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Organizaciones
de personas con discapacidad piden que se destinen fondos para implementar
programa de pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa.
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También
demandan contratación de personal especializado para atender estudiantes con
discapacidad en escuelas regulares.
Diversas
organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos comenzaron una
campaña para que se destinen mayores recursos para la implementación de la Ley
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, durante el próximo año. Las
organizaciones destacaron, en particular, la obligación del Estado de otorgar
una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no
tenga un ingreso o pensión y que se encuentren en situación de pobreza.
Alberto
Vásquez, Presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), indicó que si
bien la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables prometió que dichas
pensiones se implementarían en el corto plazo, éstas no han sido consideradas
en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014. “Las personas con discapacidad severa constituyen uno de los grupos con
menos acceso a servicios de salud y educación, con menos oportunidades
laborales y con mayor costo de vida. Si se destinaran S/. 50,5 millones, se
podría lograr que unas 29 300 personas con discapacidad severa salgan de la
situación de pobreza en la que viven”.
En
ese sentido, las organizaciones han propuesto que se incorpore una disposición
complementaria final en la Ley de Presupuesto 2014, que autorice al Ministerio
de Economía y Finanzas a transferir a favor del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social hasta el monto de S/. 50.5 millones de nuevos soles, para
financiar el programa de pensiones no contributivas para personas con
discapacidad severa establecido por el artículo 59 de la Ley General de la
Persona con Discapacidad.
Contratación de docentes
para apoyar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad
Las
organizaciones también incidieron en la necesidad de asegurar la contratación
de personal especializado para apoyar la inclusión de estudiantes con
discapacidad en escuelas regulares. De acuerdo a las cifras de la Encuesta
Nacional sobre Discapacidad (ENEDIS 2012), existen en el país 250,000 niños y
niñas con discapacidad en edad escolar, de los cuales solo 50,000 están
matriculados en el sistema educativo nacional. Además, unos 18,013 estudiantes con
discapacidad incluidos en el sistema educativo público no cuentan con ningún
tipo de apoyo que les asegure una educación de calidad.
En
ese sentido, Liliana Peñaherrera, Presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome
Down, propuso modificar el artículo 18 del proyecto de Ley de Presupuesto 2014
a fin de que se considere la contratación de personal especializado para la
conformación de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades
Educativas Especiales - SAANEE y para el asesoramiento de docentes y el
acompañamiento de estudiantes en instituciones educativas de educación básica
regular con más de 10 estudiantes con discapacidad matriculados.
“La
responsabilidad de apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas
regulares recae en los Servicios de Atención a las Necesidades Educativas
Especiales (SAANEE) que funcionan en los colegios especiales. Sin embargo,
éstos son apenas 209 a nivel nacional y no tienen el personal mínimo requerido.
Por ello, los colegios que incluyan a más de 10 niños o niñas con discapacidad
debieran contar con un profesor especializado en educación especial, sin aula a
cargo, para el asesoramiento de los docentes de aula y el acompañamiento de los
estudiantes. Esta disposición está vigente pero no se ha hecho efectiva debido
a la falta de plazas presupuestadas”, indicó Liliana Peñaherrera.
Mejora
de la accesibilidad y la atención de las personas con discapacidad en los
gobiernos locales y regionales
Las
organizaciones también señalaron que desde el año 2008, mediante disposiciones
complementarias en la Ley de Presupuesto, los municipios y gobiernos regionales
han estado facultados a utilizar un porcentaje mínimo de 0.5% del total de su
presupuesto anual para identificar y eliminar las barreras arquitectónicas y
urbanísticas; y hasta dos UIT para asegurar el funcionamiento de las oficinas regionales
y municipales para las personas con discapacidad (OREDIS y OMAPED). Estas
disposiciones, sin embargo, no han sido consideradas en el proyecto de Ley de
Presupuesto 2014. Además de pedir su inclusión, las organizaciones creen
necesario incrementar los montos asignados habida cuenta de las nuevas
obligaciones establecidas en la Ley General de la Persona con Discapacidad.
La
campaña por mayores recursos para las personas con discapacidad en la Ley de
Presupuesto 2014 es apoyada por Sociedad y Discapacidad (Sodis), la
Confederación Nacional de Persona con Discapacidad (Confenadip), la Sociedad
Peruana de Síndrome Down, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), entre
otras.
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