si el Gobierno licita el lote 192

 
ü  Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.

La noticia sobre la posible licitación del lote 192  en la selva loretana, antes del 15 de enero sin realizarse una consulta previa, ha hecho saltar todas las alarmas. Frente a la falta de información y aclaración sobre el tema, el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, pidió al presidente Ollanta Humala que se respete la consulta previa. “En el Lote 192 se tiene que dar la consulta previa,  no se pueden burlar de nosotros”, dijo.

“Antes de cualquier proceso de licitación de lote 192, las federaciones indígenas de las cuatro cuencas han exigido que se respeten sus derechos y que el Estado garantice la atención a demandas mínimas de atención, como son la remediación ambiental de sus territorios, la titulación de sus comunidades, la compensación por el uso de sus tierras, entre otros”, reclaman las federaciones que conforman la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en defensa de sus Territorios (PUINAMUDT).

Esta plataforma recuerda además  que, en diciembre, el Estado pospuso indefinidamente y de manera unilateral una reunión entre la Presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara, y los dirigentes indígenas (apus) de las comunidades de las cuatro cuencas.

“Entre los anuncios de convocatoria a licitación del lote 192 desde Perupetro y otros sectores, y el ninguneo que impone el Poder Ejecutivo a las exigencias de las federaciones y comunidades indígenas, se ha generado un riesgoso escenario de conflicto”, alertan.

Consulta previa en su laberinto

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional.

La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en declaraciones a Consultape, afirmó que “sería contraproducente no realizar un proceso de consulta previa en el lote 192”. La Defensoría del Pueblo, en febrero de 2014, en una carta remitida al presidente Ollanta Humala, solicitaba al Ejecutivo a  que continuara “con la preparación del proceso de consulta previa a fin de que este instrumento permita alcanzar acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas”. Este proceso resulta además simbólico, pues de acuerdo al antropólogo Carlos Monge, “el lote 192 es la prueba ácida de hasta dónde va la consulta previa”.

Andoas, un enclave petrolero

Los rumores y dudas han acompañado a este proceso. Perupetro  en noviembre de 2013 mostró su  preocupación por el cronograma tan ajustado que tenía para poder implementar la consulta previa en el Lote 192  antes de 2015, fecha en la que ya se tendría que haber licitado el lote debido al vencimiento del contrato de Pluspetrol e implementado la consulta previa.

En paralelo a esta situación, trascendió la noticia de que esta compañía obtuvo una autorización para incrementar su producción en este lote, estimándose el valor del proyecto en $ 18,5 millones.

“En la medida en que los que tienen la concesión ven que no les van a renovar, ellos no tienen interés en invertir, eso hace que la producción baje. Si se les amplía el período de concesión ellos van a invertir, y aumentar la producción”, comentaba el economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Gustavo Ávila. Hay que señalar que había una tendencia de caída en la producción de crudo de este lote. “El lote 1AB entre los años 98 y 99 producía entre 45 y 50 mil barriles por día. A diciembre de 2013 está produciendo 14 mil barriles por día. La tendencia es que si no se hacen mayores inversiones siga descendiendo”, precisa Ávila.

Pese a esta presión y  al reiterado compromiso de las comunidades para establecer canales institucionales que les permitan resolver los problemas generados por la explotación petrolera, el gobierno ha hecho muy poco por avanzar en el proceso de Consulta.

Son muchas las reuniones y  mesas de trabajo en donde las comunidades de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón han participado sin que hasta la fecha se atiendan sus demandas de agua limpia,  postas médicas, etc.  De acuerdo al informe publicado por el Grupo de Trabajo-adscrito a la Comisión Multisectorial-, sobre el cálculo de un 20% de familias quechuas, el 97% de ellas declara que en la actualidad es difícil acceder a los recursos de caza, que constituye el complemento alimenticio central de la dieta diaria.

La plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) nos recuerda que este lote , explotado por Pluspetrol, encuentra en una “grave crisis ambiental y social”, ante la cual, el  propio Ministerio del Ambiente tuvo que declarar a las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón –que comprenden los territorios del pozo petrolero- en emergencia ambiental y sanitaria.

Estas comunidades exigen un nuevo contrato permita establecer las condiciones necesarias para una convivencia respetuosa, que garantice sus derechos. En ese sentido, la consulta previa, se constituye en un medio necesario para conseguirlas y en un elemento central de sus demandas.

Urge incluir a las personas con discapacidad en los proyectos de desarrollo


Ø  El presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS), Alberto Vásquez, alertó sobre la profundización de brechas sociales para las personas con discapacidad, de no incluir a este colectivo dentro de los proyectos de desarrollo del Banco Mundial.


El Banco Mundial apoya al Estado peruano en la provisión de servicios sociales, el desarrollo de infraestructura y la mejora de la competitividad, con énfasis en las personas que viven en situación de pobreza. Sin embargo, salvo un caso en particular, los derechos de las personas con discapacidad no han sido abordados en los proyectos financiados por esta entidad. Esto pese a que las personas con discapacidad están entre las personas más pobres y vulnerables de nuestro país.

El presidente de la organización Sociedad y Discapacidad (SODIS), Alberto Vásquez, alertó sobre las consecuencias de no incluir proyectos que garanticen el desarrollo de las personas con discapacidad, que tienen que ver con el arrastre de una brecha social ya establecida.

"La falta de una política de desarrollo que responda a las necesidades y vulnerabilidades específicas de las personas con discapacidad puede causar daño y profundizar las brechas de exclusión de este colectivo”, señaló. “Así, por ejemplo, un proyecto para la mejora del transporte que no incluye medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, resulta abiertamente discriminatorio y contradictorio con los principios de inclusión y equidad que el propio banco promueve”.

Por ello, agregó el representante de SODIS, el Banco Mundial debe exigir la inclusión sistemática de las personas con discapacidad en todos los proyectos que financia, garantizando que estos sean inclusivos tanto en el diseño como en su implementación.
 

“SALVAGUARDIAS” DEL BANCO MUNDIAL SE CONSULTARÁN CON SOCIEDAD CIVIL

El Banco Mundial es una institución de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Desde la década de los noventas, ha creado una serie de políticas de "salvaguardias" que buscan impulsar enfoques de desarrollo sostenible en términos ambientales y sociales, así como evitar impactos sociales y ambientales negativos asociados con sus proyectos.

En el año 2012, el Banco Mundial empezó un proceso de revisión de dichos aseguramientos, cuya meta es garantizar que estas políticas reflejen con mayor exactitud las normas internacionales actuales. En este marco, el banco se ha comprometido a consultar con la sociedad civil y otras partes interesadas durante todas las etapas del proceso.

En el caso peruano, el proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil se realizará los días 2 y 4 de febrero en Cusco y Lima, respectivamente. Paralelamente el Banco Mundial realizará consultas con funcionarios de gobierno.

Estos procesos representan una oportunidad importante para transmitir a la entidad internacional la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad en los proyectos de desarrollo que impulsa y financia en nuestro país, así como para que se concrete una política de salvaguardias que proteja los derechos de este colectivo.

En ese sentido, SODIS y la Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD), con el apoyo del Bank Information Center (Washington), vienen coordinando con distintas organizaciones de personas con discapacidad y funcionarios de gobierno su participación en las consultas que el Banco Mundial celebrará en el Perú en relación con la revisión de sus políticas de salvaguardias, así lo informó Alberto Vásquez, presidente de SODIS.

martes, 13 de enero de 2015

DESPUÉS DE 6 AÑOS SE RECONOCE DERECHO DE CAMBIO DE NOMBRE A MUJER TRANS

Poder Judicial ordenó al municipio de La Victoria y a RENIEC a modificar partida de nacimiento y DNI.


Tras vencer prejuicios discriminatorios que no reconocen como derechos la identidad sexual y de género, una mujer transexual logró, después de una batalla legal iniciada en el 2008, que el Poder Judicial ordene elcambio del nombre masculino con el que fue inscrita al nacer por el de mujer, con el que se identifica desde temprana edad.

La institución DEMUS, asesora del caso, saludó la Resolución N° 34 emitida el último noviembre (2014) por el vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a cargo de la jueza Hilda Sancarranco Cáceda,quien recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó a la Municipalidad de la Victoria y al RENIEC la modificación de la partida de nacimiento y del DocumentoNacional de Identidad. 

“El nombre es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le permite distinguirse de los demás (…) hace posible el ejercicio de derechos tales como la ciudadanía, la educación, la seguridad social, el trabajo y la obtención de una partida de nacimiento, entre otros” 1 , señala parte de la Sentencia Constitucional destacada en la resolución de la jueza Sancarranco.

La resolución afirma el derecho constitucional de toda persona a su identidad, integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar; por lo que declara fundada la demanda de esta mujer trans, ya quesolo a través del cambio de su prenombre, logrará el bienestar pretendido. Como es sabido, todos los derechos antes mencionados configuran el derecho a la personalidad jurídica reconocida por distintos organismos internacionales2.

DEMUS lamentó que en nuestro país los prejuicios de género y el rechazo a los derechos humanos de las personas LGTBI, particularmente de las transexuales, estén presentes también en las entidades estatales quetienen la obligación de fomentar y sancionar la discriminación por cualquier índole, lo que en este caso no sucedió.

Por el contrario, desde el inicio del proceso hace seis años, la Municipalidad de la Victoria y posteriormente RENIEC, deslegitimaron la demanda. Inclusive la comuna solicitó la tacha de los distintos documentos presentados (certificado de trabajo, constancia de estudios, entre otros documentos) por ser “impertinentes”. Al respecto, la Resolución Judicial rechazó la solicitud del Municipio y consideró válidos estos documentos para acreditar que esta persona venía utilizando un nombre de mujer en su vida pública, razón por la cual solicitó figure de ese modo en sus documentos de identidad.

Entre los considerandos añade que al no haber coincidencia entre su identidad de género y el sexo biológico con el que nació, optó por realizar los cambios para tener la apariencia femenina, género con el que se identifica; situación que si bien llenó sus expectativas físicas y psicológicas, le causó problemas en su entorno por la divergencia entre el aspecto logrado y el prenombre masculino asignado, “lo cual evidentemente será causa de permanente conflicto”.

La directora de DEMUS, María Ysabel Cedano, sostuvo que ésta es una lucha más que ganan las compañeras trans, pero que no puede ser a tan alto costo material, humano y simbólico. “Esto no puede volver aocurrir, una persona transexual no debe esperar más de seis largos años para que sus derechos humanos sean reconocidos y mucho menos sobrellevar un proceso cargado de prejuicios de género por parte de lasautoridades que representan al Estado”, subrayó.