lunes, 28 de diciembre de 2015

Cladem advierte que ley contra la violencia dejaría desprotegidas a las mujeres al momento de denunciar

 
  • Ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar pone en peligro la protección a las mujeres víctimas de violencia, advierte Cladem.
  • Habría colapso en el sistema de recojo de denuncias en las Comisarías y en los Juzgados Mixtos y de Familia.
La reciente Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (N° 30364) -promulgada hace cuatro semanas- dejaría desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia, por problemas en su implementación, advierte el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
A pesar que la norma propone agilizar el acceso a la justicia, ya que ahora la denuncia pasa en solo 24 horas desde la Comisaría al Juzgado de Familia o Mixto, y precisa que el juez debe resolver la medida de protección en máximo 72 horas; existen conflictos dentro de la regla.
La problemática surge porque en la Policía Nacional del Perú (PNP), no existe un consenso sobre las características de atestado que deben elaborar y remitir al Poder Judicial; incluso en algunas comisarías a nivel nacional no se reciben ni tramitan las nuevas denuncias. Todo esto podría generar que las denuncias de las víctimas no sean consideradas y queden fuera del proceso.
“Existe el riesgo de que la ley no se aplique adecuadamente porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia sobre la implementación”, explica  Jeannette Llaja, abogada de CLADEM. Agrega que al no existir una capacitación con respecto a la norma, “tenemos un Poder Judicial colapsado, una policía no sensibilizada, las denuncias de las víctimas podrían rebotar y salir del proceso”. 
Asimismo, Llaja considera que los juzgados mixtos y de familia no están en la capacidad de atender los casos tal y como está previsto en la norma, considerando su carga procesal, horario de trabajo y el escaso personal con el que cuentan.
Otro inconveniente es que los Centros de Emergencia Mujer y los servicios de defensa de las víctimas del Ministerio de Justicia a nivel nacional, no tienen los lineamientos para acompañar los casos: “Ante esta situación, las mujeres víctimas de violencia que están acudiendo a las autoridades se encontrarán desprotegidas y en mayor riesgo, porque las instituciones que integran la ruta de atención, se han encontrado con un nuevo proceso de la noche a la mañana”, manifiesta Cynthia Silva, abogada de CLADEM.
Añade que la falta de claridad, sumada a los “prejuicios machistas que persisten en muchos operadores, puede provocar que no se atiendan los casos por considerar que no son graves y que no merecen atención prioritaria”.  Por ello, Silva enfatiza que es indispensable fortalecer el servicio de defensa y acompañamiento de las víctimas.
Demandas
Los profesionales que integran CLADEM Perú esperan que se adopten medidas urgentes, pues nos encontramos cerca de las fiestas de fin de año y uno de los meses donde los índices de violencia aumentan es enero, según los Centros de Emergencia Mujer.
Por ende, demandan que se incluya presupuesto adicional para la implementación de la ley y se de acompañamiento a las denuncias. También que se instruya al personal policial a nivel nacional para asegurar que todas las comisarías tramiten las denuncias en 24 horas.
Además, piden la creación de nuevos juzgados especializados en familia para que se garantice el dictado de medidas de protección y cautelares dentro del plazo establecido por la ley (72 horas desde que se realiza la denuncia). En la misma línea, consideran necesario el establecimiento de lineamientos de actuación interinstitucional para la atención de diversos casos de violencia y que se realice una capacitación estandarizada para la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el personal de los servicios de atención pues de esa manera, se aplicará adecuadamente la ley.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

Más de dos años de retraso para empezar a elaborar el Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad

ü  Mañana 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1992
 

El Ministerio de Vivienda anunció con más de dos años de retraso la conformación de la Comisión Multisectorial que elaborará el Plan Nacional de Accesibilidad para eliminar las barreras arquitéctonicas y comunicativas para las personas con discapacidad. Sin embargo, ni siquiera se ha aprobado aún la resolución de aprobación. Esta política, establecida por la Ley General de la Persona con Discapacidad, debió estar lista en abril de 2013. Hay dos incógnitas siguen sin despejarse: la fecha de culminación de la elaboración del plan, y el momento en el que entrará en vigencia.

Gradas, escalones, rampas mal hechas, puentes peatonales con peldaños, postes en medio de las veredas. “¡El no tener accesibilidad hace que me sienta más atada a mi silla!”­­, lamenta Milagros Ruiz. Esta periodista de 32 años, al nacer sufrió una parálisis cerebral, la lesión afectó sus miembros inferiores y a su aparato psicomotor postrándole en una silla de ruedas de por vida. Las calles de nuestro país representan una carrera de obstáculos para las personas con discapacidad, quienes a diario deben pedir ayuda constante a transeúntes, perdiendo la independencia y autonomía por la que tanto batallan.

Hace más de dos años se estableció que se debía crear un Plan Nacional de Accesibilidad, con un plazo no mayor de 120 días. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe. El Ministerio de Vivienda en octubre anunció la conformación de la Comisión Multisectorial para la elaboración de este documento. “Ha habido falta de voluntad política para poder avanzar en el tema de accesibilidad, pero saludamos que por lo menos se conforme la comisión”, señala Milagros Sovero, de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Para el congresista Jhon Reynaga es indignante que estas políticas públicas establecidas en la ley general, no se hayan terminado de ejecutar. “Los representantes del Ministerio de Vivienda se comprometieron, dijeron que en noviembre iban a emitir una Resolución Suprema para que conformen una Comisión Multisectorial de 45 a 60 días”, agrega que, si bien ya se está trabajando en el tema, aún no se ha publicado la medida.

Para conocer los detalles sobre la culminación de la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad y cuándo entrará en vigencia, intentamos comunicarnos en reiteradas oportunidades con la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, a cargo del arquitecto Luis Obdulio Tagle.

A pesar de eso, no obtuvimos respuesta

Sin embargo, en una entrevista realizada hace varios meses, Tagle comentó que la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico aún no iniciaba sus funciones, pues no se les había asignado el presupuesto. En el intento de gestionar una entrevista, se nos informó que dicha área ya había iniciado sus labores, pero que tenía recursos muy limitados, por lo que solo se había contratado a “un par de personas”.

Sobre lo anterior, Sovero comenta que la Dirección General de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda “es una dirección que estaba puesta, pero que finalmente no había avanzado nada, porque no se han generado ningún tipo de políticas, ni siquiera se ha diseñado en Plan de Accesibilidad”, enfatiza.

Reynaga comenta que, en el Congreso de la República, ya se ha designado el presupuesto para dicha dirección; pero, por ser una entidad nueva, el dinero será entregado el año entrante: “Mediante la Ley General de Presupuesto para el año 2016, se aprobó el monto aproximado de 700 mil soles para medidas operativas y administrativas”, señala.

La espera que desespera

“Tu desarrollo personal se complica mucho cuando no tienes accesibilidad porque, si eliminaran las barreras arquitectónicas y respetaran el modelo social, las personas con discapacidad no tendrían ningún problema al desplazarse”, comenta Miilagros Ruiz.

Desde pequeña se ha sentido constantemente discriminada, incluso recuerda que fue expulsada del nido porque las autoridades de la institución temían que su discapacidad pudiera ser contraída por otros niños. “Dijeron que mi discapacidad iba a contagiar y por eso, mis papás tuvieron que buscar un colegio especial”, relata.

Cuando creció y decidió estudiar periodismo se enfrentó a un mundo lleno de prejuicios cuando empezó a buscar empleo “No me contrataban, decían que no podían aceptarme porque no podría acudir a cubrir las comisiones y que la infraestructura de la empresa no estaba adecuada”. Finalmente, Ruiz decidió alejarse de las comunicaciones y trabajar en atención al cliente, pues le permitían laborar desde su hogar.

Problemas latentes

Las personas con discapacidad no solo esperan que la infraestructura del país se empiece a adecuar a sus necesidades, sino que también anhelan un sistema de transporte donde puedan desplazarse con tranquilidad y a precios módicos.

Para Milagros Sovero, el tema de accesibilidad urbana debe ser prioritario, “se tiene que ver la accesibilidad en el entorno urbano y de edificaciones, eso es básico”, sostiene. Además, agrega que incluso los dos sistemas de transporte público que anunciaron que serían accesibles, el Metropolitano y el tren eléctrico, cuentan con numerosas deficiencias que impide su uso por las personas con discapacidad.

Eso lo comprobó Ruiz, pues decidió hacer un “experimento social” y vivir la experiencia de utilizar el Metropolitano, para luego compartirla con los seguidores de su blog llamado “No invisibles”.

“Me fui hasta la estación de Naranjal en un alimentador, no sin antes ver en sus páginas web que era todo accesible, pero no fue así. No tenían rampas y me subieron cargada, yo pensé que adentro estaban los cinturones de seguridad y ganchos que agarran las sillas de ruedas, pero no había nada. Entonces, en una curva, me caí y me lesioné la columna”, cuenta la periodista.

“El problema con el Metropolitano es que solo el 10% de sus unidades alimentadoras son accesibles para personas con sillas de ruedas. Entonces normalmente entre dos a tres horas tiene que esperar una persona en silla de ruedas en los paraderos, para acceder a un carro accesible”, manifiesta Sovero, quien añade que otra problemática es lo abarrotados que transitan dichos buses.

Por otro lado, esas no son las únicas necesidades de las personas con discapacidad, pues también demandan empleo (el 76% de ellos se encuentran inactivos) y mayores oportunidades de acceso a la educación, pues según la Defensoría del Pueblo, el 78% de las personas con discapacidad en edad escolar, están fuera del sistema educativo.

Ausente

Si hay una institución que está encargada de vigilar y fiscalizar que las normas en beneficio de las personas con discapacidad se cumplan, es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad (Conadis), pero dicha entidad ha sido duramente criticada.

Milagros Ruiz recuerda que a la primera institución que acudió cuando cayó en el alimentador del Metropolitano, fue a Conadis, pero “solamente llegaron a unas conversaciones y nunca hicieron nada, por lo que tuve que recurrir a otros entes para que me puedan defender”, enfatiza.

Intentamos comunicarnos con el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, presidido por Fernando Bolaños, quien también es presidente del Conadis, para consultarle sobre el Plan de Accesibilidad y el rol que está cumpliendo actualmente el Conadis, pero no nos concedió entrevista.

Reynaga comenta que los grupos de trabajo que ha conformado han venido cumpliendo el papel de dicha institución: “Nosotros estamos haciendo el papel del Conadis llamando a las instituciones y exhortándolas a que elaboren el plan que debió estar listo hace tiempo”, sentencia el congresista.

“El Conadis está dormido desde hace más de un año y medio, el viceministro Bolaños ha asumido el liderazgo de esta institución, pero finalmente la institución en sí no está cumpliendo nada de lo que la ley establece. Espero que tengan nuevo presidente pronto”, señala Sovero.

Asimismo, agrega que “necesitamos que el Conadis con su nuevo presidente pueda tomarle especial atención a los temas de discapacidad, que se pueda contar con todos los medios accesibles para el beneficio de las personas con discapacidad”, finaliza.

Es importante recordar que el Conadis, además de ser el órgano rector en materia de discapacidad, debe velar por que las instituciones públicas cumplan con garantizar la accesibilidad de sus servicios. No obstante, hasta la fecha no ejerce dicha potestad debido a la falta de procedimientos internos. Distintas organizaciones están evaluando interponer una demanda de cumplimiento contra este órgano por dicho incumplimiento.

martes, 1 de diciembre de 2015

¿Cómo se está cumpliendo el protocolo del aborto terapéutico?


A casi un año y medio de la aprobación de la guía sobre aborto terapéutico, existen en la propia norma barreras para que algunas mujeres puedan acceder a él. Además de haber  falta de transparencia en las estadísticas. Aún queda una deuda pendiente del Estado en la materia: el pago de una indemnización y cumplir con la atención  integral de  salud de L.C. y K.L. tras haberles obligado a continuar con un embarazo que afectó gravemente su salud física y mental.
 
Por Nylva Hiruelas
“Libre, gratuito y seguro” estas son las demandas que miles de mujeres corearon al unísono por las calles del planeta en el Día de Acción Global por la despenalización del aborto que se celebró el 28 de setiembre. En el Perú, la batalla legal se cierne sobre la aprobación del proyecto de ley N°038039, que permitiría que las mujeres que hayan quedado embarazadas producto de una violación sexual pudieran abortar. Por ahora sólo es legal el aborto terapéutico. No cabe duda de que la aprobación del protocolo en junio de 2014 se trata de un gran avance, pero ¿se está implementando de manera adecuada? La falta de transparencia de las estadísticas, o haber limitado el establecimiento donde debe implementarse, son algunas de las barreras señalados por los expertos consultados.
 
Limita el aborto terapéutico para casos de riesgo inminente
El Protocolo para el aborto terapéutico regula el  derecho de las mujeres a interrumpir  del embarazo en las 22 semanas de gestación cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.
 
¿Garantiza esta Guía de manera efectiva el acceso al  aborto terapéutico para las mujeres que lo requieran? La reconocida psiquiatra Marta Rondón responde con un “no”. Este protocolo “pasa por alto el espíritu del código penal que dice que es para proteger de un daño grave y permanente la salud de la madre, o sea que no es necesario que la mujer esté en riesgo inminente de morirse para que se practique el aborto terapéutico”, explica.
 
“Al limitar el nivel del establecimiento al tipo II-E, que cuentan con un quirófano completo, limitan el acceso a esta medida, y lo coloca en un contexto solamente de peligro a la vida. Para recetarle misopostrol a una mujer no necesitas de ninguna manera este tipo de establecimiento”, especifica la presidenta de la Asociación Internacional de Salud Mental de la Mujer.
 
La otra barrera que identifica Rondón son las Juntas Médicas. “No se necesita realmente la opinión de tres personas. Exponer el tema de la mujer ante un Comité donde, aparentemente, por muy especialistas que sean, son las que sustituyen a la mujer en determinar cuál es el riesgo que ella está dispuesta a correr respecto de su salud”, subraya. 
Según la Guía, en el caso de que la Junta Médica concluya que no es recomendable proceder a la interrupción terapéutica del embarazo, la gestante podrá solicitar al Director General del establecimiento de salud que se realice una nueva Junta Médica con otros médicos, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 48 horas. En ese caso, el Director general del establecimiento de salud constituiría y convocaría por última vez a una segunda Junta Médica, pudiendo convocar a otros médicos especialistas del sector público o privado (disposición 6.3.4.)
 
“Se está trabajando en la capacitación de los médicos, se está trabajando con organizaciones, para poder asegurar la competencia técnica. Lo más importante es que los profesionales que ven a la mujer gestante y ven los potenciales problemas, estén capacitados, y tengan una actitud positiva de llevarlo al nivel correspondiente y en una respuesta ética, de libertad, y de respeto a las leyes nacionales, y que se dé la oportunidad de recurrir a la mujer al aborto terapéutico si así lo desea”, explica Daniel Aspilcueta, coordinador nacional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud.
 
La salud mental también importa
La Guía aunque identifica una serie de causas médicas concretas por las que una mujer podría acceder al aborto terapéutico, no se trata de una lista cerrada como así lo han presentado varios medios generando desinformación. El protocolo señala 10 de las enfermedades más comunes pero además incorpora el causal 11, aquella que dispone que podría practicarse el aborto terapéutico “para cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un  mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”. Sospechosamente, algunos medios de comunicación obviaron informar del supuesto número 11 que amplía las razones.

“La número 11 se puso porque no debe haber una receta de cocina para esto. Si miramos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud  (OMS) hay más de 4.000 enfermedades, y éstas pueden afectar a la mujer durante el embarazo”, explica el doctor Luis Távara. Es decir, no existen sólo ni 10 ni 11 razones médicas que permiten a una mujer acceder al aborto terapéutico.
 
Cuando se publicó la guía, a pesar de ser un derecho reconocido desde 1924 en el Código Penal (artículo 119), los conservadores pusieron el grito en el cielo. Aprovecharon entonces ese momento para despreciar o infravalorar la importancia de la  salud mental como un supuesto  –que entraría en el punto 11-para poder abortar. “Fue un tema controversial [supuesto 11], lo bloqueaban, pero finalmente se logró incorporar”, comenta Aspilcueta.
 
La salud mental es definida por la OMS como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida,  trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La Constitución Política reconoce en el artículo 2 el derecho de toda persona a la integridad “moral, psíquica y física”, y en el artículo 1 afirma que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
  
“El Tribunal Constitucional dice que la salud mental es indispensable para la vida digna, por tanto, le compete al Estado protegerla”, sostiene Rondón. Añade además que la depresión es la primera causa de morbilidad de las mujeres en edad reproductiva en países como el Perú: “la depresión es una enfermedad grave, crónica, incapacitante que conlleva un riesgo de muerte por suicidio”.
 
El suicidio precisamente es uno de los factores preocupantes en la mortalidad materna en adolescentes, que ha pasado del 39%  en el 2010, a 44% para el 2012, según documenta la publicación “Historias para no olvidar”, de PROMSEX.
 
Falta de transparencia estadística
 
Si queremos conocer cuántos abortos terapéuticos se han practicado desde que se aprobó la Guía Técnica no encontraremos un espacio web donde figure una cantidad total, ni desagregada por hospitales. Para conocer tales cifras, se debe solicitar a través de un pedido de información en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Ni siquiera en tal caso, se ofrece una información completa. Según los datos recabados, se habrían practicado, al menos, siete abortos terapéuticos en tres  de los principales hospitales de Lima.
 

“Hay abortos terapéuticos que no figuran como tal, por ahora no estamos transparentando bien la información, en la estadística existen códigos para cada problema y el aborto terapéutico no sé si ya se asignó un código desde el Ministerio de Salud que es donde se origina esto, si ya se hizo, solo hay que usarlo convenientemente cuando sea necesario”, explica el médico Luis Távara, especializado en obstetricia y ginecología. Esta información no ha podido ser contrastada con el Ministerio de Salud al no responder a una petición de entrevista.
 
Hasta febrero de 2015, el Ministerio de Salud tenía por delante la labor de llevar a buen término las coordinaciones con la Oficina General de Estadística para monitorear la implementación de la Guía. Desconocemos cuánto  ha avanzado en su implementación desde entonces. Rondón comenta que “no tienen ni tal vez vayan a tener estadísticas realistas sobre lo que pasa porque, en muchos casos, los médicos no quieren verse comprometidos con el tema de las Juntas Médicas. Simplemente lo pasan como aborto incompleto”.
 
La deuda pendiente del Estado con K.L. y L.C.
La publicación de la Guía sin duda ha marcado un antes y un después. “En los últimos cincos años, desde el año 2010 hasta el 2014, se han realizado más de 200 abortos terapéuticos .Yo confío en que ya con la Guía las mujeres sientan un derecho, y los profesionales que tienen un deber, una obligación de entregar servicios, y obviamente es lo que está ocurriendo ahora con actividades de capacitación. Confío en que más mujeres van a tener acceso a la interrupción de embarazo por razones de salud”, declara Távara. 
“Antes no hubo facilidades de acceso al aborto terapéutico”, comenta el médico quien señala que hace más de 50 años dos hospitales públicos (La Maternidad de Lima, y el Hospital San Bartolomé) realizaban estas intervenciones.
 
Según un estudio de Pathfinder International desarrollado en 2009, analizó un total de 118 hospitales del Ministerio de Salud de todo el país. De éstos, sólo en 15 hospitales se realizaban procedimientos de aborto terapéutico, y en el resto, es decir, el 70%  este procedimiento no se realizaba. Según otro estudio llevado a cabo por la misma organización junto con Flora Tristán y ESAR en 2008, de 350 médicos ginecólogos consultados, sólo el 37,4 % de los profesionales manifestaron que conocían los dispositivos legales y normativos sobre al aborto terapéutico. Sin embargo, al preguntarles cuáles eran, el 83,4% no respondió. Entre las barreras y limitaciones experimentadas en el aborto terapéutico, las legales constituían el 55,6%, y las religiosas un 54,5%. Entre las barreas médicas, la falta de capacitación aparecía destacada (40.6%).
 
En este contexto, a las adolescentes K.L. y L.C. el Estado peruano les negó, en el 2001 y 2007 respectivamente, la posibilidad de interrumpir un embarazo que lea afectaba de manera grave en su salud física y mental.  Perú fue condenado por comités internacionales por vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de ambas. Sin embargo, el Estado tiene una deuda pendiente: 10 años después, aún no ha pedido perdón,  pagado ninguna indemnización a estas mujeres, y tampoco ha garantizado un servicio de salud integral.
 
Hay que recordar que L.C. fue víctima de violación de la que quedó embarazada a los 13 años. Tuvo un intento de suicidio, arrojándose desde un edificio, que le produjo una paraplejía. A pesar de que requería una intervención quirúrgica urgente, nunca se le realizó por su  embarazo. L.C. sufrió un aborto espontáneo, hoy está postrada en una silla de ruedas. K.L. quedó embarazada a los 17 años pero una ecografía mostró que se trataba de un feto anacefálico. La adolescente decidió interrumpir su embarazo, sin embargo, el director del hospital nacional Arzobispo Loayza le negó esta posibilidad argumentando que se trataba de un aborto eugenésico (sancionado por el Código Penal). K.L. dio a luz a una niña que vivió tan solo cuatro días. Tras este episodio, la joven se sumió en un estado de profunda depresión. Hoy vive en fuera del país. 
Rondón explica que cuando una mujer tienen que pasar experiencias traumáticas como esta, es posible que haya transformaciones persistentes de la personalidad, donde se pierda la capacidad de confiar  en las otras personas, además de una incapacidad para poder expresar emociones en toda su intensidad, y con una visión pesimista sobre el futuro.
 
La historia de estas mujeres  y la judicialización de los casos ha sido emblemático pues los dictámenes emitidos por organismos internacionales exigían también al Estado que adoptara medidas para evitar que se cometan violaciones  de este tipo en el futuro: En el caso de K.L. (defendida por la organización Demus) se instó a que Perú aprobara  el protocolo del aborto terapéutico, esta medida, sin embargo, no fue cumplida hasta nueve años después de la emisión del dictamen. En el caso de L.C. (defendida por Promsex), la CEDAW recomendó la despenalización del aborto por violación sexual; un derecho que sigue siendo vulnerado hasta la fecha, sólo con su aprobación el Estado podrá resarcir a L.C. y a todas las mujeres que le son negados  sus derechos sexuales y reproductivos.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Organizaciones feministas rechazan el archivamiento del proyecto de despenalización del aborto por violación



El Colectivo 25 N, integrado por más de 50 organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, rechaza el archivamiento en la Comisión de Constitución del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual (Nº3839) con los votos de los fujimoristas y apristas, Martha Chávez, Julio Gagó, Javier Velásquez Quesquén, Javier Bedoya, Luz Salgado y Aldo Bardález. Votaron a favor de la norma Fredy Otárola (Presidente de la Comisión), Sergio Tejada, Rosa Mavila y Santiago Gastañadui.

“Rechazamos este archivamiento justo en el marco del Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres y nos indignamos ante la indiferencia de los legisladores opositores. El Congreso permite una doble vulneración a los derechos de las mujeres y da la espalda al sufrimiento de miles de mujeres, niñas y adolescentes, impidiendo que estas decidan sobre sus vidas, su futuro y su cuerpo; empujándolas a una maternidad forzada”, sostiene Liz Meléndez, coordinadora del Colectivo y directora de Flora Tristán. "Demandamos la reconsideración del voto. Sería la última oportunidad que tendría el Congreso para no obligar a las mujeres a continuar con maternidades forzadas ", señala María Ysabel Cedano, directora de Demus. Hay que recordar que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos archivó en junio esta iniciativa ciudadana respaldada por más de 64 mil ciudadanos, que entró al Congreso en octubre de 2014.

La congresista Rosa Mavila señaló que pedirán la reconsideración del voto y alertó de la criminalización que sufre la mujer. “La defensa de los derechos de la mujer se vive en su cuerpo. Con el archivamiento, se condena a muchas mujeres a arriesgar su vida”. Por su parte, el parlamentario Sergio Tejada afirmó que las “fuerzas retrógradas se tapan los ojos ante la realidad, dando la espalda a miles de mujeres”. La candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza manifestó su indignación por el archivamiento en el marco de la conmemoración del Día de la no violencia hacia las mujeres, y aseguró que el Congreso deja que las mujeres mueran antes de que decidan. Además puntualizó que “penalizar el aborto en caso de violación no resuelve nada, solo pone en riesgo la vida de mujeres que se ven obligadas a acudir a centros clandestinos”

Cada año se estima que 35.000 mujeres se embarazan producto de una violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007”. El 78% de son mujeres menores de 18 años, según información de la PNP, y en el 76% de los casos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima, de acuerdo al estudio “Violaciones sexuales en el Perú”de Jaris Mujica. Se calcula que unas 17.600 mujeres recurren al aborto por ser producto de una violación o incesto, según el estudio “El aborto clandestino en el Perú”. El aborto es una de las principales entre las principales causas directas de muertes maternas en adolescentes se encuentra el aborto (29%) y el suicidio (56%), según el Ministerio de Salud.

Organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) exhortó en repetidas ocasiones al Estado peruano para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

martes, 24 de noviembre de 2015

¿La omisión de consulta previa se debe subsanar con una "consulta posterior"?

A raíz de la primera consulta minera realizada en Parobamba, Cusco, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz aceptó que en ocho de los 25 proyectos ejecutados los últimos años, se omitió la consulta previa; a pesar de que el Convenio 169 y la Ley de Consulta Previa (vigente desde el año 2011) establecen que cualquier proyecto que afecte a las comunidades indígenas debe ser consultado. Ortiz añadió que en esos casos específicos, se realizará una “consulta posterior”, pero surge la interrogante sobre la viabilidad de dicho mecanismo, pues la norma establece que la consulta debe ser previa.
Primera consulta minera en Perú
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que Perú ratificó en el año 1995- y la Ley de Consulta Previa, constituyen como piedra angular que los pueblos indígenas sean consultados de manera informada, previa y libre en relación a temas que los afecten directamente. Sin embargo, a 20 años de ratificado el convenio, recién este año se están realizando las tres primeras consultas en minería, pues el derecho se había limitado a comunidades de la Amazonía.
“El único lugar donde las cosas estaban bastante más claras era en hidrocarburos por generarse normalmente en zonas de selva donde es bastante más evidente la situación de las comunidades indígenas no contactadas y no se necesita de una base de datos inexistente”, manifiesta Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Lo cierto es que la consulta en zona andina y en temas mineros ha sido motivo de controversia. Actores empresariales y gubernamentales han cuestionado la condición de pueblo indígena de las comunidades campesinas que viven en esa zona y su inclusión en la Base de Datos del Ministerio de Cultura. Si bien, actualmente este debate quedó atrás, la demora de las consultas en minería ha tenido que ver luego con un lento proceso de identificación de dichas comunidades y la no publicación de los avances de la base de datos.
Es por ello, que luego de cuatro años de aprobada la ley de consulta, recién tenemos las primeras consultas mineras. Una que se viene desarrollando en Parobamba, Cusco, en relación al proyecto Aurora, cuyo plan de consulta se aprobó el cuatro de setiembre. “En el proyecto Minero Aurora se viene implementando un proceso de consulta donde la medida a consultar es la autorización del inicio de operaciones. Pero hay que señalar que este proyecto ya tenía concesiones otorgadas y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, ambos sin haberse realizado un proceso de consulta”, sostiene Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
“En la práctica, la consulta en minería está vacía de contenido porque no hay en juego ningún tipo de decisión en el tema minero. En ese sentido, no está en juego nada, para nosotros incluso la consulta debería darse desde el momento que hay un petitorio de la concesión”, enfatiza Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la Red Muqui.
El segundo proyecto minero que está siendo consultado es Toropunto, en el distrito de Pamparomas, Áncash, donde ya se aprobó el plan de consulta previa del proyecto que está a cargo de la empresa SMC Toropunto. Asimismo, el tercer proyecto minero en consulta es Misha de la minera Barrick Misquichilca, en Apurímac, el cual se encuentra en proceso.
¿Consulta posterior?
Preguntada la ministra Rosa María Ortiz por miembros de la Comisión de Pueblos del Congreso sobre actos administrativos aprobados en relación a ocho proyectos mineros que debieron consultarse, la ministra admitió que se había omitido la realización de la consulta previa y que como ya estaban aprobados, lo que correspondía era realizar una consulta posterior.
Ante ese escenario, surge la necesidad de saber cómo debe proceder el Estado en estos casos y si las actividades de los proyectos de exploración deberían paralizarse o no. Para responder esta pregunta, la plataforma Consultape.com se puso en contacto con el Ministerio de Energía y Minas en reiteradas oportunidades, pero no obtuvo respuesta.
Para Ana Leyva e Ismael Vega, las actividades deberían paralizarse. “Lo que correspondería es la paralización de la actividad hasta que se realice la consulta sobre dicha autorización”, dice la abogada de CooperAcción; mientras que Vega comenta que “esos ocho proyectos mineros son nulos y deben suspenderse en tanto se ha omitido la aplicación de lo que establece la ley, es decir la consulta previa”.
Javier Jahncke agrega que “el mismo nombre del derecho establece que la consulta es previa, no tiene sentido realizarla después para ponerse al día, eso no es viable. La ministra está aceptando que hay una ilegalidad en la aprobación del EIA y está aceptando que hay derechos que se han afectado con esta decisión y que esa aprobación debería ser legalmente nula”.
Pero la consulta sigue siendo un tema en debate, entre los puntos en discusión está el determinar cuáles son los actos administrativos a consultar en los casos de extractivas. Algunos sostienen que solo debe darse en el acto administrativo que aprueba la primera autorización y para otros, en los momentos en donde el Estado toma decisiones trascendentales, que tiene impacto en la vida de las comunidades del entorno del proyecto minero.
Al respecto, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, declaró que se necesita tener una inversión garantizada sobre determinada zona para poder realizar la consulta previa, Gálvez Pinillos señala que no tiene por qué haber inversión garantizada “porque por algo la consulta es previa”. Por esa razón, sugiere que el Estado debería realizar consulta previa en zonas que pudieran ser de interés para las empresas, a pesar que no haya una inversión confirmada.
“Si ya hubiera una consulta en determinada zona y las comunidades dicen que no quieren actividades extractivas, pues las empresas no insistirían, no perderían su tiempo ni su dinero. El problema surge cuando las empresas invierten y luego se realiza la consulta”, enfatiza el presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía.
¿Qué medidas pueden tomar las comunidades en los casos dónde no hubo consulta?
Existen ocho proyectos que ya están en marcha y en los que el Ministerio de Energía y Minas admitió no haber realizado consulta previa como correspondía. Lo cierto es que difícilmente el Ministerio de Energía y Minas cambiará la medida adoptada. Entonces, ¿qué podrían hacer las comunidades ante esa vulneración a sus derechos que además ha sido reconocida por el Estado?
Según Vega, “todo va seguir igual o, ¿acaso alguien puede imaginar que el Gobierno va a modificar o parar un proyecto porque los campesinos o pueblos indígenas cuestionan el proyecto porque viola sus derechos?”, se pregunta y agrega que las organizaciones indígenas podrían presentar una demanda de amparo contra el Estado peruano por omitir su derecho a ser consultados, además de atentar contra su derecho a un ambiente sano, tranquilo y equilibrado.


viernes, 20 de noviembre de 2015

América Latina impulsará políticas públicas para combatir el hambre en la región

Escribe Iara Urbina

Parlamentarios de 17 países de América Latina asumieron el compromiso de trabajar desde sus facultades legislativas para cumplir con el “Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC para el 2025”, que propone eliminar el hambre en América Latina; pues, aunque la región ha reducido en más de la mitad el número de personas que padecen hambre, aún 37 millones no tienen con qué alimentarse, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Más de 60 legisladores participaron en el VI Foro del Frente de Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, desarrollado en Perú del 15 al 17 de noviembre. El evento giró en torno a la problemática del hambre en la región, pues los congresistas consideraron inaceptables los niveles de población subnutrida (obesidad, sobrepeso, malnutrición) y desnutrida en Latinoamérica.

“No es posible que en nuestra América Latina tengamos una enorme cantidad de alimentos y que todavía haya 37 millones de personas que se mueran de hambre; pero que, paradójicamente, la mayoría de esos que se acuestan sin comer sean los que producen los alimentos con los que el 80% de nuestras mesas se nutren”, sostiene María Augusta Calle, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe.

Parlamentarios de África y Asia también compartieron sus experiencias. “Hay mucho interés por parte de Asia y por parte de África de poder beneficiarse de lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado en América Latina para llevar la experiencia y poder ver también avances importantes en la reducción del hambre en esos continentes”, manifiesta Marcela Villarreal, directora de la Oficina para Asociaciones, Promoción y Desarrollo de Capacidades de la FAO.

Metas para erradicar el hambre

Los representantes de América Latina discutieron durante tres días sobre cómo contribuirán desde sus países a la implementación del plan de la CELAC 2025, que pretende erradicar el hambre en Latinoamérica, y resaltaron que es necesario legislar en materia de seguridad alimentaria, apoyar a los pequeños productores para que así, no solo se erradique el hambre, sino que se contribuya en la lucha contra la pobreza.

Jhon Preissing, representante de la FAO en Perú resaltó la importancia de que los países tengan normas alimentarias en sus legislaturas: “Hay que tener una estrategia, legislación, presupuesto y programas bien organizados. Entonces, lo principal es empezar con un compromiso político y luego con leyes que vayan apoyando en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional”, comentó.

Asimismo, integrantes de la sociedad civil demandaron que los países cuenten con leyes que garanticen la alimentación y que hayas políticas que protejan a la  pequeña agricultura, porque son el sustento para la alimentación de la población.

Giovanna Vásquez, de la campaña CRECE de Oxfam de América Latina señaló que el plan de la CELAC es el marco normativo que regirá el diseño de políticas públicas sobre seguridad alimentaria en la región y, en muchos casos, es desconocido por los gobiernos.  Vásquez agregó que esta situación debe cambiar.

Perú y la Ley de Seguridad Alimentaria

El Parlamento peruano acaba de aprobar el dictamen de la Ley de Seguridad Alimentaria (N° 3981) que propone reconocer y garantizar el derecho de todos los peruanos a acceder a una alimentación sana y saludable. Sin embargo, el fujimorismo, a través de la congresista Martha Chávez, ha solicitado reconsideración y pedido de votación calificada que impide que la Ley sea emitida al  Ejecutivo, la discusión de esta ley en el Congreso lleva cuatro años, y en dos oportunidades la parlamentaria ha puesto trabas –mediante consideraciones- que impiden un marco legal que garantice políticas públicas nacionales y sectoriales en esta materia.

Con la maniobra política del fujimorismo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aún está en manos del Congreso.  Y el presidente del Congreso, Luis Iberico y los miembros del Grupo Parlamentario contra el Hambre, presidido por el congresista Jaime Delgado, después de asumir el compromiso de promover políticas públicas que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria en el VI Foro Parlamentario contra el Hambre, deberán asumir el reto de destrabar la ley.

Y el siguiente paso es que el Poder Ejecutivo reglamente la ley para que el Estado favorezca y cree condiciones que conlleven al progreso social y económico, en especial en las zonas más pobres de nuestro país, pues 4 millones y medio de peruanos son muy vulnerables a quedarse sin alimento.

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, reconoce que el 70% de los alimentos que se producen en nuestro país proceden de la agricultura familiar. “La ley es importante porque garantiza y pone en valor a los pequeños agricultores, el reto es incorporarlos a una producción más competitiva, que el sector más pobre pueda ingresar a un circuito productivo que les haga salir de la pobreza, ese es el objetivo de esta ley”, enfatiza.

 “Yo espero que no se objete la ley y que más bien la reglamenten lo antes posible. Yo confío en que así será”, dijo Espinoza.

Para Carlos Díaz, productor ecológico de Lambayeque, la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria es algo positivo, pero sostiene que estará alerta a su reglamentación: “Es muy bueno para nosotros que se haya aprobado la ley, pero estamos a la espera de su reglamentación porque es lo que siempre hemos esperado los pequeños y medianos agricultores que hemos sido los que siempre estuvimos marginados”, relata.

En la misma línea, el representante del Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú y congresista, Jaime Delgado, considera que con la ley se está planteando un conjunto de lineamientos para que el Estado realmente se comprometa con asegurar alimentos de calidad a los peruanos. Además de dar estímulos y apoyo a los pequeños agricultores porque son ellos los que llevan cerca del 80% de alimentos a nuestras mesas”.

Honduras ha dado un paso a favor de la mujer rural

Es importante destacar el rol de la mujer en el cultivo de la tierra en todo el mundo, son ellas las que producen más del 50% de los alimentos que consumimos.

Las mujeres rurales de este país centroamericano acceden a menos del 11% del crédito a nivel nacional, 8 de cada 10 mujeres rurales de Honduras no tienen tierra propia para cultivar, 6 de cada 10 viven bajo los niveles de la pobreza.  Por ello el  paso que dio el Congreso Nacional con la aprobación de la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER),  es vital para mejorar la producción agrícola y beneficiar a más de dos millones de mujeres rurales.

La propuesta surgió de la iniciativa de 28 organizaciones que estuvieron asesoradas por Oxfam, ONU MUJERES y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM),  y fue aprobada el pasado 30 de septiembre en el parlamento hondureño. “CREDIMUJER fue aprobada por unanimidad en nuestro Congreso de la República y da fe de que como sociedad podemos construir consensos armoniosos y de gran impacto social”, comenta Yadira Bendaña, parlamentaria impulsora de la propuesta legislativa.

Asimismo, el congresista hondureño David Reyes manifiesta que CREDIMUJER es un proyecto que nació para devolverles la dignidad a las personas y darle valor al trabajo de las mujeres. “Cuando se invierte en la mujer, se invierte en la persona más valiosa en la administración de los recursos de un hogar”.

Se crea la ley, se pone un capital semilla y se espera que, en el presupuesto del año 2016, se pueda incrementar para que beneficie a un grupo más grande de mujeres campesinas”, comenta Elvia Argentina, diputada de Honduras.

Claramente existe un compromiso adoptado por varios países Latinoamericanos en la lucha contra el hambre, pero eso no es suficiente si no va de la mano con presupuesto y la voluntad política de los gobiernos, más allá de legislar en materia de nutrición y seguridad alimentaria.

lunes, 16 de noviembre de 2015

OXFAM: Los parlamentarios de Latinoamérica deben actuar contra el hambre en la región

Es urgente implementar medidas que garanticen la seguridad alimentaria de 37 millones de personas que todavía padecen hambre en América Latina y el Caribe. La organización internacional Oxfam pide a los legisladores a que concreten acciones en el VI Encuentro del Frente de Parlamentarios contra el Hambre, que se lleva a cabo esta semana en Lima.
 
Lima, Noviembre 16, 2015.- En el marco del VI Encuentro del Frente de Parlamentarios contra el Hambre que se está llevando a cabo en Lima, Perú, la organización internacional para el desarrollo Oxfam, hace un llamado a los parlamentarios presentes en la reunión a redoblar sus esfuerzos para diseñar marcos normativos que permitan la inversión de los gobiernos en agricultura familiar, y mejorar así la situación alimentaria de 37 millones de personas que todavía sufren hambre en Latinoamérica y el Caribe, según la FAO.
 
En las últimas décadas, los países de América Latina han logrado avances para la seguridad alimentaria, reduciendo en más del 50% la población con hambre. Sin embargo, además de que aún muchas personas no tienen que comer, también se han incrementado los problemas de malnutrición como la obesidad y sobrepeso, para los cuales no se han tomado medidas políticas. Esta situación está íntimamente relacionada con la pobreza que persiste en la región más desigual del mundo: en América Latina unas 167 millones de personas viven en situación de pobreza, y alrededor de 71 millones son indigentes, de acuerdo a cifras de CEPAL.
 
“Es importante que los parlamentarios asistentes a esta reunión se comprometan a crear y fortalecer los espacios nacionales y regionales de diálogo en políticas públicas, para hacer realidad el derecho a la alimentación. También es urgente que vigilen la implementación por parte del ejecutivo de cada país del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC”, afirma Giovanna Vásquez, de la campaña CRECE de Oxfam. “Este plan de CELAC es el marco normativo que regirá el diseño de políticas públicas sobre seguridad alimentaria en la región y en muchos casos es desconocido por los gobiernos, y los propios parlamentarios. Claramente, esta situación debe cambiar”, sostiene Vásquez.
 
Oxfam llama a los legisladores de la reunión en Lima a entablar compromisos reales que permitan la realización progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada en Latinoamérica y el Caribe. Estos compromisos son fundamentales en el contexto actual de desaceleración económica que vive la región y de graves crisis humanitarias como la que se está viviendo por la sequía generada por el Fenómeno del Niño, que ha reducido la alimentación, sobre todo, de las poblaciones rurales y agricultoras de Centroamérica y el Caribe.

lunes, 9 de noviembre de 2015

Organizaciones de DDHH saludan la creación de Registro de Víctimas de esterilizaciones forzadas y exigen que se garantice acceso a salud y justicia

·      Señalan que las asociaciones de víctimas deben participar en el proceso de reglamentación de sus derechos.

DEMUS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF), saludan como un primer paso para la justicia, verdad y una política de reparaciones, el Decreto Supremo (nº 006-2015-JUS) oficializado hoy por el presidente de la República, Ollanta Humala, que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea en Registro de Víctimas.

Tras 18 años de impunidad, reconocemos la importancia de que, a través de un registro, se identifique el universo de víctimas y se garantice el acceso a la justicia, aunque se espera que el Estado admita también su propia responsabilidad en los hechos ocurridos a raíz de una política nacional que vulneró los derechos humanos de miles de mujeres y hombres.
“Saludamos la voluntad política expresada en el Decreto Supremo y destacamos que el Estado peruano avance en los cumplimientos adquiridos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza que murió a causa de la esterilización forzada. Pero es necesaria la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en el proceso de reglamentación de las políticas en este caso”, sostuvo María Ysabel Cedano, directora de Demus.

Las organizaciones saludan que el Estado peruano haya tomado en consideración la serie de recomendaciones y exhortaciones efectuadas desde la sociedad civil y los grupos representados por las víctimas de esterilizaciones forzadas.
Sin embargo, precisan que existen vacíos en el Decreto Supremo que deben ser tomados en cuenta por los ministerios de Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Salud que tendrán a su cargo la reglamentación del registro y el acceso a justicia y salud de las víctimas.
Uno de estos aspectos, es considerar que los Centro de Emergencia Mujer (CEM), a quienes se ha encargado la atención psicológica de las víctimas, no son viables para ejecutar esa tarea, debido a sus deficiencias logísticas.
Asimismo, se espera la creación de un sistema especial de protección a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Sistema Integral de Salud (SIS), que –entre otros beneficios- amplíe la cobertura para atención a nivel nacional.
 
 
“Creemos que la atención integral debe darse de acuerdo a la afectación de cada caso, de cada mujer, y que la atención de la salud mental de las víctimas podría buscar mecanismos adecuados para este tipo de reparaciones”, señaló Ana María Vidal del GREF.
Las organizaciones en defensa de los derechos humanos esperan que en el corto plazo el Gobierno de turno fije una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones que incluya acceso a programas de emprendimiento económico, productivos y de trabajo, acceso a programas sociales, vivienda e indemnizaciones.
“Desde el 2003 que firmamos el Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH, hemos exigido que las investigaciones se realicen en el marco de los estándares interamericanos, que se investigue con la debida diligencia y se tomen medidas para que estos hechos no se repitan”, señaló Ana María Palacios, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
En exhortación final, las organizaciones manifiestan que las acciones en favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas deben ir acompañadas de unasdisculpas públicas por tratarse de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos desde el Estado.

martes, 27 de octubre de 2015

El Estado se compromete ante la CIDH a investigar y sancionar a los responsables políticos de las esterilizaciones forzadas



-  El Estado peruano, durante la reunión celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Mamérita Mestanza también se comprometió a que la investigación fiscal se resolverá en enero de 2016.
-  El comisionado Cavallaro se mostró enfático sobre la necesidad de que el Estado adopte un programa de reparaciones a las víctimas; es consenso contar con un registro oficial de víctimas de esterilizaciones forzadas


El pasado 21 de octubre se llevó a cabo una reunión como parte del seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito en 2003 por el caso de Mamérita Mestanza, mujer fallecida tras haber sido esterilizada de manera forzada. Participaron de esta reunión representantes del Estado peruano, las representantes de la familia de Mamérita Mestanza: APRODEH, CEJIL, el Centro de los Derechos Reproductivos, CLADEM y DEMUS, y el Primer Vicepresidente de CIDH y comisionado relator de Perú: James Cavallaro.

En dicha reunión el Ejecutivo a través de su representante Juan Jiménez se comprometió a sumarse a la exigencia de justicia para el caso de esterilizaciones forzadas. Para ello, el Ejecutivo se ha comprometido a interponer oficios para que el Fiscal de la Nación tome medidas que garanticen que la fiscal Marcelita Gutiérrez resolverá la etapa de investigación en el plazo determinado, que vence en febrero del 2016, y respetando el debido proceso. "No debe haber una ampliación adicional, creemos que el Fiscal de la Nación debe adoptar medidas para evitar la impunidad de los responsables políticos. Esta larga demora para que las víctimas obtengan justicia también vulnera sus derechos", afirmó María Ysabel Cedano, directora de DEMUS. “El punto principal de la resolución que esperamos en enero es una denuncia que considere el tipo penal decrimen de lesa humanidad”, puntualiza. Además, añade que la fiscal ya cuenta con medios probatorios para formular denuncia.

"Saludamos que la fiscal Marcelita Gutiérrez disponga de un cronograma de recojo de testimonios, pero creemos que debe priorizar aquellas zonas donde el Ministerio Público ya se comprometió a ampliar el recojo de los mismos: Huancabamba, Chumbivilcas y Anta", afirmó Cedano. Paralelamente insistió en la necesidad de una pericia antropológica como prueba de contexto de la política y programa de planificación familiar que implementó el Estado peruano, esto con el objetivo de no seguir analizando los casos como asilados y particulares. También instó a que la fiscal Marcelita Gutiérrez considere las nuevas pruebas que han difundido los medios de comunicación como los expedientes técnicos presentados por Diario 16 y los testimonios de médicos de Piura recogidos por La Republica 

Durante la reunión ante la CIDH hubo consenso respecto a la necesidad de conocer el número de víctimas de esterilización forzada para poder reparar a las mismas. Así, el Estado reconoció la importancia de crear un Registro Único de Víctimas. Jiménez señaló que “el registro es una responsabilidad, es cuestión de voluntad”. Estas declaraciones contradicen las palabras del viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, quien manifestó que no se podía realizar este registro porque no se había resuelto este caso judicialmente. La propia Defensoría del Pueblo en un oficio (nº0529-2015) dirigido al ex Ministro de Justicia: Gustavo Adrianzén, insta al Estado a crear este registro oficial para identificar a las víctimas, atender sus necesidades y adoptar las reparaciones por el daño ocasionado. El Ministerio de la Mujer sería quien debería hacerse cargo de ello, esta responsabilidad es atribuida a esta cartera por el Ministerio de Justicia, mediante el oficio 12-59-2015-JUS/DG/DM, sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado.

El comisionado Cavallaro se mostró enfático sobre la necesidad de que el Estado adopte un programa de reparaciones a las víctimas. Por su parte, el Estado mantiene la posición de que está obligado a reparar si es que hay una sentencia que lo obligue, si hay una decisión del Presidente de la República o si la CIDH ratifica esta obligación de reparar de manera colectiva.

Ana María Vidal, del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), manifestó que el Ministerio de la Mujer ya cuenta con una propuesta técnica sobre cómo implementar el registro único de víctimas. Remarcó que este registro es una obligación por el Acuerdo de Solución Amistosa y una “obligación política” que no requiere de un proceso judicial para iniciarse como sucedió con el precedente de las víctimas del conflicto armado. “¿Dónde están las historias clínicas de las 270 mil mujeres esterilizadas? Hemos pedido información y hasta ahora no hay”, se cuestiona Vidal.

SIN JUSTICIA NI REPARACIÓN

Casi 19 años después, el delito de las esterilizaciones forzadas sigue impune. Hay que recordar que este caso nunca ha sido llevado a juicio, siendo archivado en tres oportunidades. Con la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa, desde el 2003 el Estado se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, pero también a los responsables de la política de Estado diseñada e implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, se determinó que tenía que indemnizar a la familia de Mestanza, a brindar prestaciones sanitarias, educativas e incorporar medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las y los usuarios de salud y de prevención para evitar que hechos como estos se cometan en el futuro. Cabe mencionar que por el Acuerdo de Solución Amistosa, se debe adecuar el Nuevo Código Penal al Estatuto de Roma, esto garantizará la no repetición de un delito de lesa humanidad similar, en todo caso si se diera se podría juzgar adecuadamente.


En 2006 el Estado peruano se comprometió a ampliar las prestaciones del Seguro Integral de Salud (SIS) a las mujeres víctimas de esta práctica y a sus familiares. Hay 83 mujeres afiliadas a esta modalidad del SIS a pesar de haber más de 2 mil denunciantes. Sin embargo, este programa focalizado no cuenta con un tratamiento diferenciado para las víctimas, es decir, en la práctica están recibiendo los mismos servicios que cualquier otra/o ciudadana/o que cuenta con este aseguramiento por bajos recursos socioeconómicos.

RESPUESTA CIUDADANA

Como parte de las respuestas ciudadanas a la impunidad, las representantes de DEMUS y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF) hicieron un llamado a la ciudadanía para que sume su indignación a las casi dos décadas de impunidad en estos casos, formando parte de la campaña “Somos 2074 y muchas más”. “Esta campaña suma a las acciones que ya se vienen realizando con la movilización ciudadana, como #contraelolvido de Gran Angular y “Contra su voluntad” de Amnistía Internacional”, señaló la directora de DEMUS.