ü La congresista Verónika Mendoza, la única que votó
en contra del archivamiento, solicitó un recurso de reconsideración para que se
vuelva a debatir el proyecto.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la
República archivó ayer por mayoría el proyecto de ley para la despenalización del
aborto en casos de violación sexual (03839/2014
IC), tras ser debatido hasta en seis sesiones. Se
trataba de una iniciativa ciudadana, respaldada
por más de 64 mil personas, que entró al Congreso en octubre de 2014.
A pesar
de que el presidente de la Comisión, Juan Carlos Eguren, al inicio de la sesión
dijo que el proyecto de ley se debatiría en la próxima sesión debido a la poca
presencia de congresistas y por el pedido expreso que solicitó la congresista fujimorista
Martha Chávez, ausente por motivos de salud ; finalmente-y de manera intempestiva y sin mayor
debate- se sometió a votación ante el
pedido reiterativo del congresista de Fuerza Popular (del partido del ex presidente
Alberto Fujimori), Julio Rosas.
Con 5 votos a favor y 1 voto en contra se
archivó el proyecto de ley.
Votaron a favor de enviar el
proyecto al archivo los congresistas Fujimoristas Octavio Salazar, Julio Rosas,
Juan Díaz Dios y Cecilia Chacon quien llego a la sesión solo a votar a favor
del archivamiento, y Mariano Portugal, de Unión Regional. En contra, Verónica
Mendoza (AP-FA). “Lamentamos que no se haya dado lugar a un debate serio y profundo
de los propios congresistas considerando una realidad cruda y dura que tiene
que ver con 17 mil denuncias por violación sexual al año. La Comisión de
Justicia el día de hoy se ha tapado los ojos”, sostuvo Mendoza. Ante esta decisión, la
congresista anunció que ya ha presentado un recurso de reconsideración para que
se vuelva a discutir el proyecto la próxima sesión.
“No todo está dicho.
Reclamamos un trato justo porque han dado
un trato desigual a las opiniones técnicas que respaldan nuestra posición”,
María Elena Reyes, directora de la organización Manuela Ramos que forma parte
del colectivo Déjala Decidir. Las
organizaciones promotora de este colectivo ponen en cuestión los procedimientos
antidemocráticos bajos los cuales se ha
discutido este proyecto de ley, así como denuncian la falta de
laicismo y pluralidad en el debate pues sostienen que este ha sido monopolizado
por opiniones basadas en creencias religiosas y no técnicas, representadas por
el Ministerio Público , el Poder Judicial, el Colegio Médico del Perú y
diversos especialistas médicos, que cuentan además con una opinión favorable a
esta iniciativa.
“Hubo debates en semanas anteriores pero el procedimiento de estos
vulnera el principio de neutralidad del Estado y el principio de Estado laico.
La gran mayoría de las opiniones que han sido consideradas fueron las de organizaciones e instituciones que forman parte de la jerarquía
católica evitando una pluralidad en el debate”, afirma Liz Meléndez de la
organización Flora Tristán.
Se
estima que se producen cada año 35.000 embarazos por violación, según la
investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto
legal” con datos del 2007. El 78% son mujeres menores de 18 años, y en el 76%
de los caos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con
la víctima. Organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas
para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW)
exhortó en repetidas ocasiones al Estado peruano para que ampliara los causales
para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las
Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara la prohibición
general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o
incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos
de violación.
Hay que
recordar que en el Perú la única
forma de interrupción del embarazo permitida es el aborto terapéutico, es
decir, aquel en el que la continuación del embarazo constituye un riesgo para
la salud o la vida de la mujer. Así quedo reconocido en 1924 cuando pasó a ser
incorporado en el Código Penal. Sin embargo, el protocolo que garantizaba
el cumplimiento de este derecho fue aprobado 90 años después, es decir, en
junio de 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario