Congreso peruano archiva proyecto de ley de despenalización del aborto por violación

ü  La congresista Verónika Mendoza, la única que votó en contra del archivamiento, solicitó un recurso de reconsideración para que se vuelva a debatir el proyecto.

 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República archivó ayer por mayoría el proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación sexual (03839/2014 IC), tras ser debatido hasta en seis sesiones. Se trataba de una iniciativa ciudadana, respaldada por más de 64 mil personas, que entró al Congreso en octubre de 2014.

 

A pesar de que el presidente de la Comisión, Juan Carlos Eguren, al inicio de la sesión dijo que el proyecto de ley se debatiría en la próxima sesión debido a la poca presencia de congresistas y por el pedido expreso que solicitó la congresista fujimorista Martha Chávez, ausente por motivos de salud ; finalmente-y de manera intempestiva y sin mayor debate- se sometió a votación ante el pedido reiterativo del congresista de Fuerza Popular (del partido del ex presidente Alberto Fujimori), Julio Rosas.

 

Con 5 votos a favor y 1 voto en contra se archivó el proyecto de ley.

Votaron a favor de enviar el proyecto al archivo los congresistas Fujimoristas Octavio Salazar, Julio Rosas, Juan Díaz Dios y Cecilia Chacon quien llego a la sesión solo a votar a favor del archivamiento, y Mariano Portugal, de Unión Regional. En contra, Verónica Mendoza (AP-FA). “Lamentamos que no se haya dado lugar a un debate serio y profundo de los propios congresistas considerando una realidad cruda y dura que tiene que ver con 17 mil denuncias por violación sexual al año. La Comisión de Justicia el día de hoy se ha tapado los ojos”, sostuvo Mendoza. Ante esta decisión, la congresista anunció que ya ha presentado un recurso de reconsideración para que se vuelva a discutir el proyecto la próxima sesión.

 

 “No todo está dicho.  Reclamamos un trato justo porque han dado un trato desigual a las opiniones técnicas que respaldan nuestra posición”, María Elena Reyes, directora de la organización Manuela Ramos que forma parte del colectivo Déjala Decidir. Las organizaciones promotora de este colectivo ponen en cuestión los procedimientos antidemocráticos  bajos los cuales se ha discutido este proyecto de ley, así como denuncian la falta de laicismo y pluralidad en el debate pues sostienen que este ha sido monopolizado por opiniones basadas en creencias religiosas y no técnicas, representadas por el Ministerio Público , el Poder Judicial, el Colegio Médico del Perú y diversos especialistas médicos, que cuentan además con una opinión favorable a esta iniciativa.

 

“Hubo debates en semanas anteriores pero el procedimiento de estos vulnera el principio de neutralidad del Estado y el principio de Estado laico. La gran mayoría de las opiniones que han sido consideradas fueron las de organizaciones e instituciones que forman parte de la jerarquía católica evitando una pluralidad en el debate”, afirma Liz Meléndez de la organización Flora Tristán.

 

Se estima que se producen cada año 35.000 embarazos por violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007. El 78% son mujeres menores de 18 años, y en el 76% de los caos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima. Organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) exhortó en repetidas ocasiones al Estado peruano para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

 

Hay que recordar que en el Perú la única forma de interrupción del embarazo permitida es el aborto terapéutico, es decir, aquel en el que la continuación del embarazo constituye un riesgo para la salud o la vida de la mujer. Así quedo reconocido en 1924 cuando pasó a ser incorporado en el Código Penal. Sin embargo, el protocolo que garantizaba el cumplimiento de este derecho fue aprobado 90 años después, es decir, en junio de 2014.  

Personas declaradas “incapaces” para poder recibir una pensión de 200 soles

Miles de personas con discapacidad pierden todos sus derechos solo por acceder a una pensión de orfandad

Karin Liza tiene 30 años y trabaja como administrativa en una empresa del centro financiero de San Isidro. Pero no puede votar, ni firmar sola un contrato, tampoco podrá casarse, ni sacarse por sí misma una tarjeta bancaria. Liza tiene síndrome Down y fue interdictada, es decir, fue declarada incapaz ante un juez. “La interdicté para que pudiera cobrar la pensión de su padre pero no sabía todos los derechos  a los que estaba restringiendo a mi hija”, explica Consuelo Gutiérrez, madre y representante (curadora) de la joven. Ahora, quiere revertir este proceso (desinterdictarla).

Liza representa uno de los múltiples casos en los que muchos padres se ven forzados a declarar incapaces a sus hijos ante un juez. En el Perú, el 90% de los procesos de interdicción “corresponden a personas de escasos recursos económicos, que lo único que desean es que el familiar presuntamente incapaz (quien ha adquirido la mayoría de edad) continúe recibiendo atención médica en un centro de salud estatal, y los casos en que los padres del pre interdicto gozan de alguna pensión y desean ante su eventual fallecimiento, que ésta se traslade al hijo incapaz”, según los datos ofrecidos por la juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jenny López, en la revista Jurídica.

Su padre falleció cuando la joven tenía siete años, desde entonces cobró la pensión que alcanza una cuantía de 200 soles. Cuando cumplió 18 años la Oficina de Normalización Previsional (ONP) exigió la interdicción de Liza para que pudiera seguir cobrando esta pensión, a pesar de que este requisito no está expresamente establecido en la normativa peruana. Sin embargo, se amparan en que el Código Civil establece que “son relativamente incapaces los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”. “La solución es cambiar el Código Civil, que es la última reforma pendiente importante para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el Perú”, explica Alberto Vásquez, presidente en Sociedad y Discapacidad (SODIS).

Es el caso también de Nina Guevara, madre de Luis Enrique Guzmán, un joven de 29 años con síndrome Down. Su padre falleció en octubre de 2014 y para que su hijo cobre la pensión le exigen la interdicción. Guevara trabaja  como profesora de educación inicial en un colegio del Rímac. “Mi preocupación es que no se quede solo en la casa, si no buscar un taller donde él se prepare para la vida”, comenta.  Para ello, necesita cobrar el dinero de la pensión, sin embargo, el trámite para la interdicción, que le cuesta en promedio unos 2.000 soles, demora hasta un año, según le informaron. Como explica la juez Jenny López, “a pesar de que la interdicción debería ser un proceso brevísimo, las interdicciones judiciales pueden ser tramitadas durante dos a tres años aproximadamente”.

Reforma del Código Civil

La Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (CEDIS), creada por la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973), acaba de terminar un anteproyecto de ley que propone reformar más de 80 artículos del Código Civil. Con esta modificatoria se busca que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin restricciones, y que la discapacidad no suponga en ningún caso una restricción a su capacidad para celebrar actos y contratos jurídicos como: casarse, votar o contratar; decidir sobre una herencia; abrir una cuenta bancaria; reclamar alimentos; tramitar una pensión de orfandad o constituir una empresa.

“Quiero que me quiten la interdicción para tomar decisiones. En el contrato de trabajo tuvo que firmar mi madre y me sentí mal”, explica Liza. La joven vive en el distrito de Ate Vitarte y tarda dos horas en llegar a su trabajo en Tecnológica de Alimentos en San Isidro, en el cual lleva ya cerca de tres años. Se levanta a las cinco y media de la mañana y regresa sobre las dos y media a su casa. “En mi trabajo me siento bien, me siento contenta”, comenta.  La joven pertenece al escaso 21,7%  de personas con discapacidad que forman parte de la población económicamente activa (ocupada y desocupada), de las cuales solo 277 882 están ocupadas. Hay que recordar que en el Perú hay más de un millón y medio de personas con discapacidad, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS). Además, un reciente estudio  desarrollado por SODIS en conjunto con otras instituciones reveló que las personas con discapacidad tienen una probabilidad cuatro veces menor para encontrar empleo.

Liza se dedica a fotocopiar y escanear documentos, así como a atender la recepción. Para recibir su sueldo en una cuenta bancaria también necesitó de la firma de su madre.  “No puedo cobrar un cheque yo sola. Tampoco puedo  sacarme una tarjeta de crédito”, se lamenta. 

Pero hay un día que la joven recuerda con gran tristeza, el día que le negaron poder votar en las elecciones municipales. “Me sentía mal, me discriminaron. Se me cayeron las lágrimas, yo quería votar”. Karin Liza pudo votar en dos elecciones pues al renovar su DNI le asignaron mesa de votación, pero en estas últimas el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informó a Consuelo Gutiérrez que su hija no podía porque había sido interdictada. “Me cayó como un balde de agua fría porque no sabía que la interdicción podía restringirle ese derecho”.

“El gran cambio que buscamos con esta reforma es volver a recuperar la voz de la persona con discapacidad que el actual sistema de interdicción obvia porque supone que eres incapaz. Se presume que no puedes tomar una decisión y, por tanto, otros deben decidir por ti”, precisa Vásquez. El objetivo de la reforma, explica, es sustituir esta práctica por un sistema de apoyos en el las personas con discapacidad que lo requieran puedan ser acompañadas y apoyadas a expresar su voluntad y preferencias. “Se propone que incluso aquellas personas que requieran de muchos apoyos para la toma de decisiones, no vean restringidos sus derechos. Se trata de dejarnos de enfocar en las deficiencias y potenciar las capacidades de las personas. Esto, por supuesto, sin eliminar las garantías que se tienen que establecer para evitar abusos y conflictos de intereses”, señala el experto.

Como mandato, la CEDIS tenía que formular, en el plazo de un año, un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil y demás normas que fueran necesarias a fin de guardar correspondencia con lo establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). “Estamos pidiendo que se forme un comisión de trabajo conjunta con la de Inclusión y Justicia que termine este proyecto de reforma para que pueda ser discutido en el pleno y sea aprobada una ley”, explica Liliana Peñaherrrera, presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD).

De acuerdo  con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado peruano está obligado a derogar la práctica de la interdicción judicial y a revisar las leyes que permiten la curatela de personas con discapacidad.

Datos

ü  Entre 1998 y 2014 se registraron 8,409 sentencias de interdicción en  Registros Públicos. En Lima se registró el 68% de ellas.

ü  El 90% de los procesos de interdicción “corresponden a personas de escasos recursos económicos”.

ü  La Comisión Especial encargada de revisar el Código Civil en lo referido a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad ha presentado recientemente una propuesta de reforma.

Por Nylva Hiruelas/SODIS

Normativas aprobadas por el Gobierno peruano alimentan la conflictividad social

“Este paquete de proyectos es la amenaza más grande desde la Constitución de 1920 contra la propiedad comunal, con la idea de que todas las tierra rurales deben estar en un mercado y el que quiere pagar más gana las tierras. Con eso desaparecen las comunidades indígenas y parte de nuestra identidad. Hay una población rural e indígena que está dispuesta a protestar, a cuestionar, y es muy crítica a estos intentos de quitarles las tierras para dársela a inversionistas. No va a haber paz social si se sigue bajo esta lógica, va  a haber conflicto”, afirmó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común. Por su parte, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria, alertó del peligro de la desaparición de las comunidades  con estos paquetazos, e informó sobre el paro nacional  de los pueblos que tendrá lugar el 22 y 23 de junio en rechazo por estas normas y por la criminalización de la protesta que sufren.

Durante los últimos dos años del gobierno de Humala, son tres los paquetazos que han sido aprobados por el Congreso de la República o mediante decretos supremos por el Poder Ejecutivo. Es claro que también juegan un papel central en estas políticas los Ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este momento el Congreso evalúa la aprobación de un nuevo paquete normativo (proyecto de ley 3941), y el actual presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que buscaría obtener facultades especiales para que la aprobación de los futuros paquetazos no requiera involucrar al Congreso.

César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), y aseguró que este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que los ecosistemas sean viables”. Asimismo, citó el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas naturales protegidas.

Estas normas deberían haber sido consultadas en tanto afectan directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus recursos naturales y a la autodeterminación.

Debilitamiento de la propiedad comunal

“De implementarse la ley 30230, se podrían aplicar “procedimientos especiales” -los cuales no han sido definidos- para quitar las tierras de las comunidades, y entregarlas a las compañías mineras, petroleras y grandes inversionistas, como los interesados en el monocultivo de palma africana”, explicó Richard Smith, director del IBC. A pesar de que el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley, al no especificarlo de manera clara. “Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos los territorios de las comunidades”, precisa el director del IBC.

Silvana Baldovino, de la SPDA, mencionó que estos paquetazos se orientan a las comunidades campesinas  y a las tierras eriazas, e hizo un paralelo con la causas que generaron el Baguazo, como la promulgación de una serie  de decretos (Decreto legislativo 1064, entre otros) que flexibilizaba la toma de decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las tierras.

Hay que recordar que aún quedan por titular casi 4.000 comunidades. Además, El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petrolíferas.

Abandono del modelo primario-exportador

El economista Humberto Campodónico no augura éxito a los paquetes normativos que pretenden atraer la inversión y reactivar la economía a través de la flexibilización de los estándares ambientales y sociales. Remarcó la necesidad de pasar de un modelo económico primario-exportador hacia una economía que apueste por la diversificación productiva y la industrialización. El ex presidente de Petroperú señaló la alta dependencia que tiene la economía peruana de la exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65% de las mismas. Superando ampliamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera a un país dependiente cuando depende más del 25% de su economía de la exportación de los “commodities” (productos básicos).

Campodónico comentó que este modelo económico, de acuerdo a estudios internacionales, termina por perjudicar a la industria nacional, deviene en corrupción, favorece el rentismo o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe preocupación por generar recursos propios pues reciben unos ingresos fijos por estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país, gerenando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los recursos naturales”, afirmó.

Aumento de la conflictividad

Según la Defensoría del Pueblo en el Perú, se registraron en el mes de abril 229 conflictos, de los cuales, 175 están activos y  154 (es decir, el 67,2%) se deben a cuestiones socioambientales, la mayoría  de los cuales son por la minería (112) e hidrocarburos (20). Laureano del Castillo, de Cepes, señala que muchos de los conflictos socioambientales se deben a la presencia de actividades extractivas en tierras comunales, y que las normas elaboradas desde el Poder Ejecutivo vulneran convenios internacionales como el 169 de la OIT. “Las comunidades campesinas y nativas tienen más del 60% del total de las tierras agropecuarias.  Vamos  a afectar su sustento, pero no solo eso. Alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en las ciudades provienen de  la agricultura familiar. Quitar tierras para poner proyectos minas, carreteras u otros proyectos de inversión solo alimentará la conflictividad en el país”, señaló

Javier Diez Canseco es recordado por su compromiso político internacional

ü  Presentan la publicación “Javier Diez Canseco. El Internacionalista” con la participación de embajadores, representantes políticos de los países de la región e intermacionalistas.

ü  Con esta actividad se rindió homenaje a uno de los principales líderes de la izquierda peruana en el segundo aniversario de su muerte.

“Javier Diez Canseco era un político no solo comprometido con el pueblo peruano, sino también un internacionalista cuya solidaridad con los oprimidos y explotados se extendía más allá de nuestras fronteras y recogía así lo mejor de la tradición y la historia del socialismo”, escribe su viuda Liliana Panizo en el libro. Esta obra inicia una serie que dará a conocer diversos aspectos del trabajo político y parlamentario desarrollados durante 45 años.  El acto de prensentación de la publicación contó con la presencia de los embajadores de Uruguay, Argentina, Bolivia, y destacados internacionalistas, entre otros.

“En el Congreso hay un silencio lúgubre tras dos años de la muerte de Javier Diez Canseco”, afirmó Ramiro Escobar. “Javier Diez Cansenco recorrió los caminos de América Latina en defensa de los derechos humanos”, comentó Juan José Artegada, embajador de Uruguay. “Era un latinoamericanista convencido de que la participación de los países de la región en la escena internacional de una manera más decisoria pasa por la integración”, declaró Darío Pedro Alessandro, embajador de Argentina.

Fruto de esta convicción, el líder de la izquierda fue miembro fundador del Foro de Sao Pablo y mantuvo una comprometida y solidaria relación con organizaciones políticas, movimientos de liberación, movimientos sociales y ciudadanos e instituciones de América Latina y el Caribe, Europa, África, Medio Oriente y Asia. Presidió, hasta el momento de su fallecimiento, la Secretaria Andino Amazónica del Foro de Sao Paulo, el Comité Peruano de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y, la Comisión de Relaciones Exteriores.

Diez Canseco también fue recordado por los presentes por su “honestidad, y su lucha implacable contra la corrupción”. “ Javier fue de los que luchan toda la vida, no era un simple soñador, era un luchador revolucionario”, expresó Carlos Fonseca, hijo del fundador del Frente Sandinista de Nicaragua. Ese internacionalismo del político queda reflejado en esta publicación, cuyos textos han sido  escritos por expertos  de diversas partes del mundo, como Roberto Regalado, de Cuba; Esteban Silva Chile; Mohamed Salem Ould Salek, canciller de la República Árabe Saharaui Democrática, Coletta Youngers, de Estados Unidos, y los peruanos Rafael Drinot, periodista y Hugo Cabieses, quien en diversas oportunidades compartió con él iniciativas en el campo internacional.

Exigen a la Comisión de Justicia un debate democrático y laico sobre el proyecto de Ley de despenalización del aborto en caso de violación

ü  Las organizaciones impulsoras, agrupadas en el colectivo Déjala Decidir, denuncian las difamaciones y calumnias vertidas contra éstas.

La próxima sesión para que la Comisión de Justicia del Congreso debata sobre la iniciativa ciudadana -respaldada por más de 64 mil personas-está programada para el 12 de mayo. Integrantes del colectivo Déjala Decidir denunciaron  y rechazaron en una conferencia de prensa las difamaciones y calumnias vertidas contras las organizaciones que sustentan el proyecto de ley (03839/2014-IC). Asimismo, exigieron un debate “democrático, justo, imparcial y laico”.

Rossina Guerrero, directora de incidencia pública de PROMSEX, recordó que el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, trató de esquivar lo que establece la Ley de Participación y control ciudadanos. El día 16 de abril, fecha límite del plazo para su discusión (existe como máximo 120 días para que pueda ser debatida la iniciativa ciudadana) trató de archivar esta iniciativa sin invitar a las organizaciones a sustentarla. Alertó además de que Eguren abrió la posibilidad para participar en el debate a personas que, bajo la modalidad de “expertos”, pertenecen todas al ámbito religioso.

Hay que recordar que, de acuerdo al estudio de opinión realizado por IPSOS Perú en 2013, el 53% de la ciudadanía entrevistada opinó que sí se debería permitir el aborto en caso de violación. Además, en la mayoría de los países en donde se ha logrado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no se penaliza el aborto, es el caso de países como Uruguay, España, Canadá o Estados Unidos. Países como Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador tampoco lo penalizan cuando se trata de un embarazo resultado de una violación. Sin embargo, en el Perú está penalizado, siendo además el país con mayor tasas de denuncias por violación sexual de toda América Latina. Se estima que se producen cada año 35.000 embarazos por violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007.

Por otro lado, rechazaron  y denunciaron las difamaciones vertidas contra las organizaciones promotoras. En la anterior comisión celebrada el 28 de abril, la ponente Amparo Medina, Presidenta de la Red Pro-Vida y Familia de Ecuador, acusó a la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, a la ONG Católicas por el Derecho a Decidir y al Fondo de Población de las Naciones Unidas  de impulsar el aborto en el continente latinoamericano y de tener fines de lucro para esta (supuesta) iniciativa. Además de cuestionar la financiación de las organizaciones, llegando a afirmar que Católicas por el Derecho a Decidir recibe fondos de la revista Playboy. 

“Exigimos a la Comisión un debate imparcial en el marco de un Estado laico. Rechazamos las afirmaciones de estas personas, pertenecientes a grupos extremistas religiosos, que relativizan además el dolor de las mujeres violadas sexualmente, y que producto de ello han quedado embarazadas”, afirmó Gladys Vía, de Católicas por el Derecho a Decidir. “Creemos que las Iglesias  están para que se viva la fe, y el Estado está para garantizar los derechos de todos, en especial de  las mujeres”, declara Vía. Según datos del Ministerio de la Mujer, 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están vinculadadas a un aborto inseguro. “Debemos decir alto a estas calumnias sin sustento, que tratan de deslegitimar a las organizaciones y a esta propuesta, y de generar temor entre la población”, afirm ropuestas, y a de flora trsitumnias sin sustento, que tratan de deslegitimar a las organizaciones y a esta propuestas, y de genó Liz Meléndez, directora de Flora Tristán.

Por su parte, María Ysabel Cedano, directora de Demus, calificó de “falsas” las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, afirmando que “fueron las ONG que piden ahora la despenalización del aborto por violación sexual, las que pidieron aprobar las AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria)”. Cedano explicó que rechazaron la campaña de esterilizaciones forzada llevada a cabo por el exmandatario Fujimori pues configuró un crimen de lesa humanidad. Asimismo, Cedano recordó a la congresista que el Estado peruano violó los derechos humanos de María Mamérita Mestanza, tal y como quedó reconocido en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado por  el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La única política contra las maternidades voluntarias fueron las esterilizaciones forzadas y las violaciones que sucedieron en el conflicto armado interno”, especificó la directora de Demus. 

Develan busto en honor a Javier Diez Canseco

ü  Se rinde homenaje a uno de los principales líderes de la izquierda peruana en el segundo aniversario de su muerte. Un busto recuerda a Javier Diez Canseco en Jesús María.

El busto en homenaje a Javier Diez Canseco se instaló en el parque Jaime Bausate y Meza, en el distrito de Jesús María. En la inscripción que lo acompaña se lee: “JDC dedicó su vida a promover la justicia social y a hacer de la política algo digno”. Participaron en este acto, su viuda, Liliana Panizo, seguidores y militantes del Partido Socialista. Además congregó a figuras de la izquierda peruana como Manuel Dammert, Verónika Mendoza, Antonio Zapata, Marco Arana, Nicolas Linch, Pedro Francke, entre otros. La actividad fue inaugurada por la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

En el acto de inauguración del busto de bronce de Javier Diez Canseco se realizó un tributo a la tierra a cargo de Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas del Perú (FEMUCARINAP). La presidenta del Congreso, quien sostuvo una canasta con tierra, afirmó: “Hoy sentimos la fuerza de Javier Diez Canseco. Yo supe de él desde niña, a través de mi padre escuché sobre su valentía y esfuerzo. Estas palabras se las dedico en nombre de mi familia, sobre todo, de mi padre, que siempre fue su gran admirador. Creo que nunca lo vamos a olvidar, le damos a Javier nuestro reconocimiento eterno”.

Liliana Panizo, compañera de Javier, eligió de entre todos los elementos del tributo, una vela. “Era una mirada de futuro, con su luz seguimos caminando”. Expresó que tras su fallecimiento, su propósito es contribuir a mantener la memoria viva de Diez Canseco, tras haber logrado que el Congreso corrigiera la injusta sanción que se le impuso.

Beatriz Merino, ex defensora del Pueblo, manifestó haber tenido el honor de ser su amiga. Profesó el gran respeto que le tenía a pesar de las muchas diferencias políticas y económicas que había entre ambos. Sin embargo, Merino remarcó que compartían muchas más afinidades, como su preocupación por la educación, salud, género o mediomabiente.  Destacó de Javier Diez Canseco su “compromiso absoluto con la verdad, su honestidad intelectual, y preocupación  por los que sufren”. “Admiro a las personas con decencia. Demostró que sí se puede ser un político honesto, que no estamos condenados a la mediocridad”. Asimismo, la actual presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos hizo referencia a la corrección de la sanción  en el Congreso: “al final quisieron mancharlo, pero la verdad y la justicia se impusieron. Deshonrados quedaron los otros que intentaron manchar su conducta ética intachable”.

Julio Castro, dirigente del Partido Socialista, con un recipiente de agua entre sus manos, declaró “el agua, fecunda como la vida de Javier, que nutra los esfuerzos de los peruanos por lograr la auténtica independencia del país”. También estuvo presente la embajadora de Cuba, Juana Martínez, quien se refirió al líder de la izquierda como “el amigo entrañable de la isla”.

Javier Mujica, representante de la familia, recordó de Javier su “carisma, empatía y generosidad”. Además, señaló su “anhelo de unidad por una transformación social para hacer un país con mayor justicia social”. Esteban Silva, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, señaló que Javier vivía de acuerdo a como pensaba, era “socialista, anti imperialista, y latinoamericanista. Deseo miles de ‘Javieres’ para América Latina”. Asimismo, se dio a conocer la Fundación Javier Diez Canseco que nace con el propósito de promover la cualificación de los cuadros de la izquierda que aspiran a gobernar, el debate de ideas, y la promoción de actividades culturales.