lunes, 1 de junio de 2015

Nuevo Código Penal propone sancionar a las mujeres violadas que abortan con trabajo comunitario

 
ü Durante la sesión del Pleno del Congreso sobre la reforma del Código Penal, se debatió la despenalización del aborto por violación sexual, tras ser archivada esta iniciativa legislativa ciudadana en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
ü El texto vigente castiga a la mujer con pena de prisión de entre tres a 24 meses de cárcel.
 
Durante el debate en el Congreso sobre el nuevo código penal, la congresista Verónika Mendoza, de Acción Popular- Frente Amplio, presentó un dictamen en minoría para debatir la necesidad de despenalizar el aborto en casos de violación sexual, ante el archivamiento del proyecto de ley (03839/2014 IC) por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el martes pasado; con 5 votos a favor del archivamiento, 1 abstención y el voto en contra de la congresista. Este proyecto se trataba de una iniciativa ciudadana, respaldada por más de 64 mil personas, que entró al Congreso en octubre de 2014.
 
El nuevo Código Penal pretende castigar  a las mujeres violadas que abortan con 10 a 50 jornadas de trabajo comunitario. El texto vigente, en su artículo 120, tipifica como delito el aborto sentimental (casos de violación sexual), castigando a la mujer con pena de prisión de tres meses de cárcel. 
 
Penalizar el aborto no ha reducido ni va a reducir la cifra de abortos, solo incrementa la muerte materna”, declaró Mendoza. Mientras que al congresista Julio Rosas, de Fuerza Popular, le pareció poco que las mujeres violadas que decidan abortar sean obligadas a realizar trabajo comunitario, basando sus opiniones en sus creencias religiosas. Ante lo cual, Mendoza señaló: "esta sanción es arrodillarse a la teología, esto no es optar por un Estado laico. Esto es un código penal, no un catecismo".
 
En el Perú, ya está permitido el aborto terapéutico, es decir, aquel en el que la continuación del embarazo constituye un riesgo para la salud y/o la vida de la mujer, así quedó reconocido en 1924. Desde julio de 204 se tiene un protocolo para practicar este tipo de aborto.
 
35 000 embarazos por violación cada año
El 34% de víctimas de violación resultaron ‎embarazadas; de cada 100 muertes maternas, 29 están vinculadas a un aborto inseguro ¿Con qué derecho los congresistas pueden obligar a esa adolescente violada a continuar con un embarazo si así no lo desea?  Daniel Abugattás, congresista de Gana Perú, reseñó que “hay una ceguera intencional, con ley o sin ley hay más 200 mil abortos clandestinos cada año”.
 
Se estima que se producen cada año 35 000 embarazos por violación, según la investigación. “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal”, con datos del 2007. En el 78% de los casos las víctimas son mujeres menores de 18 años. Asimismo, en el 76% de las denuncias realizadas ante la PNP el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima. Una realidad que niega la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, quien explicó en el Congreso que el porcentaje de casos de embarazos productos de una violación es cercano al 0%.
 
Ante lo cual la congresista Rosa Mavila señaló: “detrás hay una concepción del derecho a la vida como la procreación, la vida es un continuum, se merece una calidad de vida, es el derecho de las nuevas generaciones a vivir en condiciones de igualdad”. Y reiteró: “la mujer a la que se criminaliza luego de que ha sido vulnerada, es revictimizada reiteradamente. Una primera vez por el violador, más aun cuando se es niña, se crea un trauma. Luego, se le victimiza cuando se acerca a solicitar ayuda en las instituciones públicas (salud, policía, justicia, etc. Finalmente, su entorno la sigue marginando, la trata mal a la joven violada, se le quita su condición de persona”.
 
Sin más argumentos, la congresista fujimorista, Martha Chávez, afirmó que el Estado no puede ser cómplice de la muerte de un ser humano. “Si quieren matar a alguien, maten al violador. No al niño, que puede ser dado en adopción”, aseveró.  La congresista de Fuerza Popular llegó a afirmar que el aborto es un negocio en los países donde se ha aprobado, equiparándolo al turismo.
 
Derecho a un aborto legal
Es importante destacar que organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) recomendó, el pasado julio, al Estado peruano que se despenalizara el aborto en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que “se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación”.
 
Asimismo, en la mayoría de los países en donde se ha logrado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no se penaliza el aborto, es el caso de países como Uruguay, España, Canadá o Estados Unidos. Países como Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador tampoco lo penalizan cuando se trata de un embarazo resultado de una violación. Sin embargo, en el Perú está penalizado, siendo además el país con la mayor tasa de denuncias por violación sexual de América del Sur. Hay que destacar que el 53% de la ciudadanía opinó que sí se debería permitir el aborto en caso de violación, de acuerdo al estudio de opinión realizado por IPSOS Perú en 2013.

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