jueves, 26 de noviembre de 2015

Organizaciones feministas rechazan el archivamiento del proyecto de despenalización del aborto por violación



El Colectivo 25 N, integrado por más de 50 organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, rechaza el archivamiento en la Comisión de Constitución del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual (Nº3839) con los votos de los fujimoristas y apristas, Martha Chávez, Julio Gagó, Javier Velásquez Quesquén, Javier Bedoya, Luz Salgado y Aldo Bardález. Votaron a favor de la norma Fredy Otárola (Presidente de la Comisión), Sergio Tejada, Rosa Mavila y Santiago Gastañadui.

“Rechazamos este archivamiento justo en el marco del Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres y nos indignamos ante la indiferencia de los legisladores opositores. El Congreso permite una doble vulneración a los derechos de las mujeres y da la espalda al sufrimiento de miles de mujeres, niñas y adolescentes, impidiendo que estas decidan sobre sus vidas, su futuro y su cuerpo; empujándolas a una maternidad forzada”, sostiene Liz Meléndez, coordinadora del Colectivo y directora de Flora Tristán. "Demandamos la reconsideración del voto. Sería la última oportunidad que tendría el Congreso para no obligar a las mujeres a continuar con maternidades forzadas ", señala María Ysabel Cedano, directora de Demus. Hay que recordar que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos archivó en junio esta iniciativa ciudadana respaldada por más de 64 mil ciudadanos, que entró al Congreso en octubre de 2014.

La congresista Rosa Mavila señaló que pedirán la reconsideración del voto y alertó de la criminalización que sufre la mujer. “La defensa de los derechos de la mujer se vive en su cuerpo. Con el archivamiento, se condena a muchas mujeres a arriesgar su vida”. Por su parte, el parlamentario Sergio Tejada afirmó que las “fuerzas retrógradas se tapan los ojos ante la realidad, dando la espalda a miles de mujeres”. La candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza manifestó su indignación por el archivamiento en el marco de la conmemoración del Día de la no violencia hacia las mujeres, y aseguró que el Congreso deja que las mujeres mueran antes de que decidan. Además puntualizó que “penalizar el aborto en caso de violación no resuelve nada, solo pone en riesgo la vida de mujeres que se ven obligadas a acudir a centros clandestinos”

Cada año se estima que 35.000 mujeres se embarazan producto de una violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007”. El 78% de son mujeres menores de 18 años, según información de la PNP, y en el 76% de los casos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima, de acuerdo al estudio “Violaciones sexuales en el Perú”de Jaris Mujica. Se calcula que unas 17.600 mujeres recurren al aborto por ser producto de una violación o incesto, según el estudio “El aborto clandestino en el Perú”. El aborto es una de las principales entre las principales causas directas de muertes maternas en adolescentes se encuentra el aborto (29%) y el suicidio (56%), según el Ministerio de Salud.

Organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) exhortó en repetidas ocasiones al Estado peruano para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

martes, 24 de noviembre de 2015

¿La omisión de consulta previa se debe subsanar con una "consulta posterior"?

A raíz de la primera consulta minera realizada en Parobamba, Cusco, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz aceptó que en ocho de los 25 proyectos ejecutados los últimos años, se omitió la consulta previa; a pesar de que el Convenio 169 y la Ley de Consulta Previa (vigente desde el año 2011) establecen que cualquier proyecto que afecte a las comunidades indígenas debe ser consultado. Ortiz añadió que en esos casos específicos, se realizará una “consulta posterior”, pero surge la interrogante sobre la viabilidad de dicho mecanismo, pues la norma establece que la consulta debe ser previa.
Primera consulta minera en Perú
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que Perú ratificó en el año 1995- y la Ley de Consulta Previa, constituyen como piedra angular que los pueblos indígenas sean consultados de manera informada, previa y libre en relación a temas que los afecten directamente. Sin embargo, a 20 años de ratificado el convenio, recién este año se están realizando las tres primeras consultas en minería, pues el derecho se había limitado a comunidades de la Amazonía.
“El único lugar donde las cosas estaban bastante más claras era en hidrocarburos por generarse normalmente en zonas de selva donde es bastante más evidente la situación de las comunidades indígenas no contactadas y no se necesita de una base de datos inexistente”, manifiesta Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Lo cierto es que la consulta en zona andina y en temas mineros ha sido motivo de controversia. Actores empresariales y gubernamentales han cuestionado la condición de pueblo indígena de las comunidades campesinas que viven en esa zona y su inclusión en la Base de Datos del Ministerio de Cultura. Si bien, actualmente este debate quedó atrás, la demora de las consultas en minería ha tenido que ver luego con un lento proceso de identificación de dichas comunidades y la no publicación de los avances de la base de datos.
Es por ello, que luego de cuatro años de aprobada la ley de consulta, recién tenemos las primeras consultas mineras. Una que se viene desarrollando en Parobamba, Cusco, en relación al proyecto Aurora, cuyo plan de consulta se aprobó el cuatro de setiembre. “En el proyecto Minero Aurora se viene implementando un proceso de consulta donde la medida a consultar es la autorización del inicio de operaciones. Pero hay que señalar que este proyecto ya tenía concesiones otorgadas y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, ambos sin haberse realizado un proceso de consulta”, sostiene Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
“En la práctica, la consulta en minería está vacía de contenido porque no hay en juego ningún tipo de decisión en el tema minero. En ese sentido, no está en juego nada, para nosotros incluso la consulta debería darse desde el momento que hay un petitorio de la concesión”, enfatiza Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la Red Muqui.
El segundo proyecto minero que está siendo consultado es Toropunto, en el distrito de Pamparomas, Áncash, donde ya se aprobó el plan de consulta previa del proyecto que está a cargo de la empresa SMC Toropunto. Asimismo, el tercer proyecto minero en consulta es Misha de la minera Barrick Misquichilca, en Apurímac, el cual se encuentra en proceso.
¿Consulta posterior?
Preguntada la ministra Rosa María Ortiz por miembros de la Comisión de Pueblos del Congreso sobre actos administrativos aprobados en relación a ocho proyectos mineros que debieron consultarse, la ministra admitió que se había omitido la realización de la consulta previa y que como ya estaban aprobados, lo que correspondía era realizar una consulta posterior.
Ante ese escenario, surge la necesidad de saber cómo debe proceder el Estado en estos casos y si las actividades de los proyectos de exploración deberían paralizarse o no. Para responder esta pregunta, la plataforma Consultape.com se puso en contacto con el Ministerio de Energía y Minas en reiteradas oportunidades, pero no obtuvo respuesta.
Para Ana Leyva e Ismael Vega, las actividades deberían paralizarse. “Lo que correspondería es la paralización de la actividad hasta que se realice la consulta sobre dicha autorización”, dice la abogada de CooperAcción; mientras que Vega comenta que “esos ocho proyectos mineros son nulos y deben suspenderse en tanto se ha omitido la aplicación de lo que establece la ley, es decir la consulta previa”.
Javier Jahncke agrega que “el mismo nombre del derecho establece que la consulta es previa, no tiene sentido realizarla después para ponerse al día, eso no es viable. La ministra está aceptando que hay una ilegalidad en la aprobación del EIA y está aceptando que hay derechos que se han afectado con esta decisión y que esa aprobación debería ser legalmente nula”.
Pero la consulta sigue siendo un tema en debate, entre los puntos en discusión está el determinar cuáles son los actos administrativos a consultar en los casos de extractivas. Algunos sostienen que solo debe darse en el acto administrativo que aprueba la primera autorización y para otros, en los momentos en donde el Estado toma decisiones trascendentales, que tiene impacto en la vida de las comunidades del entorno del proyecto minero.
Al respecto, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, declaró que se necesita tener una inversión garantizada sobre determinada zona para poder realizar la consulta previa, Gálvez Pinillos señala que no tiene por qué haber inversión garantizada “porque por algo la consulta es previa”. Por esa razón, sugiere que el Estado debería realizar consulta previa en zonas que pudieran ser de interés para las empresas, a pesar que no haya una inversión confirmada.
“Si ya hubiera una consulta en determinada zona y las comunidades dicen que no quieren actividades extractivas, pues las empresas no insistirían, no perderían su tiempo ni su dinero. El problema surge cuando las empresas invierten y luego se realiza la consulta”, enfatiza el presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía.
¿Qué medidas pueden tomar las comunidades en los casos dónde no hubo consulta?
Existen ocho proyectos que ya están en marcha y en los que el Ministerio de Energía y Minas admitió no haber realizado consulta previa como correspondía. Lo cierto es que difícilmente el Ministerio de Energía y Minas cambiará la medida adoptada. Entonces, ¿qué podrían hacer las comunidades ante esa vulneración a sus derechos que además ha sido reconocida por el Estado?
Según Vega, “todo va seguir igual o, ¿acaso alguien puede imaginar que el Gobierno va a modificar o parar un proyecto porque los campesinos o pueblos indígenas cuestionan el proyecto porque viola sus derechos?”, se pregunta y agrega que las organizaciones indígenas podrían presentar una demanda de amparo contra el Estado peruano por omitir su derecho a ser consultados, además de atentar contra su derecho a un ambiente sano, tranquilo y equilibrado.


viernes, 20 de noviembre de 2015

América Latina impulsará políticas públicas para combatir el hambre en la región

Escribe Iara Urbina

Parlamentarios de 17 países de América Latina asumieron el compromiso de trabajar desde sus facultades legislativas para cumplir con el “Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC para el 2025”, que propone eliminar el hambre en América Latina; pues, aunque la región ha reducido en más de la mitad el número de personas que padecen hambre, aún 37 millones no tienen con qué alimentarse, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Más de 60 legisladores participaron en el VI Foro del Frente de Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, desarrollado en Perú del 15 al 17 de noviembre. El evento giró en torno a la problemática del hambre en la región, pues los congresistas consideraron inaceptables los niveles de población subnutrida (obesidad, sobrepeso, malnutrición) y desnutrida en Latinoamérica.

“No es posible que en nuestra América Latina tengamos una enorme cantidad de alimentos y que todavía haya 37 millones de personas que se mueran de hambre; pero que, paradójicamente, la mayoría de esos que se acuestan sin comer sean los que producen los alimentos con los que el 80% de nuestras mesas se nutren”, sostiene María Augusta Calle, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe.

Parlamentarios de África y Asia también compartieron sus experiencias. “Hay mucho interés por parte de Asia y por parte de África de poder beneficiarse de lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado en América Latina para llevar la experiencia y poder ver también avances importantes en la reducción del hambre en esos continentes”, manifiesta Marcela Villarreal, directora de la Oficina para Asociaciones, Promoción y Desarrollo de Capacidades de la FAO.

Metas para erradicar el hambre

Los representantes de América Latina discutieron durante tres días sobre cómo contribuirán desde sus países a la implementación del plan de la CELAC 2025, que pretende erradicar el hambre en Latinoamérica, y resaltaron que es necesario legislar en materia de seguridad alimentaria, apoyar a los pequeños productores para que así, no solo se erradique el hambre, sino que se contribuya en la lucha contra la pobreza.

Jhon Preissing, representante de la FAO en Perú resaltó la importancia de que los países tengan normas alimentarias en sus legislaturas: “Hay que tener una estrategia, legislación, presupuesto y programas bien organizados. Entonces, lo principal es empezar con un compromiso político y luego con leyes que vayan apoyando en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional”, comentó.

Asimismo, integrantes de la sociedad civil demandaron que los países cuenten con leyes que garanticen la alimentación y que hayas políticas que protejan a la  pequeña agricultura, porque son el sustento para la alimentación de la población.

Giovanna Vásquez, de la campaña CRECE de Oxfam de América Latina señaló que el plan de la CELAC es el marco normativo que regirá el diseño de políticas públicas sobre seguridad alimentaria en la región y, en muchos casos, es desconocido por los gobiernos.  Vásquez agregó que esta situación debe cambiar.

Perú y la Ley de Seguridad Alimentaria

El Parlamento peruano acaba de aprobar el dictamen de la Ley de Seguridad Alimentaria (N° 3981) que propone reconocer y garantizar el derecho de todos los peruanos a acceder a una alimentación sana y saludable. Sin embargo, el fujimorismo, a través de la congresista Martha Chávez, ha solicitado reconsideración y pedido de votación calificada que impide que la Ley sea emitida al  Ejecutivo, la discusión de esta ley en el Congreso lleva cuatro años, y en dos oportunidades la parlamentaria ha puesto trabas –mediante consideraciones- que impiden un marco legal que garantice políticas públicas nacionales y sectoriales en esta materia.

Con la maniobra política del fujimorismo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aún está en manos del Congreso.  Y el presidente del Congreso, Luis Iberico y los miembros del Grupo Parlamentario contra el Hambre, presidido por el congresista Jaime Delgado, después de asumir el compromiso de promover políticas públicas que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria en el VI Foro Parlamentario contra el Hambre, deberán asumir el reto de destrabar la ley.

Y el siguiente paso es que el Poder Ejecutivo reglamente la ley para que el Estado favorezca y cree condiciones que conlleven al progreso social y económico, en especial en las zonas más pobres de nuestro país, pues 4 millones y medio de peruanos son muy vulnerables a quedarse sin alimento.

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, reconoce que el 70% de los alimentos que se producen en nuestro país proceden de la agricultura familiar. “La ley es importante porque garantiza y pone en valor a los pequeños agricultores, el reto es incorporarlos a una producción más competitiva, que el sector más pobre pueda ingresar a un circuito productivo que les haga salir de la pobreza, ese es el objetivo de esta ley”, enfatiza.

 “Yo espero que no se objete la ley y que más bien la reglamenten lo antes posible. Yo confío en que así será”, dijo Espinoza.

Para Carlos Díaz, productor ecológico de Lambayeque, la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria es algo positivo, pero sostiene que estará alerta a su reglamentación: “Es muy bueno para nosotros que se haya aprobado la ley, pero estamos a la espera de su reglamentación porque es lo que siempre hemos esperado los pequeños y medianos agricultores que hemos sido los que siempre estuvimos marginados”, relata.

En la misma línea, el representante del Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú y congresista, Jaime Delgado, considera que con la ley se está planteando un conjunto de lineamientos para que el Estado realmente se comprometa con asegurar alimentos de calidad a los peruanos. Además de dar estímulos y apoyo a los pequeños agricultores porque son ellos los que llevan cerca del 80% de alimentos a nuestras mesas”.

Honduras ha dado un paso a favor de la mujer rural

Es importante destacar el rol de la mujer en el cultivo de la tierra en todo el mundo, son ellas las que producen más del 50% de los alimentos que consumimos.

Las mujeres rurales de este país centroamericano acceden a menos del 11% del crédito a nivel nacional, 8 de cada 10 mujeres rurales de Honduras no tienen tierra propia para cultivar, 6 de cada 10 viven bajo los niveles de la pobreza.  Por ello el  paso que dio el Congreso Nacional con la aprobación de la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER),  es vital para mejorar la producción agrícola y beneficiar a más de dos millones de mujeres rurales.

La propuesta surgió de la iniciativa de 28 organizaciones que estuvieron asesoradas por Oxfam, ONU MUJERES y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM),  y fue aprobada el pasado 30 de septiembre en el parlamento hondureño. “CREDIMUJER fue aprobada por unanimidad en nuestro Congreso de la República y da fe de que como sociedad podemos construir consensos armoniosos y de gran impacto social”, comenta Yadira Bendaña, parlamentaria impulsora de la propuesta legislativa.

Asimismo, el congresista hondureño David Reyes manifiesta que CREDIMUJER es un proyecto que nació para devolverles la dignidad a las personas y darle valor al trabajo de las mujeres. “Cuando se invierte en la mujer, se invierte en la persona más valiosa en la administración de los recursos de un hogar”.

Se crea la ley, se pone un capital semilla y se espera que, en el presupuesto del año 2016, se pueda incrementar para que beneficie a un grupo más grande de mujeres campesinas”, comenta Elvia Argentina, diputada de Honduras.

Claramente existe un compromiso adoptado por varios países Latinoamericanos en la lucha contra el hambre, pero eso no es suficiente si no va de la mano con presupuesto y la voluntad política de los gobiernos, más allá de legislar en materia de nutrición y seguridad alimentaria.

lunes, 16 de noviembre de 2015

OXFAM: Los parlamentarios de Latinoamérica deben actuar contra el hambre en la región

Es urgente implementar medidas que garanticen la seguridad alimentaria de 37 millones de personas que todavía padecen hambre en América Latina y el Caribe. La organización internacional Oxfam pide a los legisladores a que concreten acciones en el VI Encuentro del Frente de Parlamentarios contra el Hambre, que se lleva a cabo esta semana en Lima.
 
Lima, Noviembre 16, 2015.- En el marco del VI Encuentro del Frente de Parlamentarios contra el Hambre que se está llevando a cabo en Lima, Perú, la organización internacional para el desarrollo Oxfam, hace un llamado a los parlamentarios presentes en la reunión a redoblar sus esfuerzos para diseñar marcos normativos que permitan la inversión de los gobiernos en agricultura familiar, y mejorar así la situación alimentaria de 37 millones de personas que todavía sufren hambre en Latinoamérica y el Caribe, según la FAO.
 
En las últimas décadas, los países de América Latina han logrado avances para la seguridad alimentaria, reduciendo en más del 50% la población con hambre. Sin embargo, además de que aún muchas personas no tienen que comer, también se han incrementado los problemas de malnutrición como la obesidad y sobrepeso, para los cuales no se han tomado medidas políticas. Esta situación está íntimamente relacionada con la pobreza que persiste en la región más desigual del mundo: en América Latina unas 167 millones de personas viven en situación de pobreza, y alrededor de 71 millones son indigentes, de acuerdo a cifras de CEPAL.
 
“Es importante que los parlamentarios asistentes a esta reunión se comprometan a crear y fortalecer los espacios nacionales y regionales de diálogo en políticas públicas, para hacer realidad el derecho a la alimentación. También es urgente que vigilen la implementación por parte del ejecutivo de cada país del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC”, afirma Giovanna Vásquez, de la campaña CRECE de Oxfam. “Este plan de CELAC es el marco normativo que regirá el diseño de políticas públicas sobre seguridad alimentaria en la región y en muchos casos es desconocido por los gobiernos, y los propios parlamentarios. Claramente, esta situación debe cambiar”, sostiene Vásquez.
 
Oxfam llama a los legisladores de la reunión en Lima a entablar compromisos reales que permitan la realización progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada en Latinoamérica y el Caribe. Estos compromisos son fundamentales en el contexto actual de desaceleración económica que vive la región y de graves crisis humanitarias como la que se está viviendo por la sequía generada por el Fenómeno del Niño, que ha reducido la alimentación, sobre todo, de las poblaciones rurales y agricultoras de Centroamérica y el Caribe.

lunes, 9 de noviembre de 2015

Organizaciones de DDHH saludan la creación de Registro de Víctimas de esterilizaciones forzadas y exigen que se garantice acceso a salud y justicia

·      Señalan que las asociaciones de víctimas deben participar en el proceso de reglamentación de sus derechos.

DEMUS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF), saludan como un primer paso para la justicia, verdad y una política de reparaciones, el Decreto Supremo (nº 006-2015-JUS) oficializado hoy por el presidente de la República, Ollanta Humala, que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea en Registro de Víctimas.

Tras 18 años de impunidad, reconocemos la importancia de que, a través de un registro, se identifique el universo de víctimas y se garantice el acceso a la justicia, aunque se espera que el Estado admita también su propia responsabilidad en los hechos ocurridos a raíz de una política nacional que vulneró los derechos humanos de miles de mujeres y hombres.
“Saludamos la voluntad política expresada en el Decreto Supremo y destacamos que el Estado peruano avance en los cumplimientos adquiridos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza que murió a causa de la esterilización forzada. Pero es necesaria la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en el proceso de reglamentación de las políticas en este caso”, sostuvo María Ysabel Cedano, directora de Demus.

Las organizaciones saludan que el Estado peruano haya tomado en consideración la serie de recomendaciones y exhortaciones efectuadas desde la sociedad civil y los grupos representados por las víctimas de esterilizaciones forzadas.
Sin embargo, precisan que existen vacíos en el Decreto Supremo que deben ser tomados en cuenta por los ministerios de Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Salud que tendrán a su cargo la reglamentación del registro y el acceso a justicia y salud de las víctimas.
Uno de estos aspectos, es considerar que los Centro de Emergencia Mujer (CEM), a quienes se ha encargado la atención psicológica de las víctimas, no son viables para ejecutar esa tarea, debido a sus deficiencias logísticas.
Asimismo, se espera la creación de un sistema especial de protección a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Sistema Integral de Salud (SIS), que –entre otros beneficios- amplíe la cobertura para atención a nivel nacional.
 
 
“Creemos que la atención integral debe darse de acuerdo a la afectación de cada caso, de cada mujer, y que la atención de la salud mental de las víctimas podría buscar mecanismos adecuados para este tipo de reparaciones”, señaló Ana María Vidal del GREF.
Las organizaciones en defensa de los derechos humanos esperan que en el corto plazo el Gobierno de turno fije una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones que incluya acceso a programas de emprendimiento económico, productivos y de trabajo, acceso a programas sociales, vivienda e indemnizaciones.
“Desde el 2003 que firmamos el Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH, hemos exigido que las investigaciones se realicen en el marco de los estándares interamericanos, que se investigue con la debida diligencia y se tomen medidas para que estos hechos no se repitan”, señaló Ana María Palacios, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
En exhortación final, las organizaciones manifiestan que las acciones en favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas deben ir acompañadas de unasdisculpas públicas por tratarse de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos desde el Estado.