viernes, 19 de diciembre de 2014

Presentan documental sobre Esterilizaciones Forzadas en el Perú


DÍA: 19 de diciembre
HORA: 5.30 pm
LUGAR: Auditorio del Hotel Los Pinos,  Jr. La Mar 521

Este viernes 19 de diciembre las 5.30 de la tarde se presentará el documental “Cicatrices del engaño”,  el cual narra el drama de las esterilizaciones forzadas en el Perú, bajo el mandato de Alberto Fujimori durante los años 1996-2000. Durante este periodo se esterilizó a casi 300 000 mujeres  y 22 mil varones, 18 mujeres fallecieron tras estas operaciones en contra de su voluntad. A la fecha más de 2000 mujeres han denunciado haber sido víctimas de un esterilización forzada.
La proyección se llevará a cabo en  el auditorio del Hotel Los Pinos, y contará con la presencia de Julio  Arbizu, abogado de víctimas de esterilización forzada, y por el equipo de Hiperactiva Comunicaciones.
Este documental recoge testimonios de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Piura. Asimismo, expone el estado actual del caso a nivel judicial y a nivel de desarrollo de políticas públicas de reparación.
“Cicatrices del engaño”  es una producción de Hiperactiva Comunicaciones con el apoyo de: DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el CMP "Flora Tristán".

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Mujeres rurales latinoamericanas demandan acciones urgentes para enfrentar el cambio climático

       
 
En el marco de la COP20, que se desarrolla en esta capital, mujeres rurales de distintos países de Latinoamérica presentaron su agenda frente al cambio climático y demandaron a los Estados Miembros alcanzar acuerdos vinculantes, tomar acciones urgentes para enfrentar este fenómeno y contemplar estrategias diferenciadas entre hombres y mujeres rurales.

Las mujeres, que forman parte de organizaciones2 provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, urgieron a los gobiernos de la región a demostrar voluntad política y tomar decisiones en beneficio del sector rural.

“Las mujeres rurales somos las más afectadas por el cambio climático y las primeras en vivir sus efectos negativos”, señaló Elvira Sánchez, del Foro Centroamérica Vulnerable Unida Por la Vida.

Por su parte, Beatriz Olivera, Coordinadora regional de la Campaña CRECE de OXFAM, agregó: “El cambio climático afecta a las mujeres de Latinoamérica aquí y ahora, y está impactando en el futuro alimentario en la región. Los gobiernos deben pasar a la acción”.

Entre las demandas se incluyen el reconocimiento por medio de políticas públicas del Estado del papel de las mujeres como productoras; un llamado a poner fin a todo tipo de violencia contra las mujeres; asignar presupuesto para programas de apoyo a mujeres rurales, indígenas y campesinas que incluyan medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; reevaluar el impacto de los TLC firmados por distintos países; impulsar la agricultura familiar y garantizar el acceso y control sobre recursos naturales; y fortalecer los planes de prevención, gestión integral y reducción de riesgos frente al cambio climático, entre otras.

María Raquel Vázquez, coordinadora de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas, y Ángela Yibi Ramírez, de la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia, demandaron un alto a la violencia contra mujeres y hombres rurales que defienden su tierra. En tanto, María Edith Villanueva, coordinadora de Mujeres Campesinas de Honduras, puntualizó: “Ante los efectos del cambio climático, las mujeres que trabajamos la tierra exigimos acceso y control de recursos naturales de calidad”.

Exigieron también que se garantice el derecho a la alimentación; instrumentar incentivos para evitar que mujeres y jóvenes de comunidades rurales se vean obligados a migrar; regular los megaproyectos de las industrias extractivas, adoptar estrategias y políticas públicas transparentes de adaptación y resiliencia; frente al cambio climático e implementar presupuestos para el campo de calidad, transparentes y participativos.

“El monocultivo, la industria extractiva y el acaparamiento del territorio forman parte de un modelo que está destruyendo la Tierra y generando el cambio climático. Esto debe detenerse ahora”, concluyó Esperanza Cardona, Coordinadora de la Comisión Política articulada en la Vía Campesina de Honduras.

martes, 9 de diciembre de 2014

Condenan a Estados y empresas transnacionales por violación de derechos a los pueblos y a la naturaleza

ü  El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza juzgó a doce casos internacionales y nacionales.
Alberto Acosta, presidente del Tribunal y expresidente de la Asamblea del Ecuador, resolvió admitir, expandir y resolver los 12 casos, en todos ellos, se condenó la vulneración a los derechos de los pueblos y la naturaleza presentados el 5 y 6 de diciembre en el Gran Hotel Bolívar en Lima, y se determinó ampliar las evidencias, e incluso la conformación de sesiones especiales y comisiones internacionales.

Las sentencias se han dictado teniendo como marco legal los Derechos de la Naturaleza y la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. “Los derechos de la naturaleza tienen que tener una validez universal”, asevera.

El Tribunal ha condenado el caso de la empresa Chevron-Texaco en Ecuador por el uso de “tecnología inadecuada y daños irreversibles”. Insta a que la corporación proceda a la reparación integral de la zona, y acusa al Estado de responsable por haber permitido su explotación. En el caso peruano de Conga, ha aceptado el caso y ha determinado nombrar una comisión especial internacional que visite la zona para que recoja más información. Para la contaminación en las cuatro cuencas amazónicas (lote 192) establece la creación de una sesión especial en el Perú para que el caso sea sea juzgado; esta misma sentencia se ha dictado para el caso de Bagua.Todos los casos peruano, tras el voto razonado de los jueces y juezas, fueron aceptados como amenazas de violación a os derechos de la naturaleza.

Respecto al cambio climático, el Tribunal decidió que se recoja más evidencia hacia una audiencia en París en 2015 para que coincida con la próxima cumbre, COP21. Asimismo, considera necesario expresar a las Naciones Unidas su preocupación por un escenario que contempla el uso de energías de alto riesgo. Asimismo, se condenó al gobierno de Queensland, Australia por vulnerar los derechos de la naturaleza del Gran Arrecife de Coral.

La explotación petrolífera en el Yasuní también fue condenada, y se respaldó la iniciativa popular promovida por el colectivo de los Yasunidos. Además condena la persecución que sufre este grupo. Otro de los casos condenados fue el proyecto minero en la Cordillera del Cóndor. El Tribunal determinó suspender la explotación minera, compensar a las personas afectadas; e instó al Estado a que investigue y sancione a los culpables por la muerte de José Tendentza. En conmemoración a este luchador social, el Tribunal celebrado en Lima llevará su nombre.

 ‘Baguazo’

El domingo el Tribunal abrió una audiencia al caso de Bagua, por el cual cinco años más tarde, 52 líderes indígenas tienen juicios en su contra. Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Ampliación Práctica (CAAAP) calificó el ‘Baguazo’ de “caso emblemático”, pues según el experto, este caso podría volver a repetirse de no modificarse las actuales políticas y condiciones. “Bagua visibiliza el desencuentro entre la población indígena y el Estado. Esta falta de diálogo sigue vigente”, sentencia Vega.

Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hizo mención al contexto que motivó las protestas. La “Ley de la Selva” se refiere a la aplicación de diez decretos legislativos  y leyes en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y EE.UU. que tratan sobre la vida de los pueblos indígenas. A raíz de ello, en 2008 comenzaron las protestas de pueblos indígenas amazónicos, las cuales fueron confrontadas por las fuerzas gubernamentales. Jugo denunció las irregularidades que rodean el proceso judicial contra los indígenas, “el juicio es contrario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la etapa de instrucción se realizó sin traductores”. Jugo añadió que “no existen pruebas que comprometan a los 52 procesados”.

 ‘Fracking’
“No se puede hacer fractura hidraúlica de manera segura. Nunca debió inventarse esta técnica. Es una de las formas más destructivas del ambiente que jamás se haya visto”, afirmó contundente Shannon Biggs, directora de Movement Rights. La especialista estadounidense afirma que en este país existen 800.000 pozos activos de gas y petróleo, y se producen unos 300 mil barriles al día de gas natural. Biggs alerta de la contaminación del agua, debido a los químicos que se emplean, como consecuencia del uso de esta técnica. Asimismo, alerta de que el fracking causa terremotos en zonas que nunca habían experimentado este tipo de fenómenos. Cassey Camp, indígena estadounidense de Oklahoma, lamenta: “Morimos por el uso del fracking. La población se enferma de cáncer, mi hermana también ha muerto. El agua está contaminada, no podemos pescar. Estamos en peligro de extinción”.

Desde Bolivia también se denunciaron los planes de desarrollar a gran escala la fractura hidráulica sobre sus suelos. En los últimos años se ha incrementado la producción y exportación de gas natural; durante los años 2000-2012 se incrementó en un 382,6%. Sin embargo, exportan el 82,4% de su producción. Asimismo, la exportación de este hidrocarburo genera más de 6 mil millones de dólares al año, como informó el especialista Martín Vilela, de la Plataforma Reacción Climática.

Bolivia tiene 8,23 trillones de pies cúbicos de gas, e YPFB planea invertir 40.670 millones entre 2013 y 2015. Vilela explicó que en 2013 esta corporación firmó un convenio para realizar fracking en la zona del Chaco, un área escasa de agua. De ponerse en marcha, la extracción de 48 trillones de pies cúbicos de gas de esquito consumiría entre 112 y 335 mil millones de litros de agua.

Falsas soluciones al cambio climático y REDD
El Tribunal escuchó dos casos relacionados, uno sobre cambio climático y sus falsas soluciones y el otro sobre los mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+). Dentro del caso del cambio climático, se expuso el caso de contaminación y aumento de temperatura que afecta a Nigeria. Este continente está atravesado por yacimientos petroleros y gaseoductos que han provocado una profunda degradación ambiental, deforestación, innumerables derrames de crudo, entre otros. Unas deplorables condiciones de vida que han provocado que la esperanza de vida en esta zona sea de 44 años.

Añadido a ello, los estragos del cambio climático pueden tener consecuencias catastróficas. El activista Nnimmo Bassey afirma: “Por cada grado que aumente la temperatura a nivel global, en África, se incrementaría un 50% más”. En 2012 se produjeron unas inundaciones en Nigeria que provocaron la reubicación de 6 millones de habitantes. El activista afirma que en 2030 se incrementarán en África un 54% más  los conflictos violentos  por la falta de acceso a recursos naturales.
En la audiencia contra las falsas soluciones, se denunciaron técnicas como geoingeniería que busca manipular el clima sin cambiar las condiciones que provocan el cambio climático.

Asimismo, se sometieron a juicio los REDD. En Brasil la existencia de este mecanismo está muy presente. El apu Ninawá denuncia a los mismos: “los REDD presentan una propuesta mentirosa. No aceptamos que se comercialice con la naturaleza porque es nuestra alma y espíritu. No tiene precio, es nuestra voz”. Ruth Nyambura, ecologista de la organización Red de Biodiversidad de África, afirma que en Kenia como consecuencia del mecanismo REDD se producen desalojos: “Cuatro indígenas fueron arrestados y una mujer fue golpeada por los servicios forestales por estar en su tierra”.

El Gran Arrecife de Coral australiano
Este arrecife es el sistema de corales más grande del mundo. Es la estructura conformada por organismos vivos más grandes que puede ser vista desde el espacio. Es considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO, institución que advirtió al gobierno en 2011 por verse amenazado esta estructura por la expansión de puertos, especialmente para la exportación de carbón, el dragado, los sedimentos agrícolas y los desarrollos industriales cercanos al mismo. Erin Fitz, de Alianza Nacional, condenó la violación de derechos del arrecife de coral, y destacó la gran biodiversidad que podría destruirse: “Este Arrecife está compuesto de más de 600 tipos de corales y por más de 100 especies. El Tribunal dictó sentencia condenatoria para este caso.

La explotación petrolera del Yasuní
Desde el 2013 el gobierno ecuatoriano permitió la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad en el mundo que alberga a 2naciones indígenas en aislamiento voluntario.

El hecho provocó que un grupo de jóvenes (Yasunidos) se una en protesta y defensa por los derechos de la naturaleza –que están contemplados en la Constitución de Ecuador-. Yasunidos juntó más de 800 mil e firmas para someter a consulta popular la explotación petrolífera en el Yasuní; sin embargo el pedido fue rechazado puesto que las instituciones electorales invalidaron el 60% de las rúbricas de manera fraudulenta.


Por todos estos sucesos, Yasunidos ha demandado al gobierno ecuatoriano, al mando del presidente Rafael Correa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y están a la espera que su denuncia llegue hasta la Corte IDH.

domingo, 7 de diciembre de 2014

Caso British Petroleum: El mar pasó de ser “la cuna de la vida” al basurero del capitalismo”

  En el marco del Tribunal Internacional d los Derechos de la Naturaleza presentan caso de la British Petroleum y el peor derrame de petróleo en la historia

“  Esperanza Martínez, de Acción Ecológica y miembro de Oil Watch, demanda que se reconozcan derechos de la naturaleza en el espantoso caso de derrame de petróleo en el Golfo de México a manos de la British Petroleum.

A cuatro años del derrame de petróleo más nocivo en la historia de la humanidad, ocurrido mar adentro en Estados Unidos a manos de la British Petroleum, Esperanza Martínez, miembro de Acción Ecológica y de la Red Internacional Oil Watch, demandó el reparo integral del daño causado a la naturaleza y una sanción que no se reduzca a una suma de dinero.           

En abril de 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon, contratada por la British Petroleum, ubicada a 80 kilómetros de la costa de Luisiana, Estados Unidos, se hundió después de una explosión.  El resultado fueron cerca de 780 millones de litros (206 millones de galones) de petróleo crudo derramado en el mar, contaminando todo a su paso, delicados estuarios y playas, y cerrando vastas áreas del Golfo a la pesca comercial.

“A partir de esa fecha, hemos intentado abrir varias puertas, hacer una presentación de este caso en las cortes ecuatorianas considerando que, por una parte, la naturaleza no tiene fronteras y por otra, el Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza en su Constitución”, señaló Martínez.

La activista por la defensa del ambiente y la vida, reconoció que el éxito ha sido esquivo en sus demandas “por eso decidimos presentar el caso ante el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014. Y esperamos que ahora se resuelva”, agregó.
           
En 2012, la British Petroleum fue sancionada con una multa de 4,500 millones de dólares a favor de los Estados Unidos. La indemnización constituyó un récord; sin embargo, el reclamo de organizaciones como Oil Watch y Acción Ecológica, va más allá de una mera sanción económica.

Para Esperanza Martínez, existe un derecho vulnerado que no está siendo reconocido por los estándares internacionales. Hablamos de la naturaleza como sujeto de derecho. “Más alá de la comida que nos ofrece el mar, más allá de cuánto se afectan nuestros territorios, hay un derecho de la naturaleza que ha sido ignorado y esto es porque hasta hace muy poco tiempo no existía la noción de los derechos de la naturaleza en la legislación tradicional de nuestro continente”, acotó.

Esta realidad cambió cuando, en la Constitución ecuatoriana, se incorporaron los derechos de la naturaleza. “Se incorporó este reconocimiento y se han hecho algunos pasos a nivel internacional para procurar que estos sean reconocidos”.

La reparación que propone Martínez está ligada a cinco componentes que tienen que ver con acciones específicas para reparar el daño causado a la naturaleza.

El primero es la restitución del derecho de la naturaleza a existir. “Para eso demandamos que se suspendan las operaciones en el mar que estarían provocando estas situaciones de extremo riesgo. Me refiero a mares profundos y a zonas en donde la presión hace que un evento como el que pasó se vuelva a repetir. Hay un riesgo inminente”, añade.

En segundo lugar se encuentra la compensación. Pero la manera de compensar a la naturaleza no es la misma que a las comunidades, a quienes se les devuelve lo que perdieron. “En este caso pedimos que se deje represado una cantidad equivalente de crudo a responsabilidad de la empresa. O sea, que la empresa pague por ese crudo que no va a salir. Y esa nos parece una manera de compensarle a la pachamama evitando exponerle con esas nuevas explotaciones”, sintetiza Martínez.

El proceso incluye la rehabilitación que es de largo tiempo. “Si tú piensas en la materia de rehabilitación, tienes que pensar que si los seres humanos para rehabilitarnos pasamos por un proceso con psicólogos, médicos, chequeos periódicos, imagínate lo que se necesita en el mar. Hay cómo hacerlo, es complejo pero no imposible, se necesita hacer un seguimiento de qué está pasando con el crudo que se está quedando en el subsuelo, cuál es el sufrimiento de los animales que están en el mar. Se necesita eliminar los puntos de estrés para evitar que ese sufrimiento se vaya acumulando. Eso se puede hacer”, dice.

Las demás tienen que ver con la sanción a los responsables de este hecho. “Las empresas, los Estados que están dando los permisos y las personas involucradas que han hecho lobby para debilitar la poca regulación que había para las actividades extractivas, también se necesita sanción para ellos”.

“El repudio de la humanidad ante este tipo de hechos ya es de por sí una sanción. Pero hay que ser cuidadoso para que el silencio o las generalidades no creen impunidad”, sentencia Martínez.

NO APRENDEMOS
Pese al derrame de petróleo en el 2010, la representante de Oil Watch, alertó que las actividades extractivas mar adentro continúan en la zona norte de América. “No hemos aprendido nada”, dice, al tiempo que agrega que si la garantía es que no se vuelva a repetir el incidente, no se está actuando con coherencia.


“¿En qué se ha convertido el mar en esta sociedad capitalista que acumula y que, desde que hay el petróleo, en estos últimos 150 años, ha determinado una cantidad de desechos impresionante? El petróleo acelera la producción  y el consumo y con ellos, los desechos. Creo que dimos un giro en donde el mar pasó de ser “la cuna de la vida” al basurero del capitalismo”, finaliza Martínez. 

sábado, 6 de diciembre de 2014

Caso Chevron: Pueblos indígenas solicitarán a otros países se ejecute sentencia en contra de petrolera


Ø  Abogado de víctimas de Chevron, Pablo Fajardo, explica que se solicitará a los países en donde la petrolera tiene inversiones, validar la sentencia por 9,500 millones de dólares de reparación, dictada por la justicia ecuatoriana a favor de las comunidades indígenas de la zona sur del país.

El abogado de pueblos indígenas víctimas de la contaminación sufrida a principios de los noventa a manos de la empresa Texaco (hoy Chevron) en Ecuador, Pablo Fajardo, informó que se solicitará a los países en los que la petrolera tiene inversiones en la actualidad, la ejecución de la sentencia que pesa sobre la empresa, dictada por la justicia ecuatoriana, para reparar los daños ambientales y sociales ocasionados.

En 1964, Texaco (comprada por Chevron en 2001), inició actividades petroleras en la zona sur de Ecuador, en plena Amazonía. Permaneció en el lugar hasta 1992. Un año después, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos, presentaron una demanda en contra de la petrolera, en Estados Unidos.

“El caso Chevron es, por muchas razones, el más importante en la actualidad de litigios en el mundo entero: es el daño ambiental más grande causado por una empresa petrolera de forma intencional. En  el mundo han existido muchos daños ambientales pero producto de accidentes”, comenta Fajardo.

La diferencia, continúa explicando el abogado, es que en Ecuador no se trató de un accidente. “Fue una operación diseñada por la empresa con el objetivo de incrementar su ganancia económica disminuyendo su inversión. A esto se le agrega la actitud racista puesto que la empresa consideraba y sigue considerando que los pueblos originarios de Latinoamérica valen mucho menos que cualquier otro ciudadano”, enfatiza el defensor de las víctimas de Chevron.

En ese contexto, la empresa Chevron Corporation, antes Texaco, vertió más de 60 mil millones de litros de agua tóxica a los ríos de la Amazonía sur de Ecuador. Posteriormente construyó 1,000 fosas del tamaño de una piscina olímpica, donde arrojaban todo tipo de desechos tóxicos de la industria petrolera y cubrió con el crudo más de 1,500 kilómetros de carretera que construyeron como vías de acceso a los pozos.

“Hay una crisis humanitaria en salud, se registran más de 2,000 muertes por cáncer atribuibles a los tóxicos que dejó la actividad petrolera. Hay desechos tóxicos que están en el suelo, aire y agua. Ese daño social, ambiental, cultural provocó que hace 21 años, 30 mil campesinos e indígenas empezáramos una batalla en contra de Texaco en los tribunales de justicia para lograr que la empresa repare el daño”, agrega Fajardo.

EJECUCIÓN A LA ESPERA

En febrero de 2011, la empresa Chevron fue condenada en primera instancia, por jueces ecuatorianos, a pagar una reparación a las comunidades indígenas afectadas. En 2012 la sentencia fue ratificada y en 2013 la propia Corte Suprema de Ecuador, confirmó la condena que implica el pago de 9,500 millones de dólares por reparación de daños ambientales y en salud.

Sin embargo; la empresa, lejos de cumplir con su obligación y respetar la ley, “lo que hace es huir de ese compromiso y ataca al gobierno ecuatoriano, a las víctimas y a los abogados que estamos defendiendo esta causa. Dice que los juicios son fraudulentos y ha demandado al Estado ecuatoriano ante la comunidad internacional”, cuenta Pablo Fajardo.

¿Qué estrategia se quiere llevar a cabo para que Chevron cumpla con su responsabilidad judicial? La petrolera, explica Fajardo, ya no tiene activos en Ecuador; pero existe un mecanismo jurídicamente válido y aplicable para que pague la deuda.

Chevron tiene inversiones en más de 60 países. Lo que se busca es recurrir a esos países, a sus jurisdicciones, para validar la sentencia ecuatoriana y ejecutarla. “Este 11 de diciembre, tenemos una audiencia en la Corte Suprema de Canadá, si logramos ganar ahí, significa que podríamos soñar con ejecutar la sentencia en ese país, donde Chevron tiene una inversión de más de 15,000 millones de dólares”, señala Fajardo.

El mismo procedimiento se está siguiendo en los países de Brasil y Argentina y se pretende hacer la misma acción en donde Chevron tiene más inversiones.

“Esto sería un precedente internacional que beneficia el mundo entero. Abre las puertas para que la gente se dé cuenta y denuncien estos casos. El nuestro es importante porque lleva un estandarte de lucha de los pueblos marginados, oprimidos y excluidos, en contra de estos crímenes corporativos”, sentencia el abogado.

La ‘caravana climática’ llega a Lima tras ser retenida por el Gobierno de Ecuador

ü  Un autobús bautizado como ‘Caravana Climática’, integrada por jóvenes estudiantes y profesionales, denuncia la explotación petrolera en el Yasuní, y reclaman el respeto al derecho de la naturaleza y los pueblos indígenas.
ü  El colectivo ‘Yasunidos’ denuncia haber sufrido la detención arbitraria por parte de las autoridades de su país.

El colectivo de 23 jóvenes, integrantes de la ‘caravana climática’, llega a  Lima tras cinco días de viaje,  durante el cual, fueron retenidos hasta en siete ocasiones. Los ‘Yasunidos’, como así se denominan, denuncian el “acoso” al que han sido sometidos durante su trayectoria, y afirman que durante las retenciones, los policías se referían a que existían “órdenes desde arriba”.

La ‘caravana climática’ partió desde México, atravesando Centroamérica hasta llegar a Ecuador, donde un grupo de jóvenes se unió a la misma. Denuncian la explotación petrolera en el Yasuní y defienden los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas.

 Reclaman que la policía los retuvo por unas horas bajo el pretexto de que el bus en el que viajaban no contaba con los permisos necesarios. “Nos han pedido los nombres, la licencia del carro, nos decían que no podía circular. Sólo en Ecuador han tratado de retener a la caravana”, declara Jhon Cellán, integrante del colectivo.

“Hemos venido al Perú para participar en la Cumbre de los Pueblos y asistir al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza para presentar nuevamente el caso y posiblemente dictar sentencia”, precisó Patricia Carrión, abogada ecuatoriana y miembro de los Yasunidos

El exministro de Energía y Minas del gobierno ecuatoriano y expresidente de la Asamblea Constituyente de ese país, Alberto Acosta, criticó duramente las políticas del presidente Rafael Correa, en materia de cuidado y prevención para el ambiente.

“Un gobernante que señalizó su brújula de viaje hacia la izquierda, la cambió hacia la derecha. Lo que había sido una propuesta de transformación profunda, ahora el presidente está liderando una suerte de restauración conservadora en el Ecuador. Rafael Correa es el gran modernizador del capitalismo y no está respetando ni los derechos de la naturaleza, ni los de los pueblos indígenas, ni la democracia”, manifestó Acosta.

‘Yasunidos’

La Constitución ecuatoriana, aprobada durante el mandato del presidente de ese país, Rafael Correa, incluyó, por primera vez, los derechos de la naturaleza; sin embargo, en agosto de 2013, hubo un viraje hacia el favorecimiento de las actividades extractivas. La decisión de explotar la reserva del Yasuní, un área privilegiada en recursos naturales y protegida por su condición, despertó la indignación de la sociedad civil que se alzó con el movimiento Yasunidos.

Desde el colectivo, el reclamo por los derechos de la naturaleza se ha hecho cada vez más fuerte en el Ecuador, donde, hasta el momento, solo han recibido la espalda de las instituciones que no reciben sus denuncias.

De hecho, hace unos meses, Yasunidos juntaron las firmas que se necesitaban con el objetivo de presentarlas ante las autoridades y exigir una consulta popular para decidir sobre la explotación en el Yasuní.

No obstante, el 60% de esas firmas fueron tachadas por la institución electoral y el pedido de consulta popular fue rechazado. A este hecho, Alberto Acosta califica como un fraude.

“El presidente ha negado la posibilidad de que con una consulta popular se tuvo que recurrir a un verdadero fraude, impulsado desde el Consejo Nacional Electoral, que actúa como caja de resonancia del Gobierno central, con el apoyo de la Corte Constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para impedir que se llegue a esta consulta popular”, resume el exministro ecuatoriano.

Por su parte, Carrión comentó que el colectivo ha acudido a todas las instancias de su país y, luego del rechazo de su reclamo, por parte de las autoridades, denunciaron al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que esperan haga llegar su caso ante la Corte IDH.

El Parque Nacional del Yasuní como víctima de extractivismo

Ecuador es un país muy rico en biodiversidad, el Yasuní es tal vez el lugar más biodiverso del planeta, tiene más de 14 naciones indígenas. “Se buscó una Constitución que responda a esa realidad de un país multidiverso y pluricultural”, explicó Natalie Greene, miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza.

“El presidente Correa cambió su decisión, su orientación y empezó a “darse cuenta” que necesitaba dinero y, en vez de cumplir con la Constitución, prefiere extender un modelo de extractivismo brutal. En vez de reconocer los derechos de la naturaleza y ser consistente con lo que plantea la Constitución, se vuelca a una cosa que ahora es salir del extractivismo profundizando el extractivismo”, resume Greene el por qué el país ecuatoriano está ahora partido en dos.

Pueblos indígenas representan a la naturaleza y denuncian violación de derechos indígenas y de la naturaleza por los Estados y las transnacionales


ü  Poblaciones originarias alertan sobre la impunidad corporativa

ü  En primer día del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza seis casos fueron sometidos a juicio: Caso de las cuatro cuencas amazónicas en Loreto; BP; Chevron; Conga; Belo Monte y  Condor Mirador en Ecuador

Empresas transnacionales y Estados se encuentran bajo la lupa por el Tribunal Internacional por los Derechos  de la Naturaleza, que se viene desarrollando en Lima, desde el día viernes 5 hasta sábado 6 de diciembre, donde se seguirán presentando otros casos a nivel nacional e internacional respecto a la violación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, en el marco de la celebración de la vigésima Conferencia de las Partes (COP).

“Este tribunal ético permanente es un llamado a la humanidad para encontrarnos con la Naturaleza. Esta instancia surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de preservar la vida de los seres humanos”, afirma Alberto Acosta, presidente del Tribunal, y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Casos peruanos: Conga y Pluspetrol (4 cuencas)

“Yanacocha es una herida profunda en la Madre Tierra, en Cajamarca”, lamentó Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendín. Sánchez relató durante la audiencia toda la trayectoria de contaminación de la empresa Yanacocha. Asimismo, el ambientalista denunció que este proyecto destruiría las fuentes hídricas de la región. “Se verterían 85 mil toneladas diarias de relaves tóxicos durante 17 años”, afirmó. Milton condenó al presidente Humala por no cumplir con su promesa de velar por el derecho al agua de las comunidades.

José de Echave, director de CooperAcción, manifestó que no se realizó una consulta previa, libre e informada a la población, a pesar de la vigencia de la Ley de Consulta. Además, resaltó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se presentó era “inconsistente, incompleto y violaba normas nacionales”.

Respecto al caso del Lote 192 en la selva loretana, se personó José Fachín de la cuenca del Pastaza. Relató al Tribunal que hace un año fue encarcelado, torturado y judicializado. Afirma que “desde hace más de cuarenta años la actividad petrolera ha generado muerte humana y animal”. A pesar de que el Estado ha declarado el Estado de Emergencia denuncia la inacción del Gobierno y de la empresa Pluspetrol. Exigen sancionar a Pluspetrol y que se determinen las responsabilidades del Estado por no proteger sus derechos y los de la naturaleza.

Casos del Ecuador: Cóndor Mirador y Chevron-Texaco

La cordillera del Cóndor está atravesada por proyectos mineros a gran escala, como es el caso de Condor Mirador. Luis Corral, defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, manifestó que este caso viola los derechos de la naturaleza y colectivos”. Denunciaron el asesinato del luchador social, José Tendetza quien estaba citado para que asistiera al Tribunal como testigo. El dirigente achuar Domingo Ankuash condenó este proyecto y sentenció: “La Naturaleza y los seres humanos somos aliados, si uno desaparece, el otro también”. Por su parte, Narcisa Aucay,  habitante de la región manifestó: “No nos van a callar. Nos han enseñado a vivir libremente, con honor y con dignidad”.

También se expuso en el Tribunal el caso de la empresa Chevron-Texaco que extrajo extrayendo petróleo desde el año 1967 en plena amazona ecuatoriana. La corporación construyó 860 piscinas donde se arrojaron los desechos tóxicos. En la actualidad, existen más de 2.000 casos de cáncer atribuibles a los tóxicos desechados por la actividad petrolífera. Pablo Fajardo, abogado de las  víctimas de Chevron concluye que “se ganó el caso, pero no se limpia la amazonía ecuatoriana”; además informó que Chevron no acepta las sentencias de remediación del ambiente, por lo que se genera una afectación a los derechos internacionales.

Caso BP

Esperanza Matínez, de la organización Oil Watch, presentó el caso de la explosión en 2010 de la plataforma petrolífera ubicada en el Golfo de México que causó el derrame de aproximadamente 5 millones de barriles de crudo, y la muerte de 11 trabajadores. Martínez calificó este derrame como “el más grave de la humanidad”, y denunció la afectación de las especies que habitan en el mar. Asimismo, puso en conocimiento del Tribunal que el sistema de limpieza que empleó la empresa BP provocó que las partículas de petróleo se hicieran más pequeñas lo que facilitó que fueran absorbidas por las especies.

Caso brasileño  de Belo Monte
El Tribunal también escuchó el caso de Belo Monte, la megarepresa que está construida al 50%, y que se convertirá en la tercera más grande del mundo. “Los pueblos están siendo afectados en su alimentación. No pueden pescar porque los peces se han ido de la región. Los pueblos no pueden beber su propia agua, debido a la actividad hidroeléctrica”, alertó la especialista Sonia Guadalajara.

jueves, 4 de diciembre de 2014

​Juzgarán al Estado Peruano por violación a los derechos de la naturaleza

ü  El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza someterá a juicio a doce casos más a nivel internacional.
ü  Una caravana climática se dirige desde Ecuador a Perú para denunciar la explotación petrolera del Yasuní.
El Estado peruano será juzgado por los casos de Conga, la contaminación en las  cuatro cuencas amazónicas en Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón  (Loreto) y la persecución de los defensores de la Madre Tierra en Bagua por el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, establecido en Lima durante los días 5 y 6 de diciembre en el Hotel Bolívar, en el marco de la celebración de la vigésima Conferencia de las Partes (COP).
“Este tribunal ético permanente es un llamado a la humanidad para encontrarnos con la Naturaleza. Esta instancia surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de preservar la vida de los seres humanos”, afirma Alberto Acosta, presidente del Tribunal, y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.
Esta instancia juzgará además a otros casos, doce en total por destrucción y violación de los derechos de la naturaleza. Las sentencias se dictarán teniendo como marco legal los Derechos de la Naturaleza y la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
“La naturaleza no debe ser objeto de explotación, sino sujeto de derecho. Esto implica un cambio civilizatorio. Los seres humanos no podemos estar al margen de ella, somos naturaleza”, señala Acosta.
El jurado estará conformado por 14 representantes nacionales e internacionales. En los juicios, se recogerán testimonios de las víctimas, se presentarán pruebas de violación a los derechos de la naturaleza y en el caso de reunirse las evidencias necesarias, se dictará sentencia. Además, se emitirán medidas de reparación.
 “Este tribunal no tiene vinculaciones jurídicas, sin embargo, la fuerza de este tribunal reside en reconocer los derechos de la naturaleza y generar conciencia. Las actividades extractivas son un acto de violencia contra la naturaleza y las personas”, declara el fiscal del tribunal Ramiro Ávila.
Otros casos de países vecinos también se someterán a juicio, como Ecuador, por la contaminación de Chevron, el proyecto Yasuní-ITT, y la Mina Cóndor. Además de Brasil por la construcción de la represa de Belo Monte, Bolivia, por el fracking hidráulico;  Estados Unidos y Australia.
‘Yasunidos’
Patricia Carrión, fiscal adjunta del tribunal, informó que un autobús bautizado con el nombre de “Caravana Climática”, conformada por activistas que defienden la no extracción  del crudo en el Yasuní en Ecuador,  y la detención del cambio climático, se dirige desde Ecuador a Lima, y estima que llegará mañana. Carrión denuncia que durante el viaje han sufrido un “sistemático proceso de acoso” y han sido retenidos en al menos seis ocasiones. “Esta caravana es incómoda para el gobierno ecuatoriano pues queremos denunciar lo que ocurre en el Yasuní”.
Derechos de la naturaleza
En el 2008, el Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos. El 20 de abril del 2010, en Cochabamba- Bolivia, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, se adoptó por más de 35.000 personas, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
En enero de 2014 se instala el primer Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra, en Quito-Ecuador, presidido por la Dra. Vandana Shiva.  A partir de este Tribunal semilla, se han desarrollado cuatro salas especiales alrededor del mundo en el 2014: dos relacionadas al caso Yasuní en Ecuador, una por el caso Chevron y la industria de combustibles fósiles el 5 de octubre en San Francisco-EE.UU; y otra por el Arrecife de Coral el 15 de octubre en Australia.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Presentan propuestas desde los países del sur para proteger los océanos

Asistirá el Premio Nobel de la Paz,  Rajendra Pachauri, por su compromiso con la divulgación de los peligros del cambio climático
 

Organiza: Ocean Security International

 
DÍA:            Lunes 1 de diciembre

LUGAR:      Hotel Estelar, Salón Armendáriz, Avda. Benavides 415, Miraflores

HORA:        5.30 pm
 

Más de 25 países participarán en la conferencia inaugural en Lima de la organización no gubernamental Ocean Security International, donde se abordará la sostenibilidad costera y oceánica, celebrada en el marco del inicio de la 20ª Conferencia de las Partes (COP 20).

"Se busca promover intercambios de buenas prácticas y estrategias innovadoras sobre la base de un diálogo Sur-Sur. Creemos que la gente de África, Asia, América Central, América del Sur y el Caribe, pueden aprender mucho de sus respectivos éxitos y fracasos y poner en marcha proyectos con el reto de adaptarse al cambio climático", afirma Vikktor Sebek, presidente de la organización.  

Las propuestas presentadas se plasmarán en la “Declaración de Lima” que será presentada por la delegación de Filipinas al segmento ministerial del COP. Además, se promoverá la financiación de proyectos concretos presentados por los participantes.  En este encuentro se lanzará lo que se ha bautizado con el nombre Misión 150, ya que las propuestas que se acuerden se desarrollarán en unos 150 países del mundo.

Este evento reunirá al Premio Nobel de la Paz, galardonado en 2007, por su compromiso con la divulgación de los peligros del cambio climático. Asimismo, asistirán el ex presidente de Guatemala, Honorable Vinicio o el alcalde de Bogotá, Gustavo Francisco Petro, entre otros.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Urgen medidas urgentes frente al cambio climático: afectará a los más pobres


 “El Cambio Climático es una realidad y está afectando todas las formas de vida del  planeta. En un futuro cercano afectará especialmente a las poblaciones de los países más pobres que no han sido precisamente los que más han generado los gases efectos invernadero que nos han llevado a la situación actual. Es el fondo de una situación de injusticia ambiental, de injusticia climática”. Con estas palabras, Marco Arana, líder del partido ecologista Tierra y Libertad y del Frente Amplio del Perú, se refirió a propósito de la próxima conferencia mundial sobre el cambio climático COP20, que se desarrollará en el país.
 
“Frente al Cambio Climático, el Perú debe afrontar una serie de desafíos que van desde la acelerada pérdida de sus glaciares, la galopante deforestación amazónica, la cada vez mayor ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos, la destrucción de sus cabeceras de cuencas por expansión no planificada de actividades mineras sean estas legales o ilegales. Los cambios que se necesitan son profundos y no puede esperar más”, sostuvo Arana.
 
El líder ambientalista anunció que miles de ciudadanos apoyarán la Gran Marcha de los Pueblos que partirá el domingo 7 desde las lagunas de Conga en Cajamarca para llegar a Lima el nueve de diciembre para unirse a la marcha que se realizará el 10 por varios distritos de la capital.
 
Así mismo, señaló que es “muy importante que sean acogidas las propuestas no solo de mitigación a las que las grandes economías del mundo deben comprometerse sin dilación, sino que demando al gobierno peruano y a la comunidad internacional, encarar las medidas de adaptación al cambio climático en el Perú, principalmente entre los sectores más pobres”.
 
Al mismo tiempo, destacó la necesidad de potenciar el SERFOR, el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales para combatir la deforestación amazónica, fijando metas precisas y asignando los recursos financieros internacionales necesarios. “Lo mismo para una protección adecuada de las fuentes naturales de agua y poder garantizar el derecho al agua sobre la base de la defensa de las empresas públicas de provisión de servicios de agua y saneamiento que también se hallan amenazadas con procesos de privatización, lo cual afectaría más aun el derecho al agua de las poblaciones con menores recursos”, acotó.
 
Finalmente, Arana expresó su preocupación por cómo el gobierno peruano, para reactivar el crecimiento de la economía, ha dado un conjunto de normas que desmantelan los pocos avances que se habían logrado en materia de institucionalidad ambiental, que podría agravar aún más nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático ya que se ejercerá mayor presión de las inversiones en ecosistemas andinos, costeros y amazónicos frágiles y podrían vulnerar aún más
 
“Los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, las comunidades campesinas y las poblaciones urbano marginales de las principales ciudades costeras, siguen careciendo de derecho al agua y el derecho a vivir en ciudades limpias y seguras social y ambientalmente”, manifestó.
 
El ambientalista señaló por eso “la importancia que la COP20 pueda ser también una oportunidad para fortalecer el movimiento ciudadano ambientalista peruano que cada vez ha ido creciendo, a pesar de la dura hostilidad que contra sus miembros han tenido las leyes de criminalización de la protesta y las actividades ilegales que actúan con impunidad y han convertido al Perú en el cuarto país del mundo donde más asesinatos se cometen contra los defensores ambientales”, puntualizó.