viernes, 31 de mayo de 2013

Presentan 60 mil firmas para la Iniciativa ciudadana por la despenalización del aborto por violación


Más de 35 organizaciones de alcance nacional,  colectivos, sociedad civil y dos congresistas de la República, Verónika Mendoza y Rosa Mavila, presentaron más de 60 mil firmas por la despenalización del aborto por violación, además demandaron al presidente de la República, Ollanta Humala y al Congreso el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, la adopción de medidas inmediatas para el cese de la violencia sexual contra las mujeres y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de una violación.

 
“Esta iniciativa busca que nuestra democracia reconozca el derecho de las mujeres sobre nuestros cuerpos, esto sería posible en el marco de un Estado laico que sea libre de la injerencia de ideologías religiosas, y que respete sobre todo los derechos fundamentales de las mujeres”, señala María Elena Reyes, representante de la Campaña Déjala Decidir.

 
La campaña de recolección de firmas que se inició hace ocho meses ya cuenta con las firmas requeridas por el Jurado Nacional de Elecciones JNE, posterior a la presentación de firmas ante el JNE deberá ser trasladado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para el proceso de verificación y depuración de firmas,  mientras tanto las organizaciones integrantes de la campaña seguirán con la campaña de recolección. Según cálculos del grupo impulsor, la articulación feminista -Flora, Manuela, Promsex, Demus, CDD Perú, Cladem Perú-, esta iniciativa legislativa se presentará en septiembre del presente año ante el Congreso de la República, a fin de que sea debatido en el pleno en un plazo de 120 días.

 
Por su parte, Rosa Ojeda, vicepresidente de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú –integrada por 26 mil mujeres del centro, sur, norte y el oriente del país- sostuvo que diariamente las mujeres campesinas son violentadas. “Poco o nada se conoce los casos de violencia en zonas rurales y comunidades del país, porque no hay lugares donde hacer la denuncia, no hay lugar donde dejar un registro de agresiones, por lo tanto el Estado desconoce la realidad de las comunidades, por ello pedimos al Congreso y al presidente de la República se respete la libertad de decisión producto de este horrendo crimen”, sostuvo.

 
El representante del Colegio Médico, Miguel Gutiérrez, señala que las mujeres violentadas sexualmente, son mujeres que sufren un daño mental, que pone en riesgo su salud. “El problema es que estas mujeres, más aún las mujeres pobres, que son las que tienen menos acceso al servicio de salud ni siquiera pueden recurrir a un hospital para que les den la anticoncepción oral de emergencia para prevenir un embarazo, porque el Tribunal Constitucional prohibió la distribución de estas pastillas, el resultado de esta negativa es que las mujeres que salen embarazadas recurren al aborto, y lo hacen en condiciones clandestinas y de alta inseguridad, poniendo en riesgo su vida. Por ello tiene que haber un cambio en la Ley, no se puede pensar que esta ley promueva el aborto, estamos promoviendo el derecho de la mujer a decidir”, dice Gutiérrez.

 
Un último estudio de Promsex de Jaris Mujica sobre violencia a la mujer refleja indicadores de violencia en la Amazonia, por ejemplo en el distrito de Mazan en Loreto, el 56% de las adolescentes embarazadas entre 14 y 17 años declaró haber sufrido violencia sexual. 79% de mujeres encuestadas entre 18 y 29 años fueron víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. En el 72% del total de los agresores se implica a alguien cercano al entorno personal o de residencia de la víctima.

 
Las congresistas que vienen respaldando esta iniciativa, Verónika Mendoza y Rosa Mavila  estuvieron presentes en la presentación pública. Mendoza resaltó los datos estadísticos de agresión sexual.  1 de cada 5 mujeres ha sufrido violación sexual antes de los 15 años por una persona cercana a su entorno familiar. 1 de cada 10 ha sido violada por su pareja, siendo el Perú el país con mayor tasa de denuncias por violación sexual en toda Sudamérica, donde 8 de cada 10 denuncias corresponden a víctimas menores de edad, y 9 de cada 10 embarazos de niñas de menos de 15 años son producto de incesto”.

 
“No todas las mujeres embarazadas, producto de una violación sexual deciden abortar, pero es necesario indicar que en el Perú se realizan cada año aproximadamente 371.420 abortos inseguros, es decir, más de 1000 abortos al día. Estas cifras dan cuenta que el aborto inseguro o clandestino representa un grave riesgo de salud pública, poniendo en peligro la vida de muchísimas mujeres a diario”, dice Mendoza.

 
“La campaña Déjala Decidir busca promover y fomentar el debate, y lograr que se despenalice el aborto cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Nuestro país tiene la tasa más alta de denuncias por violación en la región de Sud América. El 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. El 38,9% de las mujeres alguna vez unida fue víctima de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero.

 
Esta iniciativa ciudadana tiene como objetivo garantizar que existe la posibilidad de ejercer el derecho humano a la salud si así lo decide la víctima.  La Iniciativa no pretende solucionar el problema de violaciones sexuales, más bien entiende el derecho de decisión de interrupción del embarazo en casos de violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos, como el fundamento para el futuro desarrollo de políticas extrapenales para prevenir embarazos clandestinos, y de esta manera contribuir al bienestar, a la salud pública y mayor ciudadanía.

Perú: ¿Agilizando inversiones sin filtros ambientales y sociales?


Escribe José De Echave*

Parece que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones. El propio presidente peruano acaba de anunciar un primer paquete de reformas para impulsar las inversiones en el país que coincide con los pedidos que provenían de los gremios empresariales y sus escribidores.

 
¿Cuáles son algunas de las principales medidas anunciadas y que sin duda generan inquietudes?

 
La primera es la creación de un equipo de ejecutivos o gestores que se encargarán de darle seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión. Este esquipo estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. La gran interrogante es cómo se conformará este equipo. ¿Estará integrado solamente por gestores próximos a la Confiep o al Instituto Peruano de Economía o será algo realmente balanceado? ¿Incluirán a representantes de la sociedad civil, sectores académicos, representantes de organizaciones sociales? ¿Serán tomados en cuenta especialistas en aspectos sociales y los impactos ambientales de los proyectos?

 
Una segunda medida apunta a que el acceso a terrenos para obras de infraestructura se agilice, gracias a una reciente ley que separa el acto de expropiación del pago de un justiprecio. De esta manera se busca acelerar un conjunto de proyectos de infraestructura, sin tomar en cuenta que este tema ha sido fuente de varios conflictos en varias regiones del país.

 
Otra medida tiene relación con el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, para que los empresarios privados y el propio Estado certifiquen que no existen sitios arqueológicos en las zonas en donde se pretenden desarrollar proyectos de inversión. Cabe señalar que, como han señalado algunos expertos, esta norma vulnera las obligaciones internacionales contraídas por el Perú (UNESCO y otros protocolos internacionales) para la protección de nuestro patrimonio arqueológico.

 
Quizás una de las medidas del paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto supremo 060-2013-PCM, publicado el pasado 25 de mayo, que busca agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados. Desde ahora estos estudios deberán ser aprobados en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año.

 
Lo cierto es que este primer paquete despierta justificadas preocupaciones. No está mal que un gobierno busque desarrollar proyectos de inversión en beneficio del país; sin embargo no tomar en cuenta lo que la propia realidad nos ha venido mostrando en los últimos años (la mayoría de conflictos tienen que ver con demandas sociales y ambientales), es una demostración que estamos frente a una gestión que ha perdido los necesarios equilibrios sociales y ambientales. ¿Cómo serán los próximos paquetes?

 
Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad que muestra el gobierno frente a las presiones de los principales grupos económicos. Pasó con el tema de Repsol y la posible compra de sus activos, luego con el entrampamiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y ahora con este paquete de promoción de las inversiones. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que al final ganaron.

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*José De Echave, economista y experto en temas mineros, ex viceministro de Gestión Ambiental del Perú y miembro de la ONG CooperAcción.

Faenón minero en otoño

 
Por Carlos Monge*

 
Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

 
Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

 
Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

 
Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

 
¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.

 
Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

 
Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

 
Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

 
Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

 
¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.


* Carlos Monge es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Historia por la Universidad de Miami. Posee experiencia en trabajo de promoción rural y desarrollo sostenible, asesoría y de consultoría a gremios campesinos locales y nacionales, organizaciones privadas de promoción del desarrollo e instituciones públicas. Es autor de varias publicaciones sobre temas vinculados al desarrollo rural, los movimientos sociales, la descentralización, la participación ciudadana y las industrias extractivas.

Publicado  en el diario La Primera, 28 de mayo de 2013

lunes, 27 de mayo de 2013

Retroceso en la implementación de la consulta previa

Escribe Magali Zevallos

Gobierno se niega a publicar base de datos sobre pueblos indígenas y excluye de procesos de consulta a comunidades de costa y sierra donde está concentrada actividad minera.

La aplicación de la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que los afecte directamente, en vigencia desde hace poco más de un año, viene teniendo enormes retrocesos en el Perú. Bajo el paraguas de la caída de los precios de los metales y la desaceleración del crecimiento económico de China y Europa, a fines de abril el gobierno exoneró temporalmente de la consulta previa a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del país y que se encuentran en fase de exploración.


Tras las declaraciones del presidente Ollanta Humala el 28 de abril, quien afirmó que las comunidades indígenas con derecho a la consulta se encuentran en la selva y no en la costa y sierra, han salido los voceros del gobierno con el discurso de que un país competitivo no puede poner trabas a la inversión. Con la premisa de la reducción de la pobreza, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) Jorge Merino señaló que “tenemos un stock de inversiones mineras por US$54 millones” y que éstas deben desarrollarse en el menor plazo posible para seguir recaudando fondos para los programas sociales impulsados por el Ejecutivo.


El actual gobierno había dado importantes pasos con la ley y reglamentación de la consulta previa, aunque esta última recibió cuestionamientos de los pueblos indígenas porque no recogió sus aportes. En setiembre del 2011 Humala promulgó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios en un acto simbólico en la ciudad nororiental de Bagua, lugar donde fallecieron 34 personas, entre policías y civiles, tras un violento enfrentamiento ocurrido en junio del 2009 a consecuencia de una protesta contra la promulgación de una serie de decretos legislativos emitidos por el entonces presidente Alan García (2006-2011) con los que pretendía abrir las tierras amazónicas indígenas a la inversión privada sin haberles consultado.


“La promulgación de la ley en Bagua parecía marcar una nueva relación con los pueblos indígenas, pero empezó a primar el discurso de que los pueblos indígenas y la consulta previa constituyen trabas a la inversión”, señala a Noticias Aliadas la congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre el seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa del Congreso de la República.

Conflictos por concesiones

El interés de excluir a la costa y sierra del proceso de consulta se debe a que en estas regiones se encuentra concentrada la actividad minera del país. El mapa de proyectos mineros del MEM reporta que en la costa y la sierra hay 50,516 concesiones mineras vigentes, mientras que en la selva sólo 3,754.


El mapa de superposición de las tierras de las comunidades campesinas y nativas amazónicas con las actividades mineras —incluido en el más reciente Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, publicado por las organizaciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz en diciembre pasado— grafica que 49.6% del territorio de las comunidades campesinas en la sierra tienen concesiones mineras, y la superposición de la minería en territorios de las comunidades nativas amazónicas sólo representa el 1.4%.


“Si el Estado no aplica la consulta previa en la costa y sierra habrá un escenario de conflictividad que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”, sostiene Mendoza. “No debemos olvidar penosos episodios por no optar por mecanismos de diálogo, hemos perdido valiosas vidas por la imposición de proyectos extractivos, en el caso Bagua, Cajamarca y Espinar”, en referencia a los conflictos socioambientales contra el proyecto aurífero Conga, en el departamento norandino de Cajamarca, y la mina cuprífera Tintaya, en la provincia cusqueña de Espinar, que dejaron 17 muertos entre fines del 2011 y mediados del 2012.


La legisladora advierte además que las comunidades, amparadas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, podrían demandar al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


“Por no respetar el derecho a la consulta tendríamos que asumir todos los costos que implique la denuncia, gastos administrativos, de defensa, indemnización y reparación”, dice.


La negativa del ministro de Cultura Luis Peirano de hacer pública la base de datos de los pueblos indígenas es otro entrampamiento del gobierno para no hacer viable el proceso de consulta, y a un año de aprobarse el reglamento que permitió la entrada en vigencia de la ley en abril de 2012, se desconoce qué poblaciones están sujetas a este derecho.


“Lo único que explica esta resistencia es la avidez de implementar los proyectos mineros”, sostiene Mendoza.

 

Y esta avidez se cobró la cabeza del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, quien a principios de mayo renunció al cargo por discrepar con la decisión de Peirano.


Pueblos indígenas se sienten traicionados

Otro gesto político de la puesta en marcha del retroceso de la consulta previa en el Perú es que el gobierno a través del MEM está decidido a continuar con el proyecto Cañariaco, de la empresa canadiense Candente Copper, ubicado en el distrito de Cañaris, en el noroccidental departamento Lambayeque. Su población, mayoritariamente quechuahablante, es un pueblo indígena reconocido por la Defensoría del Pueblo y por el propio Ministerio de Cultura, pues el Viceministerio de Interculturalidad lo incluyó en el proceso de capacitación de intérpretes quechuas cuando se inició la elaboración de la base de datos de pueblos indígenas.

Frente a las recientes declaraciones del ministro Merino, de que el proyecto cuprífero va de todas maneras y que la empresa tiene un esquema de diálogo con la población, Florentino Barrios Huamán, presidente de la Comunidad de San Juan de Cañaris, asegura a Noticias Aliadas que en enero del presente año la Presidencia del Consejo de Ministros instaló una mesa de diálogo, pero hasta la fecha no hay un solo acuerdo.


“Cuando el gobierno dice que la empresa tiene un plan de diálogo con la población está confirmando que el Estado no va a escuchar a la población indígena. El Estado nos traicionó, Ollanta Humala nos traicionó, somos una población mayoritariamente quechuahablante, Cañaris existe antes de la República, tenemos títulos y resoluciones que el Estado nos reconoce como comunidad indígena desde el año 1789, si nos imponen su modelo de desarrollo vamos a tener que recurrir ante la CIDH por oponerse a la voluntad democrática del pueblo de Canaris”, dice Barrios, y recuerda que en una consulta popular realizada el 30 de setiembre de 2012, el 95% de su población le dijo no a la empresa minera.


Según el mapa de concesiones mineras elaborado por CooperAcción, organización no gubernamental que trabaja con comunidades afectadas por las industrias extractivas, el 96% del distrito de Cañaris se encuentra concesionado siendo los principales titulares mineros las empresas Cañariaco Cooper Perú, subsidiaria de Candente Copper, y la también canadiense Barrick Misquichilca.


A mediados de mayo, el Ministerio de Cultura anunció la realización de consultas a comunidades indígenas en las regiones de Loreto, en el nororiente, y Puno, en el sur andino. El 23 de mayo se inició en Loreto el primer proceso de consulta previa en el Perú.


Al respecto, la congresista Mendoza aclara que ambas consultas estarán a cargo de los gobiernos regionales y no del gobierno central, pues no se trata de proyectos de gran minería. En el caso de Loreto se trata de la creación de un área de conservación regional para el pueblo indígena Maijuna, y en Puno es sobre la explotación del proyecto Chiquitosa, de mediana minería, con un impacto menos controversial. —Noticias Aliadas

 
Publicado en Noticias Aliadas, 24 de mayo de 2013

jueves, 23 de mayo de 2013

Cae la industria y la minería se aleona


Escribe Pedro Francke

En marzo la industria decreció 3,6 por ciento, mientras la inversión minera en el primer trimestre aumentó más de 20 por ciento.  La conclusión que parece sacar el gobierno: hay que dar más facilidades a las trasnacionales mineras recortando derechos sociales.

 
¿Eso no parece del todo lógico, no? Si cae la industria, ¿no habría que apoyarla? Si a la minería le va muy bien y avanza como nunca, pero con grandes costos ambientales y sociales, ¿deben centrarse allí las propuestas para el crecimiento económico? Si fuere el caso que la economía tiene problemas, ¿debe por eso agravarse la exclusión social y política?

 
Esas preguntas obvias no parecen hacérselas la pareja presidencial. Mientras tanto, el acomodaticio ministro de energía y minas Jorge Merino hizo la semana pasada un roadshow nacional, paseándose por medios de comunicación, visitando Las Bambas, y terminando con declaraciones diciendo que Cañariaco (el proyecto rechazado por la comunidad indígena de Cañaris) va de todas maneras.

 
Junto a eso, el gobierno da marcha atrás en la consulta previa. La experiencia de varios años ha demostrado que realizar grandes proyectos extractivos sin la consulta a la población afectada, deviene posteriormente en conflictos. El Perú firmó hace más de 15 años el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se promulguen normas y se entreguen sus recursos naturales. Este Congreso aprobó una ley detallando como se debe ejercer ese derecho. Pero el gobierno lo ha aguantado demorando  el reglamento de la ley y, ahora, trata de excluir del mismo a pueblos de costa y sierra ocultando la base de datos donde se especifica qué pueblos son los que tienen este derecho.

 
Así, la industria cae – algo que se venía desde hace un año y señalamos reiteradamente en esta columna - y el gobierno reacciona dando más facilidades a la minería mediante el recorte de derechos sociales y ambientales. A profundizar el modelo primario-exportador. A rematar nuestro oro y cobre. A aumentar los desequilibrios estructurales. A mantener la exclusión  social y política.

 
¿No sería más lógico, darle un poco más de apoyo a la industria, al agro, al turismo? ¿No darle atención solo a las trasnacionales sino también a las pymes y cooperativas? ¿Promover el mercado interno en vez de responder solo a las demandas externas? ¿Favorcer biocomercio y comercio justo en vez de seguir exportando recursos naturales no renovables? Digo, es un decir.

PPK: Malas previsiones, mal Consejo



Escribe Pedro Francke
En declaraciones recientes, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que la economía peruana se está desacelerando hasta un 2 por ciento de crecimiento, y que el estado debe ayudar a que salgan todos los proyectos mineros.


Equivocado lo primero, mala política lo segundo.

La economía internacional no está en crisis. Es verdad que hay una cierta “ralentización”, o reducción del ritmo de crecimiento, de la economía  europea y china, pero al mismo tiempo hay una política monetaria agresivamente expansiva en Japón que promoverá el crecimiento de ese país. Así, las previsiones no son de un crack: el BCRP en su reporte de marzo pronostica un crecimiento mundial del 3.2% para el 2013 y del 3,8% para el 2014, proyecciones sin cambios desde fines del año pasado y similares a las del FMI.

 
Es cierto que, sobre todo por los cambios en China, ha habido una cierta caída de los precios de nuestras materias primas, como el oro y el cobre. Pero que el cobre haya caído de US$  3.60 la libra el año pasado a US$ 3.20 no hace que la rentabilidad de las empresas mineras deje de ser sumamente alta, sobre todo si recordamos que hace 10 años apenas llegaba a US$0.70. Con el oro sucede algo parecido.

 
¿Solo torpeza la de PPK? Una hipótesis alternativa es que lo están trabajando al susto a Ollanta Humala. Ya hemos visto hace un par de semanas, con el asunto Repsol, la Confiep hizo retroceder en una al Presidente de la República. El objetivo actual de las grandes empresas mineras es aprovechar el pretexto de una supuesta crisis, para que el gobierno termine de ponerse de rodillas. La punta de lanza de esta ofensiva es restringir la consulta previa, haciendo que toda la sierra y unos 14 megaproyectos mineros sean exceptuados de la misma bajo el pretexto que quechuas y aymaras no son indígenas, algo que no se lo cree nadie.

 
Eso es, en realidad, lo que PPK está diciendo: zúrrense en la consulta previa y en los requisitos ambientales. Su credo es: “solo la gran inversión minera salvará al Perú”. Menosprecia el potencial de nuestro agro, turismo e industria, de las pymes y las cooperativas, de los trabajadores y de los pueblos indígenas, que es lo que debemos promover para un crecimiento más justo, equilibrado y sostenible.

martes, 21 de mayo de 2013

Gobierno promueve agresión al patrimonio arqueológico


Escribe Carlos Herz

El Gobierno ha aprobado un nuevo  Decreto Supremo  (DS N°054-2013-PCM), esta vez atentatorio contra el patrimonio cultural arqueológico con el consabido argumento de reducir trabas a la inversión privada, que ya se ha utilizado para evitar la consulta previa, considerado como un impedimento antes que como un derecho ciudadano.

 
Este DS atenta contra la integridad del patrimonio arqueológico ya que simplifica los procedimientos para que los proyectos de inversión sean acelerados. Esta simplificación suena bien y de hecho, debería ser aplicada efectivamente en todas las oficinas públicas. Pero no a costa de la protección de los sitios arqueológicos.

 
Obviamente con este DS y con el puenteo a las comunidades sobre la Consulta Previa, se nota que las grandes empresas interesadas han ganado una vez más la pugna con este gobierno.

 
El DS elimina la figura de la Evaluación Arqueológica. ¿Qué era la evaluación arqueológica? Un paso previo para conseguir el CIRA e implicaba hacer un trabajo de reconocimiento y prospección para ver en superficie la existencia de restos arqueológicos. También, de ser pertinente, se hacían excavaciones de prueba porque muchas veces no hay restos en superficie pero sí debajo de ésta.

 
Ahora las empresas ya no necesitan hacer esta evaluación arqueológica y de frente van a pedir  el CIRA presentando únicamente las coordenadas del área donde van a trabajar. El Ministerio de Cultura sólo tiene 20 días hábiles para chequear si dentro del área hay restos arqueológicos. 

 
Aquí viene el problema simplemente porque aproximadamente sólo el 10% de los sitios en el país están incluidos en el catastro oficial. Además, con cada prospección y evaluación que se hace en campo, se siguen descubriendo más sitios. Esto quiere decir que el MC le da luz verde a las empresas para operar en lugares donde no tiene idea si hay sitios o no. 

 
Lo que dice el DS es que debe haber un monitoreo arqueológico durante las operaciones. Esta figura ya existía y se aplicaba. Pero se hacía como segunda medida de precaución porque previamente se había hecho la evaluación. Ahora, los arqueólogos van a tener que estar pendientes de todas las operaciones de la empresa al mismo tiempo y esto es imposible. Así como también es bastante difícil poder detener las operaciones si es que se encuentran restos.   

 
De esta manera el gran riesgo es que todos los restos medianos y pequeños se van a destruir y sólo se preservarán, a medias, los restos más grandes. Es decir, los que serían ya muy difíciles de "hacer desaparecer".

 
Creo que se requiere reacciones rápidas y no creo que vengan del mismo Ministerio de Cultura que tampoco ha actuado frente al puenteo a la consulta previa, tema de su incumbencia.

La gran minería quiere que el gobierno se zurre en la consulta previa




Escribe Pedro Francke
 
Las exportaciones han caído 16,6 % en el primer trimestre del año.  El precio del dólar subió un poco luego de muchos meses en que bajaba. Pedro Pablo Kuczynski dice que la economía nacional podría crecer solo 2 por ciento este año. ¿Empezó la crisis y el gobierno lo oculta?

 
AUSCULTANDO BIEN LOS SINTOMAS

Es verdad que las exportaciones han caído, pero no es porque la cantidad o volumen exportado haya caído. Lo que pasa es que los precios de las materias primas, en especial el oro y el cobre que son nuestros principales productos, han caído un poco. En promedio, nos pagan hoy 4 por ciento menos que un año atrás. Pero como nuestras exportaciones tradicionales de materias primas siguen siendo, a pesar de todo lo que nos dicen, las tres cuartas partes (75%) de nuestras exportaciones, cuando sus precios caen, golpe avisa.

 
Pero que el cobre haya caído de US$  3.60 la libra el año pasado a US$ 3.20 no hace que la rentabilidad de las empresas mineras deje de ser sumamente alta, sobre todo si recordamos que hace 10 años el cobre apenas llegaba a US$0.70. Siguen teniendo sobreganancias. Con el oro sucede algo parecido; su precio ha bajado un poco pero sigue siendo 5 veces más que cuando abrió Yanacocha. No es por gusto que la inversión en minería en el primer trimestre del año creció 23%, alcanzando los US$ 1,920 millones. Los principales proyectos en curso como Las Bambas, Toromocho, ampliación Cerro Verde, avanzan bien. Las actividades extractivas gozan aún de muy buena salud.

 
El dólar subió de 2,59 a 2,64, pero eso está lejos de recuperar la caída de los años anteriores, y es un aumento de apenas 2 por ciento, nada fuerte.  En los 4 primeros meses del año, el BCR estuvo comprando US$ 800 millones mensuales para detener la caída del dólar; apenas un mes después que las condiciones del mercado cambaron, el BCR paró de comprar dólares en mayo y el dólar se estabilizó. En situaciones más complicadas, de mayor presión de divisas, el BCR ha salido a vender en ocasiones incluso agresivamente, pero nada de eso ha sido necesario ahora.

 
Lo que hasta ahora es un pequeño hipo en la economía peruana, tiene su origen en la economía mundial. Bien sabemos desde hace años que, en una economía primario-exportadora como la nuestra, cuando en el norte hay resfrío acá hay pulmonía. Pero la economía internacional no está en más crisis que antes; o para decirlo de otra manera, las patologías de la economía mundial son las mismas desde el gran crack del 2008 y no hay un agravamiento serio de su enfermedad.

 
El 2013 se inicia con una pequeña reducción del ritmo de crecimiento de la economía  europea y china, pero al mismo tiempo Japón, con un nuevo gobierno que promueve su recuperación, va a volver a crecer. El FMI sigue pronosticando, en su reporte de marzo,  un crecimiento mundial de 3 y ¼ por ciento para el 2013 y 4 por ciento para el 2014, que son niveles relativamente altos, manteniéndose la característica post-crisis 1998 de este crecimiento:  no es liderado por los países desarrollados sino por los llamados “emergentes”.

 
MINEROS APROVECHANDO IGNORANCIAS

¿Por qué entonces PPK se ha mandado de esa manera? Es parte de una ofensiva de las grandes empresas mineras, de aprovechar este pequeño hipo en la economía mundial y los precios de las materias primas, para trabajar al susto al gobierno y conseguir mejores condiciones para sus explotaciones. Luego del éxito de la Confiep con el asunto Repsol,  en el que hizo retroceder rápidamente a la pareja presidencial, tratar de repetir el plato parece una buena estrategia. El verdadero mensaje de PPK es: zúrrense en la consulta previa y en los requisitos ambientales, que vengan todas las inversiones mineras como sea.

 
Esta ofensiva de la gran minería trasnacional tiene su punta de lanza en restringir la consulta previa, haciendo que toda la sierra y unos 14 megaproyectos mineros sean exceptuados de la misma bajo el pretexto que quechuas y aymaras no son indígenas. Por esto ya renunció el Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, mientras oficialmente el ministro de cultura ha dicho, en clara contravención a la ley de consulta previa y a los principios más elementales de transparencia de la información pública, que no publicarán la base de datos de pueblos indígenas.

 
El problema es que para eso tienen que exagerar la crisis, lo que no le cae nada bien a Castilla y al gobierno, e incluso puede poner nerviosos a los magos de las finanzas: si efectivamente el mensaje de que la economía peruana está débil se hace creíble, pueden caer en él también algunos inversionistas de afuera. La estrategia requeriría un equilibrio fino, pero tiene a su favor lo fácilmente influenciable que es la pareja presidencial en materia económica por su escaso conocimiento en el tema y por lo cercada que está por los lobbies e intereses de los monopolios.


LO QUE SIGUE

El problema mayor es que lo que también continúa es la enfermedad holandesa y la tendencia desequilibrada del crecimiento. En el mediano plazo, lo preocupante no es la minería de oro y cobre, sino la caída de las exportaciones no tradicionales, en 8 por ciento este primer trimestre. Nuestras exportaciones textiles e industriales, pequeñas pero crecientes, han sufrido el golpe de la pérdida de competitividad producto de la caída del dólar los años anteriores. Si Ollanta Humala se tomara un poquito en serio el discurso sobre la diversificación económica que le hicieron decir con ocasión del Foro Económico Mundial en Lima el mes pasado, vería que estos son los síntomas preocupantes, no el hipo. Pero eso es mucho pedir; estaba claro desde que lo dio que el discurso era solo porque en la ocasión el principal orador del FEM, Ricardo Hausmann, alertó sobre el tema. La oreja de Humala, dominada por Castilla y la Confiep, no retuvieron el mensaje ni un día completo.

 
Si nuestra economía creció en 6, 3 por ciento el año pasado, la manufactura creció apenas 1,3 por ciento, y la misma tendencia se mantiene este año.  Mientras tanto, las importaciones alcanzan los 41 mil millones de dólares: no producimos más productos industriales pero importamos mucho más. El crecimiento del PBI se sostiene en la construcción, pero la historia reciente de Estados Unidos, España y China muestra claramente que ese no es un crecimiento sostenible.

 
Una crisis económica no es inminente. Una desaceleración parcial, si. El comportamiento de Castilla con el gasto público será clave; si se mantiene el caño abierto a los programas de Nadine, el crecimiento este año puede mantenerse en 5 a 6 por ciento fácilmente.

 
Pero los problemas estructurales de mediano y largo plazo de la economía nacional siguen incólumes, incubando una crisis a la espera de su detonante externo. Para la política, la cuestión medular es si la mecha durará hasta antes o después del 2016.
 
Publicado en Hildbrandt en sus trece, 17 de mayo de 2013

domingo, 19 de mayo de 2013

Gobierno peruano pretende tirar por la borda el derecho a la consulta previa

Hace 18 años, desde el 2 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la OIT es de cumplimiento obligatorio en nuestro país. El gobierno de Humala que ofreció  la gran trasformación ha dado algunos avances en el marco jurídico, sin embargo, hay  retrocesos y entrampamientos políticos en su implementación.


  Las regiones con mayor territorio concesionado son: Moquegua con el 69% de su territorio concesionado, Apurímac (50%), La Libertad (42%), Tacna (42%), Arequipa (41%) y Ancash (40%).

Escribe Magali Zevallos
 
Hay una directiva desde el Poder Ejecutivo de excluir  del proceso de consulta previa a la Costa y Sierra del Perú, justamente porque los proyectos mineros se encuentran concentrados en estas regiones, mientras que en la Selva hay 3,754 concesiones mineras vigentes, en la Costa y Sierra del país hay  50,516, según el Ministerio de Energía y Minas, principal promotor de la inversión minera.
 
“La mayoría de los proyectos mineros se dan en el mundo andino, excluir a la Costa y Sierra del proceso de consulta es tirar por la borda el Convenio 169 de la OIT. El Gobierno apunta a la gran minería sin consulta previa porque lo ve como un obstáculo, ya que la renta que deja la minería  es la fuente que le da viabilidad a los programas sociales que el Gobierno impulsa a través del Ministerio de la Inclusión”, señala Carlos Monge, coordinador regional de América Latina de Revenue Watch Institute.
 
Para Monge, esta posición cerrada de los Ministerios de Energía y Minas (MINEM) y Economía y Finanzas de invisibilizar a los Andes de los procesos de consulta, es la expresión de los intereses gremiales de la Sociedad Nacional de Minería  y Petróleo. Aunque hay voces empresariales con posiciones contrarias, como las de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, quienes señalan que los procesos de consulta aseguran el desarrollo de inversión de largo plazo.
 
Así, los intereses mineros aprovechando la caída de los precios de los metales vienen presionando al Estado peruano para obtener condiciones de “inversión sin trabas”, es decir tener la luz verde de las autorizaciones sin el proceso de consulta.
 
Esta preocupación empresarial minera fue trasladada desde Palacio  de Gobierno a los Ministerios de Energía y Minas y Cultura, donde se preguntaba si cabía consulta previa en 32 proyectos mineros,  la respuesta fue que de ese total, 14 de ellos involucran a comunidades campesinas y no indígenas.
 
Tanto el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tenían la venia de Palacio, y la justificación de los ministerios competentes para hacer público las pretensiones de “quitar los obstáculos burocráticos” a los principales proyectos mineros en fase de exploración,  para pasar directamente a las autorizaciones y así empezar a operar. Hasta se enfatizó en la conformación de un grupo especial que se encargará de hacer un seguimiento a los principales proyectos de inversión en el país.
 
En la misma línea, el ministro de Cultura, Luis Peirano, anunció que no se hará pública la base de datos oficial de los pueblos indígenas,  pese a que el ya renunciante viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Iván Lanegra, tras la publicación del Reglamento de la Consulta (abril 2012), anunció hasta una docena de veces hacer pública la guía metodológica para la aplicación del reglamento de la Ley de consulta previa y la base de datos de los pueblos indígenas. Ha pasado más de un año y ninguno de los dos instrumentos son de acceso público, pese a ser una obligación legal.
 
La justificación que da Peirano es que dicha publicación generará confusión y expectativas innecesarias. Y, en palabras del propio ministro, se reconocerán derechos a pedido de los pueblos indígenas. “Cuando una comunidad de alguna manera se ve afectada por un proyecto de inversión puede pedir el derecho a ser reconocida”.
 
Mediante una carta, la Defensoría del Pueblo hace un llamado de atención al presidente de Consejo de Ministros a fin de que se puedan garantizar el ejercicio de los derechos de consulta de los pueblos indígenas con la publicación de estas dos herramientas en cuestión.
 
Además, exhorta a continuar con el proceso de consulta del Lote 192 en Loreto, con la participación permanente de las organizaciones indígenas involucradas, y a realizar la consulta previa sobre la autorización de inicio de exploración del proyecto Angostura de la comunidad campesina quechua Nueva Esperanza de Mollepiña, en Apurímac.
 
A un año de la reglamentación de la Ley de Consulta
 
Los especialistas coinciden que el gobierno de Humala ha tenido avances en el marco jurídico del Convenio 169, sin embargo, hay retrocesos y entrampamientos políticos en su implementación desde un inicio. “La razón es que el Gobierno no quiere avanzar con la consulta previa porque quieren sacrificar los derechos de los pueblos indígenas por el crecimiento económico, afirma Luis Vittor, asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
 
“Desde un inicio, el Estado ha incumplido, con la no publicación de la guía y la base de datos –a partir de la publicación del reglamento se daba plazos de 30 y 90 días– se está desnaturalizando la consulta y no se está garantizando su aplicación a favor de los pueblos indígenas, dice Vittor.
 
Tal como lo grafica el mapa de concesiones mineras, la inversión minera se encuentra concentrado en la Costa y Sierra del país, en varios de esos proyectos ya hay tensiones entre la población y la empresa, hay una sobreexpectativa para que se aplique la consulta, la no aplicación de la misma generará una gran demanda y tensión hacia el Estado. Vittor señala que esta exclusión es un grave error, lejos de contribuir a la inclusión, contribuye a retroceder todos los avances reconocidos al Perú a nivel internacional.
 
Otro anuncio que llama la atención es el que dio el Ministro de Energía y Minas, quien afirmó que el Gobierno está trabajando para que Perú tenga los menores plazos de América Latina para obtener los permisos requeridos para la exploración minera. Monge agrega que este escenario es una señal de alarma y advierte que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) serán las próximas víctimas.
 
“Esto es un gran retroceso, estamos regresando a los años 90’s, donde el Estado le daba todas las condiciones a los empresarios para invertir, en el camino optado por el actual gobierno lo más probable es que no habrá tal proceso (consulta previa), para el Gobierno los proyectos mineros van, así sea con allanamiento de la población los proyectos van, ganó el sector empresarial duro”, finaliza.
 
Dato:
 
Según el informe de conflictos de la Defensoría del Pueblo de abril, de los 229 conflictos, el primer lugar lo ocupan los conflictos socioambientales con 154 casos, los que representan el 62% del total.
 
Publicado en el Diario 16, 18 de mayo de 2013

martes, 14 de mayo de 2013

LA BODA DE ELLA


 
Escribe Pedro Francke
Yo estaba militantemente a favor del matrimonio gay, pero mi hija me ha convencido distinto. En lo que no nos hemos puesto de acuerdo es sobre la fuerza con la que viene esa gran transformación, así que le he apostado que en menos de diez años, dos personas del mismo sexo podrán casarse en el Perú.


Veo esa ola avanzando incontenible por el mundo occidental, y la veo parecida a la ola del voto femenino 80 años atrás, pero más rápida. Hace poco nomás parecía una locura que quienes tienen una orientación sexual distinta pudieran vivirla con el estado respaldando sus derechos y con la sociedad respetando sus decisiones. Uno puede ver como el matrimonio gay avanza por el mundo a pasos agigantados. México DF, España y varios países nórdicos, Argentina, estados y ciudades en Estados Unidos, recientemente Francia, la ola avanza y llega a Inglaterra. Obama se arriesgó a apoyarla y ganó con eso.


Para las nuevas generaciones, en vez de rechazo a las prácticas homosexuales o diversas, hay curiosidad. En vez de odio, hay aceptación. Lo que rechazan los jóvenes de hoy no es la homosexualidad, es el odio a los homosexuales. Ya no es contranatura desear a alguien del mismo sexo, es contranatura no entender que muchos pueden desear así. Hoy salimos a las calles por miles diciendo "La gente decide, la sociedad respeta, el estado garantiza, y la iglesia NO se mete".


Hay por allí unos viejitos que no entienden, pobres, que el mundo cambió. Que siguen en el creacionismo y pensando que el sexo es solo para procrear. Que les asusta el Facebook. Que se quedaron con el chip del pasado. El tiempo se encargará de ellos con más eficacia que miles de campañas. Se irán tristes, los pobres, pensando que el mundo está perdido, cuando lo que está haciendo la humanidad es abrazando su enriquecimento con la diversidad. Una pena que se vayan así, pero se irán, es la inexorable ley del tiempo.

Diez años, ya verán, y el Perú no será de los primeros sino de los últimos. Ya verán.

Ay Lay

Se cruzan en el camino grupitos que controlan iglesias conservadoras, herederos de quienes decían que los reyes gobernaban por voluntad divina y por eso los coronaban. Esos que apañan y protegen curas pederastas y desde púlpitos elevados sermonean que los  derechos  humanos son una cojudez. Se opone Humberto Lay con su pecho henchido de superioridad moral, luego de salvar fujimoristas y mostrar que de ético no tiene nada al apoyar una sanción a Javier Díez Canseco cuyo único sustento fue la venganza política.

Ridículos. Vistos desde lo alto de la historia, enanos. Sopesados en la balanza de la justicia, microgramos. La humanidad los verá muy pronto como hoy vemos a quienes sancionaron a Galileo, a los inquisidores que torturaban por afán de poder, a los que por miedos absurdos quemaban mujeres acusándolas de brujas.


Liberales, salgan de su closet

La bandera de un liberal: la libertad y la igualdad ante la ley. Todo buen liberal debe estar asqueado porque a otros seres se les expropie la libertad de casarse, sea cual sea el pretexto para hacerlo. Todo buen liberal debe repugnar que haya leyes que no se aplican por igual para todos.


¿Dónde están liberales peruanos, defendiendo que el derechos al matrimonio alcance a quienes se aman siendo del mismo sexo? ¿Alfredo Bullard, Federico Salazar, Pablo Secada, porque no los veo reclamando que a los sexualmente diversos les quiten las cadenas de la discriminación y les den el mismo trato que a los demás? ¿Dónde están sus convicciones y principios?


En este tema el PPC muestra su verdadera cara cucufata y conservadora, que trata de ocultar tras un modernismo pro-mercado en la economía. Oponiéndose medio a ocultas a que la ley sobre el matrimonio alcance a todos, demuestran que su defensa del libre mercado no es ideología sino conveniencia, no es principio liberal sino receta de Chicago Boys, no es seguidora de Hayek sino de la Thatcher.


En el medio, "Techito" Bruce defendiendo disimuladamente la puntita de la agenda de derechos gay. Políticamente calculador, pero cobarde. Hace treinta años diría maricón, pero hoy sabemos mejor, no creo que la cobardía tenga nada que ver con la homosexualidad y rechazo que se siga estigmatizando así a quienes tienen otra orientación sexual.


Javier y los socialistas

Nada de eso podrá detener el cambio social, de base generacional, de aceptar como iguales al resto, a quienes se aman siendo del mismo sexo. Ya verán.


Pero como mis amigos saben, no defino posiciones políticas según lo que prevalece. A final de cuentas, en 10 años también el planeta estará dos grados más caliente, China será más poderosa y todavía una dictadura, el tráfico en Lima estará peor y que Alan Garcia seguirá siendo el mismo cínico poderoso, todo lo cual me parece horrible y criticable.

Es la bandera de la igualdad y la fraternidad, lo mejor de la Revolución Francesa, la rosa del socialismo, la que me guía. Igualdad que no admite discriminaciones, que no acepta exclusiones, que no permite que nadie quede fuera. Igualdad, entre los socialistas, es una palabra que sólo vale si es para todos. Para afros y cholas, cojas y enfermos mentales, aymaras y awajunes, hetero y homo y bi y tráns. Sin excepciones sin cortapisas. Hasta para Cipriani queremos derechos. Hasta para los asesinos del grupo Colina. Sin excepciones, todos los derechos humanos para todas.


No por casualidad fueron Javier Díez Canseco y los socialistas quienes primero se animaron a defender claramente los derechos para la comunidad LGBT (lésbica, gay, bi y trans) y llevaron candidatas abiertamente lesbianas al Congreso el 2006. Cuando los demás arrugaban, eran los izquierdistas valientes los que decían su verdad sin cortapisas y defendían principios sin transar. Hoy que se recuerdan muchas cosas de Javier, yo le agradezco personalmente por esta trocha que abrió.


Lo justo es parejo y lo parejo no es chipotudo

No, no estoy por el matrimonio gay. Estoy por el derecho al matrimonio para todas las personas. De a  dos y de a más. De distinto sexo y del mismo sexo y de géneros diversos y de sexos en tránsito.  Para los que viven con VIH/SIDA también, a quienes hoy también se les niega el derecho al matrimonio. Matrimonio con todos los derechos y sin condiciones, para la humanidad entera. No es lo mismo que el matrimonio gay, como mi hija me hizo notar hace poco.


Porque como decía mi viejo en uno de esos dichos que se trajo de su México querido, "lo que es justo es parejo y lo que es parejo no es chipotudo". Lo que es justo es igual para todos, y lo que es igual para todos no admite diferencias.  Matrimonio para todos es la manera de otorgar a la comunidad LGBT ese derecho que por justicia les corresponde.


Será realidad en menos de diez años, ya verán. Espero que para entonces mi hija haya hecho fortuna y pueda pagarme la apuesta. Pero eso no es importante. Lo importante es que permitirá realizar el sueño inmortalizado por esa salsa genial: la boda de ella tiene que ser la mejor.


Publicado el 10 de mayo en Hildebrandt en sus trece