Las regiones con mayor territorio concesionado son:
Moquegua con el 69% de su territorio concesionado, Apurímac (50%), La Libertad
(42%), Tacna (42%), Arequipa (41%) y Ancash (40%).
Escribe Magali Zevallos
Hay una directiva desde el Poder Ejecutivo de excluir del proceso de consulta previa a la Costa y Sierra del Perú, justamente porque los proyectos mineros se encuentran concentrados en estas regiones, mientras que en la Selva hay 3,754 concesiones mineras vigentes, en la Costa y Sierra del país hay 50,516, según el Ministerio de Energía y Minas, principal promotor de la inversión minera.
“La mayoría de los proyectos mineros se dan en el mundo andino, excluir a la Costa y Sierra del proceso de consulta es tirar por la borda el Convenio 169 de la OIT. El Gobierno apunta a la gran minería sin consulta previa porque lo ve como un obstáculo, ya que la renta que deja la minería es la fuente que le da viabilidad a los programas sociales que el Gobierno impulsa a través del Ministerio de la Inclusión”, señala Carlos Monge, coordinador regional de América Latina de Revenue Watch Institute.
Para Monge, esta posición cerrada de los Ministerios de Energía y Minas (MINEM) y Economía y Finanzas de invisibilizar a los Andes de los procesos de consulta, es la expresión de los intereses gremiales de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Aunque hay voces empresariales con posiciones contrarias, como las de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, quienes señalan que los procesos de consulta aseguran el desarrollo de inversión de largo plazo.
Así, los intereses mineros aprovechando la caída de los precios de los metales vienen presionando al Estado peruano para obtener condiciones de “inversión sin trabas”, es decir tener la luz verde de las autorizaciones sin el proceso de consulta.
Esta preocupación empresarial minera fue trasladada desde Palacio de Gobierno a los Ministerios de Energía y Minas y Cultura, donde se preguntaba si cabía consulta previa en 32 proyectos mineros, la respuesta fue que de ese total, 14 de ellos involucran a comunidades campesinas y no indígenas.
Tanto el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tenían la venia de Palacio, y la justificación de los ministerios competentes para hacer público las pretensiones de “quitar los obstáculos burocráticos” a los principales proyectos mineros en fase de exploración, para pasar directamente a las autorizaciones y así empezar a operar. Hasta se enfatizó en la conformación de un grupo especial que se encargará de hacer un seguimiento a los principales proyectos de inversión en el país.
En la misma línea, el ministro de Cultura, Luis Peirano, anunció que no se hará pública la base de datos oficial de los pueblos indígenas, pese a que el ya renunciante viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Iván Lanegra, tras la publicación del Reglamento de la Consulta (abril 2012), anunció hasta una docena de veces hacer pública la guía metodológica para la aplicación del reglamento de la Ley de consulta previa y la base de datos de los pueblos indígenas. Ha pasado más de un año y ninguno de los dos instrumentos son de acceso público, pese a ser una obligación legal.
La justificación que da Peirano es que dicha publicación generará confusión y expectativas innecesarias. Y, en palabras del propio ministro, se reconocerán derechos a pedido de los pueblos indígenas. “Cuando una comunidad de alguna manera se ve afectada por un proyecto de inversión puede pedir el derecho a ser reconocida”.
Mediante una carta, la Defensoría del Pueblo hace un llamado de atención al presidente de Consejo de Ministros a fin de que se puedan garantizar el ejercicio de los derechos de consulta de los pueblos indígenas con la publicación de estas dos herramientas en cuestión.
Además, exhorta a continuar con el proceso de consulta del Lote 192 en Loreto, con la participación permanente de las organizaciones indígenas involucradas, y a realizar la consulta previa sobre la autorización de inicio de exploración del proyecto Angostura de la comunidad campesina quechua Nueva Esperanza de Mollepiña, en Apurímac.
A un año de la reglamentación de la Ley de Consulta
Los especialistas coinciden que el gobierno de Humala ha tenido avances en el marco jurídico del Convenio 169, sin embargo, hay retrocesos y entrampamientos políticos en su implementación desde un inicio. “La razón es que el Gobierno no quiere avanzar con la consulta previa porque quieren sacrificar los derechos de los pueblos indígenas por el crecimiento económico, afirma Luis Vittor, asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
“Desde un inicio, el Estado ha incumplido, con la no publicación de la guía y la base de datos –a partir de la publicación del reglamento se daba plazos de 30 y 90 días– se está desnaturalizando la consulta y no se está garantizando su aplicación a favor de los pueblos indígenas, dice Vittor.
Tal como lo grafica el mapa de concesiones mineras, la inversión minera se encuentra concentrado en la Costa y Sierra del país, en varios de esos proyectos ya hay tensiones entre la población y la empresa, hay una sobreexpectativa para que se aplique la consulta, la no aplicación de la misma generará una gran demanda y tensión hacia el Estado. Vittor señala que esta exclusión es un grave error, lejos de contribuir a la inclusión, contribuye a retroceder todos los avances reconocidos al Perú a nivel internacional.
Otro anuncio que llama la atención es el que dio el Ministro de Energía y Minas, quien afirmó que el Gobierno está trabajando para que Perú tenga los menores plazos de América Latina para obtener los permisos requeridos para la exploración minera. Monge agrega que este escenario es una señal de alarma y advierte que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) serán las próximas víctimas.
“Esto es un gran retroceso, estamos regresando a los años 90’s, donde el Estado le daba todas las condiciones a los empresarios para invertir, en el camino optado por el actual gobierno lo más probable es que no habrá tal proceso (consulta previa), para el Gobierno los proyectos mineros van, así sea con allanamiento de la población los proyectos van, ganó el sector empresarial duro”, finaliza.
Dato:
Según el informe de conflictos de la Defensoría del Pueblo de abril, de los 229 conflictos, el primer lugar lo ocupan los conflictos socioambientales con 154 casos, los que representan el 62% del total.
Publicado en el Diario 16, 18 de mayo de 2013
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