Por Carlos Monge*
Como si estuviésemos en primaveral
temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón
del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se
ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.
Todo comenzó con una pequeña baja en
el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente
leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos
commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y
Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no
tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e
inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos
lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el
país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!
Las respuestas del gobierno pudieron
haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no
hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de
inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de
Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría
haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”,
volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y
ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos
servicios, etc.
Pero no. Lo que ha hecho es
arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así,
entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los
mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la
sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y
aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para
conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se
anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.
¡No se vayan! ¡Quédense por favor!
¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala
da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un
conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar
de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más
la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el
reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre
pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la
agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado
desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.
Como si estuviésemos en primaveral
temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón
del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se
ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo
más.
Todo comenzó con una pequeña baja en
el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente
leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos
commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y
Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no
tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e
inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes
políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza
el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!
Las respuestas del gobierno pudieron
haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no
hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de
inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de
Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría
haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”,
volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y
ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos
servicios, etc.
Pero no. Lo que ha hecho es
arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así,
entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los
mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la
sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y
aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para
conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se
anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.
¡No se vayan! ¡Quédense por favor!
¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala
da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un
conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar
de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más
la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el
reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre
pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la
agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado
desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.
—
* Carlos Monge es antropólogo por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Historia por la
Universidad de Miami. Posee experiencia en trabajo de promoción rural y
desarrollo sostenible, asesoría y de consultoría a gremios campesinos locales y
nacionales, organizaciones privadas de promoción del desarrollo e instituciones
públicas. Es autor de varias publicaciones sobre temas vinculados al desarrollo
rural, los movimientos sociales, la descentralización, la participación
ciudadana y las industrias extractivas.
Publicado en el diario La Primera, 28 de mayo de 2013
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