miércoles, 31 de agosto de 2016

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad


  • La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.
 
Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.
 
“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 
 
Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.
 
“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Mastro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.
 
Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Mastro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.
 
Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.
 
Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.
 
Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad


  • La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
  • Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.
 
Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.
 
“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 
 
Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.
 
“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Maestro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.
 
Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Maestro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.
 
Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.
 
Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.
 
Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

jueves, 25 de agosto de 2016

Pobladores de Cotabambas demandan un desarrollo planificado para sus comunidades



ü  Las Bambas, una de las cinco operaciones mineras más grandes del mundo, se ubica en una de las zonas más pobres del país donde la tasa de pobreza alcanza al 88% de su población.

En Apurímac se esconde el mayor proyecto de inversión minera en la historia del país: La Bambas, operado por el consorcio chino MMG,  es una apuesta de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, a pocos kilómetros de los tajos abiertos, las comunidades de Grau y Cotabambas viven en la pobreza, en especial los niños: la mitad de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y la región Apurímac muestra la peor tasa de pobreza extrema de la población de 65 a más: 35.2%. El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los representantes sociales acordaron ampliar la Mesa de Diálogo por 180 días más. Comienza la cuenta regresiva para cerrar acuerdos y cumplir con las expectativas generadas en una población que espera poder beneficiarse de este proyecto.

“La gente de otros departamentos piensan que la población de Apurímac vivimos con un mayor desarrollo económico, pero no es verdad”, afirma Juan Carlos Huilca, vecino de Pissacasa. El megaproyecto Las Bambas generó expectativas  sobre su impacto económico en la zona, especialmente durante la fase de construcción que llegó a demandar unas 18 mil personas como mano de obra; ahora, se ha reducido a unas cuatro mil.  Fue entonces cuando la localidad de Challhuahuacho experimentó un crecimiento sin precedentes: pasó de tener una población de 3 mil habitantes a 16 mil. Restaurantes, bares, lavanderías, hospedajes, sedes bancarias comenzaron a multiplicarse en una pequeña localidad en medio de la puna. “Desde que entró la mina, los precios de nuestros productos de primera necesidad se elevaron”, relata Huilca. 

Sin embargo, todos estos nuevos servicios y habitantes, lejos de hacer de Challhuahuacho un polo de desarrollo, empezaron a colapsarla. Ahora, el río está contaminado por las aguas servidas y residuos sólidos. “Esta localidad  tiene una cantidad impresionante de casos de violación sexual. Challhuahuacho ni siquiera tiene una oficina de Centro de Emergencia Mujer”, explica Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras. Luque añade que la presencia de la actividad minera ha alterado la realidad social “los hombres que trabajan para empresas que prestan servicios a la minera tienen mayor capacidad económica, por tanto, acceden a una serie de servicios como bares, cantinas, y eso trastoca las relaciones familiares y vida comunal”.

Los vecinos apurimeños no quieren que se repita la experiencia de Challhuahuacho; quieren que el desarrollo empiece por tener acceso a servicios básicos. Para atenderse en un centro de salud deben viajar unas siete horas hasta Cusco, el 70% de los hogares no tiene acceso a agua, y el 88,5% no tiene acceso a desagüe. Felipe Mamani, presidente de Defensa de los Intereses de Mara, espera que el Estado invierta y apoye a los pequeños productores que cultivan papa nativa.

 “La población ha pedido que se promueva un desarrollo más concertado y planificado. Estos planes tienen que hacerlo los gobiernos regionales y locales, pero si el Estado nacional quiere fortalecer el desarrollo en estas zonas debería hacer un esfuerzo por mejorar la institucionalidad local”, declara César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción. 

viernes, 19 de agosto de 2016

Comunidades de Cotabambas demandan al gobierno de PPK que retome la Mesa de Diálogo

ü  El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar.
ü  Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.


Seis meses después desde que se instaló la Mesa de Diálogo en torno al proyecto Las Bambas, propiedad de la estatal china MMG,  las comunidades se muestran preocupadas por sus limitados avances y demandan que el gobierno de PPK continúe con este proceso de diálogo. “Quisiéramos sentarnos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para ver de qué forma vamos a trabajar a nivel de Cotabambas. Nosotros no estamos en contra de la mina, queremos que funcione pero respetando a las comunidades”, afirma Ebert Buendía de la comunidad campesina de Pisaccasa, en el distrito de Mara.
 
La Mesa de Diálogo es el resultado de un acuerdo al que llegaron las autoridades  del gobierno central (Gobierno de Humala) y los pobladores de Cotabambas  luego del estallido del conflicto social de setiembre de 2015,  y que tuvo como saldo tres muertos, dos personas con detención preventiva de 6 meses, una persona con incapacidad física y más de 100 dirigentes denunciados. Su creación recién se concretó en noviembre de 2015, se instaló a fines de febrero de 2016 y tuvo su segunda reunión a fines de abril.
 
Asimismo, el conflicto tuvo como una de sus razones los cambios operados en el proyecto Las Bambas,  la mayor inversión minera en la historia del país por un monto aproximado de US$ 10,000 millones.  
 
A pesar de que la población de Cotabambas en su mayoría es quechuahablante, la Mesa de Diálogo no cuenta con un traductor oficial que facilite las comunicaciones. “La mayoría de las comunidades que van no entienden, tampoco los funcionarios. No hay un interlocutor que facilite esto”, explica Víctor Limaypuma, de la comunidad de Asacasi, Tambobamba. También se quejan de que el Estado no les brinda facilidades para asistir a las reuniones. “El comunero tiene que costear su pasaje, su alimentación. Tenemos serias dificultades porque no tenemos un ingreso permanente, entonces tenemos que vender cuy o algunos de nuestros bienes. No podemos participar en óptimas condiciones”, asegura Limaypuma.
 
“El Estado tiene que invertir recursos en estas mesas para que se dé un diálogo sostenido con las mínimas condiciones. Se tendría que contratar a moderadores independientes, actualmente es algún representante del Estado, que no son expertos en facilitación, esto es básico en cualquier negociación a nivel internacional”, sostiene César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción.
 
Limitados acuerdos
Los ejes sobre los que gira la mesa son: Medio Ambiente, Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Respecto a los familiares de los fallecidos, el Ejecutivo ofreció incorporarlos en los programas Juntos y Pensión 65 (siempre y cuando las víctimas cumplan los requisitos establecidos por ley), la entrega de un kit escolar (que constaba de unos cuadernos y lápices), y la creación de un fondo que asignaría 850 soles por familia mensuales durante dos años. Este fondo sería cubierto el primer año por la empresa, y el segundo por el gobierno regional y los gobiernos locales de la provincia de Cotambambas. Sin embargo, esta ayuda no cubriría las necesidades que requieren las familias, especialmente los niños.
 
 “No vemos que el Gobierno central asuma su responsabilidad cuando son sus representantes, a través de la Policía Nacional del Perú,  los que han victimado a estos ciudadanos. Justo ellos deberían asumir la responsabilidad, y deberían asumirla como una indemnización no como un favor o ayuda humanitaria, sino como una reparación por violación de derechos humanos”, explica Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
 
Una de las preocupaciones que comparte la población en materia ambiental son las modificaciones que ha tenido el proyecto minero. “Son cinco modificaciones en un lapso de 20 meses, y tres de ellas, se han realizado a través de un instrumento que se aprueba en 15 días y no permite la participación ciudadana. El proyecto original involucraba a tres regiones y su infraestructura se iba a repartir en más de 200 kilómetros”, comenta José de Echave, investigador de CooperAcción. En estas condiciones la población teme de que los cambios realizados no se hayan hecho con el debido cuidado y que por lo  tanto, no se hayan adoptado las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños. Uno de los problemas que actualmente supone un auténtico dolor de cabeza para los habitantes es la carretera sin pavimentar- que remplazó al  mineroducto-  por la que transitan diariamente más de 300 vehículos (250 de ellos con minerales).
 
Por otro lado, un tema que acentúa la preocupación de los pobladores es que hasta el momento no se ha aclarado las razones por las que se desbordó la presa de clarificación en febrero, es decir, sólo dos meses después de ponerse en funcionamiento la mina.  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha tomado las muestras mucho tiempo después del accidente y es probable que la contaminación producida se haya diluido. No obstante, es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) quien debería pronunciarse sobre las razones del colapso de la presa y hasta la fecha no se ha manifestado.
 
Finalmente, en el eje de desarrollo sostenible, la población demanda, más que obras de infraestructura, un desarrollo integral  y sostenible, lo que requiere de mayores recursos asignados por Estado; además, tanto la inversión pública como privada debería hacerse en base al Plan de Desarrollo Concertado Provincial, el que debe ser actualizado participativamente. Sin embargo se estima que hasta el  año 2021 Las Bambas no pagará impuesto a la renta ya que cuenta con el beneficio de un contrato de garantías que la última vez ha sido renovado en el mes de mayo de 2016, y por lo tanto, no habrá distribución de canon, debido a que la empresa, en los primeros nueve años de producción, recuperará la inversión realizada. Cabe precisar que de Apurímac, cuya tasa de pobreza alcanza al 88% y 78% de la población respectivamente. 

viernes, 12 de agosto de 2016

​Mujeres con discapacidad en Perú, doblemente agredidas cuando sufren violencia de género

ü  Las mujeres con discapacidad son igual o más vulnerables que las demás a la violencia. Especialistas señalan que los agresores utilizan esa condición para agredirlas.
ü  Las barreras que dichas mujeres encuentran al buscar justicia, hacen que finalmente no puedan acceder a ella. Esto se suma a la discriminación que viven en las instituciones encargadas de protegerlas.
 
Carla (la llamaremos así para proteger su privacidad) atravesó uno de los peores momentos cuando vivió lo que muchas peruanas padecen a diario: sufrió una violación sexual. Ella denunció el hecho, pero lamentablemente no obtuvo la justicia que esperaba y merecía. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Carla es invidente, divorciada y tenía 40 años cuando el terrible hecho sucedió. En Perú, más de un millón y medio de personas tienen discapacidad, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis). 820 mil 731 son mujeres que, muchas veces, se sienten vulnerables y desprotegidas por el Estado.
 
Liliana Peñaherrera, directora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), señala que a las mujeres con discapacidad visual se les dice cosas como: “Si tú no ves, ¿cómo puedes saber que la persona que acusas es tu agresor?”. Asimismo, comenta que las mujeres con discapacidad intelectual, no siempre tienen las habilidades de comunicación para poder expresar la situación, a eso se suma que el personal encargado no les crea cuando presentan una denuncia.
 
Esa realidad es la misma que muchas mujeres peruanas enfrentan, una justicia que no solo tarda, sino que nunca llega. Por eso, en el contexto de #NiUnaMenos, es importante visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad frente a la violencia de género. Las instituciones del sistema de justicia no están capacitadas para atender a las mujeres con discapacidad. No hay intérpretes de señas, tampoco personal capacitado para atender a personas con discapacidad psicosocial o intelectual.
 
No solo se comete violencia sexual
La violencia hacia las mujeres con discapacidad no se limita a casos de agresiones sexuales, pues son discriminadas, maltratadas verbalmente e invisibilizadas. Esperanza Villafuerte, consultora en temas de discapacidad, recuerda cuando a sus siete años estudió en un colegio para invidentes, allí conoció a Dorilla, una joven que tenía entre 18 a 21 años. “Recuerdo que ella dejó de ir al colegio”, narra Esperanza y añade que luego supo que su amiga había fallecido porque en su casa ocurrió una fuga de gas. El accidente terminó con la vida de Dorilla, pues sus familiares solían encerrarla en su habitación porque sufría de los nervios. Nadie se acordó de ella al momento de la tragedia.
 
“Fue terrible, me impactó que se hayan podido olvidar de ella. Fue una tremenda negligencia y eso también es una forma de violencia”, lamenta Villafuerte. La especialista sostiene que, pese a que ese hecho sucedió durante los años 70, en la actualidad muchas agresiones contra mujeres con discapacidad e incluso las que terminan en muertes, se atribuyen a la discapacidad y se maquillan como accidentes, pese a que varios han sido homicidios.
 
En Perú, 506 mil 358 personas presentan alguna limitación de las funciones mentales, el 53,2% son mujeres, algunas de ellas son internas de hospitales psiquiátricos donde, además de denuncias por agresión sexual, se ven casos de esterilizaciones forzadas que las privan de su derecho a ser madres.  “Creo que, como en todos los casos de acuerdo a lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debieran haber apoyos, no sustituir a las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones, pero sí acompañarlas en ese proceso. La discapacidad no debe ser una condición para quitar derechos”, menciona Peñaherrera.
 
“Todavía vivimos en una sociedad muy tradicional, hay familias que tienen temor a que la persona con discapacidad se embarace y, en lugar de pensar en la anticoncepción como una opción, prefieren el irrespeto decidiendo unilateralmente por la esterilización”, dice Madezha Cepeda, fundadora de la Asociación de Mujeres con Discapacidad “Musas Inspiradoras de Cambios”.
 
Por otro lado, muchos niños son arrebatados de sus madres y llevados a orfanatos, generalmente cuandola madre tiene discapacidad intelectual o psicosocial. También se suele discriminar a las mujeres con discapacidad física o visual cuando quedan embarazadas. Quien pasó por esa experiencia fue Madezha pues es invidente, ella sostiene que una psiquiatra le increpó a su esposo el “por qué se había metido con una mujer ciega que no iba a poder cuidar de sus hijos”.
 
Recomendaciones
Es importante “generar conciencia dentro del movimiento de mujeres para visibilizar a las mujeres con discapacidad y a los sucesos que a nivel de violencia podemos experimentar. También es necesario que el Estado, respondiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley de la Persona con Discapacidad, lleve a cabo campañas permanentes en la sociedad y con el mismo personal del Estado”, comenta Madezha Cepeda.
 
Peñaherrera recomienda fortalecer la educación para que las mujeres aprendan a levantar la voz, a identificar las agresiones y a no justificar el abuso; mientras que Villafuerte enfatiza que “ningún programa unilateral da soluciones, es un tema sistémico” y agrega que debe haber una mención específica a la discapacidad en las leyes.
 
Cabe resaltar que existe una ausencia de data que refleje la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Desde las organizaciones ligadas al tema, se resalta la importancia de incluir específicamente a la discapacidad como indicador para visibilizar estos casos, así como aprobar un protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad.