El crecimiento del PBI en la agricultura es al menos el doble de eficaz en la reducción de la pobreza frente a otros sectores, según el Banco Mundial. Una receta que no se aplica en la región donde la tierra esta en manos de unos pocos, como lo muestra el índice Gini que asciende a 0,81, un nivel muy superior a la media mundial que se sitúa en 0.60.
En
la región existe una "fiebre de tierras”
debido a la creciente demanda
mundial de alimentos, forraje y combustible. En segundo lugar, por el
incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente
debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.
“En toda América Latina y el Caribe se
ha disparado la inversión (extranjera) en la tierra y la agricultura durante la
última década”. Los 10 países más afectados por el acaparamiento de tierras
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay,
Perú y Uruguay, según El informe El acaparamiento de tierras en América Latina
y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia,
realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO).
Por
ejemplo, en Guatemala se ha reducido en 55 mil hectáreas los bosques, y en
Honduras en 145 mil; a la par que la
producción de biocombustibles (cultivo de palma de aceite y caña de azúcar) en
estas zonas se ha incrementado en torno al 147,5%.
De las más de un millón 700 mil hectáreas que hay en la región, el 34% es
tierra con potencial para la agricultura y el 48% son bosques, según el Instituto
para el Desarrollo rural de Sudamérica (IPDRS). “La historia de
la región nos cuenta que el proceso extractivista ha conducido a una generalización de la
pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha
consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa
institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura
sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo
expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia
Alberto
Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador.
Conflictos
sociales y concentración de tierras
En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades
campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en
mayo de este año 211 conflictos
sociales, de éstos, 143 (67,8% del
total) se debieron a causas socioambientales, y de éstos mas de mitad son
por minería.
Raphael Hoetmer, investigador integrante del Programa Democracia y Transformación
Global (PDTG) –Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado
por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de
“reterritorialización" en el país, con la expansión minera como una de sus
lógicas principales. El experto e integrante
del grupo de ecología política de la universidad CLACSO, afirma que la profundización del
extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales,
culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya
(Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).
El
extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración
de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario
que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como “gobierno minero” debido a que servicios, que
son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados,
como es el caso de la salud, educación
construcción de infraestructura, o la seguridad.
Durante la conferencia
se expuso la amenaza que el proyecto
Conga (Cajamarca) supone para su población y el ecosistema, compuesto de humedales y lagunas, pues se removerían durante 17 años 92 mil
toneladas diarias de roca y se producirían 85 mil toneladas de relaves tóxicos
diarios. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma
Interinstitucional Celendina, resaltó que tras 22 años de minería en la región
es la más pobre del país. Además comentó que existe un interés por convertir el
sur de Cajamarca en uno de los distritos mineros más grandes de Latinoamérica.
En el caso de
Ecuador, el ingeniero agrónomo Michel
Laforge considera muy limitados los avances en materia de acceso del
campesinado a la tierra. El país vecino presenta una elevada inequidad en la
propiedad de la tierra heredado de la historia: el 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas,
mientras que, en el otro extremo, el 60% de los pequeños productores son
propietarios del 6,4% de las tierras, según los últimos datos disponibles. Una
de las principales razones que explican los pocos avances en materia agraria es
debido a que “las exportaciones no
petroleras principales siguen siendo agroexportaciones (como el banano y el
camarón), con una estructura productiva basada en grandes propiedades o
plantaciones, que no tiene ningún interés en ver procesos redistributivos
ponerse en marcha”.
Pedro Landa, investigador del ERIC de la compañía de Jesús
de Honduras, explicó que el modelo
extractivista reproduce las tradicionales economías de enclave que tratan de abastecer de materias primas a
los países del Norte. Este modelo económico se vio impulsado en el país tras el
Golpe de Estado del 2009, que impuso una nueva Ley de Minería. A un año de esta normativa, se
generaron 20 conflictos. Los 292
proyectos mineros aprobados ocupan el 46,6% del territorio nacional. De
aprobarse las 562 solicitudes en proceso,
se incrementaría esta cifra hasta
el 65.8%.
Perú, de la reforma agraria a la concentración de
tierras
“Cuando, en el año 1980, se puso fin a la reforma agraria
nadie imaginó que 30 años más tarde en el Perú volveríamos a los tiempos de la
concentración de tierras en pocas manos, sostiene el estudio “El proceso de
concentración de la tierra en el Perú” realizado por el Centro Peruano de
Estudios Sociales (Cepes). Sostienen que “las nuevas propiedades superan
largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la
reforma agraria”.
Anna
Cant, de la Universidad de Cambridge, señala que el acceso de la tierra, además de formar la base para la agricultura
familiar, representa una pieza clave en la distribución del poder político. Es
por eso que la reforma era acompañada por iniciativas de política local,
educación y difusión a través de los medios de comunicación. Además manifiesta que “hay que entender que
la reforma agraria es un precedente de los alcances de la lucha social en el
Perú y de lo que se puede lograr con la movilización social”.
La economía
solidaria y agricultura familiar
En
el Perú alrededor del 90% de todas las unidades agropecuarias, es decir, más de
2 millones de predios, pueden ser calificados como Agricultura Familiar. Ahí
están incluidos, tanto la pequeña agricultura comercial como las Comunidades
Campesinas y Nativas. De éstos, la gran mayoría, un
millón ochocientos mil, son de sobrevivencia,
según explicó Fernando Eguren, de CEPES.
Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la
Red Muqui, una de las promotoras de este evento, señala que solo
el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta
familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son
protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los
paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concertación de
tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un
procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para
proyectos de inversión pública y privada”.
Asimismo, en la conferencia se habló sobre la llamada
economía solidaria. “No solamente hay economía de mercado, también hay otras
economías, donde por ejemplo las comunidades juegan un rol estratégico, en el
caso de Perú las comunidades campesinas, las familias, las mujeres, los
jóvenes, las cooperativas, los bancos comunales; es decir, hay una
infinidad de expresiones de esto que
llamamos las otras economías”, explica Luis Montoya, docente de la Facultad de
Ciencias Sociales UNMSM. Añade que “en América Latina hay políticas de fomento
y promoción de la economía solidaria. Y
uno de los casos que destaca es que la “economía solidaria” en nuestro país se
encuentra en la provincia de Jaén, en Cajamarca, donde la producción de café
orgánico a través de las redes de comercio justo, ha permitido que los
campesinos de la zona se articulen a redes globales de economía. Asimismo, el
especialista resalta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de
Brasil.
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