Apus de comunidades indígenas de Loreto llegan a Lima para dialogar con autoridades

Diálogo se realizará el miércoles 14 de agosto sin la presencia del primer ministro, Pedro Cateriano.

Indígenas esperan que las autoridades den respuesta a sus propuestas.

 

Tras haberse postergado en reiteradas oportunidades el diálogo de la consulta previa a las comunidades indígenas de las zonas de influencia del Lote 192, entre técnicos del Estado y los representantes de las Federaciones Indígenas de la Amazonía; 30 apus de las comunidades de la cuenca del Pastaza y Corrientes llegaron a Lima hoy para sostener una reunión con el premier Pedro Cateriano y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

 

Aunque representantes del MINEM han señalado que no participará  el premier,  las federaciones indígenas siguen demandando su participación. “Nosotros bien claro hemos pedido que nos garanticen la presencia de autoridades de alto nivel, pero ahora escucho que solo nos va a atender la ministra de Energía y Minas, nos preocupa ir a la capital del país y sentarnos con personas que no tienen poder de decisión”, dice Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP).

 

“Estamos exigiendo que el primer ministro esté en esa reunión para poder garantizar los acuerdos concretos, queremos personas que tengas poder político en la toma de decisiones”, señala David Chino, vicepresidente de FEDIQUEP.

 

Esta reunión se realizará luego de que la licitación del Lote 192 ha sido declarada desierta, ya que ninguno de los tres postores (Pacific Rubiales, Perenco y Pluspetrol) presentó ofertas para explotar el lote petrolero, este panorama hizo que las comunidades indígenas e incluso el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez demanden al Estado que entregue la licitación a la estatal Petroperú. El presidente Ollanta Humala descartó esa opción tildando a quienes la propusieron de “extremistas”.

 

Actualmente, hay un gran temor que Pluspetrol siga con la administración del Lote 192. “Así sea Petroperú u otra empresa, lo que nosotros queremos es que asuman todas las responsabilidades ambientales y también que respeten los derechos de los pueblos originarios, venimos a pedir que se garantice nuestra vida y que no hayan irregularidades en la empresa que asuma el lote”, dice David Chino.

 

Así, los dirigentes indígenas esperan que en la reunión del día 14 de agosto se dé respuesta a las 27 demandas de las comunidades indígenas, ya que hasta la actualidad el Estado no ha llegado a un acuerdo con las federaciones FEDIQUEP y FECONACO (Federación de comunidades Nativas del Corrientes y Pastaza), a pesar de haberse realizado reuniones técnicas de preparación en Lima y en Loreto.

 

Por otro lado, tras las declaraciones del ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, quien dijo que en 1971 no existía una sola comunidad nativa en la zona del Lote 192 y que por lo tanto, no debería realizarse una consulta previa, David Chino comenta que “son falsedades, nosotros estamos en esa zona hace miles de años defendiendo nuestros territorios, nuestros derechos, esas afirmaciones es indignante para nosotros”.

 

“Todos esos comentarios vienen a crear problemas, nos van a obligar nuevamente a adoptar medidas de fuerza porque nosotros no tenemos temor de defender nuestros derechos como cualquier peruano. Si es que el señor no conoce ni sabe, pues que viaje aquí para que sepa que nuestros ancestros han vivido aquí. Queremos que los interesados en los recursos de nuestro país piensen bien y nos llamen para sentarnos a dialogar”, señala Aurelio Chino.

Continúa la movilización indígena en Loreto que ha paralizado la producción de pozos petrolíferos en el lote 192

* Este lote constituye una de las mayores explotaciones petrolíferas del país.

* Indígenas de la cuenca del Rio Corrientes han paralizado la producción de crudo en 14 pozos; mientras la paralización de las comunidades del Tigre suma 25 días sin haber alcanzado acuerdos con la empresa.

* Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.

La situación en el lote 192 se tensa. Más de 380 indígenas achuares de la cuenca del Río Corrientes (de la comunidad de Pampa Hermosa) han tomado, desdeel lunes por la noche,la base de Jibarito, paralizando la producción petrolífera de 14 pozos, ocasionandola pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según informaciones de Pluspetrol.

 

Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), alerta de la presencia de efectivos de la DINOES en la base. “No queremos que suceda nada lamentable, queremos que se instale lo más pronto posible una Mesa de Diálogo para poder tratar las demandas, en la que participen el Alto Comisionado del Estado, de la empresa, Defensoría del Pueblo, comunidades y organizaciones”.

Hemos contactado con la Presidencia del Consejo de Ministros pero no ha querido hacer declaraciones al respecto.

“Tenemos preocupación porque se pueda hacer un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias o algún tipo de violación a los derechos de los pueblos indígenas”, declara Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

La comunidad de la cuenca del Río Corrientes reclama, entre otros pedidos, el pago por el uso de sus tierras. Afirman que desde hace tres meses, Pluspetrol estuvo pagando compensaciones a otras comunidades vecinas de Pampa Hermosa, ubicadas al interior del lote, sin embargo, se niegan a pagar a la comunidad movilizada. Por su parte, Pluspetrol afirma en un comunicado de prensa, que a las otras nueves comunidades sí les corresponde “ya que tienen en sus territorios instalaciones petroleras y están dentro de la zona de influencia de la empresa”. Sandi afirma que la comunidad de Pampa Hermosa es parte del área de influencia.

Respecto a ello, Ismael Vega afirma que hay que tomar en cuenta la forma de entender el territorio por parte de los pueblos amazónicos, la cual es diferente de la occidental, delimitado a un espacio con medidas específicas. “La forma de cultivo, de alimentación requiere de vastos espacios que incluyen bosques y ríos, porque sin este territorio básico es difícil que las comunidades amazónicas puedan vivir de acuerdo a su cosmovisión”.

 

25 días de movilización en la cuenca del Tigre

Desde hace casi un mes los pobladores de la cuenca del Tigre reclaman, entre otras medidas, una “justa compensación” por el uso de los territorios para la explotación petrolífera por parte de Pluspetrol. En un comunicado de prensa, denuncian el ofrecimiento de un pago “irrisorio”, sin estudios de valorización económica de por medio”. Sin embargo, la empresa afirma en el comunicado que no le corresponde este pago, por la misma razón que en el caso de Corrientes, es decir, por no estar dentro de la zona de influencia de la empresa.

Desde hace una semana, se han endurecido las medidas de protesta de las comunidades con el cierre del río, por lo que al menos ocho embarcaciones se encuentran retenidas al no poder surcar el río. Las comunidades del Tigre piden que la premier Ana Jara se traslade a la zona para escuchar sus demandas, y la conformación de una Comisión de Alto Nivel para atender sus demandas.

Más de 40 años de explotación petrolífera

“Estas medidas de fuerza por parte de las organizaciones indígenas se producen ante la inaceptable postergación de soluciones que el Estado viene mostrando en este proceso de negociación y de diálogo que, desde el año 2012, comenzó con las organizaciones indígenas”, explica Ismael Vega, el también coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Hay que tener en cuenta que, la semana pasada finalizó una reunión celebrada en Iquitos por la Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo con representantes de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en 2012. Tras la reunión, se siguió sin llegarse a acuerdos sobre la titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y las comunidades.

 

“El país se ha beneficiado de más de 40 años de explotación petrolífera. Sin embargo, nosotros vivimos en la pobreza, el Estado no ha invertido en educación ni salud. La empresa viene contaminando los bosques y ríos. La población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados”, denuncia Sandi.

 

Así lo documentan además diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

Las comunidades indígenas de las cuatro cuencas demandan indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, depuración de los lugares contaminados, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a los problemas de la zona y titulación de los territorios, además de la celebración de la consulta previa.

“De acuerdo a lo que señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estas comunidades tienen derecho a ser compensados, indemnizados y a una reparación ambiental por los daños producidos. De modo que no son demandas fruto del capricho, sino producto de convenios e instrumentos internacionales”, comenta el antropólogo.

 

Sin embargo, “El Estado no ha tenido capacidad para resolver las demandas planteadas, y tampoco ha mostrado voluntad política, pese a la voluntad de diálogo de las comunidades”, explicaVega.

A contrarreloj para realizar consulta previa

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.

 

Vega considera que “el Estado está demostrando que está más preocupado por hacer la licitación que por implementar el derecho a la consulta previa. Lo cual sería bastante peligroso porque estaría violando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados”. Hay que recordar que el Estado Peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como promulgó la ley del Derecho a la Consulta Previa.

 

“Los plazos se vencen, el proceso de consulta está en riesgo, y las medidas de fuerza de las organizaciones indígenas pueden incrementarse, y producirse una escalada muy peligrosa de conflicto”, reflexiona el antropólogo.

Comunidades indígenas de la Amazonía fortalecidas frente a conflictos socioambientales

Presentan informe final del proyecto  “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía"
Caholic Relief Services (CRS), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), y CooperAcción presentan resultados del proyecto  “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía”, implementado cuatro zonas del país: Bagua, Condorcanqui, en Amazonas, Lamas en San Martín, Selva Central y Napo en Loreto. En estas zonas del país difícilmente llegan servicios, hay poca presencia del Estado y no hay suficientes alternativas económicas legales para sus habitantes.  En todas ellas, existen conflictos socio-ambientales que no permiten una adecuada gestión del desarrollo de las zonas.

El proyecto “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía” trabajó en temáticas como la Consulta Previa y conflictos socio-ambientales. Algunos  casos emblemáticos son la implementación de la Ordenanza regional de Consulta previa del Gobierno Regional de Amazonas, la incorporación de  los pueblos Kichwas, al proceso del ACR Maijuna, ahora Maijuna Kichwa y la consulta y cogestión del ACR – Cordillera Escalera en Lamas.

Estos casos fueron difundidos en el Observatorio de conflictos Vigilante Amazónico www.vigilanteamazonico.pe, información trabajada por las propias comunidades. Así, las comunidades han venido trabajado sus agendas indígenas, que plantean prioridades y propuestas para aportar al desarrollo del país.

La presentación del informe del proyecto se realizará el martes 28 de enero en el Hotel Sol de Oro (Sala Ejecutivo III), desde las 8:30 de la mañana.  Durante este evento se expondrán los principales logros del mismo y contará con la presencia de Eduardo Vega, Defensor del Pueblo; Clara Indacochea, Supervisora de Gestión de Responsabilidad Social (PETROPERU); Mayu Velasco Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas (Ministerio de Cultura), Edwin Montenegro, presidente de ORPIAN-P y Richard Rubio de FECONAMNCUA.

El acceso es limitado. Confirmaciones a: hiperactivacomunicaciones@gmail.com

Teléfono: 6206950

Altos niveles de contaminación ponen en peligro la seguridad alimentaria de comunidades indígenas

ü  Apus revelan que siguen comiendo productos de fuentes de agua contaminadas “los ríos nos abastecen de nuestra principal fuente de alimentación”.

Los apus de las comunidades que integran la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) denunciaron que su seguridad alimentaria está en peligro pese a la emergencia ambiental declarada por el Estado peruano en la cuenca del Pastaza, vigente desde marzo pasado, pues están obligados a consumir los peces y el agua del río y lagunas (cochas) contaminadas, porque las autoridades competentes no han ejecutado acciones y medidas concretas para resolver este grave problema, que pone en riesgo la salud y la vida de los pueblos indígenas.

El apu de la comunidad de Nuevo Andoas, Ricardo Arahuana, señaló que no tienen otro lugar para abastecerse de alimentos. “Estas lagunas son los únicos lugares donde pescamos todos los días, aun cuando sabemos que todo está absolutamente contaminado”, manifestó. “A raíz de la emergencia ambiental lo único que trajo el gobierno a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa) son 800 kits de 37 litros de agua cada uno, que consiste en llenar el bidón con agua, luego echarle unas pastillas de cloro que debe ser batido por 10 minutos. El cloro que echamos al agua no eliminan los elementos tóxicos que tienen nuestros ríos por la contaminación petrolera, seguimos tomando agua contaminada, la emergencia ambiental está solo en el papel”, dice.

Sebastián Uchurahua, apu de la comunidad de Alianza Capahuari, agregó que incluso consumen animales, como: majaz, venado, sajino, otros, que a su vez beben del agua de las lagunas y del río altamente contaminado. Sostuvo que muchos pobladores “tienen ronchas, dolores de cabeza y diarreas” a causa de la contaminación. “Los habitantes de las 27 comunidades aledañas tenemos que comer el pescado y tomar el agua de estas cochas (lagunas) porque no hay más lugares de donde sacar el agua”, señala.

A su turno, el apu de la Comunidad Alianza Topal, Edison Sánchez, manifestó que hay muchas especies de peces que han desaparecido por la contaminación, “estas lagunas son nuestra única fuente de alimentación y de mercado”. “El gobierno central y el gobierno regional de Loreto se comprometieron a solucionar los problemas de seguridad alimentaria, seguimos esperando”, dice Sánchez.

“Hace 40 años un indígena de Andoas para cazar caminaban 80 minutos, hoy en día tiene que caminar de 2 a 3 días, estamos esperando el diagnóstico social que se ha comprometido el Estado a elaborar, ese diagnóstico nos va a revelar cómo están diezmados estos pueblos, cuál es la magnitud y hasta dónde han llegado los impactos de la explotación petrolera. Si no hay en esas zonas estado de derechos estos pueblos corren el riesgo de desaparecer”, dice Jorge Tacuri, asesor de la Fediquep.

Congreso denunció situación

Los indígenas quechuas del Pastaza no son los únicos que han denunciado la amenaza de la inseguridad alimentaria en la zona, el Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón del Congreso, también ha hecho eco de esta situación.

El 97% de familias (encuestadas) quechuas del Pastaza aseguraron que actualmente “es difícil acceder a los recursos de caza, que son el complemento alimenticio central de la dieta diaria”. El origen se debe al alejamiento de los animales “por el ruido de las instalaciones petroleras, los animales buscan nuevos nichos ecológicos adecuados para su reproducción”, dice el informe del Congreso.

“Hay una amenaza contra la soberanía alimentaria de esta población, debido a la reducción de espacios de uso y aprovechamiento por parte de la empresa Pluspetrol, que repercuten en el acceso y control de recursos alimenticios”, señala el informe.

Agrega además que el acceso a la caza “está afectado por las restricciones para ingresar libremente a zonas donde hoy existen instalaciones ‘privadas’ de la empresa”, que han reducido “el acceso a tierras”. 

Pluspetrol se compromete a pagar compensación por uso de tierras en Pastaza

Durante asamblea de Fediquep, empresa petrolera respetará elección de consultora, prevista la próxima semana, que determinará valorización por el uso de sus tierras.
Se expuso problemática ambiental y demandas por servicios básicos.

La Asamblea promovida por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), realizado en la Comunidad Nativa de los Jardines,  en el distrito de Andoas, Datem del Marañón, Loreto, donde participaron más de cien apus de 27 comunidades indígenas, representantes del Estado y la empresa  Pluspetrol ha concluido con el compromiso de la empresa petrolera de  pagar una compensación por el uso de sus tierras, donde la empresa viene extrayendo petróleo –Lote 1AB- desde hace 13 años, territorio de los pueblos indígenas que habitan en la cuenca del río Pastaza.

Así, PlusPetrol se comprometió a respetar la designación de la empresa que será encargada de realizar los trabajos de valoración de tierras. Esta designación se realizará el próximo jueves 19 de septiembre, en una reunión del grupo de trabajo conformado por Fediquep y la empresa, donde las consultoras propuestas por ambas partes presentarán sus planes de trabajo y criterios para realizar la valorización.

Por parte del Estado, los funcionarios públicos que participaron de la Asamblea se  comprometieron a realizar exámenes toxicológicos a la población indígena –aproximadamente diez mil personas- por los altos índices de contaminación. Estos compromisos se vienen dando en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental.

Demandas de servicios básicos:

Pese a que la explotación petrolera genera grandes ingresos al Estado peruano en las comunidades de pueblo Quechua, Kandoshi y Achuar no hay  acceso a servicios básicos como: agua potable y desagüe, los pobladores consumen agua de los ríos que no pasan por ningún tratamiento y/o proceso de descontaminación.

Los participantes, comunidades indígenas  de las zonas de influencia directa e indirecta de la explotación petrolera, reclamaron acciones inmediatas del Estado para tener acceso a estos servicios básicos.

Tras la presentación de estudios realizados por técnicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre las necesidades de agua y desagüe de las comunidades cercanas a la cuenca del Pastaza. Los apus participantes de la asamblea cuestionaron las constantes presentaciones de informes técnicos y documentos, sin que  no se tomen acciones concretas. David Chino, integrante de la Mesa Directiva de Fediquep, pidió que los ministros de Transportes y Comunicaciones, y Economía y Finanzas “vengan a la zona para definir y aprobar” acciones concretas que solucionen su problema de acceso al agua.

En otro momento, fue presentado un estudio sobre contaminación de pozos y piletas en 12 comunidades, realizado en octubre de 2012.  Siendo que solo una  comunidad: “Los Jardines” cuenta con piletas con agua limpia, aunque sus habitantes usan agua del río Pastaza, que está contaminada con hierro y coliformes.

El estudio de Fediquep también señala que otras dos comunidades (Capahuasi y Sabaloyacu) tienen pozos contaminados,; y las nueve restantes necesitan construir urgentemente nuevos pozos, además de la desinfección y tratamiento de sus aguas, contaminadas con hierro, coliformes, petróleo, manganeso, boro, entre otros elementos tóxicos.

Fediquep también pidió que los exámenes toxicológicos no solo analicen si hay contenido de elementos como plomo, petróleo, hierro, manganeso y aluminio; sino que comprendan el estudio de otros elementos químicos que podrían estar en sus organismos producto de la contaminación. Recordaron que la organización pidió hace dos años la ampliación de estos estudios, y que estaba pendiente la elección de una entidad internacional independiente para que supervise adecuadamente este proceso.

Ausencias

Los representantes de la Defensoría del Pueblo de Loreto, señalaron que el gobierno regional de Loreto no ha cumplido con las medidas acordadas en el marco de la declaratoria de emergencia, vigente desde marzo del presente año. También remarcaron que si bien el país necesita inversión privada, esta debe desarrollarse de una manera responsable “social y ambientalmente”.

El gran ausente ha sido el Gobierno Regional de Loreto, principal beneficiario de la recaudación del canon petrolero. Esta ausencia se debería a que no tiene propuestas concretas sobre el cumplimiento de la declaratoria de emergencia ambiental, ya que es el principal responsable de su ejecución.

Con esta asamblea se ha iniciado el proceso de diálogo entre comunidades indígenas y la empresa Pluspetrol, que deberá abordar en sus próximas reuniones la indemnización por los daños ambientales causados en sus territorios, y la remediación de los pasivos ambientales tras 40 años de explotación petrolera.