ü La Macro región sur
concentra más del 35% de los conflictos sociales, en su mayoría vinculados a la
minería, reporta el 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el
Perú.
ü Esta región además,
concentra la mitad de inversiones mineras en el país.
La
aprobación del Paquete Económico Ambiental por el Ejecutivo el pasado 18 de
junio ha hecho saltar todas las alarmas
en materia de protección ambiental
y derechos de los pueblos indígenas. Desde OCM se alerta de que esta medida
“recuerda a los Decretos Legislativos que desencadenaron el Baguazo”.
Además, José De Echave, investigador de
CooperAcción, añade que “el paquete apunta a debilitar, casi al nivel de lo
absurdo, regulaciones ambientales y toda la institucionalidad que se había
intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la
creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años”.
Este Proyecto de
Ley establece un conjunto de medidas
tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión en el país; debilita las funciones del Ministerio
del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará
temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función
principal que es la de sancionar por tres años. Asimismo, el MINAM ya no podrá crear áreas naturales
protegidas, tampoco fijará los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos
Permisibles.
Este paquete
es una respuesta a las presiones de los círculos empresariales
que desataron una fuerte campaña desde el año pasado, señalando que la economía del país se está
desacelerando, incluida la minería. Sin embargo, no se puede ser tan categórico
en el caso de este sector: las cifras oficiales del Ministerio de Energía y
Minas muestran que las inversiones en minería se incrementaron un 18% entre el
año 2011 y 2012, superando en el 2013 los US$ 9,700 millones.
Uno
de los conflictos más relevantes que destaca el Informe del OCM es el de los
mineros informales y la organización denominada Marcha de los Cuatro Suyos. A
pesar del nuevo Decreto Supremo que se promulgó el 20 de abril, por el cual el
Gobierno ha puesto en marcha la llamada Etapa de Saneamiento; lo cierto es que
los problemas estructurales que han minado hasta ahora el proceso de
formalización minera se mantienen y plazos más o menos flexibles no garantizan
mayor efectividad (la nueva estrategia tiene como objetivo final el año 2016).
Respecto
a las estrategias de los principales actores pareciera que se aprecia un cambio.
“Las estrategias de las poblaciones en casos emblemáticos como Conga, parecen
ser de mantenimiento y resistencia, como ocurre en los Guardianes de las
Lagunas en las alturas de Celendín y Bambamarca”, explicó José de Echave. Por
otro lado, las empresas “buscan recuperar de manera más rápida, posiciones e
iniciativas en los territorios para relanzar sus proyectos, es el caso de Conga
o Tía María”, añadió.
Los conflictos mineros se desplazan hacia el sur andino
Otra de las particularidades que marcan este
momento en el sector es la reducción del
número de conflictos así como
su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros)
no se han reproducido. “No es la primera vez que se produce una caída en el
número de conflictos, por ejemplo, entre julio de 2009 y junio de 2011 también
hubo un descenso. Desde OCM pensamos que
las bases objetivas que explicaban el aumento de conflictos vinculados a las
actividades mineras no han cambiado”, explica el experto. De Echave puntualiza
que el calendario electoral tiene una influencia notable en este nuevo panorama
pues “lograr alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central para
las empresas mineras”. Pablo Sánchez, de Grufides, alertó de que los conflictos
sociales se van a agravar tras la aprobación de estas medidas que debilitan aún
más la institucionalidad ambiental. Asimismo, denunció el secretismo con el que
se han llevado a cabo las negociaciones del convenio minero entre Alemania y Perú para que éste abastezca a
la industria germana de minerales.
Ahora
bien, la balanza ha girado hacia el sur andino: Apurímac, Puno, Arequipa,
Moquegua, y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se
producen en el país, la gran mayoría vinculados a la minería; siendo además la
macro región sur la que concentra el 53% de inversiones en este rubro del país.
De entre ellas, Apurímac encabeza la lista de regiones con mayor número de
conflictos socioambientales (64% del total) y con un 68% de su territorio
concesionado a la minería. Entre las principales causas de conflictos destacan
temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento
de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de
tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal.
Algunos
hechos que ,sin duda, marcarán la agenda en esta región en los próximos años
son: en primer lugar, la concreción de la venta del proyecto Las Bambas a la
empresa china Minmetales por US$ 5,850 millones, y en segundo lugar, el anuncio
de una nueva modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas.
Menos conflictos
La
macro región centro- que comprende las regiones de Junín y Pasco- muestra el
renacer de un dinamismo productivo en minería con problemas ambientales que se
arrastran. En La Oroya, durante los cuatro primeros meses del 2014, la cantidad
de dióxido de azufre registrada en la Estación Sindicato (en la Oroya
Antigua) confirma que el promedio
mensual sobrepasa los estándares de calidad ambiental. La reciente noticia de
que Doe Run paraliza una parte de sus operaciones por la falta de acuerdos
comerciales con proveedores no hacen más que poner de manifiesto los problemas
financieros y laborales de esta corporación, que están llegando a un punto
crítico. Doe Run Peru (DRP), dueña del Complejo, en su intento por salir de la
crisis continúa apostando por la reestructuración, aunque ello le cueste la
oposición de los trabajadores. Además, el pasado 10 de junio la Junta de
Acreedores de DRP ha aprobado finalmente el plan de venta-prevista para el 8 de
diciembre- del complejo de La Oroya y la mina de Cobriza, presentado por el
banco de inversión suizo UBS.
Finalmente, en la macro región norte Cajamarca, Piura y
ahora también Amazonas y Lambayeque son casos representativos de varios ejes
centrales de la conflictividad social vinculada a la minería en los últimos
años. De entre ellas, Cajamarca- con el 40,2% de su territorio concesionado a
la industria minera- mantiene una participación estelar en la cartera de
inversiones mineras ocupando el tercer lugar en el ranking. Además registra un
gran número de conflictos, el 92% de ellos por causas socioambientales,
mayoritariamente relacionados con la actividad minera. Sin duda, el conflicto
más importante sigue siendo el del proyecto Minas Conga. En abril, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las medidas
cautelares sobre el caso Conga solicitadas por varias organizaciones. Este
organismo exige al Estado peruano que adopte una serie de medidas para
garantizar la vida y la integridad de líderes y lideresas cuya vida e
integridad personal están amenazadas y en riesgo. Además, la detención del
presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, -candidato a la reelección-
ha causado sorpresa y conmoción, y se especula que es una suerte de “sanción”
por oponerse al proyecto Conga.
Consulta
previa
Pese a que la viceministra de Interculturalidad,
Patricia Balbuena, declaró que sí habría consulta previa en zonas andinas y
sobre minería, lo que podría llevar a pensar que amortiguaría la conflictividad
social; lo cierto es que existe la problemática de fondo sobre la medida que se
consulta a través de este mecanismo. “En el tema minero se está consultando la
autorización de inicio de operaciones para actividades de beneficio,
exploración y explotación, es decir, se consulta el último permiso, que es poco
relevante; dejan fuera de la consulta las decisiones que realmente van a ser
trascendentales para la vida de los pueblos indígenas, como es el Estudio de
Impacto Ambiental”, afirmó Ana Leyva, de CooperAcción.
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