Pobladores de Cotabambas demandan un desarrollo planificado para sus comunidades

ü  Las Bambas, una de las cinco operaciones mineras más grandes del mundo, se ubica en una de las zonas más pobres del país donde la tasa de pobreza alcanza al 88% de su población.

En Apurímac se esconde el mayor proyecto de inversión minera en la historia del país: La Bambas, operado por el consorcio chino MMG,  es una apuesta de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, a pocos kilómetros de los tajos abiertos, las comunidades de Grau y Cotabambas viven en la pobreza, en especial los niños: la mitad de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y la región Apurímac muestra la peor tasa de pobreza extrema de la población de 65 a más: 35.2%. El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los representantes sociales acordaron ampliar la Mesa de Diálogo por 180 días más. Comienza la cuenta regresiva para cerrar acuerdos y cumplir con las expectativas generadas en una población que espera poder beneficiarse de este proyecto.

“La gente de otros departamentos piensan que la población de Apurímac vivimos con un mayor desarrollo económico, pero no es verdad”, afirma Juan Carlos Huilca, vecino de Pissacasa. El megaproyecto Las Bambas generó expectativas  sobre su impacto económico en la zona, especialmente durante la fase de construcción que llegó a demandar unas 18 mil personas como mano de obra; ahora, se ha reducido a unas cuatro mil.  Fue entonces cuando la localidad de Challhuahuacho experimentó un crecimiento sin precedentes: pasó de tener una población de 3 mil habitantes a 16 mil. Restaurantes, bares, lavanderías, hospedajes, sedes bancarias comenzaron a multiplicarse en una pequeña localidad en medio de la puna. “Desde que entró la mina, los precios de nuestros productos de primera necesidad se elevaron”, relata Huilca. 

Sin embargo, todos estos nuevos servicios y habitantes, lejos de hacer de Challhuahuacho un polo de desarrollo, empezaron a colapsarla. Ahora, el río está contaminado por las aguas servidas y residuos sólidos. “Esta localidad  tiene una cantidad impresionante de casos de violación sexual. Challhuahuacho ni siquiera tiene una oficina de Centro de Emergencia Mujer”, explica Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras. Luque añade que la presencia de la actividad minera ha alterado la realidad social “los hombres que trabajan para empresas que prestan servicios a la minera tienen mayor capacidad económica, por tanto, acceden a una serie de servicios como bares, cantinas, y eso trastoca las relaciones familiares y vida comunal”.

Los vecinos apurimeños no quieren que se repita la experiencia de Challhuahuacho; quieren que el desarrollo empiece por tener acceso a servicios básicos. Para atenderse en un centro de salud deben viajar unas siete horas hasta Cusco, el 70% de los hogares no tiene acceso a agua, y el 88,5% no tiene acceso a desagüe. Felipe Mamani, presidente de Defensa de los Intereses de Mara, espera que el Estado invierta y apoye a los pequeños productores que cultivan papa nativa.

 “La población ha pedido que se promueva un desarrollo más concertado y planificado. Estos planes tienen que hacerlo los gobiernos regionales y locales, pero si el Estado nacional quiere fortalecer el desarrollo en estas zonas debería hacer un esfuerzo por mejorar la institucionalidad local”, declara César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción. 

El próximo Gobierno debe garantizar derechos de personas con discapacidad

ü  Desde Sociedad y Discapacidad (Sodis) se identifican los principales retos que debería recoger el próximo gobierno, principalmente en educación inclusiva, accesibilidad y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad severa.

 

Es imprescindible que el millón y medio de personas con discapacidad que viven en el Perú sean una prioridad del próximo gobierno. Pese a ser uno de los colectivos con menos oportunidades económicas y sociales en nuestro país, sus derechos no han sido parte central de los debates llevados a lo largo de esta campaña electoral.

 

Silvana Queija, abogada investigadora de Sodis, comenta que los dos partidos que compiten por la presidencia este domingo incluyeron propuestas en materia de discapacidad en sus planes de gobierno, aunque con marcadas diferencias.

 

“Como dijimos desde un primer momento, el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio tiene una mirada más completa del tema. Es un plan bastante ambicioso enfocado en temas que son trascendentales para que las personas con discapacidad puedan avanzar como son la educación inclusiva y la accesibilidad”, manifiesta Queija.

 

Giancarlo Contreras, coordinador de la Secretaría de Personas con Discapacidad de PPK, mencionó que en un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se destinará el presupuesto necesario para cumplir con las promesas de su plan: “Pedro Pablo está muy comprometido con el tema discapacidad. Uno de sus proyectos es hacer un hospital especializado en el tratamiento de enfermedades raras que representan el 6% de la población y va a ser el único en el mundo”, dice Contreras.

Queija sostiene que la propuesta de PPK es ambiciosa en el sentido que incluye propuestas sobre la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica, lo cual reconocería los derechos de las personas con discapacidad severa que hoy en día no pueden votar, realizar trámites bancarios ni contraer matrimonio. Asimismo, en educación PPK plantea crear “Escuela bonita” que dotará de infraestructura a los colegios del Estado para que las personas con discapacidad física puedan transitar sin molestias por las instalaciones.

 

El plan de gobierno de Fuerza Popular (FP), por su parte, aborda sólo de manera parcial las demandas de la población con discapacidad. Así, se propone fortalecer los programas de formación laboral y ocupacional, así como potenciar los mecanismos de fiscalización de las cuotas de empleo de personas con discapacidad. Igualmente, se busca fortalecer el liderazgo del CONADIS como ente rector y fiscalizador.

 

Silvana Queija agrega que los integrantes de Fuerza Popular no han participado de las actividades organizadas por el colectivo de personas con discapacidad: “Distintas organizaciones invitamos a los partidos a firmar un compromiso de trabajo por los derechos de las personas con discapacidad; el partido Peruanos por el Kambio asistió, mientras que Fuerza Popular no”, enfatiza. Igualmente se invitó a todos los candidatos con discapacidad al Congreso a exponer sus propuestas en un Foro Público, en el que Fuerza Popular tampoco formó parte, a diferencia de todos los demás partidos.

 

Cabe resaltar, que Sodis se contactó con dicho partido reiteradas veces para consultarles sobre la temática para la elaboración de esta nota, pero no hubo respuesta a la solicitud. Queija destaca que “sea quien sea el ganador este domingo, necesitamos un gobierno que se ponga la camiseta de la discapacidad”.

 

Los pedidos del colectivo

En la agenda pendiente que se desarrolló desde Sodis, se identifican como temas urgentes la adecuada implementación de la Dirección Nacional de Accesibilidad y la aprobación de un Plan Nacional de Accesibilidad, pues “es la puerta de entrada a todos los demás derechos de las personas con discapacidad”, señala Queija.

 

Se plantea también, reformular las políticas de educación inclusiva, asegurando que sea una estrategia transversal liderada desde la Dirección General de Educación Básica Regular. “Debido a las altísimas cifras de exclusión educativa de los menores con discapacidad (78% no estudian), es primordial que se refuerce la educación inclusiva con un enfoque correcto, no se trata de aumentar los colegios especiales, se trata de que los colegios que tenemos hoy permitan en ingreso y la calidad de educación de todos los menores con discapacidad”, manifiesta Silvana.

Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables, dice que el próximo gobierno debe “mejorar e impulsar las políticas en los distintos ámbitos: educación, salud, trabajo, accesibilidad que son los ejes principales de una propuesta para la discapacidad en el futuro”. Agrega que el sector educación es el punto principal: “Tiene que haber y potenciarse las oportunidades educativas de las personas con discapacidad”, menciona.

 

En salud, la propuesta es implementar la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación del ministerio respectivo. Mientras que en el ámbito laboral, es importante formular políticas que promuevan la inserción de las personas con discapacidad. Finalmente, se plantea garantizar el derecho al voto de todo el colectivo, sin excepción, asegurando que el proceso electoral sea accesible e inclusivo. 

Planes de Gobierno deben de poner más atención a la Seguridad Alimentaria

• A pesar del crecimiento económico, el 46% de la población rural peruana es vulnerable a la pobreza. Producen el 70% de los alimentos, y son los que tienen los índices más altos de desnutrición.
• Expertos coinciden en la necesidad de poner en marcha las políticas públicas de fomento a la agricultura familiar, y en aprobar  la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se encuentra paralizada en el Congreso.

Las elecciones se acercan, la alimentación  y pequeña agricultura no se cuelan entre los temas prioritarios de los candidatos,  pese a que el 70% de los productos con los que nos alimentamos cada día son producidos por los pequeños agricultores.   Pero  además  se da la cruel paradoja de que casi la mitad de los productores son los más vulnerables a la pobreza, como recuerda Cepes, la FAO y la OPS/OMS organizaciones que están promoviendo un foro sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Familiar (25 de febrero), donde debatirán sus propuestas  los equipos técnicos de los principales partidos políticos. ¿Cómo se asegurará en los próximos cinco años que toda la población tenga acceso a alimentos?  El cambio climático, el Fenómeno El Niño y  la competencia por el uso de los suelos avizoran un horizonte poco halagüeño que podría conducirnos a un serio problema de inseguridad alimentaria.

Agricultura familiar, sector estratégico

“La importancia de la agricultura familiar es doble en el tema alimentario, hay que tomar en cuenta que la desnutrición se da principalmente en las áreas rurales y, en especial, en el seno de esa agricultura. Entonces, una política de apoyo y fomento a la agricultura familiar contribuiría no solamente a mejorar la constitución de alimentos, sino que también ayudaría a que ese sector más pobre de la agricultura se enfrente al problema de desnutrición”, señala Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

Más de medio millón de niños sufren de desnutrición crónica, concentrada en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac  y  Ayacucho. Estas regiones  junto a Amazonas son además las que tienen mayores niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según el mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Programa Mundial de Alimentos, de las NNUU (PMA).

Sin embargo, la situación de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en el área urbana también es preocupante, pues según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a pesar que la prevalencia de la DCI en el área urbana es 3.5 veces menos que la del área rural, la cantidad de niños menores de cinco años desnutridos es muy similar (141 mil en el área urbana y 167 mil en el área rural). Por tal motivo, es evidente que la desnutrición no solo se debe combatir en las zonas rurales.

Esta problemática ha llamado la atención mundial, diversas organizaciones de las Naciones Unidas como la FAO, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias instituciones nacionales como Cepes, vienen promoviendo debates para que el tema forme parte de una agenda nacional y mundial. “Para la FAO es una realidad mundial la existencia de estos pequeños agricultores en el mundo, pero que curiosamente no han estado suficientemente visibilizados para las políticas públicas globales y nacionales”, añade Alberto García, asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los especialistas destacan que en Perú no solo hay problemas de desnutrición, sino también de malnutrición, como la obesidad. En octubre del año pasado la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA) alertó de que el número de niños y adolescentes obesos y con sobrepeso se incrementó en algunos departamentos del país del 3% hasta el  19% en las tres últimas décadas, aumentando sus posibilidades de contraer  diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

García sostiene que la agricultura familiar es un sector estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, porque es responsable de la mayor parte de la producción de alimentos frescos, no industrializados.

Eguren manifiesta que la agricultura familiar no solamente es clave para la seguridad alimentaria del país, sino que nos ayudaría a generar un desarrollo descentralizado, más equilibrado y más equitativo, pues más del 97% de las unidades agropecuarias del país (2 millones 157 mil) pertenecen a la agricultura familiar: “La manera más eficaz para combatir de manera permanente la pobreza es con el desarrollo rural, incluso es uno de los sectores que crea más empleo”, dice el especialista.

Menos suelo cultivable

“Hace 50 años se hicieron estudios que demostraron que un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas, no se ha hecho nada al respecto y tampoco hay nuevos estudios. En términos del cuidado del suelo, nuestro país es una desgracia”, sentencia Eguren. El estrés hídrico se revela como otro de los graves problemas que disminuiría la capacidad de producir alimentos, además de las inundaciones o sequías por el Fenómeno El Niño.

Asimismo, la mala distribución de los recursos ha ocasionado que en zonas como Ica, los pequeños agricultores no tengan agua, pues son las grandes agroexportadoras las que se benefician con el recurso elemental: “Es realmente un problema, si pones de ejemplo lo que está sucediendo en Ica, te das cuenta que lo que ha sucedido en los últimos años es catastrófico para el futuro de ese lugar”, señala el asesor de la FAO.

“Los gobiernos van a tener que optar sobre qué partes de la agricultura priorizan. En términos de adjudicación de recursos públicos, la gran agricultura destinada a las exportaciones absorbe más recursos que aquella que va a la agricultura familiar, cambiar eso es una decisión política”, sostiene Eguren.

¿Qué está haciendo Perú?

Durante este Gobierno se ha avanzado lentamente en la normativa con respecto a seguridad alimentaria y agricultura familiar. Existe una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 que pretende impulsar la agricultura familiar en la producción de alimentos. Asimismo, en 2015 se aprobó una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, mediante Decreto Supremo 009-2015-MINAGRI.

La norma más clara en el tema es la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (N° 30355) que reconoce su importancia como conservadora de la agrobiodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional está estancada en el Congreso, debido a las observaciones de la congresista fujimorista, Martha Chávez.   La ley que está paralizada porque no se da el reglamento, por oposición de la industria alimentaria y las empresas de publicidad, es la de Promoción de Alimentos Saludables para Niños, Niñas y Adolescentes, que fue promulgada en mayo del 2013 y aún no se aplica. 

“Hay un cuerpo normativo que está esperando, está en la línea de partida de que comience su ejecución y esto depende mucho de decisiones políticas. Podríamos decir que esos temas están entrando en agenda, pero todavía es insuficiente. Sin duda este es un tema que va a retar al próximo gobierno y al próximo Congreso”, declara Eguren.

 

Por otro lado, ambos especialistas señalan que ha sido muy importante la presencia de programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65” y “Qali Warma”. Asimismo, consideran que se debe seguir impulsando los mismos, pues son importantes para la reducción de la pobreza. “La gente que sale de la pobreza, puede regresar mucho más rápido a ella. Ese crecimiento, esa clase media es un fenómeno transitorio”, comenta García.

¿Cuáles son los desafíos que afrontará el próximo gobierno en seguridad alimentaria?

Si invertir en una buena alimentación es nutrir el futuro, ¿qué horizonte se avecina para Perú? ¿Cómo garantizarán los candidatos políticos que los ciudadanos tengamos acceso a alimentos sanos y nutritivos? Hoy los partidos políticos podrán exponer sus propuestas en esta materia, teniendo en cuenta que a pesar de que más del 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos son cultivados por pequeños agricultores que cuentan con escaso apoyo del Estado, existe la paradoja de que aumenta la obesidad -afectando al 19% de los niños y adolescentes- y todavía más de medio millón de infantes sufren de desnutrición crónica.

Según el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), entre los principales desafíos se encuentra el poner en marcha políticas públicas de fomento a la agricultura familiar, aprobar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se encuentra paralizada en el Congreso, tener una legislatura que afronte los efectos del cambio climático, el Fenómeno El Niño y la competencia por el uso de los suelos. Es importante que los partidos políticos aborden estas temáticas en sus planes de gobierno para no caer en la inseguridad alimentaria, pues la problemática no solo se reduce a alimentos, sino a la necesidad de garantizar los recursos naturales necesarios para su producción.

Fernando Eguren, presidente del Cepes señala que es importante que los candidatos miren el tema de manera transversal: “La seguridad alimentaria debería verse como un tema eje para que se realicen buenas políticas al respecto, pero lo que sucede es que hay una visión fragmentada del tema”.

“Para la FAO es una realidad mundial la existencia de estos pequeños agricultores en el mundo, pero que curiosamente no han estado suficientemente visibilizados para las políticas públicas globales y nacionales”, añade Alberto García, quien mira a la agricultura familiar como un sector estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo.

“La pequeña agricultura nos ayudaría a generar un desarrollo descentralizado, más equilibrado y más equitativo, pues más del 97% de las unidades agropecuarias del país (2 millones 157 mil) pertenecen a la agricultura familiar y la manera más eficaz para combatir de manera permanente la pobreza es con el desarrollo rural”, dice Eguren.

Cifras alarmantes

En Perú, más de medio millón de niños sufren de desnutrición crónica, concentrada en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac  y  Ayacucho. Estas regiones  junto a Amazonas son además las que tienen mayores niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según el mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Programa Mundial de Alimentos, de las NNUU (PMA).

“Una política de apoyo y fomento a la agricultura familiar contribuiría no solamente a mejorar la constitución de alimentos, sino que también ayudaría a que ese sector más pobre de la agricultura se enfrente al problema de desnutrición”, señala el presidente de Cepes. Pero esta situación no es exclusiva de las zonas rurales, pues -según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- a pesar que la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en el área urbana es 3.5 veces menos que la del área rural, la cantidad de niños menores de cinco años desnutridos es muy similar (141 mil en el área urbana y 167 mil en el área rural). Lo cual hace evidente que la desnutrición no solo se debe combatir en las zonas rurales.

Y si por un lado existe desnutrición, por el otro está la malnutrición. En octubre del año pasado la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA) alertó de que el número de niños y adolescentes obesos y con sobrepeso se incrementó en algunos departamentos del país del 3% hasta el  19% en las tres últimas décadas, aumentando sus posibilidades de contraer  diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Amenazas silenciosas

Desde Cepes, advierten que hace 50 años se hicieron estudios que demostraron que un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas, pero no se han hecho ni siquiera nuevos estudios al respecto. “En términos del cuidado del suelo, nuestro país es una desgracia”, sentencia Eguren.

Otra amenaza es la falta de agua que disminuiría la capacidad de producir alimentos, además de las inundaciones o sequías por el Fenómeno de El Niño. Por ende, es importante que se incluyan propuestas políticas en relación a los suelos y a la biodiversidad.

Partidos que ya gobernaron no incluyen a personas con discapacidad en sus planes electorales

• Acción Popular, la Alianza Popular y el Partido Nacionalista no incluyeron propuestas en materia de discapacidad, en sus planes de gobierno.

 

De los 19 partidos políticos y alianzas electorales que están participando en las elecciones, cinco no han considerado -en sus planes de gobierno- propuestas para mejorar la calidad de vida del millón y medio de peruanos con discapacidad. Y  tres de las cinco agrupaciones políticas que omitieron a ese sector poblacional han gobernado el país hasta en dos oportunidades, como es el caso del Partido Aprista Peruano, cuyo candidato es Alan García por la Alianza Popular; el Partido Nacionalista Peruano, que propone a Daniel Urresti; y Acción Popular, cuyo postulante es Alfredo Barnechea.

 

“Es lamentable que partidos que ya han sido gobierno y que han podido ejecutar políticas públicas para las personas con discapacidad, ahora no los estén contemplando”, señala Liliana Peñaherrera, directora de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

 

Los otros dos partidos que no consideraron a las personas con discapacidad en sus planes de gobierno son Progresando Perú, de Miguel Hilario y Siempre Unidos, de Felipe Castillo, ex alcalde del distrito de Los Olivos, quien además fue candidato a la alcaldía de Lima.

 

Pero no todo es negativo, pues 14 agrupaciones políticas y alianzas electorales sí incluyeron a las personas con discapacidad en sus programas electorales. El partido que tiene el plan de gobierno más completo en materia de discapacidad es Peruanos por el Kambio (PPK), del candidato Pedro Pablo Kuczynski; seguido del Frente Amplio (FA), cuya candidata es Verónika Mendoza, y Todos por el Perú, de Julio Guzmán. Estas tres agrupaciones han asumido, por ejemplo, el compromiso de aprobar e implementar el Plan Nacional de Accesibilidad para las personas con discapacidad, que debió estar listo hace más de dos años, según la Ley General de la Persona con Discapacidad (N° 29973).

 

“Este plan es la puerta de entrada para ejercer una serie de derechos. Es importante que sea valorado así por algunos partidos. Eso da pie a que, cuando accedan al gobierno, se les pueda exigir el cumplimiento efectivo de las cosas que han ofrecido en sus planes”, sostiene Percy Medina, representante de Idea Internacional en Perú.

 

Peñaherrera destaca que PPK y el FA han incluido activamente a las personas con discapacidad en la elaboración de sus planes de gobierno: “En el caso de PPK está Carla Mertz quien tiene Síndrome Down, también está Giancarlo Contreras (discapacidad física) en su lista parlamentaria. El Frente Amplio tiene a Sonia Malca (discapacidad física y auditiva) que tiene mucha claridad sobre cómo incluir a las personas con discapacidad en las políticas públicas”, enfatiza Peñaherrera. Resalta además que, para conocer las necesidades de este colectivo, es fundamental que las personas con discapacidad tengan participación dentro de las agrupaciones políticas.

 

Todos por el Perú propone, además, empoderar al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) frente a los diferentes ministerios, pues dicho ente ha sido duramente cuestionado. “El CONADIS no tiene productividad, no fiscaliza el cumplimiento de las normas, no ha sido efectivo en su labor: tenemos plata, tenemos ley, tenemos reglamento, pero seguimos en el mismo problema. No hay ejecución ni cumplimiento de ley”, señala Hugo León, presidente Confederación Nacional de Personas con Discapacidad (Confenadip).

 

Por otro lado, el plan de gobierno del Partido Político Orden, de Antero Flores Araoz, también incluye propuestas en materia de salud, educación, trabajo y fortalecimiento institucional que buscan responder a las demandas e intereses de las personas con discapacidad. Entre otras cosas, propone la incorporación de sistemas alternativos de información y comuniación en las escuelas.

 

El resto de partidos

Partidos como Solidaridad Nacional, Fuerza Popular, Perú Patria Segura, Democracia Directa, Alianza Para el Progreso, Partido Humanista Peruano, Perú Posible, Perú Libertario, Progreso y Obras, y Perú Nación también han incluido a las personas con discapacidad en sus respectivos proyectos electorales aunque con propuestas parciales, muy generales, y sin hacer un análisis de la situación de dicho colectivo.

 

Medina argumenta que aunque en el pasado los temas relacionados a la discapacidad no hayan sido lo suficientemente atendidos, “eso no quiere decir que las cosas deban seguir siendo así, sino que justamente hay que recoger las nuevas preocupaciones de los distintos electorados e implementar políticas específicas para personas con discapacidad.

 

“Lo ven como un tema económico, chocar con la economía representa que se hagan nuevas políticas públicas para igualar o beneficiar a la personas con discapacidad, y ellos no están dispuestos a hacerlo, por eso no tocan el tema directamente, ni se comprometen a ellos”, dice León. Peñaherrera sostiene que “existe un concepto errado al creer que las personas con discapacidad son improductivas; no pueden seguir siendo consideradas como una carga para el Estado”, puntualiza.

 

Un reto pendiente

Para las personas con discapacidad, un reto pendiente es la reforma del Código Civil, y el único partido que se ha comprometido a continuar con dicha reforma es PPK. Sin cambios en el Código Civil este sector poblacional tiene restringido muchos de sus derechos, bajo la figura de la interdicción (no puede votar, casarse o tramitar una tarjeta bancaria); el  proyecto está esperando a ser debatido en el Congreso. “Nosotros consideramos que el tema de capacidad jurídica es central. En este gobierno no se ha avanzado, y están dejando la responsabilidad para el próximo mandato”, señala Hugo León, quien espera que los demás partidos políticos planteen la continuidad de dicha propuesta.

Los obstáculos de las personas con discapacidad para dar el salto a la política

ü  En la actualidad, hay  tres congresistas que cuentan con alguna discapacidad. Las Naciones Unidas establece que se debe garantizar la participación política de las personas con discapacidad. Preguntamos sobre la participación política de personas con discapacidad a activistas y miembros de diferentes formaciones políticas: PPK, Frente Amplio y Alianza para el Progreso.

ü  La falta de educación y accesibilidad son uno de los principales obstáculos para involucrarse políticamente.

Participar en política es todavía un reto para las personas con discapacidad. Su escasa representación política y las reducidas propuestas en los programas de los partidos políticos contribuyen a su exclusión. A pesar de que 1 de cada 6 peruanos tienen algún tipo de discapacidad (son más de un millón y medio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el Congreso hay tan sólo tres congresistas. Más allá del escenario parlamentario, ni siquiera existen las estadísticas.

Sonia Malca, activista del Frente Amplio con discapacidad física y auditiva, considera que generar las condiciones que garanticen la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, visibilizará en todos los niveles e instancias del Estado y sus tres poderes, las necesidades, aspiraciones y expectativas del colectivo.

“Los partidos políticos deben poner en debate medidas transversales, que acaben con los principales problemas de las personas con discapacidad. Además, muchos de los congresistas que han llegado al poder, no han avanzado en incentivar reformas en materia de accesibilidad, educación inclusiva y transporte”, comenta Giancarlo Contreras, candidato al Congreso por el Partido Peruanos por el Kambio (PPK), quien tiene distrofia muscular y se moviliza en  una silla de ruedas.

“Es muy importante que las personas con discapacidad tengan espacios de diferente índole para que puedan trabajar el tema discapacidad. Aparte, según el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen el derecho a participar en la política, representar y ser representados”, señala Bárbara Ventura, activista y militante del partido Alianza Para el Progreso, quien también es usuaria de silla de ruedas.

Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en enero del 2008. Este documento normativo insta a  los Estados a promover la participación política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, el Estado peruano está obligado a eliminar todas las barreras físicas, de información o comunicación, así como actitudinales, que pueden limitar su participación política, y generar las condiciones para que la representación de dicho colectivo esté asegurada.

“La participación política de las personas con discapacidad es necesaria para asegurar que los intereses de dicho colectivo sean representados. Si queremos construir una verdadera sociedad inclusiva, las voces diversas sociedad deben ser escuchadas.”, argumenta el presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS), Alberto Vásquez.

¿Es necesaria una cuota?

Durante el debate sobre la aprobación de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Nº 29973), se generó una discusión sobre si debía existir o no, una cuota específica que promueva la mayor participación de las personas con discapacidad en las elecciones nacionales, regionales y locales. Dicha propuesta no fue aceptada, pero hasta la actualidad el debate sigue latente entre el colectivo de personas con discapacidad.

“La propuesta no prosperó, en parte, porque la representación de personas con discapacidad en el Congreso de la República, en ese momento, era significativa. Se contaba con cinco congresistas con discapacidad (Diez Canseco, Vacchelli, Urtecho, Reynaga y Galarreta), una cifra significativa para el promedio regional. La situación en los gobiernos regionales y locales, sin embargo, es bastante distinta”, enfatiza Vásquez.

Si bien en dicha oportunidad se contaba con cinco congresistas con discapacidad, actualmente solo hay tres parlamentarios con discapacidad, tras la destitución de Michael Urtecho por corrupción y  por el fallecimiento de Javier Diez Canseco en mayo del 2013.

Ventura manifiesta que las mismas personas con discapacidad tienen una opinión divida con respecto a la cuota: “Por una parte, no podemos obligar a que tengan personas con discapacidad como candidatos, sino que deberían tenerlas porque son personas productivas. Pero, si lo vemos desde otro punto de vista, así como se piden porcentajes de género o jóvenes, pienso que también sería importante que haya una cuota porque así habría una visibilización de las personas con discapacidad como protagonistas”, señala.

Para Contreras, las personas con discapacidad y sin discapacidad deben tener las mismas oportunidades: “Yo no estoy en contra ni a favor de la cuota. Todos podemos trabajar a favor de las personas con discapacidad, solo hace falta sensibilización”.

Vásquez considera que lo más importante es que el Estado, a través del Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) y los distintos órganos electorales, promueva activamente la participación de las personas con discapacidad en los distintos partidos políticos, ya sea a través de medidas de toma de conciencia o la creación de fondos específicos para el apoyo a candidatos 

Problemática para planes de gobierno

Es importante que las propuestas políticas de los partidos aspirantes a la presidencia de nuestro país incluyan reformas en el ámbito de la discapacidad, pues son necesarias propuestas efectivas en diversos ámbitos. Además se debe vigilar que se cumpla con las normas ya establecidas en la Ley General de las Personas con Discapacidad y en el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Creo que hay tres temas vitales: accesibilidad y no solo en infraestructura, sino también en los mensajes, que sean en lengua de señas por ejemplo. Otro tema es el transporte, también la inclusión social y que se promocione la vida independiente para las personas con discapacidad”, comenta Bárbara Ventura. Mientras que Giancarlo Contreras sostiene que, de llegar al Congreso, pelearía porque las personas con discapacidad tengan educación inclusiva e incentivaría una reforma en el transporte. Agrega que hay otros dos temas claves que se deberían discutir: accesibilidad y empleo.

Para Malca, los formuladores de planes de gobierno “deberían visualizar la forma en cómo sus ejes de desarrollo nacional, van a  alcanzar a  las personas con discapacidad. Para esto, no hay nada mejor que incluir a las mismas personas con discapacidad dentro de los grupos de discusión”, señala.

Vásquez considera que lo más importante es que los partidos desarrollen sus programas y propuesta de gobierno en conjunto o en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y sus propios candidatos y candidatas con discapacidad. “Desde SODIS, con el apoyo de IDEA, queremos ayudar a acortar la brecha entre ambos espacios y promover espacios de debate sobre las distintas propuestas que se pongan en la mesa. Son varios los temas en materia de discapacidad que podrían abordar los distintos partidos que aspiran a gobernar el país en el próximo quinquenio: accesibilidad, inclusión social y vida independiente, por ejemplo”.

Critican al gobierno de inconsecuente por COP20

ü  Dirigentes del Frente Amplio criticaron la inconsecuencia del gobierno por el relajamiento de normas ambientales para actividades extractivas, aun siendo sede de Cumbre de Cambio Climático COP20.

 Pedro Francke y José de Echave, dirigentes del Frente Amplio, dijeron que las medidas del gobierno que sacrifican el ambiente para reactivar la economía no lograrán ese objetivo y que además muestran un doble discurso en relación a la Cumbre del Cambio Climático COP20 que se realizará el 1 de diciembre en nuestro país.

“La economía prácticamente está estancada con dos semestres sin crecimiento, y ya van 3 paquetes aplicados por el gobierno con apoyo de la derecha neoliberal que no la han reactivado. Ahora dicen que el próximo año creceremos 6%, pero eso es pura ficción. La orientación central que han tenido estos paquetazos no funciona para reactivar la economía”, dijo.

Para Francke, la orientación central de la política económica del gobierno, sobre todo cuando hablamos del “paquetazo” ha sido la de debilitar la protección ambiental, facilitar y acelerar los permisos para minería y petróleo, sacrificar los bosques y arrebatar tierras comunales y eliminar las multas por derramos y contaminación.

Según el también profesor de Economía en la Universidad Católica, estas medidas buscan resolver la crisis profundizando el modelo primario-exportador. “Se trata de rentabilizar las inversiones mineras sacrificando el ambiente; pero el problema central es que las condiciones internacionales de precios de los metales y de financiamiento para las inversiones ha variado. Ya no hay viento a favor y de nada sirve insistir en el mismo camino”, sentenció.

El economista cuestionó que, si los sectores más golpeados por la crisis son la industria y la agricultura, ¿cómo se pretende resolver la crisis dando más facilidades a la minería, que ya las tiene en exceso?

Por su parte, el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, sostuvo que era totalmente contradictorio que, al mismo tiempo que el gobierno pretende liderar la cumbre mundial sobre cambio climático COP20, se estén dando medidas que afectan el medio ambiente en el Perú.

“Mientras desde las Naciones Unidas se busca promover un modelo de desarrollo sustentable, y Estados Unidos y China llegan a un primer acuerdo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el gobierno peruano insiste en facilitar la tala de bosques y carece de las medidas mínimas para cuidar el agua que debido al calentamiento global nos faltará en el futuro próximo”, añadió.

Ambos dirigentes del Frente Amplio coincidieron en que el gobierno debe terminar con ese doble discurso. “Ollanta dijo en Nueva York hace pocas semanas que había que actuar rápido para mitigar y adaptarnos al  cambio climático, pero su gobierno hace todo lo contrario”, recalcaron.

Para los dirigentes hace falta un cambio radical de la política económica en el país. “Podemos tener un crecimiento que reduzca la pobreza y no malogre el ambiente, promoviendo energías limpias, aprovechando nuestra biodiversidad de manera sostenible, diversificando nuestra economía en serio. Esa es la propuesta del Frente Amplio”, finalizaron. 

PETRÓLEO: CAPITULACIÓN FINAL

Escribe Pedro Francke

Se esperaba que, si en algo podría ser nacionalista Ollanta Humala, sería  en el petróleo.

Después de todo, hasta en los Estados Unidos, el reino mundial del capitalismo de libre mercado, está actualmente prohibida la exportación de petróleo por razones de seguridad nacional, y su gobierno maneja una reserva estratégica gigantesca que alcanza 700 millones de barriles de petróleo.

Antes que nada, fue la toma de Talara por parte del gobierno de Velasco el 8 de octubre de 1968 el acto que marcó su tónica nacionalista.

En el medio, el “programa de la Gran Transformación” que recogía los discursos de Humala antes de ser electo, indica que “Se afianzará a Petroperú como empresa integrada con una política de explotación petrolera que se sustente en las más estrictas exigencias ambientales y las respectivas consultas a las poblaciones”.

UN PASO PARA ATRÁS Y OTRO TAMBIEN

Al iniciarse el gobierno, el nombramiento de Humberto Campodónico al frente de Petroperú daba espacio al ánimo. Campodónico, entonces Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de San Marcos, es un reconocido economista de izquierda experto en el tema petrolero desde años atrás. Su primer libro sobre el tema se publicó hace casi 30 años, analizando la política petrolera de 1970 a 1985. En él puso la lupa en el ministro de energía y minas del segundo gobierno belaundista, un tal Pedro Pablo Kuczynski, que otorgó exoneraciones tributarias especiales a las trasnacionales petroleras regalándoles cientos de millones de dólares.

Campodónico tenía una propuesta basada en recuperar para Petroperu los pozos petroleros cuyas concesiones vencen, en modernizar la refinería de Talara y en renovar la gestión aceptando hasta 20% de accionistas privados, profundizando el Buen Gobierno Corporativo. En pocos meses fue aislado dentro del gobierno hasta su salida a comienzos del 2013, aunque alcanzó a terminar toda la ingeniería de Talara y consiguió que Talisman le ceda a Petroperú el Lote 64, con 55 millones de barriles de reservas probadas.

El año pasado fue el año de los retrocesos. Tras la salida de Campodónico vino la rápida frustración de la compra de Repsol. El ministro de energía y minas planteó el tema con el respaldo público de Nadine y Ollanta, recibiendo la furibunda respuesta de la derecha neoliberal. Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, llegó a decir que “Me queda claro que este será el comienzo de la transformación del Perú con un Estado avasallador, prepotente, autoritario, como en Cuba, Bolivia Venezuela y Argentina”. Uuuy, el cuco comunista. Humala retrocedió asustado. Primer roche.

La verdad es que la compra de Repsol no era la mejor forma de fortalecer Petroperú, ya que no era muy rentable y se debe invertir 800 millones de dólares en la refinería de La Pampilla para que pueda retirar el azufre del combustible (obligación incumplida de la empresa privada trasnacional ya por 7 años), lo que es necesario para resguardar nuestra salud pero sin rentabilidad económica.

¿A quién se le ocurrió esa propuesta, en la que el más beneficiado era la trasnacional española? No se sabe, pero está claro quienes tenían intereses de por medio, de uno y otro lado.

Segundo roche. El 31 de julio se aprobó, por resolución ministerial, los objetivos de Petroperu 2013-2017. Un mínimo paso hacia definir orientaciones estratégicas, que incluía el regreso de la empresa a la producción petrolera en los pozos del noroeste (la zona cerca de Talara) donde vencen las concesiones. Pero apenas 3 días después esta resolución se retiró de la web y poco después fue derogada “para su revisión”, revisión que ha resultado tan exhaustiva que dura hasta ahora. Petroperú no tiene objetivos definidos para este periodo.

La cereza del pastel ha sido la reciente ley que plantea vender el 49% de acciones de Petroperu, pero, sobre todo, que impide a la empresa hacer inversiones en base a conseguir financiamiento para las mismas, como hace cualquier empresa a nivel mundial.

Prácticamente todas las inversiones privadas en la minería y petróleo que se hacen en el Perú y en el mundo, requieren tanto dinero que buena parte del mismo se consigue prestado. Así se hizo el gas de Camisea y Yanacocha, para hablar de dos de los proyectos emblemáticos en el rubro. Negándole esa posibilidad a Petroperú, le será casi imposible realizar inversiones para explotar petróleo, sobre todo en el Lote 64, donde actualmente se está en la fase de selección de socio inversionista, que pondrá el 100% del capital de inversión.

Al mismo tiempo que se impide que la empresa entre a negocios rentables como la explotación petrolera, se le endeuda para modernizar la refinería de Talara, inversión de 2,730 millones de dólares necesaria para desulfurizar los combustibles y proteger así la salud pública, pero que tiene una rentabilidad muy baja. O sea, Petroperú debe endeudarse para proyectos poco rentables pero no puede invertir en negocios super rentables de producción de petróleo que le permitirían la integración vertical, como el Lote 64 y los lotes del noroeste.

Basta sumar dos más dos: la ley aprobada es un camino seguro a la quiebra de Petroperu.

SOBERANIA ENERGETICA Y EMPRESAS ESTATALES

El gobierno de EEUU tiene una reserva estratégica de 700 millones de barriles y la exportación de petróleo está prohibida. 15 de las 20 empresas de petróleo más grandes del mundo, son estatales. Estas empresas tienen el 85% de las reservas mundiales de petróleo. Incluso en el Perú, el 61% del petróleo peruano lo producen empresas estatales extranjeras. La transacción de negocios petroleros más grande de los últimos años en el Perú fue la venta de los lotes y participaciones de PetroBras, empresa estatal, a PetroChina, otra empresa estatal, por 2,600 millones de dólares.

En Latinoamérica, Brasil, Chile, México o Colombia son ejemplos de países de diverso signo ideológico con poderosas empresas estatales. Por supuesto que hay que añadir a países como Venezuela, Ecuador o Bolivia, que si bien ahora tienen gobiernos nacionalistas de izquierda, han tenido fuertes empresas petroleras estatales durante décadas, incluso bajo gobiernos de derecha como el COPEI venezolano o los Adecos, primos hermanos del Apra.

Para la derecha comercial peruana, cualquier cosa que haga el estado en la economía es siempre mala. La receta Friedman al extremo.

No es verdad que las empresas estatales son siempre negativas.La estrella del crecimiento económico de las últimas décadas, China, mantiene fuertes empresas estatales que responden por un 40% de su PBI. Varias de ellas están presentes en el Perú, como Chinalco (que ahora explota Toromocho), la CNPC (petróleo) y otras. Y no es solo cuestión de países ex - comunistas. Singapur es un pequeño país de los “tigres asiáticos” cuyo PBI per cápita hoy se compara al de Estados Unidos. Su gobierno tiene empresas estatales exitosas en transporte aéreo (Singapur Airlines), puertos, transporte marítimo, semiconductores, construcción naval, ingeniería y banca, que producen el 22 % de su PBI. El estado controla el banco más grande del país, el DBS. Singapur nunca ha sido comunista o socialista.

Incluso en el Perú, hay un grupo de empresas estatales muy exitosas, como por ejemplo las Cajas municipales. Tienen 12 mil millones de soles en préstamos y crecen encima del 10% anual. Son estatales, ya que pertenecen a las municipalidades, que son gobiernos locales. No tienen favores del estado, trabajan en un mercado competitivo y hacen ganancias, al mismo tiempo que dedican el 60% de su cartera de préstamos a las pequeñas y microempresas. Viven, como todos los bancos y financieras, de la plata ajena,¿por qué no se puede pedir prestado en el negocio petrolero estatal?

LA MERMELADA

Nueve lotes petroleros en la zona de Tumbes, Talara y Sechura tienen sus contratos de concesión  cercanos a vencerse. Son zonas de producción antigua. Las trasnacionales que actualmente los explotan, no han invertido en exploración, debido a lo cual su producción es declinante. Prefieren no invertir y actuar de manera rentista. Corresponde legalmente que esos pozos regresen al estado, con lo que Petroperú podría a muy bajo costo regresar a un negocio integrado, con explotación petrolera incluida, que es donde se concentran las ganancias. Pero resulta que ahora el gobierno quiere prorrogar esos contratos de concesiones petroleras por 10 años más.

¿Cómo justifica el gobierno el mantener atornillados a los que actualmente explotan estos pozos sin invertir para el futuro? Según el Presidente de Perupetro, porque “vamos a demorar en hacerlo y los contratos van a terminar y la producción va a seguir declinando”. Disculpen, pero se sabe que estos contratos petroleros vencían desde hace 20 años, ¿no podían prepararse con antelación? Este gobierno 30 meses en el poder, ¿no es tiempo suficiente? En Colombia, hace 3 años sucedió algo parecido, venció la concesión de una gran explotación petrolera, y el gobierno del ultraderechista Uribe hizo que Ecopetrol asumiera el control de esos pozos.

Se dice que las empresas ya no están invirtiendo porque están por vencerse los contratos. Con ese chantaje, todas las concesiones se vuelven eternas; mejor cambiamos la Constitución y declaramos que los recursos naturales ya no le pertenecen a la nación. Regresamos a los tiempos de la IPC y la Standard Oil, el abuso de Talara entre 1930 y 1968. Mientras tanto, el Estado sin fiscalizar ni defender el interés nacional.

A DEDO

Petroperú no tiene que asumir directamente la producción de esos pozos. La alternativa es simple: licitar los servicios de producción. Es lo que dice ni más ni menos el Plan de Gobierno de la Gran Transformación. Es lo que se hace en decenas de países del mundo.Al que cobre menos, se le da el contrato. Usualmente son contratos de participación, donde la empresa privada recibe un porcentaje de lo producido. Las bases pueden incluir que profesionales peruanos sean capacitados y asuman puestos directivos, que haya mínimos de inversión y que toda la información geológica y productiva pase al Estado. Los requisitos ambientales y sociales de ley, desde luego, deberán cumplirse con el rigor necesario.

Pero claro, las trasnacionales hoy operando se quedarían sin negocio. Por eso promueven que les prorroguen a dedo los contratos. Que competencia ni que ocho cuartos. Quieren quedarse bien atornilladas. La mano que los está atornillando, haciendo aprobar leyes en el Congreso, un gran atornillador será.

Enfrentando la atornillada, los sindicatos de Petroperú han tomado la iniciativa para conseguir 50,000 firmas y derogar el Art. 3 (la privatización del 49% de las acciones) y el Art 6 (que impide a Petroperú invertir en proyectos conendeudamiento) de la ley. La ciudadanía puede detener la mano atornilladora de Castilla.

Publicado en Hildebrandt en sus trece el 17 de enero de 2014