jueves, 28 de noviembre de 2013

Conversatorio: “Recordando y celebrando la vida y la obra de José María Arguedas”

Este lunes 2 de diciembre, el Partido Socialista realizará el Conversatorio: Recordando y celebrando la vida y la obra de José María Arguedas”

En octubre de 1968, a poco más de un año de su desaparición voluntaria, José María Arguedas recibió el premio “Inca Garcilaso de la Vega”, donde pronunció su célebre discurso “No soy un aculturado”, del que reproducimos un fragmento:
“Acepto con regocijo el premio Inca Garcilaso de la Vega, porque siento que representa el reconocimiento a una obra que pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores el arte de un individuo quechua moderno que, gracias a la conciencia que tenía del valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento, la asimilación del arte creado por otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para expresarse.

La ilusión de juventud del autor parece haber sido realizada. No tuvo más ambición que la de volcar en la corriente de la sabiduría y el arte del Perú criollo el caudal del arte y la sabiduría de un pueblo al que se consideraba degenerado, debilitado o “extraño” e “impenetrable” pero que, en realidad, no era sino lo que llega a ser un gran pueblo, oprimido por el desprecio social, la dominación política y la explotación económica en el propio suelo donde realizó hazañas por las que la historia lo consideró como gran pueblo: se había convertido en una nación acorralada, aislada para ser mejor y más fácilmente administrada y sobre la cual sólo los acorraladores hablaban mirándola a distancia y con repugnancia o curiosidad.

Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio; ni apagan, por tanto, las fuentes del amor de donde brota el arte.
 
Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, creando cantos y  mitos. Y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes.

A mí me echaron por encima de ese muro, un tiempo, cuando era niño; me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y donde, por eso mismo, el odio no es perturbador sino fuego que impulsa.

Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, llevado por la fortuna hasta la Universidad de San Marcos, hablando por vida el quechua, bien incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo: un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa, humana, de los opresores.
 
El vínculo podía universalizarse, extenderse; se mostraba un ejemplo concreto, actuante. El cerco podía y debía ser destruido; el caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Y el camino no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio de vencedores expoliadores, o sea: que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tome la de los vencedores, es decir que se aculture.

Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua”.

A 34 años de su partida, el Partido Socialista te invita al Conversatorio “Recordando y celebrando la vida y la obra de José María Arguedas”, participaran Cecilia Rivera, Antropóloga, profesora PUCP, Rafael Tapia, sociólogo, profesor de la PUCP. La actividad se desarrollará el lunes 2 de diciembre a las 7:00 pm. Ingreso libre.

Personas con discapacidad marcharon al Congreso demandando más presupuesto




Distintas organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos comenzaron el día de ayer una campaña para que se destinen mayores recursos para la implementación de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, durante el próximo año. Las organizaciones destacaron, en particular, la obligación del Estado de otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tenga un ingreso o pensión y que se encuentren en situación de pobreza.
 
Alberto Vásquez, Presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), indicó que si bien la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables prometió que dichas pensiones se implementarían en el corto plazo, éstas no han sido consideradas en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. “Las personas con discapacidad severa constituyen uno de los grupos con menos acceso a servicios de salud y educación, con menos oportunidades laborales y con mayor costo de vida. Si se destinaran S/. 50,5 millones, se podría lograr que unas 29 300 personas con discapacidad severa salgan de la situación de pobreza en la que viven”.
 
En ese sentido, las organizaciones han propuesto que se incorpore una disposición complementaria final en la Ley de Presupuesto 2014 que autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hasta el monto de S/. 50.5 millones de nuevos soles para financiar el programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa establecido por el artículo 59 de la Ley General de la Persona con Discapacidad.
 
Contratación de docentes para apoyar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad
Las organizaciones también incidieron en la necesidad de asegurar la contratación de personal especializado para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENEDIS 2012), existen en el país 250,000 niños y niñas con discapacidad en edad escolar, de los cuales solo 50,000 están matriculados en el sistema educativo nacional. Además, unos 18,013 estudiantes con discapacidad incluidos en el sistema educativo público no cuentan con ningún tipo de apoyo que les asegure una educación de calidad.
 
En ese sentido, Liliana Peñaherrera, Presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, propuso modificar el artículo 19 del proyecto de Ley de Presupuesto 2014 a fin de que se considere la contratación de personal especializado para la conformación de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales - SAANEE y para el asesoramiento de docentes y el acompañamiento de estudiantes en instituciones educativas de educación básica regular con más de 10 estudiantes con discapacidad matriculados.
 
“La responsabilidad de apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares recae en los Servicios de Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) que funcionan en los colegios especiales. Sin embargo, éstos son apenas 209 a nivel nacional y no tienen el personal mínimo requerido. Por ello, los colegios que incluyan a más de 10 niños o niñas con discapacidad debieran contar con un profesor especializado en educación especial, sin aula a cargo, para el asesoramiento de los docentes de aula y el acompañamiento de los estudiantes. Esta disposición está vigente pero no se ha hecho efectiva debido a la falta de plazas presupuestadas”, indicó Liliana Peñaherrera.

martes, 26 de noviembre de 2013

Marcharan mañana exigiendo pensiones para personas con discapacidad severa


Gremios y organizaciones vinculados a los derechos de las personas con discapacidad marcharan mañana exigiendo pensiones para personas con discapacidad severa, ya que la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, estipula la obligación del Estado de otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tenga un ingreso o pensión y que se encuentren en situación de pobreza.
 
Así, la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece que el Poder Ejecutivo otorgará una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tenga un ingreso o pensión (público o privado) y que se encuentren en situación de pobreza. Ésta debiera consistir en una prestación monetaria similar a la de Pensión 65 otorgada en forma focalizada a las personas con discapacidad severa y sus familias, con el objeto de fijar un piso en su protección social. Asumiendo un nivel de pobreza de 25.8% a nivel nacional, se estima que la población objetivo de la pensión serían aproximadamente 98 mil personas. A pesar de que han transcurrido varios meses desde la publicación de la Ley 29973 (diciembre del 2012), el Ejecutivo no ha emitido ninguna disposición en ese sentido.
 
Las personas con deficiencias más severas (retardo mental severo, sordoceguera, discapacidades múltiples, esquizofrenia, enfermedades raras, otros) requieren apoyos intensos y permanentes, así como servicios específicos que son inexistentes en nuestro país. Se estima que un 24% de las personas con discapacidad tienen alguna discapacidad considerada como severa (378,096 personas).
 
Alberto Vásquez, Presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), indicó que si bien la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables prometió que dichas pensiones se implementarían en el corto plazo, éstas no han sido consideradas en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. “Las personas con discapacidad severa constituyen uno de los grupos con menos acceso a servicios de salud y educación, con menos oportunidades laborales y con mayor costo de vida. Si se destinaran S/. 50,5 millones, se podría lograr que unas 29 300 personas con discapacidad severa salgan de la situación de pobreza en la que viven”.
 
Las diversas organizaciones convocantes saldrán desde el Parque Universitario hasta el Congreso mañana miércoles 27 de noviembre, a las 11 de la mañana.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Para este gobierno el problema de la violencia contra las mujeres no tiene ninguna prioridad


Solo el 0.07% del presupuesto del Poder Ejecutivo se ha venido destinando para  enfrentar el problema de la violencia familiar y sexual

Apenas el 0.07% del presupuesto del Poder Ejecutivo se ha venido destinando este año 2013 a enfrentar el problema de la violencia familiar y sexual porcentaje mínimo e insuficiente para responder en forma eficaz y con la debida diligencia a esta realidad que afecta a cuatro de cada 10 peruanas (ENDES, INEI 2012).

La información se desprende del análisis que a través del Portal de Transparencia Económica hizo la institución feminista DEMUS sobre el presupuesto público vigente y las asignaciones al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) y al Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (PNCVHM) 2009-2015, dependientes del MIMP.

Se constató que el pliego presupuestal del MIMP, ente rector de las políticas de igualdad de género y contra la violencia hacia la mujer, representó solo el 0.4% del presupuesto del gobierno nacional. De esa reducida asignación, el 19.2%, es decir 55,272,712 nuevos soles, se destina al PNCFVS para las acciones de prevención y atención a través de la Línea 100, 190 Centros de Emergencia Mujer (CEM), hogares refugio, Chat 100, Centros de Atención Integral (CAI) y el Servicio de Atención Urgente (SAU).

Si se divide el monto presupuestal referido entre las atenciones brindadas por los CEM y el SAU, se obtiene que la inversión promedio es de 26 soles por cada una de ellas, monto que puede inclusive disminuir si se tomaran en cuenta las otras prestaciones.

“Los hallazgos nos permiten afirmar  que el problema de la violencia contra las mujeres,  que en las últimas semanas se ha expresado en feminicidios, violaciones y acoso sexual, no es prioridad para el gobierno del presidente Humala. Si el presupuesto público es la expresión más concreta de voluntad política y compromiso podemos decir que la prevención, atención y sanción de los casos de violencia no figura en la agenda del actual régimen”, afirmó Jeannette Llaja Villena, directora de DEMUS.

El análisis también devela una curva descendente en el presupuesto para la prevención de la violencia y nula asignación al trabajo previsto con los medios de comunicación, pues los recursos se orientan hacia la atención, sin que ello signifique el incremento del número de atenciones, situación que daría cuenta de un necesario mejoramiento de su  sistema de gestión.

Al comparar las 42,537 atenciones que prestaron los CEM durante 2012 con las 629,203[1] mujeres víctimas de violencia familiar y sexual que potencialmente podrían haber requerido atención en dichos servicios en ese año,  se observa que estos habrían cubierto sólo un 6.8% del universo factible[2]. El estudio estima que para cubrir el 100% de los casos potenciales se hubiera requerido una asignación presupuestaria de por lo menos de 321,941,121.86 millones de soles, monto aproximado al presupuesto total asignado al sector (MIMP).

Igualmente respecto de sus presupuestos sectoriales, los Ministerios del interior y salud invierten apenas el 0.004% y 0,01% respectivamente.  En el caso de los Ministerios de Educación y Justicia no colocan información precisa en sus portales. 

Llaja Villena hizo un llamado a que en el próximo debate del pleno sobre el proyecto de ley del presupuesto público 2014, se considere una distribución de los ingresos que dé prioridad a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pues de lo contrario el problema persistirá.

Asimismo propuso al Ejecutivo que reconsidere la l la asignación de recursos vía los Programas Presupuestarios Estratégicos para la lucha contra las diversas formas de violencia contra las mujeres  que permita articular las asignaciones de montos a todos los sectores en forma obligatoria, sobre la base de resultados e indicadores.




[1] Cifra estimada sobre la base de reportes de la ENDES 2009 y 2012 para mujeres adultas en edad fértil, alguna vez unidas en pareja, víctimas de violencia familiar y sexual en los últimos doce meses antes de las encuestas.
[2]  Efectivamente, sólo el 5% de las víctimas acuden a los CEM (ENDES, INEI, 2012).

LAS ESTERILIZACIONES. El peor de los crímenes

Escribe Magali Zevallos

Solo en Piura, durante cuatro años, cada semana esterilizaban a 570 mujeres humildes, muchas con engaños y algunas por la fuerza.

 
Víctimas e informe
Durante 1996 al 2000 se realizaron más de 215 mil ligaduras de trompas y 18 mujeres fallecieron. La próxima semana la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial se pronunciará sobre la investigación que está realizando sobre las denuncias de las esterilizaciones forzadas.

 

 
“Aquí mataron a mi hermana”, dice Alfonso Ramos.


A quince minutos de Piura está el poblado La Legua (Catacaos) donde vive la familia de Celia Ramos Durand, quien falleciera tras 19 días de agonía en 1997, como consecuencia de una mala práctica médica y por la falta de equipos quirúrgicos para emergencias, tras una operación de ligaduras de trompas.


Esta política de Estado ejecutada de manera coactiva durante el segundo gobierno de Fujimori representó el más claro desprecio a las poblaciones pobres de nuestro país.


Durante dos meses el personal de la posta médica de La Legua tocó más de 5 veces la puerta de la familia Ramos, en la última visita Celia, de 34 años aceptó hacerse la operación.

El 3 de julio de 1997, ella despertó muy temprano para preparar el almuerzo para sus tres hijas menores, luego de esa tarea familiar se despidió de ellas y de su madre Baltazara.

 
“No demoraré mucho porque es una operación sencilla y rápida”, dijo, repitiendo las mismas palabras del personal médico. Baltazara y sus hijas jamás imaginaron que Celia se despedía de ellas para siempre.

 
Han pasado 16 años desde su partida y su madre aún la llora amargamente. Bastó que le pidiéramos que nos mostrara un cuadro -donde Celia posa feliz con su esposo y sus hijas- para verla llorar desconsoladamente.


Rosa Ramos, hermana menor de la víctima afirma que a Celia no la hicieron firmar ninguna autorización, tampoco tenía una historia clínica en la posta. Según el atestado policial, Celia, en plena operación sentía dolor, se quejaba mucho, por eso el médico que la estaba operando decide que le pongan más anestesia y eso le provoca un paro cardio respiratorio.

Cuando la trasladan a la clínica San Miguel en la ciudad de Piura su estado era crítico: “estado de coma y con signos de daño cerebral severo”.


En La Legua, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se inició con campañas de salud gratuita. El personal médico iba puerta por puerta para convencerlos de someterse a este procedimiento quirúrgico, en la posta de La Legua se realizaban alrededor de 20 operaciones al día, pese a que no contaba con las condiciones mínimas para las intervenciones, El día que intervinieron a Celia, ella era la paciente número quince.

Ese año el director Regional de Salud de Piura, Luis Beingolea, declaraba que se realizaban más de 570 operaciones a la semana en la región, lo que da un total de más de 27 mil operaciones al año, cifra que se incrementa, teniendo en cuenta que ese programa operó durante cuatro años (1996- 2000).


PROGRAMA MASIVO
Existen provincias emblemáticas porque en muchas de las comunidades se practicaron de manera masiva estas intervenciones, como Huancavelica, Ayacucho, Junín, Cusco y Piura.

En Piura tenemos el ejemplo de Huancabamba, una de las zonas más golpeadas por la política de esterilizaciones forzadas, una práctica colectiva engañosa. Las mujeres eran recogidas en ambulancias y se les informaba que solo recibirían una vacunación (inyección).

En realidad eran anestesiadas para practicarlas las ligaduras de trompa en condiciones inadecuadas, todo esto consta en el expediente del Ministerio Público. Para Fujimori, con la mutilación de los pobres se iba a erradicar la pobreza.


“Las esterilizaciones han sido una práctica masiva, generalizada y sistemática, es decir planificada y organizada jerárquicamente, donde los operadores de salud tenían que cumplir con metas, a través de incentivos y sanciones. Se comprobó que en la mayoría de los casos se realizaron sin consentimiento informado –estos casos se encuentran en investigación fiscal en curso- con engaños, manipulación e incluso mediante secuestro y violencia”, dice María Ysabel Cedano, abogada de Demus.


Cedano señala que esto constituye un crimen de lesa humanidad del que es culpable un gobierno. “Hay documentación oficial que demuestran que Fujimori era informado regularmente sobre las estadísticas y las metas. No se preocuparon de aplicar protocolos de consentimiento informado hasta que la Defensoría del Pueblo intervino, aún con el escándalo se siguió con el mismo mecanismo”.


En la actualidad aún no hay responsables sancionados, lo que existe son nuevas denuncias, hay alrededor de 10 mil mujeres afectadas, según afirmó el viceministro de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos.

 
“Esto es un delito grave, se habla de utilización de medicamentos de muy baja calidad, se realizaron las intervenciones quirúrgicas en establecimientos que no eran adecuados, se llegaron a operar a mujeres en carpas, esto se evidencio y se probó”, dice Cedano.


JUSTICIA PENDIENTE
Alfonso Ramos, hermano mayor de Celia, lleva 15 años en búsca de justicia. Asumió esa defensa porque el esposo de Celia firmó una transacción extrajudicial, que permitió que el caso se archivara en diciembre de 1997, por lo que el Fiscal Provisional de la Tercera Fiscalía de Piura fue denunciado por prevaricato, por haber permitido la “solución” cuando había un hecho punible de muerte.


“Las enfermeras, los médicos tenían incentivos, había metas, eso ya está demostrado, a pesar que el ex ministro de salud y actual congresista Aguinaga trate de zanjar responsabilidades, los documentos hablan”, dice Alfonso.


Alfonso, en representación de la familia, interpuso una demanda ante tribunales internacionales, porque el caso había sido cerrado en el país y dice que “lo que se ha logrado es que se abra nuevamente estos procesos”.


“Esta investigación tiene todos los argumentos, hay informes de la Defensoría. Nosotros estamos esperando que el gobierno del presidente Humala cumpla con su compromiso de reparar; el tema de las esterilizaciones forzadas ha sido colocado en el debate presidencial, porque Humala se enfrentaba a la hija de Alberto Fujimori, y los compromisos se cumplen”, señala.


Ante la trágica ausencia de Celia, la abuela Baltazara ha sido la madre y compañera de sus tres nietas, que ya son mayores de edad y profesionales. El Estado nunca las indemnizo ni pidió perdón, la familia Ramos seguirá en busca de justicia hasta que haya sanción a los responsables.

Publicado en el Diario La Primera, 24 de noviembre de 2013

jueves, 21 de noviembre de 2013

Violaciones sexuales durante el conflicto armado interno siguen impunes



De las 3,282 violaciones sexuales que registra el Consejo de Reparación del Ministerio de Justicia durante el conflicto armado interno, solo hay 19 casos que están siendo investigados, no hay nadie preso ni sancionado. La región más golpeada es Ayacucho: 1,335 (40% de casos), le sigue Apurímac (600), Huancavelica (369), Junín (271). Se reporta además que producto de estas violaciones nacieron 117 niños.

Congreso legisla en contra los derechos de niños y adolescentes


Pleno del Congreso a puertas de debatir un dictamen que excluye la responsabilidad del Estado en brindar educación sexual integral de los niños y adolescente

 

Actualmente existe un dictamen en mayoría propuesto por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra en agenda del Congreso para su debate en el pleno. Dicho dictamen plantea que la educación sexual integral no es responsabilidad del Estado sino de los padres y tutores. Según Promsex, este dictamen constituye un grave retroceso para los derechos de los niños  y adolescentes en un país en el que la tasa de embarazos adolescentes no deseados afecta al 68,2% de las mujeres, y la mortalidad materna por suicidio se ha incrementado hasta alcanzar al 56% de adolescentes.

 

El Proyecto de Ley del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes ha pasado por un largo proceso de revisión por dos comisiones del congreso: Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia.

 

“La aprobación de este Código entraría en conflicto con el recién aprobado Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021. El Estado con este documento  se marcó el objetivo de reducirlos en un 20% mediante el acceso de los niños, niñas y adolescentes, sin un límite fijado de edad, a anticonceptivos modernos y a una educación sexual integral. Para su cumplimiento se le dotó de  un presupuesto total de 300.022.172 nuevos soles y se contempló la creación de un Comité de Seguimiento a nivel nacional. Sin embargo no se va a poder implementar este Plan, ni asegurar la educación sexual integral ni el acceso a métodos anticonceptivos para los adolescentes”, señala Brenda Alvarez, responsable de Incidencia Jurídica de Promsex.

 

“Creemos que las normas nacionales de tanta importancia deben de garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes y responder a los propios estándares normativos nacionales, como lo señala la Constitución, las sentencias del Tribunal Constitucional, y las normas internacionales”, sentencia la experta.

 

Así, este artículo espinoso del dictamen plantea que el Estado únicamente se limite a brindar asistencia a los padres o tutores para orientar la educación sexual integral de sus hijos. Desde Promsex recuerdan que este  artículo entra en conflicto con la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en diciembre del 2012 por la cual se ratificaba la titularidad de los derechos sexuales de los adolescentes mayores de 14 años y la obligación del Estado de generar todas las condiciones necesarias para que este derecho se ejerciera de manera efectiva. Además, como explica Brenda Álvarez: “La juventud no vive en una situación armónica con sus padres. La mayor parte de las situaciones de agresión que sufren vienen por personas de su entorno familiar”.

 

Despenalización del aborto terapéutico en peligro:

Otro punto en cuestión del nuevo dictamen es que el derecho al concebido tiene una protección “especial y privilegiada” (Artículo IV). “Esto es penalizar el aborto terapéutico, dice Álvarez, que está legalizado en nuestro país desde 1924, pues se antepondría la vida del embrión frente a la de la mujer gestante que tiene la vida en peligro.

martes, 19 de noviembre de 2013

Personas con discapacidad severa es el sector más excluido de la población


ü  Organizaciones de personas con discapacidad piden que se destinen fondos para implementar programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa.

Las personas con discapacidad severa (retardo mental severo, sordoceguera, discapacidades múltiples, esquizofrenia, enfermedades raras, etc.) tienen mayor nivel de exclusión y discriminación, afirma Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad. “Estas personas requieren apoyos intensos y permanentes, así como servicios específicos que son inexistentes en nuestro país, lo cual impacta negativamente en muchas familias peruanas y, en muchos casos, termina con el abandono del familiar con discapacidad”.

Se estima que un 24% de las personas con discapacidad en nuestro país tienen alguna discapacidad considerada como severa (378,096 personas). De ellas, unas 98 mil personas estarían en situación de pobreza.Se trata de uno de los grupos con menos acceso a servicios (salud, educación), con menos oportunidades laborales y con mayor costo de vida (hasta 50% más). Por este motivo, diversas organizaciones vienen pidiendo recursos concretos para implementar políticas públicas que reviertan la alarmante situación que vive este sector poblacional.

“La Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece la obligación del Estado de otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tenga un ingreso o pensión y que se encuentren en situación de pobreza (art. 59). Sin embargo, pese a la promesa pública hecha por la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, la propuesta de Ley de Presupuesto 2014 no ha contemplado nada sobre las pensiones por discapacidad severa. Los congresistas oficialistas Freddy Otarola y Jhon Reynaga también se comprometieron a gestionar mayores recursos para la temática de discapacidad pero esto no ha sucedido”, dice Vásquez.

Bastarían S/. 50.5 millones de soles para atender al 30% de esta población
Vásquez sostiene que si se destinaran S/. 50.5 millones en la Ley de Presupuesto del  próximo año (2014) para la implementación de un programa de pensiones no contributivas, se podría atender al 30% de las personas con discapacidad severa en situación pobreza (29 300). “Para estimar el costo se ha considerado la información de los programas Pensión 65 y Juntos, cuyos gastos administrativos por año representan aproximadamente 15% del monto anual de transferencias. Así, al 2016, el programa requeriría aproximadamente una asignación anual de S/. 168 mil por año para beneficiar al 100% de la población objetivo. Lo propuesto resultaría viable financieramente considerando que representa apenas el 10% del presupuesto destinado al programa Pensión 65 en el proyecto de Ley de Presupuesto 2014, cifra que asciende a S/. 578.00 millones”.

La mayoría de países de la región otorgan pensiones a este sector
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, entre otros países, ya cuentan con sistemas de pensiones o bonos para personas con discapacidad  que buscan compensar la falta de oportunidades que experimentan estas personas, en particular aquellas con discapacidad severa, en su vida diaria y en su participación social.

Naciones Unidas cuestiona al  Perú por falta de protección social
El 2012, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, encargado del seguimiento de la Convención ONU sobre Discapacidad hizo notar su preocupación ante la pobreza generalizada entre las personas con discapacidad. El Comité instó al Estado peruano a que se ocupe del efecto adverso de la pobreza incorporando un desarrollo socioeconómico incluyente de las personas con discapacidad.

 

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Mujeres buscan garantizar acceso a justicia frente a denuncias de violencia sexual


ü  Diálogo Ciudadano es un espacio promovido por la sociedad civil  que busca promover un espacio de interlocución con el sistema de justicia.

 
En el marco de la Campaña Un hombre no viola, mañana jueves 14 de noviembre se realizará Diálogo Ciudadano, que tiene como objetivo promover un espacio de interlocución entre el sistema de Justicia y la sociedad civil, Demus y Femoccpaalm (Federación de Mujeres Organizadas en Centrales  de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima Metropolitana) presentarán propuestas al Poder Judicial para que se garantice el acceso a la justicia para las mujeres que denuncian violencia sexual en el país.

 
Este espacio busca que las mujeres que denuncian violencia sexual tengan mejores condiciones en la tramitación de sus casos ante el sistema de justicia para que estos delitos no queden impunes y por lo tanto obtener una sentencia justa.

 
Así, una de las principales demandas ante el Poder Judicial es la difusión y aplicación del Acuerdo Plenario 1/2011 sobre valoración de la prueba en delitos sexuales, así como la publicación del Acuerdo Plenario sobre valoración de las pericias psicológicas; al Ministerio Público la efectivización de medidas de protección para las víctimas y, la ampliación del número de Camaras Gessell y su uso en casos de violencia sexual de mujeres adultas, para de este modo garantizar el derecho a la privacidad y su no revictimización; a la Academia de la Magistratura la incorporación de la perspectiva de género en su línea de formación fundamental, y al Consejo Nacional de la Magistratura que evalúe y bonifique la quiénes manejen la perspectiva intercultural, medidas contribuirán ya a mejorar el tratamiento de los casos en la investigación y resolución de los mismos.

 
Diálogo Ciudadano es una iniciativa que se viene desarrollando en diversas regiones del país, mujeres de Huancavelica, Junín, San Martín, Arequipa y Cajamarca están presentando sus sus demandas, como el que los procesos sean en su lengua materna (Caso Huancavelica), que se priorice las medidas para garantizar una declaración única de las víctimas con valor probatorio con personal interdisciplinario y calificado, en condiciones que se garantice el derecho a la privacidad y la seguridad ya que hay mujeres que no denuncian por vergüenza, amenazas, desconocimiento, otros.

 
El Diálogo está coorganizado con la Corte Superior de Justicia de Lima, la FEMOCCPAALM y DEMUS. La actividad se desarrollará el jueves 14 de noviembre, en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lima (piso 11 del edificio Alzamora Valdez), ubicado en la Av. Abancay con la Av. Nicolás de Piérola.

 
Se instalara muestra fotográfica de la campaña “Mujer que se escuche tu voz: un hombre no viola”. Asimismo, se difundirán los datos del sistema DATEA sobre violencia sexual e impunidad.

Demandan mayor presupuesto para personas con discapacidad


·            Organizaciones de personas con discapacidad piden que se destinen fondos para implementar programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa.

·            También demandan contratación de personal especializado para atender estudiantes con discapacidad en escuelas regulares.

 

Diversas organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos comenzaron una campaña para que se destinen mayores recursos para la implementación de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, durante el próximo año. Las organizaciones destacaron, en particular, la obligación del Estado de otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tenga un ingreso o pensión y que se encuentren en situación de pobreza.

 

Alberto Vásquez, Presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), indicó que si bien la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables prometió que dichas pensiones se implementarían en el corto plazo, éstas no han sido consideradas en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. “Las personas con discapacidad severa constituyen uno de los grupos con menos acceso a servicios de salud y educación, con menos oportunidades laborales y con mayor costo de vida. Si se destinaran S/. 50,5 millones, se podría lograr que unas 29 300 personas con discapacidad severa salgan de la situación de pobreza en la que viven”.

 

En ese sentido, las organizaciones han propuesto que se incorpore una disposición complementaria final en la Ley de Presupuesto 2014, que autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hasta el monto de S/. 50.5 millones de nuevos soles, para financiar el programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa establecido por el artículo 59 de la Ley General de la Persona con Discapacidad.

 

Contratación de docentes para apoyar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad

Las organizaciones también incidieron en la necesidad de asegurar la contratación de personal especializado para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENEDIS 2012), existen en el país 250,000 niños y niñas con discapacidad en edad escolar, de los cuales solo 50,000 están matriculados en el sistema educativo nacional. Además, unos 18,013 estudiantes con discapacidad incluidos en el sistema educativo público no cuentan con ningún tipo de apoyo que les asegure una educación de calidad.

 

En ese sentido, Liliana Peñaherrera, Presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, propuso modificar el artículo 18 del proyecto de Ley de Presupuesto 2014 a fin de que se considere la contratación de personal especializado para la conformación de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales - SAANEE y para el asesoramiento de docentes y el acompañamiento de estudiantes en instituciones educativas de educación básica regular con más de 10 estudiantes con discapacidad matriculados.

 

“La responsabilidad de apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares recae en los Servicios de Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) que funcionan en los colegios especiales. Sin embargo, éstos son apenas 209 a nivel nacional y no tienen el personal mínimo requerido. Por ello, los colegios que incluyan a más de 10 niños o niñas con discapacidad debieran contar con un profesor especializado en educación especial, sin aula a cargo, para el asesoramiento de los docentes de aula y el acompañamiento de los estudiantes. Esta disposición está vigente pero no se ha hecho efectiva debido a la falta de plazas presupuestadas”, indicó Liliana Peñaherrera.

 

Mejora de la accesibilidad y la atención de las personas con discapacidad en los gobiernos locales y regionales

Las organizaciones también señalaron que desde el año 2008, mediante disposiciones complementarias en la Ley de Presupuesto, los municipios y gobiernos regionales han estado facultados a utilizar un porcentaje mínimo de 0.5% del total de su presupuesto anual para identificar y eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas; y hasta dos UIT para asegurar el funcionamiento de las oficinas regionales y municipales para las personas con discapacidad (OREDIS y OMAPED). Estas disposiciones, sin embargo, no han sido consideradas en el proyecto de Ley de Presupuesto 2014. Además de pedir su inclusión, las organizaciones creen necesario incrementar los montos asignados habida cuenta de las nuevas obligaciones establecidas en la Ley General de la Persona con Discapacidad.

 

La campaña por mayores recursos para las personas con discapacidad en la Ley de Presupuesto 2014 es apoyada por Sociedad y Discapacidad (Sodis), la Confederación Nacional de Persona con Discapacidad (Confenadip), la Sociedad Peruana de Síndrome Down, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), entre otras.

 

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lunes, 11 de noviembre de 2013

Tribunal de Conciencia condena al Estado peruano por delitos de lesa humanidad

El Tribunal de Conciencia conformado por tres reconocidas personalidades por su trayectoria en los derechos humanos de las mujeres condenó al Estado peruano por los delitos de lesa humanidad en cuanto a las violaciones sexuales durante el conflicto armado interno y las esterilizaciones forzadas en el segundo gobierno de Fujimori. En su pronunciamiento emitido señala que ambos casos constituyen delitos graves y sistemáticos, y que el Estado peruano no garantizó los derechos humanos sino que los vulneró.


Tras los testimonios de Carmen y Doris víctimas de violaciones sexuales por parte de las fuerzas armadas, el Tribunal señaló que estas violaciones se realizaron sistemáticamente a merced de las fuerzas militares que tenían el total control y poder en las zonas donde habían bases militares durante el conflicto armado interno, “en el Derecho Penal Internacional estos casos constituirían delitos de lesa humanidad”, señaló Cecilia Medina, miembro del Tribunal.

 
La violación sexual constituye una de las afectaciones más graves contra las  mujeres, porque es una intrusión contra el cuerpo de las mujeres. En el caso de “Carmen” no se respetó minoría de edad, sin posibilidad de dar consentimiento,  y por esa condición debía ser protegida. Y, en el caso de “Doris”, además de la violación sufrió tratamientos prohibidos por el derecho internacional, dice Medina. En ambos casos las víctimas testimoniaron y demandaron justicia.

 
Delitos siguen impunes. Medina dijo que el Estado negó a las mujeres  el acceso a la justicia, ya que hubo numerosos años sin investigación pese a la denuncia del padre de “Carmen”, que la investigación se inició en 2008, sin resultado visible a la fecha.


Esterilizaciones forzadas
Los casos de esterilización forzada (EF) se dieron a conocer por el hijo de Mamérita Mestanza y por el hermano de Celia Ramos, ambas fallecidas a causa de una operación realizada en pésimas condiciones. 

 
En estos casos  el Tribunal de Conciencia explicó  que se trató de una política que va contra la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso de Celia Ramos se violó el derecho a la vida de la víctima,  quien murió a consecuencia de la EF, pues el Centro Médico no contaba con instrumentos ni equipos para responder ante emergencias, es decir tenía carencia de condiciones mínimas, siendo esta conducta  responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de ejercer la supervisión de las prestaciones de salud.

 
“Las consecuencias de la EF, en el peritaje escuchado, da cuenta de los efectos negativos que esta tiene para la mujer, particularmente en una región del Perú en la que la identidad de las mujeres está estrechamente relacionada con la procreación.  Todo ello constituye una violación al art. 5 de la Convención Americana. En este tipo de juicio corresponde al Estado iniciar una investigación criminal y llevarla a su término, archivar este caso es totalmente improcedente” señaló Medina.

 
El Tribunal estuvo conformado por Cecilia Medina, ex Jueza y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jairo Rivas, ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Reparaciones en Perú, y actual asesor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia y Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

 
Datos:

ü  Entre los años de 1996 a 2001 se realizaron 271,028 ligaduras de trompa, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, solo en un caso el Estado reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos, el caso de Mamérita Mestanza, las demás denuncias siguen a la espera de justicia.

ü  El Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia registró 3,282 casos de violaciones sexuales hasta octubre de este año, sin embargo, no hay ninguna sanción a los responsables, pese a que la gran mayoría de los casos han sido cometidos por miembros de las fuerzas del orden.