jueves, 21 de enero de 2016

Ley de lenguas abre la puerta al reconocimiento colectivo de los derechos indígenas


En diciembre de 2015, se inició el proceso de consulta previa del reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas (N° 29735). Este proceso lo promueve el Ministerio de Cultura (Mincul) y vienen participando siete organizaciones indígenas. Dichas organizaciones saludan el inicio de la consulta del Reglamento, toda vez que hace cuatro años denunciaron la omisión de la consulta previa en la aprobación de la referida ley.  

El reglamento de la Ley de Lengua Indígenas, es una norma que afecta directamente a los pueblos indígenas.  Ella debería establecer garantías para la protección de los derechos lingüísticos y asegurar el mantenimiento de los dialectos, más aún cuando a la fecha 37 de lenguas originarias se habrían extinguido, según el Mincul.

Henderson Rengifo, presidente de AIDESEP, expresó que el objetivo que tiene la Ley de Lenguas es respetar los derechos que tienen los pueblos en todos los niveles: “Nosotros esperamos que se respete la expresión de los pueblos en su propio idioma, que sean reconocidos y se valore su cultura, eso ayudaría fortalecer la identidad de los indígenas”, manifestó.

Las siete organizaciones convocadas a este proceso son la Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP); así como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Ley de Lenguas omitió consulta

La “Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú” (Ley de Lenguas Indígenas) fue promulgada en julio del año 2011, sin haber sido consultada a los pueblos indígenas, en ese entonces se alegó que la omisión se debía a que aún no se contaba con una Ley de Consulta Previa, la misma que fue aprobada un mes después. No se tomó en cuenta, que estaba vigente el Convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado por el Perú el año 1994 y entró en vigencia en 1995.

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), señala que “esa ley debió aprobarse mediante consulta previa con los pueblos indígenas, pero ellos la aprobaron sin consulta porque dicen que la ley todavía no estaba promulgada; sin embargo, ya existía el Convenio 169 y no lo hicieron, no hubo voluntad política”.

Con la decisión de consultar el Reglamento, el Estado peruano parece buscar reivindicarse con las comunidades en este tema, así lo perciben sus organizaciones representativas:

“Como nosotros no hemos participado de la ley misma, teníamos esa inquietud sobre la reglamentación. Es positivo para nosotros que haya una Ley de Lenguas Indígenas, pero todos estos años estuvimos con la expectativa sobre cuándo se iba a reglamentar. Sin embargo, terminamos el año 2015 con esa buena noticia de que sí se reglamentará y que se realizará consulta previa”, manifiesta Ketty Marcelo López, vicepresidenta de la ONAMIAP.

Para AIDESEP, la consulta del Reglamento también es necesaria, a pesar que no se haya realizado consulta a la Ley de Lenguas. Henderson Rengifo considera que los procesos de consulta han ido evolucionando con los años y que los pueblos siempre han sido dialogantes y tolerantes en los procesos, por eso han aceptado participar del proceso en marcha.

¿Qué se espera del Reglamento?

En el Perú se hablan 47 lenguas originarias (cuatro andinas y 43 amazónicas), según el Ministerio de Cultura. Dicha entidad también informó que otras 37 lenguas, se habrían extinguido. A eso se suma que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señaló que 29 lenguas oriundas estarían en peligro de extinción.

Las alarmantes cifras hicieron que en el Perú se inicie un proceso de revalorización de las lenguas indígenas que tiene como un hito, la reglamentación de la Ley de Lenguas.  Al  respecto, las comunidades se preguntan de qué manera se beneficiarán.  Si en adelante, podrán expresarse y serán atendidos por las instituciones estatales en sus propias lenguas.

 
La lingüista Nila Vigil señala que ésta es una situación complicada: “Ni la ley ni el reglamento son suficientes para la revalorización, pero sientan un precedente y llenan un vacío legal que siempre estuvo presente, pues los derechos lingüísticos están entrando en la agenda nacional. El reconocimiento de las lenguas indígenas en pie de igualdad con el castellano, servirá para dejar de lado el imperialismo lingüístico del castellano. Ahora las personas podrán exigir ser atendidas en sus lenguas, en todas las instancias estatales”, enfatiza Vigil.

Para Ketty Marcelo, los usos lingüísticos de las lenguas indígenas deben tener mayor importancia: “Necesitamos impulsar las lenguas nativas desde los diferentes espacios, que se den como una normativa para que prevalezcan en todas partes. Por ejemplo, que en las instituciones públicas como las municipalidades o Gobiernos Regionales se atienda a las personas en sus lenguas maternas”, comenta la vicepresidenta de la ONAMIAP.

Educación de la mano con la lengua materna

Si bien se espera que las lenguas indígenas se revaloren en la comunidad en general, también hay una necesidad de que los estudiantes de los pueblos originarios puedan ser educados revalorando su lengua indígena y que la misma sea considerada como otro idioma al momento de culminar sus estudios.

Antolín Huáscar declara que una de las cosas que espera se logren con la ley es que haya profesores bilingües en las escuelas y universidades, que hablen la lengua materna, pues considera que se ha perdido mucho y espera que esa situación pueda revertirse: “De esa forma, podemos tener de aquí a unos 15 o 20 años, profesionales hablando diferentes lenguas maternas. Ese es el objetivo”, sustenta el presidente de la CNA.

Para Nila Vigil, se trata de un asunto de derechos humanos, pues considera que hay muchos niños indígenas que son torturados y burlados constantemente al no permitirles comunicarse en su lengua materna. No obstante, agrega que hay nuevas leyes como la Ley Universitaria (N° 30220) que han abierto camino a la revalorización de las lenguas: La ley universitaria, reconoce que para doctorarse se pueden escoger dos lenguas extranjeras o una lengua extranjera y una lengua peruana, esto también servirá para revalorar nuestras lenguas indígenas”, señala la lingüista.

Similar opinión tiene Ketty Marcelo, pues alega que están buscando que sus lenguas sean respetadas también en los centros universitarios: “Cuando los jóvenes terminan la universidad, les piden el inglés como segunda lengua, ahora nosotros queremos que las lenguas originarias también sean consideradas y que los estudiantes awajún o asháninka sigan haciendo prevalecer sus lenguas nativas”.

Henderson Rengifo expresa que los amazónicos tuvieron que aprender a hablar el castellano, por eso considera que no es ajeno que otras personas puedan aprender sus lenguas como el awajún o el achuar, entre otras: “Quienes tal vez deberían aprenderlas son los funcionarios públicos, de la salud e incluso de los ministerios, pues así podríamos conversar en confianza y entendernos mejor porque es diferente hablar en tu lengua originaria”, sostiene.

A pesar que es un paso más al reconocimiento indígena, los integrantes de las organizaciones esperan que se sigan visibilizando los temas que los conciernen, pues muchas veces se han sentido invisibles ante el Estado. Asimismo, esperan que no se vean truncadas las políticas públicas que propongan para mejorar la calidad de vida indígena y que la consulta previa al reglamento de la Ley de Lenguas finalice de manera exitosa en marzo de este año.

jueves, 7 de enero de 2016

Los obstáculos de las personas con discapacidad para dar el salto a la política

ü  En la actualidad, hay  tres congresistas que cuentan con alguna discapacidad. Las Naciones Unidas establece que se debe garantizar la participación política de las personas con discapacidad. Preguntamos sobre la participación política de personas con discapacidad a activistas y miembros de diferentes formaciones políticas: PPK, Frente Amplio y Alianza para el Progreso.

ü  La falta de educación y accesibilidad son uno de los principales obstáculos para involucrarse políticamente.

Participar en política es todavía un reto para las personas con discapacidad. Su escasa representación política y las reducidas propuestas en los programas de los partidos políticos contribuyen a su exclusión. A pesar de que 1 de cada 6 peruanos tienen algún tipo de discapacidad (son más de un millón y medio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el Congreso hay tan sólo tres congresistas. Más allá del escenario parlamentario, ni siquiera existen las estadísticas.

Sonia Malca, activista del Frente Amplio con discapacidad física y auditiva, considera que generar las condiciones que garanticen la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, visibilizará en todos los niveles e instancias del Estado y sus tres poderes, las necesidades, aspiraciones y expectativas del colectivo.

“Los partidos políticos deben poner en debate medidas transversales, que acaben con los principales problemas de las personas con discapacidad. Además, muchos de los congresistas que han llegado al poder, no han avanzado en incentivar reformas en materia de accesibilidad, educación inclusiva y transporte”, comenta Giancarlo Contreras, candidato al Congreso por el Partido Peruanos por el Kambio (PPK), quien tiene distrofia muscular y se moviliza en  una silla de ruedas.

“Es muy importante que las personas con discapacidad tengan espacios de diferente índole para que puedan trabajar el tema discapacidad. Aparte, según el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen el derecho a participar en la política, representar y ser representados”, señala Bárbara Ventura, activista y militante del partido Alianza Para el Progreso, quien también es usuaria de silla de ruedas.

Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en enero del 2008. Este documento normativo insta a  los Estados a promover la participación política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, el Estado peruano está obligado a eliminar todas las barreras físicas, de información o comunicación, así como actitudinales, que pueden limitar su participación política, y generar las condiciones para que la representación de dicho colectivo esté asegurada.

“La participación política de las personas con discapacidad es necesaria para asegurar que los intereses de dicho colectivo sean representados. Si queremos construir una verdadera sociedad inclusiva, las voces diversas sociedad deben ser escuchadas.”, argumenta el presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS), Alberto Vásquez.

¿Es necesaria una cuota?

Durante el debate sobre la aprobación de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Nº 29973), se generó una discusión sobre si debía existir o no, una cuota específica que promueva la mayor participación de las personas con discapacidad en las elecciones nacionales, regionales y locales. Dicha propuesta no fue aceptada, pero hasta la actualidad el debate sigue latente entre el colectivo de personas con discapacidad.

La propuesta no prosperó, en parte, porque la representación de personas con discapacidad en el Congreso de la República, en ese momento, era significativa. Se contaba con cinco congresistas con discapacidad (Diez Canseco, Vacchelli, Urtecho, Reynaga y Galarreta), una cifra significativa para el promedio regional. La situación en los gobiernos regionales y locales, sin embargo, es bastante distinta”, enfatiza Vásquez.

Si bien en dicha oportunidad se contaba con cinco congresistas con discapacidad, actualmente solo hay tres parlamentarios con discapacidad, tras la destitución de Michael Urtecho por corrupción y  por el fallecimiento de Javier Diez Canseco en mayo del 2013.

Ventura manifiesta que las mismas personas con discapacidad tienen una opinión divida con respecto a la cuota: “Por una parte, no podemos obligar a que tengan personas con discapacidad como candidatos, sino que deberían tenerlas porque son personas productivas. Pero, si lo vemos desde otro punto de vista, así como se piden porcentajes de género o jóvenes, pienso que también sería importante que haya una cuota porque así habría una visibilización de las personas con discapacidad como protagonistas”, señala.

Para Contreras, las personas con discapacidad y sin discapacidad deben tener las mismas oportunidades: “Yo no estoy en contra ni a favor de la cuota. Todos podemos trabajar a favor de las personas con discapacidad, solo hace falta sensibilización”.

Vásquez considera que lo más importante es que el Estado, a través del Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) y los distintos órganos electorales, promueva activamente la participación de las personas con discapacidad en los distintos partidos políticos, ya sea a través de medidas de toma de conciencia o la creación de fondos específicos para el apoyo a candidatos 

Problemática para planes de gobierno

Es importante que las propuestas políticas de los partidos aspirantes a la presidencia de nuestro país incluyan reformas en el ámbito de la discapacidad, pues son necesarias propuestas efectivas en diversos ámbitos. Además se debe vigilar que se cumpla con las normas ya establecidas en la Ley General de las Personas con Discapacidad y en el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Creo que hay tres temas vitales: accesibilidad y no solo en infraestructura, sino también en los mensajes, que sean en lengua de señas por ejemplo. Otro tema es el transporte, también la inclusión social y que se promocione la vida independiente para las personas con discapacidad”, comenta Bárbara Ventura. Mientras que Giancarlo Contreras sostiene que, de llegar al Congreso, pelearía porque las personas con discapacidad tengan educación inclusiva e incentivaría una reforma en el transporte. Agrega que hay otros dos temas claves que se deberían discutir: accesibilidad y empleo.

Para Malca, los formuladores de planes de gobierno “deberían visualizar la forma en cómo sus ejes de desarrollo nacional, van a  alcanzar a  las personas con discapacidad. Para esto, no hay nada mejor que incluir a las mismas personas con discapacidad dentro de los grupos de discusión”, señala.

Vásquez considera que lo más importante es que los partidos desarrollen sus programas y propuesta de gobierno en conjunto o en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y sus propios candidatos y candidatas con discapacidad. “Desde SODIS, con el apoyo de IDEA, queremos ayudar a acortar la brecha entre ambos espacios y promover espacios de debate sobre las distintas propuestas que se pongan en la mesa. Son varios los temas en materia de discapacidad que podrían abordar los distintos partidos que aspiran a gobernar el país en el próximo quinquenio: accesibilidad, inclusión social y vida independiente, por ejemplo”.

martes, 5 de enero de 2016

Claroscuros sobre la consulta previa en el 2015

Especial: Consulta previa. Consultape.com realiza un análisis sobre los procesos de  consulta previa realizados durante el 2015

Ø  A pesar de haberse realizado varias consultas previas a nivel nacional, las comunidades esperan que los acuerdos alcanzados durante el proceso, se visibilicen en sus comunidades.
Cuatro años han pasado desde que el Gobierno de Ollanta Humala aprobara la Ley de Consulta Previa (N° 29785). El resultado: 27 procesos de consulta previa puestos en marcha, 15 de ellos finalizados, y 12 en proceso. Las novedades del 2015  fueron las tres primeras consultas en minería, y zanjar la consulta en el estratégico lote petrolero 192 en Andoas (Loreto), -una rémora  para  el Ejecutivo que llevaba arrastrando desde el 2012-. Sin embargo, medir el resultado de las consultas por el número de procesos realizados deviene en una trampa matemática. ¿Qué se les consulta a los pueblos indígenas? ¿Qué pasa después de que sean consultados? Estas preguntas-que tan escasamente son planteadas- revelan que la realidad nunca se traduce a una cifra. Más aún, si se observa que los procesos de consulta se han implementado en un marco de debilitamiento de los estándares y controles socioambientales. 
Luces y sombras
La consulta no es exclusiva para los proyectos que buscan instalar minas, pozos petroleros, o gaseoductos. También sirve para llegar a un consenso sobre otros aspectos fundamentales, como la educación, donde se está llevando a cabo una consulta al reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas y Originarias. No obstante, la mayoría de los procesos de consulta que se han llevado a cabo son para proyectos hidrocarburíferos. 
En 2015 en Madre de Dios se finalizaron las consultas sobre los lotes 191 y 190; en Loreto, los relativos a los pozos 198,  197 y 192. Fuera del ámbito de los hidrocarburos también se llevó a cabo una consulta en torno al proyecto de Hidrovía Amazónica, que tuvo como entidad promotora al Ministerio Transportes y Comunicaciones. “Este es un ejemplo de que la consulta se puede hacer de buena forma, con buena fe y con flexibilidad, como indica la norma”, declara Richard O’Diana, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). A estos procesos, se suma la consulta sobre el Reglamento de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue promovida  por el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, como destaca un informe del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), sólo dos de los procesos de consulta que han finalizado, el Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwua y el Lote 192, cuentan con resolución final de la entidad correspondiente. “Esto constituye una limitación por cuanto los acuerdos son vinculantes para ambas partes. Al no contar con este instrumento no se puede realizar seguimimiento y monitoreo de cómo se viene implementando estos acuerdos”, argumenta el documento.
La consulta ha tenido sus lados buenos y malos. La realiza el órgano que promueve la medida, entonces depende de qué busca este órgano. Por eso existen diferencias entre uno y otro proyecto”, sostiene el abogado del CAAAP, O’Diana.
En Perú, los procesos de consulta están a cargo de la entidad estatal que adopta la medida legislativa o administrativa, aunque el Viceministerio de Interculturalidad ejerza como órgano rector. En el caso de los hidrocarburos, se consulta el decreto supremo que aprueba la suscripción del contrato de licencia para explorar y explotar el lote. Queda fuera de la discusión, por ejemplo,  asuntos  de vital importancia como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- documento clave, mermado por los paquetazos ambientales, que identifica y evalúa los impactos de un proyecto, para evaluar alternativas y formular medidas de mitigación y prevención-.
Primeras consultas en minería
Este año se llevó a cabo la primera consulta previa en minería sobre el proyecto minero Aurora, en Parobamba (Cusco). La medida, materia de consulta, es la resolución de inicio de actividad, cuando ya se ha tomado decisión de todos los mecanismos previos administrativos en los cuales estaba en discusión algún tema: sea ambiental, social o técnico.
El segundo proceso de consulta se realizó al proyecto Toropunto, en la provincia de Huaylas (Ancash). El 24 de octubre se realizó la reunión de evaluación interna donde la comunidad campesina Santa Rosa de Quikakayan manifestó estar de acuerdo con el inicio de actividades de exploración del proyecto Toropunto, que extrae cobre, plata y zinc. El Ministerio de Energía y Minas informó sobre el inicio de la tercera consulta previa en minería, al proyecto Misha, de la empresa Barrick Misquichilca S.A., en la provincia de Aymaraes (Apurímac), donde habita la comunidad de Cotarusi.
“El reto pendiente en minería es evaluar qué se va a consultar, lo que se está evaluando ahora es el inicio de operaciones, pero hay quienes indican que lo que se debe consultar es el otorgamiento de la concesión. Además hay quienes consideran que lo que se debe consultar es el Estudio de Impacto Ambiental y ese es el reto pendiente”, declara O’Diana.
Determinar las decisiones que deberían someterse a consulta para que  un proyecto de inversión se lleve a cabo debió implicar un amplio debate con los representantes de los pueblos indígenas, algo que no sucedió y que quedó al arbitrio de los ministerios sectoriales. En ese proceso, el Ministerio de Cultura tuvo un rol marginal. Todo ello hace que haya un sentimiento de insatisfacción frente a la posibilidad real de decidir en el proceso de toma de decisiones, señaló Ana Leyva de Cooperacción.
Cabe recordar que las consultas  en minería se dieron tras las declaraciones de la actual ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, quien sostuvo que no hubo voluntad política de hacer consulta previa en las anteriores gestiones.  Hay que recordar también que la Defensoría del Pueblo identificó 16 resoluciones donde el ministerio autorizó el inicio de actividades mineras en zonas donde hay presencia indígena según el Censo  de Población y Vivienda 2007.
Además de lo señalado,, en el ámbito minero existe la sombra de los “acuerdos previos”,  una figura  de la Ley de Tierras que “sabotea la viabilidad de la consulta previa”, según afirma el especialista en derechos de los pueblos indígenas Marco Huaco. Esto  sucedió en el caso del proyecto minero Angostura  el año 2012, en donde no se llevó a cabo  el proceso de consulta argumentando la existencia del acuerdo previo. Esta figura se podría seguir dando en el futuro, pues de acuerdo a la ley  “el privado se acerca al dueño de la tierra -a la superficie de la concesión- para negociar una compra a la tierra, un contrato de cesión de uso, de alquiler; entonces la primera noticia que recibe el titular de la tierra superficial es la del privado que se acerca para adquirir derechos sobre ésta, no es el Estado el que se acerca para comunicarle que quiere otorgar una concesión sobre sus tierras y entonces le hace la consulta previa”, apunta Huaco.
La vieja deuda con el Lote 192
Sin duda, el proceso de consulta previa más destacado de este año fue el realizado en el Lote 192 (ex 1AB) donde, tras ampliar los términos de la consulta, el Estado interrumpe el proceso de diálogo con una parte importante de las comunidades del Corrientes, Pastaza y Tigre (Loreto),  llegando a establecer acuerdos con solo un sector de ellas.
“Es un lote histórico, de gran cantidad de recursos para explotar hidrocarburos, petróleo pesado; la sociedad civil jugó un papel importante, así como las comunidades y el Estado. Creo que ha sido un proceso muy complejo”, manifiesta Gustavo Zambrano, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del  Perú (Idehpucp).
Dicho proceso de consulta previa estaba en marcha hasta que el Ministerio de Energía y Minas concentró la agenda del diálogo en un solo punto: el de otorgamiento de beneficios, con una propuesta (0,75% de la producción fiscalizada) que solo admitía ser aceptada, quedando pendiente de discusión 26 propuestas formuladas por las comunidades nativas representadas por las federaciones FEDIQUEP y FECONACO (nuevos instrumentos ambientales, vigilancia ambiental comunitaria, compensación por servidumbre, titulación de tierras, etc).
El que  el Estado diera por concluida unilateralmente el proceso,  generó el rechazo de las comunidades indígenas afectadas, quienes realizaron una protesta pacífica planteando como exigencia retomar el diálogo En un proceso de negociación posterior a la consulta, estas comunidades llegaron a varios acuerdos, entre los cuales está   la entrega de 134 millones de soles para obras de agua potable, saneamiento y electrificación rural.  “Esos acuerdos no fueron parte de la consulta, se dieron después a pedido de las comunidades; por lo tanto, no tienen el carácter vinculante de los acuerdos que son resultado de ella,  entonces son endebles, yo diría que ese es el lado negativo”, dice Richard O’Diana.
 ¿Y el Congreso?
Para Hernán Coronado, especialista en derechos indígenas, “uno de los grandes retos del próximo Gobierno es lo que va a ocurrir con la consulta previa legislativa”. El Congreso es la última frontera de la consulta previa. Sin embargo, este año surgió una controversia, pues el pre-dictamen realizó cambios significativos al Dictamen consensuado -en diciembre de 2014 entre las organizaciones Indígenas y la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos-  contraviniendo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una de las modificaciones más importantes es el momento en el que se debe consultar; fijándose ahora para la etapa de comisiones con el perjuicio de que la norma a debatir aún podría ser modificada en el Congreso.
El punto clave de la consulta previa legislativa es que de aprobarse, normas como las dispuestas desde el Ejecutivo –denominados paquetazos ambientales- deberían en el futuro ser sometidas a consulta previa, pues afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  
“Los procesos de consulta no pueden ser solo procesos informativos que validen las decisiones que ya están tomadas, ni tampoco procesos en los que una parte unilateralmente impone un proyecto. Se necesitan más espacios de diálogo y es importante la búsqueda de un consenso”, puntualiza Coronado.
Mejoras pendientes
Los especialistas señalan que queda aún mucho camino por recorrer para que la consulta previa respete los derechos de los pueblos indígenas y se adecue a la normativa internacional. El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el último informe alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT (que se publicará en enero de 2016), recomienda que los acuerdos  logrados en los procesos de consulta se refieran también a los contratos de exploración y explotación y no solo al decreto supremo que los aprueba.
Asimismo, apuntan que se debe evaluar si las fases y  los plazos de la consulta en el sector hidrocarburos son los adecuados, recomendando que se organicen los procesos de consulta en  aquellas  etapas del proceso de toma de decisiones  sobre un  proyecto que puedan afectar  los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No solo eso, el Grupo de Trabajo agrega que  es indispensable que el Ministerio de Energía y Minas promueva la consulta previa en el sector minero y que, para eso, se debe completar el reconocimiento de las comunidades quechuas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad.
Destacan que, por encima de todo, el Estado  debe dar prioridad a la buena realización de la consulta y no solo preocuparse por realizar  las actividades extractivas o económicas, lo que supone respetar los plazos necesarios para las  etapas  de información, evaluación interna y diálogo. Finalmente, piden que se incorpore explícitamente en la normativa que el derecho a la consulta implica el consentimiento de los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas, administrativas y proyectos que puedan afectarlos directamente. Además, exhortan a que el Congreso apruebe la consulta previa legislativa, y a que se deroguen todas las normas que afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que no fueron consultadas, como los llamados “paquetazos ambientales” (Ley Nº 30230 y su reglamento; y la Ley Nº 30327).