jueves, 30 de octubre de 2014

Proponen medidas para garantizar justicia y reparación a víctimas de esterilizaciones forzadas.

18 años de impunidad en el caso de esterilizaciones forzadas:


Co- peticionarias informan a la CIDH de irregularidades y falta de voluntad política del Estado peruano para resolver este caso.

 

Organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no hay avances de parte del Estado peruano frente a víctimas de esterilizaciones forzadas, puesto que no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables del delito de lesa humanidad.


Ayer, 29 de octubre de 2014, las organizaciones Aprodeh, Cladem, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), el Centro de derechos reproductivos (CDR) y DEMUS, co peticionarias del caso 12191 “Mamérita Mestanza” v. el Estado peruano, sobre esterilizaciones forzadas; sostuvieron una reunión de trabajo sobre la falta de cumplimiento satisfactorio del Acuerdo de solución amistosa.


Las co- peticionarias manifestaron su preocupación por la impunidad, falta de autonomía y de rigurosidad del Ministerio Público, expresadas en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al ex presidente Fujimori y sus ex -ministros de Salud.
 

Esta resolución reconoce que las esterilizaciones forzadas configuraron graves violaciones a los derechos humanos, pero sólo responsabiliza a algunos funcionarios públicos por la comisión de delitos culposos, desconociendo la existencia de un aparato organizado de poder, evitando la atribución de responsabilidad a los autores mediatos.
 
María Ysabel Cedano, directora de DEMUS señaló: "Preocupa, por un lado, que las líneas de investigación no se hayan desarrollado de manera comprensiva, ya que no se ha analizado el contexto en el que ocurrieron los hecho. Asimismo, llama la atención las irregularidades procesales cometidas en el marco de la investigación penal del caso".
 
Exigen cambio de fiscal
 
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos cuestionaron la competencia del Fiscal que resolverá la queja interpuesta, ya que no es el llamado por ley. Exigieron que el Estado subsane de una vez por todas las irregularidades procesales y de fondo que se vienen cometiendo en esta investigación. Gloria Cano, Directora de APRODEH, llamó a que se respete el principio de fiscal natural  sin dejar margen a la sospecha de manipulación política alguna.
 
También cuestionaron que en la investigación y la resolución, el caso de Mamérita Mestanza se trate como un caso aislado, cuando es emblema de una política de Estado que sistemáticamente esterilizó de manera forzosa a miles de mujeres y hombres de zonas rurales y urbano populares de nuestro país, quechuablantes y en situación de pobreza, que en muchos casos no comprendieron a que se sometían.
 
En cuanto a las reparaciones, exigieron que las relacionadas a salud y educación para las y los familiares de Mestanza sean efectivizadas tal y como lo indica el Acuerdo de Solución Amistosa, suscrito en 2003. Asimismo, la representante de CLADEM, Cristina Zurutuza,  señaló que el gobierno del presidente Humala debe garantizar una política reparaciones integrales para todas las víctimas de este crimen.
 
Patrón sistemático de graves violaciones a los DD.HH
 
De acuerdo con el informe presentado por el fiscal Marco Guzmán Baca el presente año, se estima que existen 10,000 mujeres presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en todo el territorio nacional.
 
Un total de 1,448 mujeres (Cuzco 830,  Piura 410 y Cajamarca 208)[1] fueron  llamadas a declarar. Actualmente existen 2,074 víctimas incluidas en el expediente de investigación penal de Mestanza.
 
Estas cifras, así como otros estudios, demuestran que las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y 2000 no constituyen, en modo alguno, hechos aislados, excesos, ni mucho menos actos de negligencia cometidos por personal médico y profesionales de la salud. Por el contrario esto muestra que se trata de un delito de lesa humanidad, que se impulso y ejecutó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado por el ex- presidente Alberto Fujimori.




[1] Informe N° 01-2012-2oFPS-MP-FN, Fiscal Marco Guzmán Baca, 2012.

 
PETICIONES SOLICITADAS AL ESTADO PERUANO
 
1.         Garantice el apego a la ley en todo aspecto relacionado con la investigación penal y respete el principio de juez natural en su aplicación a la fiscalía a cargo de investigar el presente caso. En consecuencia, que reconozca la nulidad de lo actuado y se tomen prontamente las medidas necesarias para garantizar la actuación de la fiscal natural suministrándole todos los recursos financieros y humanos necesarios.
2.         Conduzca una investigación en forma pronta, imparcial, independiente y efectiva a fin de identificar tanto a los autores materiales e inmateriales de los delitos y conduzca una investigación que incluya y reconozca el contexto y patrón de las esterilizaciones forzadas en el Perú y la gravedad de las conductas por su grave vulneración a derechos humanos fundamentales.
3.         Se cumpla con las reparaciones integrales en materia de salud para los familiares de Mamérita Mestanza a través del acceso efectivo a un servicio médico especializado y completo que reconozca y responda a su situación de víctima de violación a derechos humanos. Para ello, el Estado debe actualizar los registros en la localidad de La Encañada para que los familiares de Mestanza puedan acceder sin limitaciones a los servicios de salud. También debe  diseñar  e implementar un certificado de identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares que garantice el acceso de manera comprehensiva e integral a los servicios de salud, con reconocimiento de su situación de víctima de violaciones a derechos humanos.
4.         Otorgue un estipendio que incluye transporte, alimentación, hospedaje que le permita a los familiares de Mestanza hacer efectivo su derecho de acceso a la educación, en conformidad con lo solicitado por los beneficiarios.
5.         Cree un Programa de Reparaciones Integrales para todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas en el marco de la aplicación del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva.
6.         Establezca un cronograma de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Solución Amistosa y  los que se decidan en esta reunión.
 
El Estado peruano deberá responder este petitorio en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de Mamérita Mestanza.

viernes, 24 de octubre de 2014

OXFAM presenta estudio sobre Desafíos en la superposición de uso de tierras para industrias extractivas y agricultura en Perú y Ghana



La actividad minera y petrolera ha entrado en competencia directa con la agricultura de pequeña escala en muchos países. Las tensiones por el control de la tierra y, sobre todo, por el agua, han producido protestas y conflictos violentos en las comunidades. Reconciliar estos dos importantes impulsores del desarrollo se ha convertido en un tema crucial de gobernabilidad y desarrollo.

Según estudio de la Universidad de Queensland, Clark University (2014), los costos para las corporaciones en la conflictividad social pueden llevar a ser muy altos, cerca de los US$ 20millones semanalmente, en el caso de grandes proyectos mineros valorizados entre US$3,000 y US$5,000 millones.

Según el FMI, el Perú debe diversificar la economía en sectores estratégicos como la agricultura y no depender tanto de la minería. Si observamos lo que pasa en zonas con actividad minera, como en Espinar, entre 2004 y 2012, la provincia contó con más de mil millones de soles por recursos de canon y del aporte de la empresa minera bajo el convenio marco. Esa cifra constituyó el 86% del total de los recursos que recibió entre esos años dirigidos a mejorar condiciones de vida inmediata pero sin atender cambios estructurales de productividad y competitividad.

Según el informe,  las cinco cuencas de drenaje que presentaban mayor proporción de su área bajo concesión a la industria minera eran el Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari. La superposición se ha incrementado rápidamente, desde el año 2002, especialmente en las regiones de la costa y del centro del Perú. A partir del 2007 se empezó a otorgar desproporcionadamente áreas agrícolas, especialmente en la costa peruana.
 

El geógrafo Anthony Bebbington señaló que uno de los desafíos a superar tiene  que ver con vencer la limitación de información, el marco legal incompleto y la asimetría en el acceso a la información entre los actores. Explicó además que uno de los indicadores más importantes son las concesiones otorgadas para la actividad extractiva, en zonas en donde se desarrolla pequeña agricultura, así como los cambios expuestos en el suelo y en la sociedad después de una actividad extractiva.

“Las concesiones nos indican que son decisiones tomadas por actores públicos y privados. Decisiones que tienen que ver con el uso de la tierra. Conscientemente dictadas. Otros indicadores de cambios están en la tierra y los que son de carácter social. Aunque sea un indicador negativo, sirve para medir”, añadió.

La problemática entre ocupación de territorios agrícolas por parte de las actividades extractivas tiene impacto también en la seguridad alimentaria del país, tema que OXFAM ha venido trabajando en los últimos años en nuestro país mediante la campaña CRECE.

Por ello,  Giovanna Vásquez Luque, representante de OXFAM, señaló que la pequeña agricultura  en Perú no tiene la atención, ni la prioridad necesaria por parte del Estado, a pesar de que destinan el 76% de sus tierras a la producción de tubérculos y el 72% a hortalizas; es decir son la base de nuestra seguridad alimentaria y de la gastronomía.

“En el país no ha habido una política agraria adecuadamente implementada para ese sector porque ni siquiera se encontraba data del mismo hasta el año pasado. El censo de 2012 nos habla que hay 2,260 mil pequeños productores y llama la atención que el sector no se ha disminuido sino que muy por el contrario ha aumentado aproximadamente en 500,000 mil. Las regiones de mayor concentración de la pequeña agricultura son Cusco, Puno y Cajamarca. Regiones en donde la industria extractiva tiene una presencia importante”.

Vásquez menciono que una muestra del poca prioridad del sector fue el diseño en el año 2013 de la discusión de la política en seguridad alimentaria donde se diseñó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara y una Ley marco que garantiza el Derecho a la Alimentación, la cual aún no está aprobada por el legislativo a pesar de los esfuerzos conjuntos de sociedad civil para lograr su envío al ejecutivo, anoto.

El estudio a cargo del profesor Bebbington de la Universidad de Clark,  dice que la agricultura continúa siendo el mayor empleador de la población rural en el Perú. El 25% vive hoy en zonas rurales, de ese porcentaje, el 25.2% es el sector agrícola que aporta a la PEA y aporta el 7.2% al PBI nacional. La pequeña agricultura es un sector en el que hay una gran cantidad de gente empleada.

En los años futuros, es probable que los distintos usuarios de la tierra compitan cada vez más por el acceso a los mismos recursos de tierra y agua. Los mapas que muestran dónde se superponen los usos propuestos de la tierra, identifican así dónde la expansión de las industrias extractivas podría amenazar los medios de subsistencia que dependen de la tierra y el agua existentes.

Pese a los beneficios que genera, el desarrollo puede traer consigo también riesgos e incertidumbre para las comunidades. Las personas y los grupos responden a nuevos riesgos con un amplio rango de estrategias para sobreponerse a estos problemas.

El informe, advierte además que la producción agrícola y las industrias extractivas están dándose en las mismas áreas geográficas en el Perú y Ghana.

Puede predecirse que la superposición de la agricultura con las industrias extractivas conllevará a un conflicto social permanente, a menos que los gobiernos manejen esta situación de manera efectiva y mediante una adecuada coordinación de políticas.

Nuestro país está experimentado el espectacular crecimiento basado en la minería pero que según instancias como Banco Mundial, BID, etc., crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Los conflictos entre extractivas y comunidades locales están expresando raíces profundas de preocupación de agricultores, por ejemplo sobre el impacto en sus medios de vida.

lunes, 13 de octubre de 2014

El Congreso debatirá propuesta de ley para despenalizar el aborto en casos de violación sexual

Más de 60 mil firmas respaldan el Proyecto de Ley y ya se encuentran en dos comisiones del Congreso de la República

 

“Los parlamentarios recibimos esta iniciativa ciudadana con mucha responsabilidad, se trata de un asunto serio y delicado”, comentó la congresista Verónika Mendoza.  Más de 60 mil firmas de ciudadanos peruanos de todo el país respaldaron este proyecto de ley, junto con el apoyo de diversas bancadas. El Congreso de la República tiene un plazo de 120 días para debatir el Proyecto de Ley N° 3839/2014-IC: “Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida”.

“El Estado no puede obligar a las mujeres, niñas o adolescentes a llevar a término un embarazo sin considerar su proyecto de vida, su salud física o emocional, sin darles la posibilidad de recurrir a una Anticoncepción Oral de Emergencia”, denunció Mendoza.

Esta iniciativa ciudadana tras conseguir y acreditar las firmas requeridas a través del Jurado Nacional de Elecciones, fue derivada al Congreso de la República, y asignada a las Comisiones de Constitución y Reglamento, y de Justicia y Derechos Humanos para su discusión y posterior debate en el Congreso.

El congresista Carlos Bruce defendió la libertad para decidir de las mujeres ante un delito, un “acto de salvajismo”, coincidiendo con el parlamentario andino Alberto Adrianzén.  Por su parte, la parlamentaria Rosa Mavila afirmó que esta ley implica “un cambio de mentalidad de la sociedad peruana. Detrás de este debate hay un tema de naturaleza cultural, la función de la mujer durante el embarazo, visto como  sagrado, implica aceptar hechos terribles de imposición y de agresión salvaje contra su libertad individual”. Añadió además que “a ninguna mujer se le puede imponer como deber la maternidad cuando ese embarazo es producto de una agresión contra su voluntad”.

El Perú es el país con mayor tasa de denuncia por violación sexual en América del Sur, 17 763 denuncias por violación recibió en 2013 el Ministerio Público, siendo más del 70% de las víctimas niñas o adolescentes. Como consecuencia,  más del 34% de las mujeres quedan embarazadas. Según el Ministerio de Salud,  un 29% de las  muertes en adolescentes están vinculadas al aborto.


Sandra de la Cruz, estudiante de la Universidad de San Marcos e integrante del colectivo Déjala Decidir, denunció las condiciones de inseguridad que sufren las mujeres que se ven abocadas a abortar de manera clandestina poniendo en riesgo su vida y su salud. Además remarcó que la mujer “tras ser agredida y quedar embarazada sufre una segunda violación cuando el Estado no permite a la mujer decidir”.

Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) declaró que la presentación de esta iniciativa demuestra que “la sociedad está cambiando” y por tanto, es la “oportunidad para cambiar aquellos rezagos terribles que dan cuenta de la inequidad que sufren las mujeres”. Apuntó además que son las adolescentes entre 14 y 17 años las que más sufren embarazos como consecuencia de una violación.

La aprobación del Proyecto de Ley supondría la modificación del artículo 119 del Código Penal para incorporar este nuevo supuesto, y la derogación de todas las disposiciones que se opongan a la modificación de la ley, entre ellas la pena de tres meses para las mujeres que abortan a causa de una violación, contemplado en el artículo 120 del Código Penal vigente. Asimismo, el proyecto de ley contempla el acceso a servicios integrales para víctimas de violación sexual.

Se registran cada año un mínimo de 35 000 embarazos no deseados como consecuencia de una violación sexual. Asimismo, desde el año 2009 las mujeres víctimas de violación sexual no tienen acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en los establecimientos de salud del Estado.

El debate de este Proyecto de Ley  pone en juego derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación, y a la salud.

Organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos, entre otros, ya han instado al Estado Peruano a despenalizar el aborto en casos de violación sexual.