ü Salvo la pensión no contributiva –que solo beneficia a personas con discapacidad severa en pobreza extrema-, programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65”, entre otros, no incorporaron un enfoque inclusivo que beneficie a las personas con discapacidad.
ü En educación, el gobierno de Ollanta Humala priorizó la inversión en educación especial, cuando la demanda de las organizaciones vinculadas al tema discapacidad demandan el fortalecimiento de la educación inclusiva.
Si hay dos temas que serán destacados del gobierno de Ollanta Humala son la política social desarrollada con la creación de más de 35 programas sociales y el rol de su ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien seguirá al mando del sector durante el próximo quinquenio. Sin embargo, las personas con discapacidad no gozaron de los beneficios implementados en esos sectores, pues los mismos no tuvieron un enfoque inclusivo.
Pese a que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinó más de 5 mil millones de soles a la política social, mediante programas sociales, como “Juntos”, “Pensión 65” o el “Seguro Integral de Salud” (SIS), hace falta que dichos programas tengan en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad tanto en el proceso de afiliación como en el paquete de prestaciones y beneficios. Un estudio elaborado por SODIS, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Londres encontró que las personas con discapacidad, pese a estar entre los más pobres, no han sido focalizadas o priorizadas por parte de los nuevos programas sociales y no se han establecido diferencias notables en cuanto a su atención.
“Los programas sociales no tienen un enfoque de discapacidad y eso hace que, muchas veces, las personas con discapacidad sean excluidas o no se beneficien de los programas. No basta con afiliar a personas con discapacidad, debe asegurarse que los programas respondan a sus necesidades”, dice Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (Sodis). Advierte que no se ha considerado el costo adicional de la discapacidad, por ejemplo, el costo del transporte para trasladarse a la escuela o al centro de salud, o el pago de servicios sanitarios especializados y de dispositivos de apoyo como sillas de ruedas, prótesis o audífonos.
La misma situación se repite con “Pensión 65” pues, si bien ha ayudado a que adultos mayores mejoren su nutrición y estado de salud, no les ha permitido acceder a tratamientos especializados. Por ende, tales esfuerzos resultan insuficientes.
Esperanza Villafuerte, asesora de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), resalta que la problemática inicia cuando las personas quieren beneficiarse de los programas pues se encuentran en desventaja cuando intentan ingresar. “Los asesores no saben cómo actuar y finalmente no los ayudan”, dice y agrega que no basta con la atención preferente pues es necesario acompañarlos hasta que se familiaricen con el trámite. Por otro lado, la pensión no contributiva, implementada en ocho regiones del país, beneficia solo a 1901 peruanos y está dirigida solo a cubrir la canasta básica.
El destino de la inversión en educación inclusiva
El Programa presupuestal 0106 (PPR 0106) del Ministerio de Economía y Finanzas está dirigido a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. Tiene un presupuesto institucional de apertura de S/166,491,749 y su nivel de ejecución (hasta junio de este año) es de 36,5%.
Pese a que el actual gobierno impulsó el discurso de la inclusión educativa, sorprende que el 84% del PPR 0106 se destine a escuelas de educación especial, no a escuelas regulares que podrían potenciar la inserción de niños y jóvenes con discapacidad, tampoco a capacitar a los docentes ni a identificar a los niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela.
“El Ministerio de Educación no tiene claro hacia dónde debe ir la educación inclusiva, no se trata de seguir fortaleciendo la educación especial, se trata de que todos los estudiantes accedan a la misma educación y que sea de calidad”, menciona Queija. En la misma línea, Villafuerte cree que la razón sería que desde el ministerio se cayó en una especie de “facilismo”. “Es más fácil potenciar los colegios especiales que invertir en educación inclusiva. Si la idea es ir haciendo una transición de educación especial segregada a educación, por lo menos, de atención preferente entonces se tiene que invertir más dinero a donde se quiere llegar”, menciona la especialista.
Cabe resaltar que el presupuesto total en educación es de 27 mil millones 495. Es decir, la inversión en educación inclusiva representa solo el 0,6% del total del presupuesto en educación. La cifra es preocupante si consideramos que el 78% de personas con discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo.
PPK debe impulsar
Desde Sodis, se recomienda que los programas sociales sean diseñados y aplicados sin dejar de lado el enfoque de género, la interculturalidad y la discapacidad. Por ejemplo, si un programa entrega becas a estudiantes destacados, habrá que revisar que los requisitos de postulación se adapten en casos de discapacidad, como una persona ciega que necesite el examen en formato virtual. También es necesario que, además de la pensión no contributiva, se asegure el acceso de las personas con discapacidad a los demás programas, pero con condiciones y prestaciones específicas que respondan a sus necesidades particulares.
Además, se debería apuntar a que la mayor parte del presupuesto destinado a la educación de personas con discapacidad se dirija a potenciar la efectiva educación inclusiva y no la educación especial, la cual debería disminuir y desaparecer progresivamente.
