domingo, 10 de noviembre de 2013

Violaciones sexuales durante el conflicto armado siguen bajo el manto de la impunidad


 
Escribe Magali Zevallos

Dos testimonios de mujeres de la sierra peruana que fueron vejadas y violadas por integrantes de las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y Policía) nos recuerdan que en los años de terror que vivimos los peruanos entre los años 1980-2000 también se cometieron las mayores barbaries contra las mujeres de los sectores más pobres y vulnerables, siendo las más afectadas las mujeres quechua hablantes y mujeres rurales, quienes en su momento no ejercieron su derecho a demandar, a denunciar, y a levantar su voz para exigir justicia y reparación.

 

Carmen y Teresa nos reciben para contarnos los hechos más desgarradores de su vida.  Carmen nos mira con recelo, parece no estar segura de exponer este episodio que marcó su vida desde hace 25 años, ella apenas tenía 15 años cuando fue violada por primera vez por un oficial y varios soldados del Ejército Peruano. Estos hechos se repitieron en más de diez oportunidades,  producto de ello ha tenido que llevar dos embarazos  forzados de sus agresores.

 

Entró uno y me violó, el segundo también, al tercero grité fuerte: ¡desgraciado! ¿por qué me hacen esto? si yo no les hice nada, yo todavía soy niña ¿por qué me hacen esto?...en eso salió un sargento y dijo: ¡carajo! ¿por qué estás gritando tanto?  Tráiganmela para acá. En ese momento supliqué que no me haga nada. Me dijo: ¿no quieres que te haga nada? entonces que te sigan pasando los militares ¿te quedas conmigo o quieres que te siga pasando la tropa?, yo tuve que decir que me quedaba con él, con mucho asco”, tras este relato Carmen enmudece,  trata de reponerse pero rompe en llanto, esto es solo un extracto de muchas escenas de terror que tuvo que pasar Carmen en su comunidad.

 

En el tiempo del terrorismo, la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra, fue parte de una “estrategia contra subversiva” de  las fuerzas del orden, pues, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estos crímenes se realizaron de manera sistemática, este modus operandi era utilizado para “recoger confesiones” en situaciones de detenciones, con la excusa de que la mujer pudo haber sido parte de algún grupo subversivo.

 

Cuando Teresa tenía 17 años seis militares que hacían patrulla en su pueblo la violaron. “A mí me agarraron a bofetada y me arrastraron como seis militares, estaban con pasamontañas, me tumbaron al suelo y me pusieron una toalla en la boca para no gritar, así abusaron de mí uno por uno, hasta terminar, y yo no pude hacer nada, cuando se fueron, ahí recién grité, pedí auxilio, grité: ¿mamá dónde estás?

 

“Las mujeres que nosotros acompañamos, en algún momento han tenido que salir de sus comunidades, porque sienten que la comunidad las rechaza y no solo eso, sino que también las niega, las culpabiliza y las condena, este episodio es tan grande para ellas, que toda su vida gira entorno a ello”, dice Mariel Távara, Responsable de la Línea Psicológica de Demus.

 

Teresa nos confirma sobre el estigma y el rechazo que tuvieron que pasar, “las mujeres violadas que se iban a declarar, la gente les decía: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para el pueblo! Haciéndonos sentir culpables, por eso muchas mujeres no denunciaron.

 

Madre a la fuerza
Las violaciones han dejado la maternidad forzada. Muchos niños nacieron producto de violaciones sexuales, incluso nunca fueron identificados los nombre de los agresores porque usaban seudónimos.

 

Carmen es una de las víctimas que tuvo que huir, partió de su comunidad y tuvo que dejar su familia, su hogar, sus estudios, y ha tenido que enfrentar dos embarazos no deseados producto de violaciones, esta maternidad forzada le ha significado una experiencia muy traumática y dolorosa.

 

Abandoné a mis hijas de siete y tres años, las dejé con mis papás, no sentía casi cariño. Con amor uno debe hacer a los hijos, pero así producto de una violación, tú no has querido. Después de muchos años volví a ver a mis hijitas, ellas me rechazaron desde un principio, cuando ya crecían,  tenía 17 años la mayor, la otra tenía 15 años, decían: ¿Por qué nos abandonaste?, Ni un perro deja a sus hijos, ¿Qué hemos hecho,  para qué nos diste la vida para que después nos abandones?, así me reprochaban, si ellas supieran lo que me ha sucedido, de repente me rechazan, pero algún día sabrán la verdad”, cuenta Carmen.

 

“Lo que no se puede desconocer es que el hijo de la violación sexual es la prueba clara y recordatorio permanente hacia la mujer de que ha sido violada, no solo es un hijo no deseado sino impuesto con violencia sexual”, sostiene Jeannette Llaja, Directora de Demus.

 

Reparación de parte del Estado
Un tema vital para las víctimas es el acompañamiento psicológico, “hay un deterioro en la salud de las víctimas, ellas requieren reparación en salud mental,  porque hasta el día de hoy siguen viviendo esas secuelas, sin embargo,  no hay una política clara para atender sus necesidades”, señala Távara.

 

En el caso de Carmen y Teresa, quienes tienen secuela en su salud, pese a tener un Seguro como parte de las reparaciones dadas por el Estado peruano, las veces que han ido a un centro de salud no han sido atendidas porque el Ministerio de Salud no cuenta con un protocolo para la atención de salud sexual y reproductiva ni tampoco para la atención en salud mental de las víctimas.

 

Para Llaja hay temas pendientes en el cumplimiento de las reparaciones, como el monto económico que ha dispuesto el Estado, ya que no corresponde a la gravedad que lo que significa cada uno de las violaciones de derechos humanos, incluyendo la violación sexual. “La reparación tiene que ir en consonancia con el impacto generado”, dice.

 

Crímenes de lesa humanidad siguen impunes
“De las 3,282 violaciones sexuales que registra el Consejo de Reparación del Ministerio de Justicia solo hay 19 casos que están siendo investigados, la mayoría a nivel del Ministerio Público, son muy pocos los que han llegado al Poder Judicial, y lo cierto es que no hay nadie preso ni sancionado”, dice Llaja.

 

Pese a que el 83% de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por miembros de la fuerza del orden (informe CVR), “hay resistencia de parte del Ministerio de Defensa en dar la lista del personal que trabajaron en las bases militares de entonces. Se debe sincerar, se confunde mucho una defensa hacia las fuerzas armadas, con la legitimación de las violaciones de derechos humanos que se cometieron”, dice Llaja, es decir hay un Estado cómplice, que por un lado reconoce estas violaciones y tiene un registro de víctimas y por otro, niega la posibilidad de sancionar a los culpables.

 

La justicia tarda pero no olvida. Para Carmen y Teresa las heridas siguen abiertas, esos recuerdos no sanan, son huellas permanente en sus vidas, “esas marcas nos llevaremos hasta la muerte”, dice Teresa. Para ambas ha sido muy duro romper con este silencio, pero decidieron denunciar para que estos delitos no sigan bajo el manto de la impunidad, el Estado aún tiene una deuda pendiente, porque sin justicia no habrá reconciliación en nuestro país.

 

Datos
“La región más golpeada es Ayacucho: 1,335 (40% de casos), le sigue Apurímac (600), Huancavelica (369), Junín (271).

Se reporta además que producto de estas violaciones nacieron 117 niños.

Muchas mujeres no denunciaron las violaciones por vergüenza, por la estigmatización que podrían sufrir de parte de sus familiares y los miembros de su comunidad. 

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