Escribe Iara Urbina
Parlamentarios
de 17 países de América Latina asumieron el compromiso de trabajar desde sus
facultades legislativas para cumplir con el “Plan para la Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC para el 2025”, que
propone eliminar el hambre en América Latina; pues, aunque la región ha reducido
en más de la mitad el número de personas que padecen hambre, aún 37 millones no
tienen con qué alimentarse, según la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Más
de 60 legisladores participaron en el VI
Foro del Frente de Parlamentario contra el Hambre de
América Latina y el Caribe, desarrollado en Perú del 15 al 17 de
noviembre. El evento giró en torno a la problemática del hambre en la región,
pues los congresistas consideraron inaceptables los niveles de población
subnutrida (obesidad, sobrepeso, malnutrición) y desnutrida en Latinoamérica.
“No es posible
que en nuestra América Latina tengamos una enorme cantidad de alimentos y que
todavía haya 37 millones de personas que se mueran de hambre; pero que,
paradójicamente, la mayoría de esos que se acuestan sin comer sean los que
producen los alimentos con los que el 80% de nuestras mesas se nutren”,
sostiene María Augusta Calle, coordinadora del Frente Parlamentario contra el
Hambre en América Latina y el Caribe.
Parlamentarios
de África y Asia también compartieron sus experiencias. “Hay mucho interés por
parte de Asia y por parte de África de poder beneficiarse de lo que se ha
logrado y lo que se ha avanzado en América Latina para llevar la experiencia y
poder ver también avances importantes en la reducción del hambre en esos
continentes”, manifiesta Marcela Villarreal, directora de la Oficina para
Asociaciones, Promoción y Desarrollo de Capacidades de la FAO.
Metas para erradicar el hambre
Los
representantes de América Latina discutieron durante tres días sobre cómo
contribuirán desde sus países a la implementación del plan de la CELAC 2025,
que pretende erradicar el hambre en Latinoamérica, y resaltaron que es
necesario legislar en materia de seguridad alimentaria, apoyar a los pequeños
productores para que así, no solo se erradique el hambre, sino que se
contribuya en la lucha contra la pobreza.
Jhon
Preissing, representante de la FAO en Perú resaltó la importancia de que los
países tengan normas alimentarias en sus legislaturas: “Hay que tener una
estrategia, legislación, presupuesto y programas bien organizados. Entonces, lo
principal es empezar con un compromiso político y luego con leyes que vayan
apoyando en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional”, comentó.
Asimismo,
integrantes de la sociedad civil demandaron que los países cuenten con leyes
que garanticen la alimentación y que hayas políticas que protejan a la pequeña agricultura, porque son el sustento
para la alimentación de la población.
Giovanna
Vásquez, de la campaña CRECE de Oxfam de América Latina señaló que el plan de
la CELAC es el marco normativo que regirá el diseño de políticas públicas sobre
seguridad alimentaria en la región y, en muchos casos, es desconocido por los
gobiernos. Vásquez agregó que esta
situación debe cambiar.
Perú y la Ley de Seguridad Alimentaria
El Parlamento
peruano acaba de aprobar el dictamen de la Ley de Seguridad Alimentaria (N°
3981) que propone reconocer y garantizar el derecho de todos los peruanos a
acceder a una alimentación sana y saludable. Sin embargo, el fujimorismo, a
través de la congresista Martha Chávez, ha solicitado reconsideración y pedido
de votación calificada que impide que la Ley sea emitida al Ejecutivo, la discusión de esta ley en el
Congreso lleva cuatro años, y en dos oportunidades la parlamentaria ha puesto
trabas –mediante consideraciones- que impiden un marco legal que garantice
políticas públicas nacionales y sectoriales en esta materia.
Con la
maniobra política del fujimorismo, la Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutricional aún está en manos del Congreso.
Y el presidente del Congreso, Luis Iberico y los miembros del Grupo
Parlamentario contra el Hambre, presidido por el congresista Jaime Delgado,
después de asumir el compromiso de promover
políticas públicas que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria en el
VI Foro Parlamentario contra el Hambre,
deberán asumir el reto de destrabar la ley.
Y el
siguiente paso es que el Poder Ejecutivo reglamente la ley para que el Estado
favorezca y cree condiciones que conlleven al progreso social y económico, en
especial en las zonas más pobres de nuestro país, pues 4 millones y medio de
peruanos son muy vulnerables a quedarse sin alimento.
La
vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, reconoce que el 70% de los
alimentos que se producen en nuestro país proceden de la agricultura familiar.
“La ley es importante porque garantiza y pone en valor a los pequeños
agricultores, el reto es incorporarlos a una producción más competitiva, que el
sector más pobre pueda ingresar a un circuito productivo que les haga salir de
la pobreza, ese es el objetivo de esta ley”, enfatiza.
“Yo espero que no se objete la
ley y que más bien la reglamenten lo antes posible. Yo confío en que así será”,
dijo Espinoza.
Para
Carlos Díaz, productor ecológico de Lambayeque, la aprobación de la Ley de
Seguridad Alimentaria es algo positivo, pero sostiene que estará alerta a su
reglamentación: “Es muy bueno para nosotros que se haya aprobado la ley, pero
estamos a la espera de su reglamentación porque es lo que siempre hemos
esperado los pequeños y medianos agricultores que hemos sido los que siempre
estuvimos marginados”, relata.
En la
misma línea, el representante del Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú
y congresista, Jaime Delgado, considera que con la ley se está planteando un
conjunto de lineamientos para que el Estado realmente se comprometa con
asegurar alimentos de calidad a los peruanos. Además de dar estímulos y apoyo a
los pequeños agricultores porque son ellos los que llevan cerca del 80% de
alimentos a nuestras mesas”.
Honduras ha dado un paso a favor de la mujer
rural
Es
importante destacar el rol de la mujer en el cultivo de la tierra en todo el
mundo, son ellas las que producen más del 50% de los alimentos que consumimos.
Las mujeres rurales de este país centroamericano acceden
a menos del 11% del crédito a nivel nacional, 8 de cada 10 mujeres rurales de
Honduras no tienen tierra propia para cultivar, 6 de cada 10 viven bajo los
niveles de la pobreza. Por ello el paso que dio el Congreso Nacional con la
aprobación de la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la
Mujer Rural (CREDIMUJER), es vital para mejorar
la producción agrícola y beneficiar a más de dos millones de mujeres rurales.
La
propuesta surgió de la iniciativa de 28 organizaciones que estuvieron asesoradas
por Oxfam, ONU MUJERES y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), y fue aprobada el pasado 30 de septiembre en
el parlamento hondureño. “CREDIMUJER fue aprobada por unanimidad en nuestro
Congreso de la República y da fe de que como sociedad podemos construir
consensos armoniosos y de gran impacto social”, comenta Yadira Bendaña,
parlamentaria impulsora de la propuesta legislativa.
Asimismo,
el congresista hondureño David Reyes manifiesta que CREDIMUJER es un proyecto
que nació para devolverles la dignidad a las personas y darle valor al trabajo
de las mujeres. “Cuando se invierte en la mujer, se invierte en la persona más
valiosa en la administración de los recursos de un hogar”.
Se crea la
ley, se pone un capital semilla y se espera que, en el presupuesto del año 2016,
se pueda incrementar para que beneficie a un grupo más grande de mujeres
campesinas”, comenta Elvia Argentina, diputada de Honduras.
Claramente
existe un compromiso adoptado por varios países Latinoamericanos en la lucha
contra el hambre, pero eso no es suficiente si no va de la mano con presupuesto
y la voluntad política de los gobiernos, más allá de legislar en materia de nutrición
y seguridad alimentaria.
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