Claroscuros sobre la consulta previa en el 2015

Especial: Consulta previa. Consultape.com realiza un análisis sobre los procesos de  consulta previa realizados durante el 2015

Ø  A pesar de haberse realizado varias consultas previas a nivel nacional, las comunidades esperan que los acuerdos alcanzados durante el proceso, se visibilicen en sus comunidades.

Cuatro años han pasado desde que el Gobierno de Ollanta Humala aprobara la Ley de Consulta Previa (N° 29785). El resultado: 27 procesos de consulta previa puestos en marcha, 15 de ellos finalizados, y 12 en proceso. Las novedades del 2015  fueron las tres primeras consultas en minería, y zanjar la consulta en el estratégico lote petrolero 192 en Andoas (Loreto), -una rémora  para  el Ejecutivo que llevaba arrastrando desde el 2012-. Sin embargo, medir el resultado de las consultas por el número de procesos realizados deviene en una trampa matemática. ¿Qué se les consulta a los pueblos indígenas? ¿Qué pasa después de que sean consultados? Estas preguntas-que tan escasamente son planteadas- revelan que la realidad nunca se traduce a una cifra. Más aún, si se observa que los procesos de consulta se han implementado en un marco de debilitamiento de los estándares y controles socioambientales. 

Luces y sombras

La consulta no es exclusiva para los proyectos que buscan instalar minas, pozos petroleros, o gaseoductos. También sirve para llegar a un consenso sobre otros aspectos fundamentales, como la educación, donde se está llevando a cabo una consulta al reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas y Originarias. No obstante, la mayoría de los procesos de consulta que se han llevado a cabo son para proyectos hidrocarburíferos. 

En 2015 en Madre de Dios se finalizaron las consultas sobre los lotes 191 y 190; en Loreto, los relativos a los pozos 198,  197 y 192. Fuera del ámbito de los hidrocarburos también se llevó a cabo una consulta en torno al proyecto de Hidrovía Amazónica, que tuvo como entidad promotora al Ministerio Transportes y Comunicaciones. “Este es un ejemplo de que la consulta se puede hacer de buena forma, con buena fe y con flexibilidad, como indica la norma”, declara Richard O’Diana, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). A estos procesos, se suma la consulta sobre el Reglamento de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue promovida  por el Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, como destaca un informe del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), sólo dos de los procesos de consulta que han finalizado, el Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwua y el Lote 192, cuentan con resolución final de la entidad correspondiente. “Esto constituye una limitación por cuanto los acuerdos son vinculantes para ambas partes. Al no contar con este instrumento no se puede realizar seguimimiento y monitoreo de cómo se viene implementando estos acuerdos”, argumenta el documento.

“La consulta ha tenido sus lados buenos y malos. La realiza el órgano que promueve la medida, entonces depende de qué busca este órgano. Por eso existen diferencias entre uno y otro proyecto”, sostiene el abogado del CAAAP, O’Diana.

En Perú, los procesos de consulta están a cargo de la entidad estatal que adopta la medida legislativa o administrativa, aunque el Viceministerio de Interculturalidad ejerza como órgano rector. En el caso de los hidrocarburos, se consulta el decreto supremo que aprueba la suscripción del contrato de licencia para explorar y explotar el lote. Queda fuera de la discusión, por ejemplo,  asuntos  de vital importancia como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- documento clave, mermado por los paquetazos ambientales, que identifica y evalúa los impactos de un proyecto, para evaluar alternativas y formular medidas de mitigación y prevención-.

Primeras consultas en minería

Este año se llevó a cabo la primera consulta previa en minería sobre el proyecto minero Aurora, en Parobamba (Cusco). La medida, materia de consulta, es la resolución de inicio de actividad, cuando ya se ha tomado decisión de todos los mecanismos previos administrativos en los cuales estaba en discusión algún tema: sea ambiental, social o técnico.

El segundo proceso de consulta se realizó al proyecto Toropunto, en la provincia de Huaylas (Ancash). El 24 de octubre se realizó la reunión de evaluación interna donde la comunidad campesina Santa Rosa de Quikakayan manifestó estar de acuerdo con el inicio de actividades de exploración del proyecto Toropunto, que extrae cobre, plata y zinc. El Ministerio de Energía y Minas informó sobre el inicio de la tercera consulta previa en minería, al proyecto Misha, de la empresa Barrick Misquichilca S.A., en la provincia de Aymaraes (Apurímac), donde habita la comunidad de Cotarusi.

“El reto pendiente en minería es evaluar qué se va a consultar, lo que se está evaluando ahora es el inicio de operaciones, pero hay quienes indican que lo que se debe consultar es el otorgamiento de la concesión. Además hay quienes consideran que lo que se debe consultar es el Estudio de Impacto Ambiental y ese es el reto pendiente”, declara O’Diana.

Determinar las decisiones que deberían someterse a consulta para que  un proyecto de inversión se lleve a cabo debió implicar un amplio debate con los representantes de los pueblos indígenas, algo que no sucedió y que quedó al arbitrio de los ministerios sectoriales. En ese proceso, el Ministerio de Cultura tuvo un rol marginal. Todo ello hace que haya un sentimiento de insatisfacción frente a la posibilidad real de decidir en el proceso de toma de decisiones, señaló Ana Leyva de Cooperacción.

Cabe recordar que las consultas  en minería se dieron tras las declaraciones de la actual ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, quien sostuvo que no hubo voluntad política de hacer consulta previa en las anteriores gestiones.  Hay que recordar también que la Defensoría del Pueblo identificó 16 resoluciones donde el ministerio autorizó el inicio de actividades mineras en zonas donde hay presencia indígena según el Censo  de Población y Vivienda 2007.

Además de lo señalado,, en el ámbito minero existe la sombra de los “acuerdos previos”,  una figura  de la Ley de Tierras que “sabotea la viabilidad de la consulta previa”, según afirma el especialista en derechos de los pueblos indígenas Marco Huaco. Esto  sucedió en el caso del proyecto minero Angostura  el año 2012, en donde no se llevó a cabo  el proceso de consulta argumentando la existencia del acuerdo previo. Esta figura se podría seguir dando en el futuro, pues de acuerdo a la ley  “el privado se acerca al dueño de la tierra -a la superficie de la concesión- para negociar una compra a la tierra, un contrato de cesión de uso, de alquiler; entonces la primera noticia que recibe el titular de la tierra superficial es la del privado que se acerca para adquirir derechos sobre ésta, no es el Estado el que se acerca para comunicarle que quiere otorgar una concesión sobre sus tierras y entonces le hace la consulta previa”, apunta Huaco.

La vieja deuda con el Lote 192

Sin duda, el proceso de consulta previa más destacado de este año fue el realizado en el Lote 192 (ex 1AB) donde, tras ampliar los términos de la consulta, el Estado interrumpe el proceso de diálogo con una parte importante de las comunidades del Corrientes, Pastaza y Tigre (Loreto),  llegando a establecer acuerdos con solo un sector de ellas.

“Es un lote histórico, de gran cantidad de recursos para explotar hidrocarburos, petróleo pesado; la sociedad civil jugó un papel importante, así como las comunidades y el Estado. Creo que ha sido un proceso muy complejo”, manifiesta Gustavo Zambrano, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del  Perú (Idehpucp).

Dicho proceso de consulta previa estaba en marcha hasta que el Ministerio de Energía y Minas concentró la agenda del diálogo en un solo punto: el de otorgamiento de beneficios, con una propuesta (0,75% de la producción fiscalizada) que solo admitía ser aceptada, quedando pendiente de discusión 26 propuestas formuladas por las comunidades nativas representadas por las federaciones FEDIQUEP y FECONACO (nuevos instrumentos ambientales, vigilancia ambiental comunitaria, compensación por servidumbre, titulación de tierras, etc).

El que  el Estado diera por concluida unilateralmente el proceso,  generó el rechazo de las comunidades indígenas afectadas, quienes realizaron una protesta pacífica planteando como exigencia retomar el diálogo En un proceso de negociación posterior a la consulta, estas comunidades llegaron a varios acuerdos, entre los cuales está   la entrega de 134 millones de soles para obras de agua potable, saneamiento y electrificación rural.  “Esos acuerdos no fueron parte de la consulta, se dieron después a pedido de las comunidades; por lo tanto, no tienen el carácter vinculante de los acuerdos que son resultado de ella,  entonces son endebles, yo diría que ese es el lado negativo”, dice Richard O’Diana.

 ¿Y el Congreso?

Para Hernán Coronado, especialista en derechos indígenas, “uno de los grandes retos del próximo Gobierno es lo que va a ocurrir con la consulta previa legislativa”. El Congreso es la última frontera de la consulta previa. Sin embargo, este año surgió una controversia, pues el pre-dictamen realizó cambios significativos al Dictamen consensuado -en diciembre de 2014 entre las organizaciones Indígenas y la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos-  contraviniendo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una de las modificaciones más importantes es el momento en el que se debe consultar; fijándose ahora para la etapa de comisiones con el perjuicio de que la norma a debatir aún podría ser modificada en el Congreso.

El punto clave de la consulta previa legislativa es que de aprobarse, normas como las dispuestas desde el Ejecutivo –denominados paquetazos ambientales- deberían en el futuro ser sometidas a consulta previa, pues afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  

“Los procesos de consulta no pueden ser solo procesos informativos que validen las decisiones que ya están tomadas, ni tampoco procesos en los que una parte unilateralmente impone un proyecto. Se necesitan más espacios de diálogo y es importante la búsqueda de un consenso”, puntualiza Coronado.

Mejoras pendientes

Los especialistas señalan que queda aún mucho camino por recorrer para que la consulta previa respete los derechos de los pueblos indígenas y se adecue a la normativa internacional. El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el último informe alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT (que se publicará en enero de 2016), recomienda que los acuerdos  logrados en los procesos de consulta se refieran también a los contratos de exploración y explotación y no solo al decreto supremo que los aprueba.

Asimismo, apuntan que se debe evaluar si las fases y  los plazos de la consulta en el sector hidrocarburos son los adecuados, recomendando que se organicen los procesos de consulta en  aquellas  etapas del proceso de toma de decisiones  sobre un  proyecto que puedan afectar  los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No solo eso, el Grupo de Trabajo agrega que  es indispensable que el Ministerio de Energía y Minas promueva la consulta previa en el sector minero y que, para eso, se debe completar el reconocimiento de las comunidades quechuas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad.

Destacan que, por encima de todo, el Estado  debe dar prioridad a la buena realización de la consulta y no solo preocuparse por realizar  las actividades extractivas o económicas, lo que supone respetar los plazos necesarios para las  etapas  de información, evaluación interna y diálogo. Finalmente, piden que se incorpore explícitamente en la normativa que el derecho a la consulta implica el consentimiento de los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas, administrativas y proyectos que puedan afectarlos directamente. Además, exhortan a que el Congreso apruebe la consulta previa legislativa, y a que se deroguen todas las normas que afectan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que no fueron consultadas, como los llamados “paquetazos ambientales” (Ley Nº 30230 y su reglamento; y la Ley Nº 30327).

Pueblos indígenas del Corrientes y Pastaza paralizan el Lote 192 como exigencia para retomar el diálogo de la consulta previa

ü  Indígenas exigen al Estado formar una comisión de alto nivel para atender sus demandas.

ü  Expertos consideran que el Estado se apresuró en concluir la consulta previa.

Las organizaciones indígenas del Pastaza y Corrientes  tomaron de manera pacífica el aeropuerto de Andoas y paralizaron de forma indefinida la producción en todos los pozos petroleros del Lote 192, tras denunciar como fraude el proceso de consulta previa luego de que en forma antidemocrática el Gobierno, diera por concluida la etapa de diálogo del mayor lote petrolero del país.

“Nosotros hemos dicho, varias veces, que lleguemos a un acuerdo; pero no fue así, por eso ahora estamos reclamando nuestros derechos. Hasta la fecha el Estado ni siquiera se preocupa por remediar nuestro territorio ni hacer análisis de salud. El pueblo se siente vulnerado en sus derechos y hemos concluido que si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie más lo hará”, señala Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).

Para llegar a acuerdos, las organizaciones indígenas exigen que el Estado conforme una comisión de alto nivel, integrada por autoridades que tengan poder de decisión: “Estamos exigiendo que el Estado instale una mesa de diálogo con autoridades de alto nivel, que la presidan los ministros de Estado que tienen poder de decisión porque el proceso de consulta, para nosotros, fue un fraude”, comenta Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco).

Además añade que han decidido paralizar todos los pozos de producción petrolera y también el aeropuerto de Andoas: “Sobre todo quiero recalcar que la lucha es pacífica, respetando la integridad física de las personas, de los trabajadores, de los policías y también los campamentos; si al Estado no le importan nuestras demandas, los pueblos nos mantendremos así porque la lucha es indefinida”, sustenta Sandi.

Consulta apresurada

Una de las principales incidencias que las organizaciones indígenas han cuestionado es la falta de atención a 26 de las 27 propuestas que presentaron en temas de salud, educación, remediación, entre otros; ya que, como el Estado y las comunidades no llegaron a un acuerdo sobre el fondo económico, debido a que ellos ofrecieron el 0.75% de la producción fiscalizada -monto que debía ser empleado en proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental-, pero las comunidades pedían el 2,5%; el Ejecutivo dio por concluida la consulta previasin tratar los demás puntos en discusión.

“Nunca se planteó una respuesta frente a la demanda de las organizaciones -ni afirmativa, ni negativa- en aspectos vinculados a salud, titulación, medio ambiente y demás; simplemente no se incluyó el tema en la última reunión y el Estado dijo que, como no hubo acuerdos en el tema económico, ahí se acababa la consulta; eso es algo que no cumple los estándares mínimos de consulta previa”, dice Vladimir Pinto, abogado de Oxfam Perú.

Gustavo Zambrano, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú(Idehpucp), afirma que la legislación nacional está hecha de tal manera que faculta al Estado a que, si no se han llegado a acuerdos o éstos son difíciles de alcanzar, se pueda dar por terminada la consulta previa, “lo cual en este caso es riesgoso porque da la impresión que el Estado se ha apresurado por cumplir con los plazos relacionados a la firma del contrato con Pacific(nuevo operador del lote por dos años) y ahí estuvo el error”, enfatiza.

Al respecto, los integrantes de las comunidades indígenas han mostrado su indignación: “Cuando nosotros no llegamos a un acuerdo sobre la consulta, hemos insistido en seguir dialogando, pero igual la terminaron, por ese motivo nos hemos retirado” manifiesta Chino.En la misma línea, Sandi dice que “el proceso de consulta no garantizó nada, no se trató el tema de seguridad ambiental ni seguridad territorial y el Estado ha vuelto a dar servidumbre gratuita –sin indemnización- a la empresa petrolera, lo cual impide que nosotros titulemos el territorio integral y seamos respetados”.

Es importante resaltar que los territorios del Lote 192 presentan serios impactos negativos que, hasta la actualidad, no han sido remediados. La empresa Pluspetrol Norte S.A. operó el lote durante los últimos 15 años, y presentó un Plan de Abandono que no fue aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAAE), del Ministerio de Energía y Minas. Además, el proyecto fue observado por el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA) y hasta la actualidad, no existe otro plan de remediación.“Se requería tener claridad de cuál va a ser ese proceso de remediación y quién asume las responsabilidades pero no hubo ninguna esclarecimiento del Estado sobre este tema, tampoco ha habido voluntad política de dar una solución o mensaje sobre esto” señala Pinto.

Cierre de la vía del diálogo

Hay que recordar que el Ejecutivo concluyó el diálogo de manera unilateral el 25 de agosto con las cuencas del Pastaza y Corrientes (Fediquep y Feconaco) en cuyo territorio se encuentra el 80%  de las instalaciones del lote 192. Además, dicha etapa fue constantemente postergada por los técnicos del Estado en Loreto, y cuando en Lima se retomóel diálogo (el 14 de agosto), se estableció como único punto a tratar el tema de beneficios, generando incomodidad en los presidentes de Fediquep y Feconaco, quienes no firmaron el acuerdo debido a que ellos viajaron desde sus comunidades para dialogar sobre la totalidad de sus demandas.Quienes sí suscribieron el pacto fueron las comunidades del Tigre (Feconat).

Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las normas de la consulta establecen que, en caso de concluir la consulta, el Estado tiene que justificar su decisión, “este punto es algo que se tiene que cumplir, no es solo proponer un punto de los que le interesan a las comunidades” sostiene el abogado Vladimir Pinto. En la misma línea, Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) sostiene en un artículo que es ilegal dar por concluido un proceso de consulta a pesar que nunca hubo desacuerdo, violando el Gobierno el artículo 15 de la Ley de Consulta.

“Esta norma precisa que: en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. También viola el artículo 21 del reglamento que dice que: la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta”, manifiesta Ruiz y agrega que al no haber mala fe de ninguna de las partes, no hay causal para poner fin al proceso.

Ministerios se pronuncian

Si bien la consulta previa se llevó a cabo por el Ministerio de Energía y Minas, liderado por la ministra Rosa María Ortiz, el proceso tuvo la intervención de otros actores gubernamentales, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura y Ministerio Economía y Finanzas. El trabajo en conjunto, conllevó a la decisión de dar por terminada la consulta previa con la aprobación del primer ministro, Pedro Cateriano.

“El proceso de consulta ha sido mal llevado por el Ministerio de Energía y Minas, más allá de si el Ministerio de Cultura ha estado ahí o no. Desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir es que el MINEM no va a querer retomar la consulta” comenta Zambrano. Pinto agrega que “el Gobierno ahora tiene una oportunidad de oro porque puede establecer una mesa de diálogo donde se traten estos temas con seriedad, el problema ha sido que mucho de la agenda indígena, no se tomó en serio”.

A eso se suman las declaraciones  de la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en el diario El Comercio, que han generado malestar en las comunidades nativas, pues tildó de “desgastante” el proceso de consulta previa en el lote 192 y además, cree que son improcedentes los reclamos.

“Rechazamos categóricamente el pronunciamiento de la ministra Balbuena, ella en un par de meses va a dejar de ser viceministra, pero nosotros no, nosotros vamos a seguir viviendo aquí los 30 años que vienen, nuestros hijos van a crecer aquí, la viceministra puede opinar, pero no reúne las condiciones para hacerlo bien” comenta Sandi.El presidente de Feconaco añade que no van a permitir que el Estado tome decisiones sin conocer la realidad de sus pueblos: “Nosotros estamos en total abandono, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló en el programa Cuarto Poder que los pueblos indígenas gozan de los programas sociales, pero eso no es verdad, yo no sé quién le ha informado eso porque es falso, nosotros estamos en total abandono del Estado. Ellos tienen una deuda histórica con las organizaciones indígenas” señala.

Por otro lado, tras aprobarse en el Congreso la ley que permite a Petroperú operar el Lote 192, los parlamentarios esperan que el Ejecutivo se pronuncie sobre la misma. “Si el Ejecutivo observa esa ley, el Congreso tiene dos opciones: o encarpetar esa ley o la promulga más allá de lo que el Ejecutivo considere. Pero sea cual sea el resultado, el Ministerio de Energía y Minas va a tener que solucionar el tema con las comunidades indígenas” dice Zambrano. Pinto manifiesta que es valioso que el Estado quiera tener mayor autonomía en la política energética, pero agrega que “esa discusión ha opacado el proceso de consulta previa del lote 192”.

Consultas previas alrededor de dos proyectos ponen en tela de juicio de cómo se están llevando estos procesos

Los procesos de consulta previa implementados hasta el momento están poniendo en tela de juicio la eficacia de ésta para velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En los últimos meses se ha venido desarrollando  dos procesos emblemáticos: Hidrovía Amazónica y Lote 192; precisamente en este último, el Estado ha dado por concluida unilateralmente la consulta previa  a pesar que, hasta la fecha, de las 27 propuestas realizadas por las comunidades indígenas, 5  no han tenido respuestas, 17 estuvieron siendo debatidas con los  equipo de asesores,  y solo en 5 existe consenso.

Se complica consulta en el Lote 192

Una carta enviada por las Federaciones Indígenas de las cuencas del río Pastaza y Corrientes dirigida al Presidente Ollanta Humala -con fecha 20 de agosto- critica seriamente la etapa de diálogo, y ha sido el detonante para que el Estado diera por concluido el proceso, pese a haber temas pendientes. Así, el oficio de respuesta dada por el Ministerio de Energía y Minas, a través del Director General Asuntos Ambientales Energéticos, Renato Baluarte, señala “por no haber tenido respuesta sobre las propuestas del Estado y no tener respuesta para retomar el diálogo o plantear una fecha alternativa (…) corresponde al Estado concluir la etapa de diálogo intercultural y proceder con la etapa de decisión al no haberse alcanzado acuerdos.

En esta comunicación se acusa a las comunidades de supeditar los acuerdos a la determinación de una propuesta de beneficios.  Estas afirmaciones llaman la atención pues fue el Estado, quien en la reunión del 14 de agosto, fecha en que se retomó el diálogo entre el Estado y las federaciones de FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ORIAP, puso como único punto a tratar el tema de beneficios.

En dicha reunión  solo formalizaron  acuerdos alcanzados con anterioridad con FECONAT y ORIAP,  organizaciones con las que el Estado se había reunido por separado.  Ambas federaciones aceptaron la propuesta de un aporte de  0.75% del valor de la producción fiscalizada del lote,  monto que debía ser empleado en  proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental. Esta situación generó desconcierto en las comunidades  FECONACO y FEDIQUEP, pues ambas organizaciones no aceptaron el monto, alegando que era muy pequeño considerando la producción del lote. En los días posteriores sus principales líderes han expresado su descontento: “El Estado tenía preparada una estrategia, ellos han pensado que condicionándonos vamos a firmar aceptando el 0.75%, pero nosotros estamos solicitando el 2,5%, son 45 años que nosotros hemos aportado con nuestros recursos, ¿cómo es posible que nos ofrezcan el 0.75%? señala Aurelio Chino Dahua, presidente de FEDIQUEP, y agrega que lamenta la desunión entre las comunidades que integran el Lote 192.

Nuevo operador Lote 192

El Lote 192 que produce el 17% del crudo nacional, estará a cargo de Pacific Stratus Energy (antes Pacific  Rubiales), compañía canadiense con sede en Toronto y oficinas en Bogotá, Colombia, operador cuestionado por despojos, violaciones de derechos humanos y serios problemas ambientales en Colombia. Esta  petrolera sufrió una fuerte crisis financiera,  registrando pérdidas  por un monto de 722 millones de dólares en el primer trimestre del 2015, atribuida a la baja significativa del precio de los hidrocarburos.

Además, Pacific Stratus Energy no es empresa nueva en nuestro país, opera los lotes Z-1 en Tumbes, lotes 135 y 137 en Loreto, Lote 138 en Ucayali y Lote 116 en Amazonas, precisamente en este último ha ocasionado grandes impactos negativos contaminantes. “Hay graves denuncias de las poblaciones debido a la contaminación en el Lote 116, no sería una buena noticia para la gente el ingreso de Pacific al Lote 192” comenta el Abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Acción Práctica (CAAAP) señala que se trata de una empresa canadiense que tiene una presencia importante en Colombia y que en Perú tiene un número importante de lotes petroleros. Manifiesta que en el caso del Lote 116, las organizaciones indígenas vienen exigiéndole al Estado que suspenda las actividades de exploración y se inicie un proceso de consulta previa.

Cabe señalar que Pacific fue seleccionada pese a que hubo una oferta mayor. Mientras que ésta  ofreció 40 millones de dólares, Omega tuvo una propuesta de 54 millones de dólares, y además se comprometió a desarrollar programas sociales con las comunidades que están en las zonas de influencia del lote. Fuentes oficiales informaron que Omega no ganó la concesión debido a que produce menos de 3 mil barriles de petróleo al día y es considerada una empresa pequeña para encargarse de uno de los lotes más importantes del país.

Peligra remediación

La empresa Pluspetrol Norte S.A. -que administró el Lote 192 por 15 años- culmina su contrato de explotación del Lote 192 el 29 de agosto, y por increíble que parezca, no tiene un Plan de abandono aprobado por el Estado. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas presentaron observaciones al plan Pluspetrol, y hasta la fecha no existe otro proyecto de remediación.

A ello se suma que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), inició un proceso en el cual sanciona a Pluspetrol por no cumplir con la remediación de los lugares afectados por la actividad extractiva, los cuales han contaminado agua, aire y suelo de los territorios que ocupan el Lote 192. Según el OEFA, Pluspetrol debe resarcir el daño causado aún después de culminado su contrato. Sin embargo hay un silencio gubernamental en cuanto al tema.

“El Plan de Abandono fue desaprobado por el OEFA, ya que no absolvió las observaciones en relación al cierre de 92 sitios impactos que no fueron inicialmente considerados. Se supone que cuando se desaprueba un plan se debe presentar otro. Esperamos que el Estado tenga los instrumentos legales para exigir a Pluspetrol que cumpla con sus obligaciones ambientales”, sostiene Leyva.

Agrega que es totalmente legítimo dudar de Pluspetrol, más aun teniendo en cuenta que ya se vence el plazo de las operaciones. “Depende mucho del Estado peruano fiscalizar y garantizar que se cumpla con la remediación”.

Consulta de Hidrovía Amazónica vuelve a etapa informativa

Otra consulta en cuestión es la del proyecto Hidrovía Amazónica, proyecto que  pretende integrar la Amazonía peruana mediante una red fluvial que atravesará los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas.  El proceso de consulta se inició debido a una acción de amparo presentado por la organización indígena ACODECOSPAT contra Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y actualmente este proceso ha regresado a la etapa informativa, porque las comunidades indígenas vienen demandando mayor transparencia e información en cuanto a impactos ambientales y sociales  de la mega obra.

En la última reunión entre el Estado y las comunidades indígenas de Loreto y Ucayali se llegó a un acuerdo con el MTC, así el acta suscrito señala que el proceso se extenderá hasta setiembre, y volverá a atravesar la fase de evaluación, y finalizará con el diálogo.

 “Nuestra propuesta ha sido aprobada en un 100%, hemos llegado a un acuerdo con el MTC después de varias propuestas y contrapropuestas. Nos parece justo que el Estado vuelva a brindar información porque las comunidades lo necesitan, a fines de setiembre estaremos nuevamente en la etapa de diálogo”, señala Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO.

Por su parte Leyva agrega que un proceso como este requiere plazos razonables, pues se debe garantizar un diálogo intercultural, eso supone también ser flexibles con las etapas y con el tiempo.

“La consulta previa debe ser una política clara, que responda a un convencimiento por parte del Estado. La consulta, lejos de ahuyentar la inversión, lo que hace es tratar de llegar a resultados positivos en términos de ganancias para los empresarios, respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos; esto haría que las inversiones sean sostenibles y se traduciría en la reducción de conflictos sociales y ambientales” concluye Vega.

Apus de comunidades indígenas de Loreto llegan a Lima para dialogar con autoridades

Diálogo se realizará el miércoles 14 de agosto sin la presencia del primer ministro, Pedro Cateriano.

Indígenas esperan que las autoridades den respuesta a sus propuestas.

 

Tras haberse postergado en reiteradas oportunidades el diálogo de la consulta previa a las comunidades indígenas de las zonas de influencia del Lote 192, entre técnicos del Estado y los representantes de las Federaciones Indígenas de la Amazonía; 30 apus de las comunidades de la cuenca del Pastaza y Corrientes llegaron a Lima hoy para sostener una reunión con el premier Pedro Cateriano y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

 

Aunque representantes del MINEM han señalado que no participará  el premier,  las federaciones indígenas siguen demandando su participación. “Nosotros bien claro hemos pedido que nos garanticen la presencia de autoridades de alto nivel, pero ahora escucho que solo nos va a atender la ministra de Energía y Minas, nos preocupa ir a la capital del país y sentarnos con personas que no tienen poder de decisión”, dice Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP).

 

“Estamos exigiendo que el primer ministro esté en esa reunión para poder garantizar los acuerdos concretos, queremos personas que tengas poder político en la toma de decisiones”, señala David Chino, vicepresidente de FEDIQUEP.

 

Esta reunión se realizará luego de que la licitación del Lote 192 ha sido declarada desierta, ya que ninguno de los tres postores (Pacific Rubiales, Perenco y Pluspetrol) presentó ofertas para explotar el lote petrolero, este panorama hizo que las comunidades indígenas e incluso el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez demanden al Estado que entregue la licitación a la estatal Petroperú. El presidente Ollanta Humala descartó esa opción tildando a quienes la propusieron de “extremistas”.

 

Actualmente, hay un gran temor que Pluspetrol siga con la administración del Lote 192. “Así sea Petroperú u otra empresa, lo que nosotros queremos es que asuman todas las responsabilidades ambientales y también que respeten los derechos de los pueblos originarios, venimos a pedir que se garantice nuestra vida y que no hayan irregularidades en la empresa que asuma el lote”, dice David Chino.

 

Así, los dirigentes indígenas esperan que en la reunión del día 14 de agosto se dé respuesta a las 27 demandas de las comunidades indígenas, ya que hasta la actualidad el Estado no ha llegado a un acuerdo con las federaciones FEDIQUEP y FECONACO (Federación de comunidades Nativas del Corrientes y Pastaza), a pesar de haberse realizado reuniones técnicas de preparación en Lima y en Loreto.

 

Por otro lado, tras las declaraciones del ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, quien dijo que en 1971 no existía una sola comunidad nativa en la zona del Lote 192 y que por lo tanto, no debería realizarse una consulta previa, David Chino comenta que “son falsedades, nosotros estamos en esa zona hace miles de años defendiendo nuestros territorios, nuestros derechos, esas afirmaciones es indignante para nosotros”.

 

“Todos esos comentarios vienen a crear problemas, nos van a obligar nuevamente a adoptar medidas de fuerza porque nosotros no tenemos temor de defender nuestros derechos como cualquier peruano. Si es que el señor no conoce ni sabe, pues que viaje aquí para que sepa que nuestros ancestros han vivido aquí. Queremos que los interesados en los recursos de nuestro país piensen bien y nos llamen para sentarnos a dialogar”, señala Aurelio Chino.

Incertidumbre: en 18 días vence el contrato del Lote 192

A tan solo 18 días de vencer el contrato del Lote 192 aún no se ha dado la licitación de uno de los lotes más  importantes del país, actualmente produce el 17% del crudo nacional. Pese al rechazo de las comunidades indígenas Pluspetrol –empresa argentina que explotó el lote los últimos 15 años- sigue siendo una opción para continuar con la administración de dicho lote, pues la licitación ha sido declarada desierta, y hay una preocupación real de parte de las comunidades indígenas de Loreto que Perupetro negocie directamente con Pluspetrol.

Escriben Magali Zevallos y Iara Urbina

Las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto, se encuentran viviendo momentos de incertidumbre, en 18 días se definiría el destino de estas poblaciones que han padecido por más de 40 años los lastres de la contaminación petrolera, y la incapacidad del Estado para estar presente en estas zonas. La cercanía del vencimiento del contrato de este lote petrolero obligó al Estado a atender las demandas de estos pueblos indígenas, a partir de ello se establecieron mesas de trabajo, compromisos de remediación ambiental, proceso de diálogo para la consulta previa, entre otros. Sin embargo, hay mucha incertidumbre entre las poblaciones y sus federaciones respecto a quién administrará el lote.

Mediante un comunicado las Federaciones Indígenas señalaron que la actual operadora del Lote 192 continúa sin implementar las recomendaciones que el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA han hecho para la remediación ambiental. “Pluspetrol cumple un papel nocivo, no sólo en nuestros territorios sino frente al interés nacional. La actual operadora del Lote 1AB y, ahora, también postora del Lote 192, pretende excluir más de 90 sitios contaminados que han sido identificados por entidades del Estado”.

 

Tras ser declarada desierta la licitación, uno de los escenarios que plantean los economistas en cuanto a las negociaciones de este lote es que la empresa podría negociar con condiciones a su favor y podría pedir que se reduzca más el porcentaje de regalías, que en el caso del petróleo ligero bajó de 35% a 20%, mientras que para el petróleo pesado disminuyó de 25% a 15%.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas señala que por un lado ha habido errores técnicos y falta de claridad política, y en esta disyuntiva se plantea una pregunta ¿no habrá sido que han endurecido las bases para que no hayan postores? “Si es así, no queda más que negociar directamente con Pluspetrol, esa es la especulación que se hace y en ese caso, se puede decir que como ninguno se ha presentado, las bases pedían demasiado y en la negociación directa se bajan sustancialmente los requisitos y regalías pero ya con un solo postor”.

Ante esta premisa los integrantes de las Federaciones Indígenas señalaron que no permitirán que la historia se repita y que antes de realizarse la licitación, el nuevo operador y el Estado deben acercarse a los territorios para conversar con las comunidades y sus organizaciones. “El Estado no puede ser débil ante Pluspetrol y debe exigirle que se haga cargo del daño cometido”.

Piden que Petroperú asuma Lote 192

Las comunidades del Tigre realizaron una movilización presidida por su gobernador regional, Fernando Meléndez, donde protestaron en contra de la disminución del canon petrolero que recibe Loreto. Con pancartas y banderolas exigieron que Petroperú sea la empresa que se encargue de la explotación del Lote 192 ya que, es la propuesta más viable para operar dicho lote.

Aunque el presidente Ollanta Humala ya ha salido a descartar esa opción.

Herrera Descalzi señala que según la Ley N°30130, la empresa estatal no puede participar al 100% en la licitación del Lote 192, sí es que hubiera la intención política, el caso tendría que ser llevado al Congreso de la República, y la salida sería por la emisión y publicación de un Decreto de Urgencia, es decir depende de la voluntad política del gobierno.

Al respecto, el economista Humberto Campodónico sostiene que esa negativa viene desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Lo que sucede es que el ministro Alonso Segura no quiere que la empresa estatal tome el rol que le corresponde; por lo tanto, el peso viene del Ministerio de Economía, esa es la realidad, el MEF se opone y como tiene mucho poder, están impidiendo que esto suceda”. “Si es que Petroperú entra al Lote 192, hay que modificar esa ley. Si hay voluntad política, se encontrará la forma” manifiesta Campodónico.
“Sí existe la posibilidad de que Petroperú entre al Lote 192, porque esto le va a permitir generar un mejor flujo de caja, Petroperú no tendría que pagar los 345 millones de dólares que cuestan los activos porque serían del Estado, la tarifa del oleoducto tampoco. Tiene que haber un nuevo paquete económico, financiero y productivo muy bien definido”, dice Campodónico.

El congresista Manuel Dammert comentó que le parece sorprendente que el presidente haya declarado en contra del ingreso de Petroperú al Lote 192. “Petroperú debería participar en el lote petrolero. La medida sería la más beneficiosa para el Estado y las comunidades indígenas. “Si hay voluntad política, se puede cambiar la ley en diez días”.

Dammert es el impulsor de una iniciativa ciudadana que declara de necesidad pública e interés nacional priorizar la modernización de la Refinería de Talara, y que además adopta medidas para fortalecer Petroperú S.A., en ese marco legal Petroperú podría estar a cargo del Lote 192. “La Ley N° 30130 impide que Petroperú asuma el Lote 192 y obliga la venta del 49% de los activos de la empresa. “En el estudio de la consultora Wood Mackenzie realizado para Petroperú, se sustenta que para reactivar en conjunto a Petroperú y garantizar la Refinería de Talara, Petroperú debería participar en los lotes petroleros. Es decir, según ese estudio técnico, si Petroperú se queda solo con la refinería, ésta no se podrá sustentar financieramente”, sostiene el congresista.

Reunión con representantes indígenas

Rosa María Ortíz, titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que faltan pocos puntos para llegar a acuerdos con las federaciones de comunidades y que este 14 de agosto recibirá a algunos representantes de las Federaciones Indígenas para concluir los acuerdos pendientes para la consulta previa: “Se ha postergado hasta el 14 de este mes una reunión con algunas comunidades, para dar respuesta a algunas repreguntas planteadas por sus representantes”, señaló la ministra.  

Las comunidades ashuar y quechuas de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza, así como de sus federaciones FECONACO y FEDIQUEP, señalaron que “de lo que se trata es de dar respuesta no a preguntas, sino a justas demandas de mejores condiciones para la explotación petrolera. Se está minimizando los impactos en la tierra, en la salud y en nuestras vidas”. Cabe señalar que la programación de esta reunión es una continuación del frustrado diálogo con las comunidades del Corrientes y Pastaza, que se desarrolló en julio en Iquitos.

Datos:

Pluspetrol tiene 12 multas que ascienden a los 39 millones de soles en infracciones ambientales, según un informe de Ojo Público. Fuentes del sector petrolero, dijeron que las empresas que hayan sido sancionadas por transgresiones a normas socioambientales no podrán calificar en la licitación del lote, para así no generar conflictos sociales con las comunidades indígenas.

Según el informe final publicado por el Grupo de Trabajo del Congreso de la República, Pluspetrol, al igual que Oxy en 1996 y 2002, no han remediado los daños realizados a las comunidades.

Todavía no hay respuesta por parte del Estado ante demandas indígenas

ü  Próximo diálogo sería el 14 de agosto en Lima. Pueblos indígenas exigen la presencia del jefe del Gabinete, así como de los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas.

Entre la espada y la pared se encuentra el Ejecutivo ante el vencimiento del contrato del Lote 192 y las demandas de las comunidades indígenas para poder licitar este lote petrolero. Ayer no se pudo continuar con el proceso de diálogo entre líderes indígenas y representantes del Estado en Loreto, debido a que los apus de las cuatro cuencas (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón), zonas de influencia del Lote 192, exigieron la presencia del Premier Pedro Cateriano; la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortíz; y el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Además se exigió la presencia del nuevo presidente de Perupetro, Rafael Zoeger, ya que la licitación de este lote representa para ellos el futuro de las comunidades indígenas. “Son 30 años más, el Estado pidió más tiempo para evaluar nuestras propuestas”, señala Aurelio Chino Dahua, presidente de la FEDIQUEP.

Representantes de los pueblos indígenas señalan que esperan ser notificados sobre la asistencia de las autoridades que demandan en la próxima reunión; de lo contrario, no asistirán.

 “Nosotros vemos que los funcionarios no tienen poder de decisión, por eso hemos dicho que queremos hablar directamente con el presidente del Consejo de Ministros, el ministro Economía y la ministra de Energía y Minas. Queremos que se garantice su presencia. Hasta el momento, solo se confirmó la presencia del titular del Ministerio de Energía y Minas; esperamos que en los próximos días confirme su asistencia el premier y el titular del MEF”, señala Chino Dahua.

Además de las tres empresas que están compitiendo por la licitación (Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco), surge la posibilidad de que la empresa del Estado, Perupetro, asuma el lote petrolero. Sobre esto, las comunidades indígenas son tajantes en resaltar que cualquiera de las empresas que gane la licitación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen en beneficio de la población.

Hasta el momento, no hay respuesta a ninguno de los requerimientos de las comunidades en materia económica, de salud, educación, finanzas, entre otros. Por eso, los integrantes de las comunidades están dispuestos a sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo con el Estado, además señalan que no están en contra de la extracción, pero añaden que debe ser una actividad responsable.

Asimismo, sobre las críticas a la cifra del fideicomiso que piden las comunidades por un monto de 1000 millones de dólares que servirían para financiar proyectos de desarrollo social, Aurelio Chino manifestó: “Hemos considerado ese monto porque hemos sido atropellados, Pluspetrol ha hecho todo lo que ha querido mientras que nosotros nunca hemos sido beneficiados con servicios básicos como: salud, educación, a pesar que el dinero salía de nuestros recursos”.

Son 138 millones de barriles de petróleo los que serán extraídos en 30 años, por lo que dicha explotación causará serios daños en las poblaciones que viven en el lote 192. “De todas maneras nosotros vamos a ser afectados, y más de lo que estamos ahora, entonces pensamos en el futuro de nuestras generaciones, por eso pedimos esa cantidad” comenta Chino.

Para el antropólogo Carlos Monge, prorrogar la concesión del lote 192 sin cumplir las condiciones previas fijadas por la ley significaría violentar el orden constitucional y legal. Advirtió que es necesario remediar los daños ambientales, consultar a los pueblos indígenas y hacer una licitación justa y competitiva. Este es el mismo sentir de las federaciones y comunidades de las cuatro cuencas afectadas por el lote 192.

Las condiciones de los pueblos indígenas para la explotación del lote 192 por 30 años más

-  La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, no acudirá a la consulta porque "no hay avances ni acuerdos", según informó Renato Boluarte, director de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos

-  Los pueblos indígenas señalan que en la respuesta del Estado a sus propuestas, no existen compromisos concretos.

 
La consulta se encuentra en la fase de diálogo- la penúltima de siete etapas- donde se están debatiendo las propuestas de los pueblos indígenas acerca de las condiciones de la continuidad de la explotación del Lote 192 por 30 años más. El 4 de agosto será la apertura de sobres, es decir, ese día se abrirán las propuestas técnicas presentadas por los postores: las empresas Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco. Dos días después, el 6 de agosto, se anunciara el ganador de la licitación.

El viernes pasado el Estado dio a conocer sus respuestas a las propuestas de los pueblos indígenas. Sobre los principales puntos, aquello en donde las comunidades y federaciones buscan asegurar su derecho al territorio, salud, desarrollo y beneficios, no existen puntos de convergencia en la respuesta del Estado.

Asimismo, El Estado parece confundir estas nuevas propuestas que intentan poner condiciones a la explotación petrolera en los siguientes 30 años, con el cumplimiento de los acuerdos del acta del 10 de marzo, que busca solucionar los problemas ocasionados por 45 años de actividad petrolera.

Cabe señalar que estas propuestas se encuentran en el Acta de Evaluación Interna y han sido formuladas por las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza en el proceso de consulta previa.

Las comunidades nativas manifestaron su profunda preocupación por los impactos que supondrá explotar 138 millones de barriles de petróleo, con desechos de más de 6000 millones de barriles de agua de producción que se re-inyectarán en la tierra, dadas los impactos negativos de la reinyección en curso el Lote 192 reportados por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Asimismo, mostraron su preocupación sobre las garantías que se dispondrán en el contrato para que los impactos negativos sean, en lo posible evitados o por lo menos minimizados y remediados adecuadamente.

Atención a la salud y beneficios para las comunidades

Las comunidades y federaciones exigen monitoreo a la salud de la población durante los próximos 30 años de actividad petrolera, mediante estudios toxicológicos y epidemiológicos que les informe periódicamente la situación de la salud en las comunidades, y se generen atenciones a partir de estos resultado. Perupetro sostiene que en el marco del Acta del 10 de marzo sería suficiente realizar un estudio epidemiológico y toxicológico.

En estos más de 40 años de explotación petroleras se declararon cuatro emergencias ambientales, y diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertaban de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

Los pueblos indígenas están proponiendo beneficios directos de la producción petrolera, a través del establecimiento de un fideicomiso que les permita financiar proyectos de desarrollo sociales, ambientales y económicos, así como la necesidad de una comisión técnica de gestión para garantizar el uso adecuado de esos recursos. Sobre este punto no ha habido respuesta.

Otro tema importante es la creación de espacios tripartitos (Estado-Empresa-Comunidades y Federaciones) para el establecimiento de la compensación por servidumbres y una adecuada valorización, teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales, culturales y económicos. Perupetro ha sostenido al respecto que ya existe una ley que establece negociación directa entre operador y propietario; sin embargo, lo que se suele dar frecuentemente es la imposición de una parte sobre la otra, dada las asimetrías de poder existentes. Es por esta razón que se justifica espacios como los propuestos.

Asimismo, considerando que dentro del lote existen ocho comunidades nativas, se está proponiendo que se establezcan zonas indispensables para la supervivencia económica y cultural de esas comunidades como por ejemplo, cochas, zonas de caza, lugares sagrados, etc.

Remediación y controles a la contaminación ambiental

Existe incertidumbre sobre cuándo y cómo se realizará la remediación ambiental, ya que la empresa Pluspetrol se negó a levantar las observaciones del OEFA sobre el Plan de Abandono, donde se le exigía incorporar 92 sitios contaminados y otros identificados por el OEFA, Ante ello los pueblos indígenas están planteando que el Estado incremente en 200 millones el fondo de remediación creado para remediar lugares no considerados por la Pluspetrol. Sobre esto, Perupetro no responde con precisión.

Las comunidades señalaron que aceptan la licitación, pues sus opciones son limitadas y saben que es muy difícil oponerse a una operación que abastece una parte importante del consumo nacional de combustible. Pero también, son conscientes de los altos costos que significan la explotación petrolera para sus comunidades, y las próximas generaciones, teniendo en cuenta además que con los denominados paquetazos ambientales aprobados por el Ejecutivo se ha debilitado la fiscalización ambiental; por ejemplo, el OEFA tiene limitada su potestad sancionadora durante tres años, así como se han reducido las exigencias para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Una de las propuestas planteadas es la de nuevos instrumentos de gestión ambiental. Se les ha dicho que los pozos que seguirán explotándose deben regirse por las obligaciones establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA y el Plan Ambiental Complementario-PAC, instrumentos que utilizan estándares ambientales muy bajos, como el permitir que en los lugares remediados del lote exista 30 veces más contaminación que en cualquier otro lugar remediado.

Los pueblos indígenas saben que la elaboración de un nuevo estudio ambiental demora, por ello están planteando la creación de una comisión técnica que se responsabilice de estos nuevos instrumentos en un plazo razonable y que ello no suponga paralizar la producción. Plantean asimismo mejorar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de elaboración y evaluación de los estudios ambientales y garantizar un programa de monitoreo ambiental independiente cuyas actividades sean financiadas por un fondo fideicomiso. Dado que el ducto que transporta el petróleo ha sufrido roturas por su antigüedad y deterioro, lo que ha ocasionado contaminación en reiteradas oportunidades, se está proponiendo que Perupetro promueva el cambio de éste en condiciones óptimas y con la participación de las comunidades afectadas.

Primera consulta en el Lote 192, tras más de 40 años de explotación

La consulta previa en el lote 192 no es un proceso más: es la misma prueba de hacia dónde va la consulta en el país. En este lote se disponen las reglas del juego que el Estado está dispuesto aceptar con los pueblos indígenas; además es emblemático, porque fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional.

“Los planteamientos formulados son completamente razonables y buscan asegurar una convivencia en mejores términos entre empresa y comunidades. Asimismo, busca que el Estado se constituya en garante de derechos, llenando el vacío que dejó por años y que ha dado pie a que la calidad de vida de estos pueblos se vea disminuida”, sostiene Ana Leyva, de CooperAcción.

En este caso las comunidades han conseguido que se consulte el contrato de licencia de exploración y explotación petrolera que regirá las actividades del nuevo operador y no sólo el Decreto Supremo que lo aprueba, que es lo establecido en la normativa –y lo que se ha consultado en otros lotes -. Por tanto, en este caso se consultarán las condiciones sobre las que se explotará el Lote 192 por 30 años más.

El proceso ha sufrido idas y venidas: más de tres años de diálogo, cuatro emergencias ambientales, una emergencia sanitaria y dos comisiones multisectoriales así como momentos de escalamiento del conflicto por la lentitud para atender los graves problemas ambientales y de salud generados tras más de 40 años de explotación.

“En términos del proceso de consulta, y licitación para un nuevo titular del lote, lo mínimo que el Estado debe ofrecer son acuerdos de modificación del contrato y cambios en la normatividad sectorial. Las reglas no pueden seguir siendo las mismas, 30 años más de convivencia indígena con la explotación petrolera merece algo más”, declara Miguel Lévano, de Oxfam.