Pleno del Congreso a puertas de debatir un
dictamen que excluye la responsabilidad del Estado en brindar educación sexual
integral de los niños y adolescente
Actualmente existe un dictamen en mayoría propuesto
por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra en agenda del
Congreso para su debate en el pleno. Dicho dictamen plantea que la educación
sexual integral no es responsabilidad del Estado sino de los padres y tutores. Según
Promsex, este dictamen constituye un grave retroceso para los derechos de los
niños y adolescentes en un país en el
que la tasa de embarazos adolescentes no deseados afecta al 68,2% de las
mujeres, y la mortalidad materna por suicidio se ha incrementado hasta alcanzar
al 56% de adolescentes.
El Proyecto de Ley del Nuevo Código de Niños,
Niñas y Adolescentes ha pasado por un largo proceso de revisión por dos
comisiones del congreso: Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia.
“La aprobación de este Código entraría en
conflicto con el recién aprobado Plan Multisectorial para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes 2013-2021. El Estado con este documento se marcó el objetivo de reducirlos en un 20%
mediante el acceso de los niños, niñas y adolescentes, sin un límite fijado de
edad, a anticonceptivos modernos y a una educación sexual integral. Para su
cumplimiento se le dotó de un
presupuesto total de 300.022.172 nuevos soles y se contempló la creación de un
Comité de Seguimiento a nivel nacional. Sin embargo no se va a poder implementar
este Plan, ni asegurar la educación sexual integral ni el acceso a métodos
anticonceptivos para los adolescentes”, señala Brenda Alvarez, responsable de
Incidencia Jurídica de Promsex.
“Creemos que las normas nacionales de tanta
importancia deben de garantizar los derechos fundamentales de los niños y
adolescentes y responder a los propios estándares normativos nacionales, como lo
señala la Constitución, las sentencias del Tribunal Constitucional, y las
normas internacionales”, sentencia la experta.
Así, este artículo espinoso del dictamen
plantea que el Estado únicamente se limite a brindar asistencia a los padres o
tutores para orientar la educación sexual integral de sus hijos. Desde Promsex
recuerdan que este artículo entra en
conflicto con la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en diciembre del
2012 por la cual se ratificaba la titularidad de los derechos sexuales de los
adolescentes mayores de 14 años y la obligación del Estado de generar todas las
condiciones necesarias para que este derecho se ejerciera de manera efectiva.
Además, como explica Brenda Álvarez: “La juventud no vive en una situación
armónica con sus padres. La mayor parte de las situaciones de agresión que
sufren vienen por personas de su entorno familiar”.
Despenalización
del aborto terapéutico en peligro:
Otro punto en cuestión del nuevo dictamen es
que el derecho al concebido tiene una protección “especial y privilegiada”
(Artículo IV). “Esto es penalizar el aborto terapéutico, dice Álvarez, que está
legalizado en nuestro país desde 1924, pues se antepondría la vida del embrión
frente a la de la mujer gestante que tiene la vida en peligro.
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