miércoles, 23 de julio de 2014

Comité CEDAW preocupado por la impunidad y negación de reparaciones en los casos de esterilizaciones forzadas, violencia sexual y aborto terapéutico.


Expertas recomiendan al Estado peruano intensificar esfuerzos para lograr igualdad de género.

El Comité de Expertas que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), examinó al Estado peruano el 1° de julio en su 58° periodo de sesiones. El día de ayer este Comité hizo público su Informe Final en el que saludan los progresos del Estado en materia de no discriminación contra las mujeres, como la aprobación de la Guía Técnica Nacional para el procedimiento de Aborto Terapéutico[1].

Sin embargo señalan sus preocupaciones por la persistencia de barreras para el cumplimiento de la Convención y la vigencia de los derechos de las mujeres. El Comité CEDAW exhortó al Estado peruano a intensificar sus esfuerzos para lograr la igualdad de género mediante medidas a ser adoptadas por el Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Sistema de Justicia[2].

Al respecto insta al Estado peruano a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, amazónicas, trabajadoras del hogar, lesbianas, bisexuales y transexuales[3]; quienes enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, no solo por su condición de género sino de étnico-racial, posición económica, clase u orientación sexual.

El Comité reitera su preocupación por la situación de impunidad respecto a las esterilizaciones forzadas y la violencia sexual durante el conflicto armado interno. En ambos casos las principales afectadas fueron mujeres pobres de las zonas rurales, andinas y amazónicas. Las expertas mencionaron que el caso de las mujeres esterilizadas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), no ha sido investigado de manera efectiva y que a la fecha estas mujeres no han recibido reparación[4]. El Comité CEDAW viene pronunciándose al respecto desde el año 2002 en que recomendó al Estado peruano evitar a futuro la repetición de estos hechos, así como procesar ante los tribunales a los responsables de esta violación del derecho a la salud.

Asimismo, las expertas cuestionan que hasta la fecha no se investiguen ni sancionen las violaciones a los derechos de las mujeres durante el conflicto armado interno, en especial las diferentes formas de violencia sexual. Por ello, recomiendan subsanar este vacío investigando, procesando y castigando a los responsables. Asimismo, insta al Estado peruano a reconocer y brindar reparaciones integrales a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia sexual[5].

En su Informe Final el Comité CEDAW destaca como una de las principales barreras para la igualdad de género, los obstáculos que las mujeres encuentran al momento de querer acceder a justicia, debido a la discriminación y estereotipos de género de operadores/as judiciales, fiscales y policiales. Ante esto insta al Estado a intensificar sus esfuerzos para modificar los patrones culturales que justifican la violencia hacia las mujeres y fortalecerlas capacidades de estos operadores y operadoras[6].

Asimismo, las expertas expresan en su Informe Final su preocupación por las dificultades lingüísticas y económicas que limitan el acceso de las mujeres a la justicia. Por ello, convocan al Estado a facilitar el acceso a una defensa gratuita y medidas de protección reales para las mujeres afectadas por alguna forma de violencia, desde un enfoque y prácticas interculturales de las y los operadores de justicia estatales[7].

Cabe mencionar, que en su Informe Final el Comité CEDAW llama la atención al Estado peruano por el incumplimiento de las resoluciones del Comité CEDAW y Comité de Derechos Humanos, respectivamente, en los casos de  LC y de KL por haber sufrido daños irreparables a su salud, cuando el Estado peruano les negó el acceso al aborto terapéutico. Por ello, recomienda agilizar y vigilar la aplicación de las resoluciones de esto tribunales internacionales[8]. Del mismo modo, recomienda al Perú legalizar el aborto en casos de violaciones sexuales, incesto y malformaciones graves en el feto[9].

Además, el Comité insta al Estado ratificar sin demora el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las/os trabajadoras/es domésticas/os; y establecer la igualdad de la protección social y los beneficios para este sector[10]. Alienta al Estado peruano a persistir en los esfuerzos para transformar los roles tradicionales de género, así como a aprobar una ley específica contra el acoso a las mujeres que hacen política[11].

Asimismo, las expertas del Comité CEDAW exhortan al Estado peruano a incrementar el presupuesto para fortalecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con la finalidad de aumentar los recursos humanos y financieros para el cumplimiento adecuado de sus competencias y funciones a favor de la igualdad de género[12].

“Ante estas recomendaciones, DEMUS exhorta al Estado peruano en sus diferentes niveles, a dar cumplimiento a estas recomendaciones para garantizar la real igualdad de género”, precisó María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS.




Lima, 23 de julio de 2014.


Para conocer la versión completa en inglés del Informe de Observaciones Finales ante los reportes periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8, revisar el siguiente enlace: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPER%2fCO%2f7-8&Lang=en



[1] Nombre completo: “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción voluntaria por indicación terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”.
[2] Párrafo 8 y 10 del Informe de Observaciones Finales ante los reportes periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[3] Párrafo 40 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[4] Párrafo 21 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[5] Párrafo 22 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[6] Párrafo 18, 12 y 20 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[7] Ídem.
[8] Párrafo 12 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[9] Párrafo 36 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[10] Párrafo 32 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[11] Párrafo 26 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[12] Párrafo 14 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

viernes, 18 de julio de 2014

Propuesta Ciudadana alerta sobre la necesidad de regular el uso de los fondos públicos en el gasto social de las empresas mineras

 
  •  A pesar de usar recursos públicos, el uso de estos fondos podría ir a nombre de un privado y como parte de la Responsabilidad Social de las Empresa (RSE).
4,500 millones de soles han destinado las empresas mineras a gasto social entre los años 2007 y 2012, según los últimos datos arrojados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sin embargo, ¿qué monto de estos fondos provienen del erario público? El Grupo Propuesta Ciudadana alerta sobre la necesidad de regular el uso de los fondos públicos en el gasto social de las empresas mineras, como sucede con el mecanismo Fondo Social (FS) y el extinto Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), que erróneamente pueden ser calificados de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). La empresa minera Antamina fue la que más aportes realizó al PMSP destinando casi S/. 700 millones para una región que recibe importantes recursos por canon minero. 
 
“La frontera entre RSE de las empresas mineras no es muy clara con respecto a las iniciativas enmarcadas en el PMSP y Fondos Sociales, toda vez que se ejecutan en el mismo territorio, y con similares esquemas de intervención, que no permite distinguir si lo realiza la empresa o lo realiza el Estado. Es por esa razón que consideramos importante revisar “quién realiza qué” y sobre todo a identificar las iniciativas llevadas a cabo, a fin de generar mejores intervenciones, y sobre todo a definir mejor los roles”, explica Gustavo Ávila, economista y autor del estudio: "El gasto social de las empresas mineras: entre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad social empresarial".
 
El Grupo Propuesta Ciudadana alerta sobre la necesidad de prestar atención al uso de recursos públicos del Estado, o cuasi públicos, por dos razones: la necesidad de crear mecanismos de regulación y control del uso eficiente de esos recursos; la necesidad de garantizar que su uso se haga respondiendo a necesidades públicas, a nombre del Estado y como un servicio y no a nombre de un privado y como parte de su Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). “El Decreto Supremo que da cuerpo al PMSP específica que los recursos del mismo deben orientarse a proyectos en educación, salud y nutrición, es decir prioridades también de la política pública contra la pobreza. Es así, como termina el PMSP, o la empresa minera en la práctica, liderando la lucha contra la pobreza, en localidades donde la presencia del Estado es escasa. Ahora, que ya no hay PMSP, la expectativa de la población es que continúe la empresa minera contribuyendo con el desarrollo, pues entienden que lo pudo realizar, pero quizás puede suceder que la empresa no tenga en sus planes continuar con dicha iniciativa”, comenta el experto.
 
Hay tres tipos de mecanismos que vinculan a las empresas mineras para el desarrollo de las localidades donde extraen los recursos, y generar así condiciones favorables al entorno inmediato de la mina. Estos mecanismos son: Actividades de Desarrollo Sostenible (ADS), el PMSP y FS. Ellos difieren en cuanto a la procedencia de los recursos que emplean, si bien las Actividades de Desarrollo Sostenible (ADS) emplean recursos que son en su totalidad de la empresa, (entre los años 2007 a 2012 las empresas ejecutaron S/. 2,100 millones, según datos del MINEM) los dos mecanismos restantes manejan fondos que de una y otra manera pudieron ser parte del presupuesto público.
 
Por una parte, el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PSMP)  surge en 2006 (y finalizó el desembolso de fondos el 2011) en reemplazo de la aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras por efecto del fuerte aumento en los precios de los minerales superando las estimaciones proyectadas. Las empresas mineras aportaron el 3.75% de sus utilidades netas para la creación de fondos  que ejecutasen proyectos de desarrollo social, y se les descontaba el 66% del pago de regalías mineras que pagaban las empresas. Por otra parte, están los Fondos Sociales que son un  porcentaje del pago hecho por empresas mineras al Estado por adquirir derechos de concesión sobre yacimientos; son por tanto recursos públicos.
 
No obstante, los tres mecanismos son similares en cuanto al destino de los recursos, puesto que según el marco buscan orientarse a prioridades establecidas como: educación, salud y nutrición; pero que en la práctica se orientan a infraestructura en buena cuenta, particularmente el PSMP y el FS. “Los lineamientos del PMSP determinan que al menos el 30% de los recursos deben ser destinados a los rubros de nutrición, educación y salud. Dicho porcentaje se cumple. Sin embargo, estos recursos destinados en zonas que cuentan ya con importantes recursos públicos por canon minero, y que van en buena cuenta también a infraestructura, debería orientarse más al capital humano. Los recursos del PMSP en la práctica se han orientado en más del 40% a infraestructura”, declara Ávila.
 
Asimismo, desde Propuesta Ciudadana plantean que el MINEM juegue un papel más activo dando seguimiento a estos programas, así como en la toma de decisiones. “El MINEM no tuvo participación en las comisiones técnicas de coordinación, espacios donde se definían los proyectos a realizarse, a fin de poder guiar los mismos y buscar que se enmarquen en una política conjunta de Estado. La ausencia del MINEM, aunado a la poca o nula presencia de otros actores públicos locales, dejó en la práctica solas a las mineras para poder decidir en qué invertir”, afirma el economista.
 
 


Resumen Ejecutivo: 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

El 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú,  elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, en esta edición hace un balance de los conflictos por macro regiones: sur, centro y norte. Si bien es cierto, es menor el número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido; la balanza ha girado hacia el sur andino, siendo además la región que concentra el 53% de inversiones mineras del país.  Apurímac es el departamento que concentra este año el mayor número de conflictos sociales.
 
El informe hace un análisis del impacto del  recién aprobado Proyecto de Ley  que establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Este proyecto de Ley debilita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que  el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función principal que es la de sancionar por tres años. Asimismo,  el MINAM ya no podrá crear áreas naturales protegidas, tampoco fijará los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos Permisibles, entre otros. Este paquete  de reformas legislativas recuerda a los Decretos Legislativos que originaron los trágicos sucesos de Bagua.
Este paquete  es una  respuesta  a las presiones de los círculos empresariales que desataron una fuerte campaña desde el año pasado  señalando que la economía del país se estaba desacelerando, incluida la minería. Sin embargo, no se puede ser tan categórico en el caso de este sector, pues pese a la caída de los niveles de producción  del oro y las menores cotizaciones internacionales, la evolución del PBI minero metálico podrá seguir siendo positiva en los próximos años, sustentada sobre todo en el salto productivo del cobre, que en principio se duplicaría hasta el 2016. Asimismo, las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que las inversiones en minería se incrementaron un 18% entre el año 2011 y 2012, superando en el 2013 los US$ 9,700 millones.
El informe sostiene que  las bases objetivas que explicaban el aumento de los conflictos vinculados a las actividades mineras no han cambiado. Además, con la aprobación de ese paquete no sería extraño que aparezcan nuevos escenarios de conflictividad asociados a esta medida. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de mayo, se reportan 135 conflictos socioambientales, es decir, el 63,7% del total (212). De éstos, el 74,1% están vinculados a conflictos generados por la actividad minera (100 casos), situándose a la cabeza de la lista. Además, según los últimos datos, el 20,23% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir casi 26 millones de hectáreas.
Otro aspecto que caracteriza este momento es el calendario electoral. Este hecho tiene una fuerte influencia, pues los conflictos mineros tienden a “electoralizarse”, de tal manera que los diferentes actores  (líderes sociales y empresas mineras) buscan canalizar sus expectativas, demandas y propuestas. Está claro que para las empresas mineras las elecciones son un escenario clave en este periodo y lograr alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central.
Uno de los conflictos más relevantes del primer semestre ha sido el de los mineros informales y la organización de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos. A pesar del nuevo Decreto Supremo que se promulgó el 20 de abril, por el cual el Gobierno ha puesto en marcha la llamada Etapa de Saneamiento, -que en realidad es una interpretación más flexible de los plazos del proceso de formalización (El Decreto Legislativo N°110 estableció como fecha límite el 19 de abril)-; lo cierto es que los problemas estructurales que han minado hasta ahora el proceso de formalización minera se mantienen y plazos más o menos flexibles no garantizan mayor efectividad (la nueva estrategia tiene como objetivo final el año 2016).
 Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de un Estado con capacidad de actuación multisectorial; además de la coordinación eficiente entre los diferentes ministerios y diversos organismos estatales, es necesario articular con las regiones.  Conviene recordar que de los 59,556 mineros que se han inscrito en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, apenas 100 mineros han cumplido con los requisitos. En definitiva, se sigue constatando que desde el Estado no se cuenta con estrategias integrales, con capacidad de intervención multisectorial sostenida en el campo para enfrentar un fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes en varias regiones de país.
La macro región sur. Las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país,  en su gran mayoría vinculados a la actividad minera.
De estas regiones, Apurímac es, según la Defensoría del Pueblo, la zona que registra el mayor número de conflictos sociales a nivel nacional, representando los socioambientales el 64% de los mismos. Además, el 68% del territorio está concesionado a la industria minera. Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal. Incluso episodios de violencia comienzan a aparecer en el escenario vinculado a la minería informal, como el asesinato de la familia del dirigente de los mineros artesanales de la comunidad de Pamputa, Carmelo Anjo, ocurrida el 19 de septiembre de 2013.
Algunos hechos que, sin duda, marcarán la agenda en esta región en los próximos años son: en primer lugar, la concreción de la venta del proyecto Las Bambas a la empresa china Minmetales por US$ 5,850 millones, y en segundo lugar, el anuncio de una nueva modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas.
Puno es el tercer departamento con el mayor número de conflictos sociales, después de Apurímac y Ancash, con un total de 18 casos, de los cuales la mitad responden a problemas socioambientales principalmente vinculados a la actividad minera. Uno de los temas más complejos en esta región es el de la minería informal y minería artesanal que impactan desde hace varios años las reservas y captaciones de agua de las cuencas de los ríos Suches y Ramis. En cuanto a la minería formal, se registran denuncias de poblaciones por la actividad de Minera La Poderosa, Minsur, Bear Creek, Arasi S.A. y Sillustani. Las demandas giran en torno a los pedidos de consulta previa y temas de compensación por los impactos ambientales.
En la región Cusco, el 23% de su territorio está concesionado a la minería, y el 84% de los conflictos (más de 11 al mes) son por razones medioambientales, vinculados una gran parte de ellos a la minería. Comparte las causas de los conflictos que afectan a Apurímac. Los conflictos alrededor de la gran minería también aparecen en la agenda, siendo el más conocido el de la provincia de Espinar, en torno a las operaciones de la mina Tintaya, en proceso de cierre y el del nuevo proyecto de Antapaccay, propiedad del conglomerado suizo Glencore-Xtrata.
Arequipa (48,4% de su territorio concesionado) aparece, en comparación con las anteriores regiones mencionadas, como una zona con menores niveles de conflictividad, aunque  sí registra algunos casos de conflictos largos y complejos, como es el caso Tía María de la Southern Perú que ha vuelto a la palestra este año tras ser relanzado, luego de varios años de paralización por la oposición de la población al proyecto. La empresa ha señalado que no escatimará  gastos para sacar adelante el proyecto y se anuncia que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será aprobado próximamente. Alrededor de este caso no se registra un proceso de diálogo formal.
Moquegua es  una región con el 70,6% de su territorio concesionado a la industria minera,  y presenta bajos índices de conflictividad. No obstante, en los últimos meses se han registrado en promedio tres conflictos sociales activos, uno de ellos de carácter socioambiental vinculado a la presencia de la empresa minera Southern, que mantiene actividades de extracción, fundición y refinería en dos provincias de la región. Otro tema importante en Moquegua es el posible desarrollo del proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American.
Finalmente, en Tacna- con el 53,9% de su territorio concesionado a la minería-  también se ubica la empresa minera Southern por más de cincuenta años, explotando el yacimiento de Toquepala. Adicionalmente, desde el 2012, la empresa Minsur realiza actividades de exploración en el proyecto Pucamarca, muy cerca de la frontera con Chile.
La macro región centro. Esta zona muestra el renacer de un dinamismo productivo en minería con problemas ambientales que se arrastran.
En Junín, -con el 27% de su territorio concesionado a la minería-,la entrada en producción del mega-proyecto Toromocho, de la empresa Chinalco, se reafirma todo un corredor minero dinámico y con proyección para nuevas inversiones. Este proyecto avanza pese a tener varios temas pendientes que no han sido solucionados: la falta de diálogo y los problemas ambientales y sociales por el reasentamiento del distrito de Morococha siguen sin solución, a lo que se le suma un inicio accidentado de la fase productiva.
Los administradores del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), en su intento por salir de la crisis, continúan apostando por la reestructuración, aunque ello le cueste la oposición de los trabajadores. Los problemas financieros y laborales de esta corporación están llegando a un punto crítico con el reciente anuncio de la paralización de las operaciones y por el hecho de que el pasado 10 de junio, la Junta de Acreedores de DRP aprobó finalmente el plan de venta del complejo de La Oroya y la mina de Cobriza, presentado por el banco de inversión suizo UBS. La fecha anunciada  para la venta es el próximo 8 de diciembre. Entre los posibles compradores interesados de este complejo con más de 90 años de funcionamiento y que requiere una inversión aproximadamente de US$ 768 millones para su modernización están la empresa Cormin (Trafigura), Buenaventura, Volcan y Glencore. Finalmente, dos temas de fondo que siguen sin abordarse en La Oroya: el estado actual de la población (por exposición a los gases tóxicos) y la responsabilidad de la remediación de los suelos que recae en el Estado peruano.
En la región Pasco, donde el 17,6% de su territorio está concesionado a esta industria, la situación parece ser la misma año tras año. Un Estado ausente para encarar el proceso de reasentamiento involuntario que no termina de reglamentarse y que tampoco enfrenta el grave problema de contaminación del aire, suelo y agua, que afecta la salud de la población a niveles muy elevados. De las doce empresas que trabajan en Pasco, cinco están vinculadas a la empresa Volcan, que en la última década ha logrado consolidarse y expandirse a través de empresas subsidiarias. A nivel de fiscalización ambiental, en febrero del 2014, el OEFA impuso dos multas por un total de 250 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Volcan por infringir la normativa ambiental en la Unidad Minera de Cerro Pasco. Pese a estos recurrentes problemas ambientales, Volcan tiene proyectado seguir creciendo en Pasco, con una explotación diversificada en metales base y preciosos.
La macro región norte. Esta zona ha estado fuertemente vinculada al proceso de expansión minera y ha sido el epicentro de una fuerte conflictividad en diversos momentos. Cajamarca, Piura y ahora también Amazonas y Lambayeque son casos representativos de varios ejes centrales de la conflictividad social vinculada a la minería en lo últimos años.
Amazonas cuenta con el 6,7 % de su territorio concesionado a la minería. Durante el primer semestre de 2014 la Defensoría del Pueblo reportó sólo un conflicto minero en  esta región -que nace en el 2008-: el caso entre comunidades nativas del distrito de El Cenepa y las empresas mineras que proyectan actividades en sus territorios; específicamente la Compañía Minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor, por los riesgos de impactos negativos e irreversibles en los frágiles ecosistemas de la zonas y las fuentes de agua que son el sustento de sus habitantes, quienes temen que un futuro cercano se repita el trágico escenario de Madre de Dios.  Las organizaciones indígenas consideran que es ahora el momento adecuado para suspender el otorgamiento de más concesiones mineras y restituir la extensión inicial acordada en 2004 del Parque en la Cordillera del Cóndor como área natural protegida. Si bien la empresa insiste en la titularidad directa e indirecta de varias concesiones mineras en esta cordillera, aún no inicia los trámites necesarios para la explotación de oro a tajo abierto que se había proyectado en la zona.
Cajamarca cuenta con el 40,2% de su territorio concesionado a la industria minera. Esta región mantiene una participación estelar en la cartera de inversiones mineras ocupando el tercer lugar en el ranking. Además registra un gran número de conflictos, el 92% de ellos por causas socioambientales, mayoritariamente relacionados con la actividad minera. Sin duda, el conflicto más importante sigue siendo el del proyecto Minas Conga. Como se sabe, el proyecto pretende explotar dos depósitos con contenido de cobre, oro y plata, afectando todo un sistema de lagunas alto andinas, lo que ha provocado el rechazo y reacción de la población al mismo. En abril se retomaron las movilizaciones, y en mayo la DINOES intervino a un grupo de personas. En ese mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las medidas cautelares sobre el caso Conga solicitadas por varias organizaciones. Este organismo exige al Estado peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de líderes cuya vida e integridad personal están amenazadas y en riesgo. Además, la detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha causado sorpresa y preocupación, y se especula que es una suerte de “sanción” por oponerse al proyecto Conga.
Piura, con el 30,6% de su territorio concesionado, figura entre las regiones con mayor conflictividad socioambiental. En el semestre, los principales casos de conflicto están vinculados a la creciente presencia de la actividad minera informal, sobre todo en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca; y en el distrito de Las Lomas, en Piura; lo que está generando un clima de inseguridad y violencia entre los comuneros, y está afectando las actividades tradicionales de la zona, como es la agricultura. Aunque no hay cifras oficiales, la minería ilegal instalada en el distrito de Suyo, produciría aproximadamente 8 mil kilos de oro al año. Los dirigentes de los mineros de La Servilleta, en Suyo, participaron con una delegación en la protesta nacional denominada Marcha Minera de los Cuatro Suyos, realizada en el mes de marzo y que llegó a la ciudad de Lima. Asimismo, dos casos han marcado la agenda en esta región: el proyecto Tambogrande y el de Río Blanco. En ambos casos, luego de situaciones de enfrentamiento entre la población y los promotores de proyecto, las organizaciones sociales y las autoridades municipales organizaron procesos de consulta que mostraron con claridad y contundencia el rechazo a los respectivos proyectos.
 
Finalmente, Lambayeque no es una región que haya estado vinculada a la actividad minera en el país, pero han avanzado las actividades de exploración en los últimos años (25% del territorio concesionado a la minería).  Sin duda, el caso más conocido es el del proyecto Cañariaco, ubicado en el distrito de Cañaris. Se ha convertido en un caso relevante porque se trata de una comunidad campesina, reconocida formalmente como indígena, que reclama su derecho a la consulta previa, libre e informada frente a la posibilidad que se desarrolle el proyecto minero. Además de la ausencia de un proceso de consulta, existen serios cuestionamientos a los permisos del uso del terreno superficial. Del otro lado, la denuncia de la comunidad de San Juan Cañaris presentada a la CIDH se encuentra en trámite y ya ésta habría remitido al Estado para que realice sus descargos. En cuanto a la Mesa de Desarrollo instalada desde enero de 2013 y que ha concluido en marzo de 2014, el Gobierno dio por concluida su labor; sin embargo, ha mostrado esta mesa serias limitaciones que han puesto de manifiesto la ausencia de una perspectiva de desarrollo local y clara situación de relación asimétrica entre los actores.

OCM: “El Paquete Económico Ambiental recuerda a los Decretos Legislativos que desencadenaron el Baguazo”

ü  La Macro región sur concentra más del 35% de los conflictos sociales, en su mayoría vinculados a la minería, reporta el 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
ü  Esta región además, concentra la mitad de inversiones mineras en el país.
 
La aprobación del Paquete Económico Ambiental por el Ejecutivo el pasado 18 de junio ha hecho saltar todas las alarmas  en  materia de protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas. Desde OCM se alerta de que esta medida “recuerda a los Decretos Legislativos que desencadenaron el Baguazo”. Además,  José De Echave, investigador de CooperAcción, añade que “el paquete apunta a debilitar, casi al nivel de lo absurdo, regulaciones ambientales y toda la institucionalidad que se había intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años”.
 
Este Proyecto de Ley  establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país; debilita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que  el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función principal que es la de sancionar por tres años. Asimismo,  el MINAM ya no podrá crear áreas naturales protegidas, tampoco fijará los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos Permisibles.
 
Este paquete  es una  respuesta  a las presiones de los círculos empresariales que desataron una fuerte campaña desde el año pasado,  señalando que la economía del país se está desacelerando, incluida la minería. Sin embargo, no se puede ser tan categórico en el caso de este sector: las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que las inversiones en minería se incrementaron un 18% entre el año 2011 y 2012, superando en el 2013 los US$ 9,700 millones.
 
Uno de los conflictos más relevantes que destaca el Informe del OCM es el de los mineros informales y la organización denominada Marcha de los Cuatro Suyos. A pesar del nuevo Decreto Supremo que se promulgó el 20 de abril, por el cual el Gobierno ha puesto en marcha la llamada Etapa de Saneamiento; lo cierto es que los problemas estructurales que han minado hasta ahora el proceso de formalización minera se mantienen y plazos más o menos flexibles no garantizan mayor efectividad (la nueva estrategia tiene como objetivo final el año 2016).
 
Respecto a las estrategias de los principales actores pareciera que se aprecia un cambio. “Las estrategias de las poblaciones en casos emblemáticos como Conga, parecen ser de mantenimiento y resistencia, como ocurre en los Guardianes de las Lagunas en las alturas de Celendín y Bambamarca”, explicó José de Echave. Por otro lado, las empresas “buscan recuperar de manera más rápida, posiciones e iniciativas en los territorios para relanzar sus proyectos, es el caso de Conga o  Tía María”, añadió.
 
Los conflictos mineros se desplazan hacia el sur andino
Otra de las particularidades que marcan este momento  en el sector es la reducción del número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido. “No es la primera vez que se produce una caída en el número de conflictos, por ejemplo, entre julio de 2009 y junio de 2011 también hubo un descenso.  Desde OCM pensamos que las bases objetivas que explicaban el aumento de conflictos vinculados a las actividades mineras no han cambiado”, explica el experto. De Echave puntualiza que el calendario electoral tiene una influencia notable en este nuevo panorama pues “lograr alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central para las empresas mineras”. Pablo Sánchez, de Grufides, alertó de que los conflictos sociales se van a agravar tras la aprobación de estas medidas que debilitan aún más la institucionalidad ambiental. Asimismo, denunció el secretismo con el que se han llevado a cabo las negociaciones del convenio minero  entre Alemania y Perú para que éste abastezca a la industria germana de minerales.
 
Ahora bien, la balanza ha girado hacia el sur andino: Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país, la gran mayoría vinculados a la minería; siendo además la macro región sur la que concentra el 53% de inversiones en este rubro del país. De entre ellas, Apurímac encabeza la lista de regiones con mayor número de conflictos socioambientales (64% del total) y con un 68% de su territorio concesionado a la minería. Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal.
Algunos hechos que ,sin duda, marcarán la agenda en esta región en los próximos años son: en primer lugar, la concreción de la venta del proyecto Las Bambas a la empresa china Minmetales por US$ 5,850 millones, y en segundo lugar, el anuncio de una nueva modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas.
 
Menos conflictos
La macro región centro- que comprende las regiones de Junín y Pasco- muestra el renacer de un dinamismo productivo en minería con problemas ambientales que se arrastran. En La Oroya, durante los cuatro primeros meses del 2014, la cantidad de dióxido de azufre registrada en la Estación Sindicato (en la Oroya Antigua)  confirma que el promedio mensual sobrepasa los estándares de calidad ambiental. La reciente noticia de que Doe Run paraliza una parte de sus operaciones por la falta de acuerdos comerciales con proveedores no hacen más que poner de manifiesto los problemas financieros y laborales de esta corporación, que están llegando a un punto crítico. Doe Run Peru (DRP), dueña del Complejo, en su intento por salir de la crisis continúa apostando por la reestructuración, aunque ello le cueste la oposición de los trabajadores. Además, el pasado 10 de junio la Junta de Acreedores de DRP ha aprobado finalmente el plan de venta-prevista para el 8 de diciembre- del complejo de La Oroya y la mina de Cobriza, presentado por el banco de inversión suizo UBS.
 
Finalmente,  en la macro región norte Cajamarca, Piura y ahora también Amazonas y Lambayeque son casos representativos de varios ejes centrales de la conflictividad social vinculada a la minería en los últimos años. De entre ellas, Cajamarca- con el 40,2% de su territorio concesionado a la industria minera- mantiene una participación estelar en la cartera de inversiones mineras ocupando el tercer lugar en el ranking. Además registra un gran número de conflictos, el 92% de ellos por causas socioambientales, mayoritariamente relacionados con la actividad minera. Sin duda, el conflicto más importante sigue siendo el del proyecto Minas Conga. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las medidas cautelares sobre el caso Conga solicitadas por varias organizaciones. Este organismo exige al Estado peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de líderes y lideresas cuya vida e integridad personal están amenazadas y en riesgo. Además, la detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, -candidato a la reelección- ha causado sorpresa y conmoción, y se especula que es una suerte de “sanción” por oponerse al proyecto Conga.
Consulta previa
Pese a que la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, declaró que sí habría consulta previa en zonas andinas y sobre minería, lo que podría llevar a pensar que amortiguaría la conflictividad social; lo cierto es que existe la problemática de fondo sobre la medida que se consulta a través de este mecanismo. “En el tema minero se está consultando la autorización de inicio de operaciones para actividades de beneficio, exploración y explotación, es decir, se consulta el último permiso, que es poco relevante; dejan fuera de la consulta las decisiones que realmente van a ser trascendentales para la vida de los pueblos indígenas, como es el Estudio de Impacto Ambiental”, afirmó Ana Leyva, de CooperAcción.

miércoles, 2 de julio de 2014

Un año alfombrando las calles de rojo por los derechos de las mujeres


  • Celebran la aprobación del protocolo para el aborto terapéutico, pero luchan porque el aborto sea libre, seguro y gratuito.

Un año tiñendo de rojo las calles de Lima, del Perú, e incluso de otros países. Los cuerpos de  mujeres y hombres, vestidos con ropas de color bermejo,  se suceden hasta formar una larga alfombra para defender los derechos de las mujeres. En su primer aniversario, el movimiento realizó un balance de sus logros, demandas y pronunciamientos.
 
Celebran la promulgación del protocolo para el aborto terapéutico 90 años después de su aprobación. “Más de 100 mujeres al año afrontan embarazos que ponen en riesgo su vida”, señaló María Ysabel Cedano, coordinadora de la Alfombra Roja. Sin embargo, su horizonte final es lograr que el aborto sea libre, seguro y gratuito. Respecto a las voces conservadoras que critican su aprobación, la también directora de Estudios para la Defensa y los Derechos de la Mujer-Demus, recuerda que “hay que separar la religión  de la política.  La promulgación de esta guía responde al cumplimiento de los derechos humanos”.
 
Asimismo, Alejandra Ballón, fundadora de la Alfombra Roja, aseguró que el caso de las mujeres víctimas de la esterilización forzada son una prioridad para este movimiento. “Se trata de un crimen de lesa humanidad, y no ha habido aún una investigación a cabalidad sobre este caso. Además, tenemos una deuda social frente a estas mujeres”. 
 
Parwa Oblitas, coordinadora de este movimiento, afirma que le indigna las contradicciones que existen en relación al tema de la maternidad, y que finalmente, muestran los límites que se imponen al cuerpo de las mujeres. Oblitas explica que, por una parte, se practicaron durante el fujimorismo las esterilizaciones forzadas, decidiendo quién tenía o no derecho a ser madre, y por otra, se penaliza el aborto, salvo por razones terapéuticas (reconocido en 1924). “Es un derecho de la mujer decidir si quiere ser madre o no. Quiero a mi útero libre”, declara.
 
Una nueva ruta en materia de derechos de las mujeres
El detonante para que surgiera esta iniciativa fue la inminente aprobación por el Congreso del dictamen que modificaba el Código de Niñas, Niños y Adolescentes en junio del año pasado. Este  texto, que hoy día se encuentra paralizado,  eliminaba la obligación del Estado de ofrecer una educación sexual en las escuelas bajo el argumento de que correspondía únicamente a madres y padres de familia. Asimismo, privilegiaba los derechos del concebido por encima del de la mujer. Esto, sumado a la penalización que existe del aborto en el país, y la dificultad de acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo de la anticoncepción oral de emergencia, en especial para las mujeres más pobres, fue la causa que desencadenó esta iniciativa.
Desde entonces, se  han tendido en el suelo para que no se pisoteen los derechos políticos de las mujeres, el derecho de una mujer a decidir si quiere o no ser madre, en contra del feminicidio, por las víctimas de la esterilización forzada, en favor de la Unión Civil.
 
“Es una alfombra roja porque tradicionalmente se usaba para señalar la ruta que el Gobierno debía seguir, se trata con ello de enseñarle un nuevo rumbo. Simboliza la lucha permanente por los derechos de las mujeres.  Además, el rojo, era antiguamente un símbolo de poder. Se trata de devolver el poder político y económico al cuerpo de las mujeres”, explica Alejandra Ballón. “Como diría Vallejo-añade- es un estruendo mudo”.