El Estado se compromete ante la CIDH a investigar y sancionar a los responsables políticos de las esterilizaciones forzadas

-  El Estado peruano, durante la reunión celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Mamérita Mestanza también se comprometió a que la investigación fiscal se resolverá en enero de 2016.
-  El comisionado Cavallaro se mostró enfático sobre la necesidad de que el Estado adopte un programa de reparaciones a las víctimas; es consenso contar con un registro oficial de víctimas de esterilizaciones forzadas

El pasado 21 de octubre se llevó a cabo una reunión como parte del seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito en 2003 por el caso de Mamérita Mestanza, mujer fallecida tras haber sido esterilizada de manera forzada. Participaron de esta reunión representantes del Estado peruano, las representantes de la familia de Mamérita Mestanza: APRODEH, CEJIL, el Centro de los Derechos Reproductivos, CLADEM y DEMUS, y el Primer Vicepresidente de CIDH y comisionado relator de Perú: James Cavallaro.

En dicha reunión el Ejecutivo a través de su representante Juan Jiménez se comprometió a sumarse a la exigencia de justicia para el caso de esterilizaciones forzadas. Para ello, el Ejecutivo se ha comprometido a interponer oficios para que el Fiscal de la Nación tome medidas que garanticen que la fiscal Marcelita Gutiérrez resolverá la etapa de investigación en el plazo determinado, que vence en febrero del 2016, y respetando el debido proceso. "No debe haber una ampliación adicional, creemos que el Fiscal de la Nación debe adoptar medidas para evitar la impunidad de los responsables políticos. Esta larga demora para que las víctimas obtengan justicia también vulnera sus derechos", afirmó María Ysabel Cedano, directora de DEMUS. “El punto principal de la resolución que esperamos en enero es una denuncia que considere el tipo penal decrimen de lesa humanidad”, puntualiza. Además, añade que la fiscal ya cuenta con medios probatorios para formular denuncia.

"Saludamos que la fiscal Marcelita Gutiérrez disponga de un cronograma de recojo de testimonios, pero creemos que debe priorizar aquellas zonas donde el Ministerio Público ya se comprometió a ampliar el recojo de los mismos: Huancabamba, Chumbivilcas y Anta", afirmó Cedano. Paralelamente insistió en la necesidad de una pericia antropológica como prueba de contexto de la política y programa de planificación familiar que implementó el Estado peruano, esto con el objetivo de no seguir analizando los casos como asilados y particulares. También instó a que la fiscal Marcelita Gutiérrez considere las nuevas pruebas que han difundido los medios de comunicación como los expedientes técnicos presentados por Diario 16 y los testimonios de médicos de Piura recogidos por La Republica 

Durante la reunión ante la CIDH hubo consenso respecto a la necesidad de conocer el número de víctimas de esterilización forzada para poder reparar a las mismas. Así, el Estado reconoció la importancia de crear un Registro Único de Víctimas. Jiménez señaló que “el registro es una responsabilidad, es cuestión de voluntad”. Estas declaraciones contradicen las palabras del viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, quien manifestó que no se podía realizar este registro porque no se había resuelto este caso judicialmente. La propia Defensoría del Pueblo en un oficio (nº0529-2015) dirigido al ex Ministro de Justicia: Gustavo Adrianzén, insta al Estado a crear este registro oficial para identificar a las víctimas, atender sus necesidades y adoptar las reparaciones por el daño ocasionado. El Ministerio de la Mujer sería quien debería hacerse cargo de ello, esta responsabilidad es atribuida a esta cartera por el Ministerio de Justicia, mediante el oficio 12-59-2015-JUS/DG/DM, sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado.

El comisionado Cavallaro se mostró enfático sobre la necesidad de que el Estado adopte un programa de reparaciones a las víctimas. Por su parte, el Estado mantiene la posición de que está obligado a reparar si es que hay una sentencia que lo obligue, si hay una decisión del Presidente de la República o si la CIDH ratifica esta obligación de reparar de manera colectiva.

Ana María Vidal, del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), manifestó que el Ministerio de la Mujer ya cuenta con una propuesta técnica sobre cómo implementar el registro único de víctimas. Remarcó que este registro es una obligación por el Acuerdo de Solución Amistosa y una “obligación política” que no requiere de un proceso judicial para iniciarse como sucedió con el precedente de las víctimas del conflicto armado. “¿Dónde están las historias clínicas de las 270 mil mujeres esterilizadas? Hemos pedido información y hasta ahora no hay”, se cuestiona Vidal.

SIN JUSTICIA NI REPARACIÓN

Casi 19 años después, el delito de las esterilizaciones forzadas sigue impune. Hay que recordar que este caso nunca ha sido llevado a juicio, siendo archivado en tres oportunidades. Con la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa, desde el 2003 el Estado se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, pero también a los responsables de la política de Estado diseñada e implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, se determinó que tenía que indemnizar a la familia de Mestanza, a brindar prestaciones sanitarias, educativas e incorporar medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las y los usuarios de salud y de prevención para evitar que hechos como estos se cometan en el futuro. Cabe mencionar que por el Acuerdo de Solución Amistosa, se debe adecuar el Nuevo Código Penal al Estatuto de Roma, esto garantizará la no repetición de un delito de lesa humanidad similar, en todo caso si se diera se podría juzgar adecuadamente.


En 2006 el Estado peruano se comprometió a ampliar las prestaciones del Seguro Integral de Salud (SIS) a las mujeres víctimas de esta práctica y a sus familiares. Hay 83 mujeres afiliadas a esta modalidad del SIS a pesar de haber más de 2 mil denunciantes. Sin embargo, este programa focalizado no cuenta con un tratamiento diferenciado para las víctimas, es decir, en la práctica están recibiendo los mismos servicios que cualquier otra/o ciudadana/o que cuenta con este aseguramiento por bajos recursos socioeconómicos.

RESPUESTA CIUDADANA

Como parte de las respuestas ciudadanas a la impunidad, las representantes de DEMUS y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF) hicieron un llamado a la ciudadanía para que sume su indignación a las casi dos décadas de impunidad en estos casos, formando parte de la campaña “Somos 2074 y muchas más”. “Esta campaña suma a las acciones que ya se vienen realizando con la movilización ciudadana, como #contraelolvido de Gran Angular y “Contra su voluntad” de Amnistía Internacional”, señaló la directora de DEMUS.

Sociedad civil exige justicia y reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus. La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima,  a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca,  que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

 

El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, “hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal”. Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.

 

Y por último, la consideración de que se han  fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más de 2 mil  mujeres que  han contado cómo han sido “engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas”, explica Salazar.

 

“Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!”, es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil  tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001. Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. “Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?”, se pregunta indignada.

 

 

Mientras la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. “Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas”, dice.

 

“El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de  las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.”, explica Mariel Távara, responsable de línea psicológica de Demus.

 

“En estos 17 años mi vida ha sido duro, no poder ser madre fue una frustración muy grande. Nuestro testimonio debe valer mucho más que un papel. Nosotras solamente queremos justicia, y es indignante que siempre tengamos que estar pidiendo por favor la justicia”, se lamenta Victoria Vigo víctima de la esterilización forzada.

 

“La decisión de archivamiento es contraproducente, porque el espíritu de reapertura del caso es contrario a lo que se ha decidido, y abusiva, porque se juzga como si los responsables hubieran sido los médicos, cuando todos sabemos que ha sido una política nacional cuyo responsable fue el mismo gobierno de Fujimori y sus ministros”, señala Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, otra víctima mortal de las 18 que se han registrado por esta causa.

 

Así, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDHH) y Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer) demandaron justicia y reparación a las víctimas tras la presentación de la acción legal emprendida ante la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicado.

 

“A dos años y medio del gobierno de Ollanta Humala y frente a su compromiso con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas demandamos al Ejecutivo reparación a todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscando justicia. “No vamos a dejar que estos delitos de lesa humanidad queden impunes”, finalizó María Ysabel Sedano directora de Demus.

 

Dato:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso de esterilizaciones forzadas.