viernes, 31 de enero de 2014

“Un modelo extractivista es una amenaza para los pueblos indígenas”

Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) analiza la situación y el estancamiento del proceso de la consulta previa en el Lote 192, anunciado por el Gobierno hace más de un año.
 
P.- Ha pasado más de un año desde que el Gobierno anunciara que se realizaría la consulta previa en el Lote 192, sin embargo, aún no se ha realizado y el proceso está actualmente estancado. ¿Por qué?
R.- Los pueblos indígenas y sus organizaciones han planteado con todo derecho y legitimidad que antes de iniciar un proceso de consulta se atiendan las demandas relacionadas con los 40 años de actividad petrolera. Y ahí es donde se ha producido este estancamiento del proceso y por eso no se ha iniciado hasta ahora porque en la práctica no se ha tomado ninguna medida concreta. Estas poblaciones siguen bebiendo agua contaminada y sufriendo los impactos de la actividad petrolera.
Creo que no se tuvo en cuenta que se trataba de una zona donde lo más importante y principal a resolver era toda esta carga histórica de la actividad petrolera y los impactos que ha tenido y sigue teniendo hasta el momento. Durante 40 años se han producido muchos impactos de carácter cultural, social y  económico que nunca han sido atendidos, ni reparados, ni tomados en cuenta por el Estado Peruano. Y eso es lo más importante cuando se plantea un proceso de consulta.
 
 P.- Si no se tuvo en cuenta por parte del Ejecutivo esta carga histórica, ¿Considera que desde el Gobierno se tomó esta consulta previa como un mero trámite administrativo?
R.- Creo que ha habido desde el Gobierno la idea de que la consulta previa era un proceso que se podía resolver tan solo diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos, materiales que se pueden obtener de la actividad petrolera, en este caso, sin tomar en cuenta que la cosmovisión y la forma de relación que tienen los pueblos indígenas respecto a su territorio es completamente diferente a cómo la sociedad occidental y en este caso, el Ejecutivo ve y valora el territorio. Mientras que, para el Gobierno la intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios: ganancias materiales, recursos económicos, inversión…Para los pueblos indígenas el territorio constituye un espacio a partir del cual se estructura toda su vida, su identidad cultural,  y se asegura la reproducción de las sociedades indígenas.
Lo importante aquí es señalar que la consulta es un derecho de los pueblos indígenas, no es un favor del Estado, y que este derecho tiene que ser implementado a través de los procesos de consulta. Creo que el Gobierno tiene mucho interés en que estos procesos se lleven a cabo de manera rápida, como un trámite rápido, cumpliendo los plazos rígidamente que plantea la ley y también hay un cierto interés en que se lleguen a acuerdos previos entre las comunidades donde se va a hacer una actividad extractiva  y las empresas, de tal modo que ya no haya necesidad de que se haga proceso de consulta. Dentro del Gobierno hay un sector, que creo que es mayoritario y que tiene más peso, que sigue viendo la consulta previa como un obstáculo para las inversiones. Esto coincide con la presión que ejercen algunos gremios empresariales.
 
P.- ¿Por qué en el Lote 169 sí se ha llevado a cabo un proceso de consulta previa y en el Lote 192 no? ¿Qué diferencias hay?
R.- Se tratan de dos realidades diferentes. El Lote 192 es una realidad mucho más compleja por todos los elementos históricos, los desencuentros, los desengaños y los impactos que a nivel social y ambiental se vienen produciendo ahí desde hace mucho tiempo. Y en el Lote 169 no hay esta historia previa y la realidad de las organizaciones indígenas es distinta. Por una parte, las organizaciones del Lote 192 han tenido la capacidad para analizar, evaluar y plantear una estrategia de relación con el Estado que ha tenido logros importantes: la formación de comisiones ambiental, social, la declaratoria de emergencia, el mismo hecho de evitar que primero se haga la licitación y después la consulta previa haciendo que el Gobierno se replante su posición. Mientras, las organizaciones del Lote 169 no tienen la fortaleza y la trayectoria que tienen las del Lote 192.
 
P.- En base a ello, ¿considera que la Consulta Previa se implementa en aquellos lugares donde el Gobierno confía en que no haya un desencuentro? Y añadido a ello, el hecho de que por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos se realice la consulta tras el proceso de licitación, ¿Qué capacidad de decisión les queda a los pueblos indígenas?
R.-No creo que lo haga especialmente en aquellos lugares donde pueda resultar más fácil, porque creo que las consultas también están en función de los nuevos proyectos que se quieren implementar- el Gobierno ha anunciado más de 20 procesos de consulta en lotes petroleros-, pero también están en función de la necesidad de obtener petróleo, para tener una mayor producción. Como sabemos la producción petrolera en el Perú es muy pequeña y la cantidad de crudo que se necesita exportar para cubrir la demanda interna es todavía muy alta. Es una realidad y creo que el Gobierno debe de seguir buscando nuevas fuentes de energía, pero esta búsqueda tiene que hacerse cumpliendo estándares internacionales y nacionales, cumpliendo regulaciones y leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas que son los que viven en los territorios donde están estos recursos.
Por ello considero que en estos procesos de consulta lo que debe primar es el espíritu del Convenio 169 para resolver las ambigüedades que pueda tener la Ley de Consulta. Los pueblos indígenas en un proceso de consulta pueden no llegar a un acuerdo con el gobierno que está haciendo la consulta. Ante una situación así, y de acuerdo a la ley, el Estado es quien tiene la atribución para decidir si continúa o no con ese proyecto, pero si el gobierno decide continuar con una actividad tiene la obligación de explicar y demostrar cómo -aún cuando va a continuar con un proyecto- va a garantizar la vida de los pueblos indígenas y minimizar o evitar los impactos negativos que pongan en riesgo los derechos de los pueblos indígenas. Simultáneamente, ellos pueden recurrir a instancias de nivel nacional o  internacional para suspender el proyecto.
 
P.- El contrato de concesión de Pluspetrol sobre el Lote 192 vence en 2015, sin embargo, aún no ha realizado una consulta previa. ¿Es una estrategia del Gobierno evitar esta consulta para tratar de renovar el contrato?
R.- El contrato vence ya para 2015 y por lo tanto el Gobierno tiene que apurarse en implementar un proceso de consulta pero para hacerlo, las organizaciones indígenas de la zona han planteado unas condiciones. Simultáneamente, hay una presión cada vez más fuerte de los sectores empresariales. Todas estas piezas hacen pensar que el Gobierno podría-porque ya ha pasado más de  un año y no se ha avanzado prácticamente nada-tomar la decisión de que no se haga ninguna consulta y extender el contrato que tiene actualmente Pluspetrol y continuar con la actividad sin necesidad de un proceso de consulta. Esto según los abogados es muy difícil porque existe una normatividad que impide esto, pero ante una situación como la que estamos viviendo y la importancia que tiene este lote para el país y la incapacidad del Gobierno para atender las demandas legítimas y justas que plantean las organizaciones indígenas de la zona, se podría dar esta “salida” o “solución” por parte del Ejecutivo para  garantizar la producción petrolífera Se trata de un lote estratégico para el Perú- representa casi el 12% de la producción a nivel nacional-porque si se dejase de explotar, se paralizaría la industria en el país, se paralizaría el país en realidad.
 
P.- Se declaró la emergencia ambiental en tres de las cuatro cuencas pero el Estado no tomó medidas que mejoraran sustancialmente su calidad de vida, y además la posibilidad de que cumpla con las condiciones mínimas que exigen las comunidades indígenas está en el aire. ¿Qué calidad de vida y perspectivas les  espera entonces a las comunidades indígenas del Lote 192?
R.- Las perspectivas son muy negativas porque si no hay siquiera la capacidad para atender las demandas que están planteando las organizaciones indígenas por los daños producidos hace 40 años, no existe ninguna posibilidad de que se atiendan las demandas que ahora tienen los pueblos indígenas en esta zona. Sería muy grave que el Gobierno rompa el diálogo o que recurra a la extensión del contrato para que ya no haya necesidad de hacer consulta. Las organizaciones indígenas en estas zonas hasta el momento han tenido una capacidad de respuesta-y siguen teniendo- pacífica, empleando todos los recursos legales que el mismo Estado ha aprobado. Pero creo que también estas organizaciones estarían dispuestas a defender su territorio y sus derechos con medidas que puedan ser ya más de fuerza. Creo que se generaría una situación de ingobernabilidad, muy conflictiva, de escalamiento del conflicto a una situación muy grave que podría ser inmanejable.
 
P.- ¿Tiene el Gobierno un compromiso real con los derechos de los pueblos indígenas?
R.- Yo no veo un compromiso claro o serio por parte del Gobierno. El Ejecutivo está más interesado en hacer que se aprueben las actividades extractivas que se quieran realizar en esta zona, está apurado porque la consulta se haga cumpliendo los plazos establecidos y llegando a acuerdos para que se permita la actividad extractiva en el Lote 192. No está mirando con suficiente realismo las demandas que se han planteado por parte de los indígenas y tampoco está teniendo en cuenta la cosmovisión de los indígenas sobre el territorio. El Gobierno pienso que está equivocado. Es difícil que se atienda al 100% las demandas que plantean los pueblos indígenas en estas zonas, pero creo que haría bien en identificar cuáles son las demandas y problemas críticos, para plantear medidas concretas, de tal modo que se genere un marco de confianza que no existe. Creo que lo más difícil en el Lote 192 es generar confianza a los pueblos indígenas que, durante 40 años han sufrido los impactos de esta explotación petrolera, y han tenido experiencias de frustración y engaño por parte de las autoridades que han gobernado el país. Eso es lo que debería hacerse, y no estar pensando en una salida que desconozca el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, y priorice la viabilidad económica y la inversión privada antes que la sostenibilidad ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
 
P.- ¿Considera que la Ley de Consulta Previa y su reglamento desvirtúa el contenido del Convenio 169 de la OIT?
R.- Sí, en todo caso, no recoge totalmente el espíritu del Convenio 169 de la OIT, que sí es mucho más claro. Pero también  el tema de fondo tiene que ver con el modelo de crecimiento y de desarrollo que prioriza el gobierno y el Estado en los últimos 20 años basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas. Por otro lado, existe un afán, en este Gobierno sobre todo, de respetar los derechos de los pueblos indígenas. La pregunta sería: ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo-absolutizando la extracción de recursos naturales que están en territorio indígena-, y a la vez respetar derechos de los pueblos indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no, porque el gobierno no ha sabido resolver esta situación. Me da la impresión de que ya el Gobierno a estas alturas  ha optado por priorizar el crecimiento económico y supeditar los derechos a las necesidades económicas. Sin embargo, el Ejecutivo debiera encontrar otra salida.
¿Es necesario explotar recursos naturales? Sí, es necesario. ¿Es necesario obtener petróleo y minerales para el desarrollo de país? Sí, es necesario. Pero también es fundamental que se respeten los derechos de los pueblos que viven en esos territorios donde están esos recursos. El Gobierno tiene la obligación ética, moral y política de encontrar una solución a esto: respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo, y a la vez también buscar cómo obtener recursos para la energía que necesite el país.
 
P.- ¿Se necesita una reorientación de la política económica del país?
R.- Claro que sí, porque un modelo económico y de crecimiento que está totalmente supeditado a la extracción de recursos es un modelo que está condenado a tener conflictos muy serios, con situaciones de ingobernabilidad muy serios, sobre todo porque los pueblos indígenas y sus organizaciones van a exigirle al gobierno que respete sus derechos y porque en algún momento estos recursos se van a terminar, porque son no renovables.
Si bien el Gobierno ha dicho que quiere diversificar la economía, lo cierto es que no se percibe nada en concreto. La minería y el petróleo siguen siendo los sectores a partir de los cuales, el gobierno, mide el crecimiento del país. Este modelo es una amenaza que va a estar siempre sobre los pueblos indígenas.
Ese es un tema de fondo que necesita resolverse y que no tenemos por lo menos ni a corto ni a mediano plazo una solución. Lo que queda ahora entonces en esta coyuntura es tratar de defender y exigir el cumplimiento de los derechos de los indígenas y vigilar y hacer incidencia política para que los procesos de consulta se den de acuerdo a lo que establece la ley y especialmente, el Convenio 169 de la OIT.
 
Por Nylva Hiruelas

miércoles, 29 de enero de 2014

Sociedad civil exige justicia y reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus. La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima,  a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca,  que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.
 
El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, “hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal”. Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.
 
Y por último, la consideración de que se han  fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más de 2 mil  mujeres que  han contado cómo han sido “engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas”, explica Salazar.
 
“Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!”, es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil  tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001. Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. “Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?”, se pregunta indignada.
 
 
Mientras la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. “Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas”, dice.
 
“El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de  las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.”, explica Mariel Távara, responsable de línea psicológica de Demus.
 
“En estos 17 años mi vida ha sido duro, no poder ser madre fue una frustración muy grande. Nuestro testimonio debe valer mucho más que un papel. Nosotras solamente queremos justicia, y es indignante que siempre tengamos que estar pidiendo por favor la justicia”, se lamenta Victoria Vigo víctima de la esterilización forzada.
 
“La decisión de archivamiento es contraproducente, porque el espíritu de reapertura del caso es contrario a lo que se ha decidido, y abusiva, porque se juzga como si los responsables hubieran sido los médicos, cuando todos sabemos que ha sido una política nacional cuyo responsable fue el mismo gobierno de Fujimori y sus ministros”, señala Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, otra víctima mortal de las 18 que se han registrado por esta causa.
 
Así, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDHH) y Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer) demandaron justicia y reparación a las víctimas tras la presentación de la acción legal emprendida ante la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicado.
 
“A dos años y medio del gobierno de Ollanta Humala y frente a su compromiso con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas demandamos al Ejecutivo reparación a todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscando justicia. “No vamos a dejar que estos delitos de lesa humanidad queden impunes”, finalizó María Ysabel Sedano directora de Demus.
 
Dato:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso de esterilizaciones forzadas.

Medios y poder económico


Escribe Pedro Francke
80 por ciento de la prensa escrita en manos de una sola familia, que además es dueña de un par de canales de televisión, ha suscitado la crítica hasta de Mario Vargas Llosa.
 
Como nuestro Premio Nobel, varios defensores del “libre mercado” han reconocido que los medios de comunicación no son lo mismo que las papas o los colchones. La democracia está afectada por El Comercio y su acaparamiento de diarios.
 
Un elemento central, sin embargo, está siendo dejando de lado en el debate actual sobre la concentración monopólica de los medios de comunicación: el signo político en defensa del modelo económico que tiene El Comercio.
 
Lo imposible
¿Se puedo usted imaginar, amable lector, una situación en nuestro país en la que esos medios monopolizados tuvieran un claro tono socialista?
 
¿Le parece factible que los titulares que dominan centenares de puestos de periódicos estén algún día dedicados a respaldar a los sindicatos frente al abuso de sus empleadores?
 
¿Existe la posibilidad que haya en una semana cuatro o cinco editoriales de diarios diciendo que no puede considerarse válida una consulta de un proyecto minero como Tía María, donde 2 mil páginas del Estudio de Impacto Ambiental se le dan a la gente con apenas una semana para leerlo y luego se mandan 500 policías a impedir que los opositores participen en la asamblea local?
 
¿Podríamos acaso, en este Perú de hoy, tener una mayoría de periódicos diciendo que el Presupuesto 2014 sigue destinando miserias a la salud y la educación y que eso se debe a que no se quiere cobrar impuestos a quienes concentran la riqueza?
 
¿O que tal vez, más modestamente, sea noticia de primera plana el fracaso de la COP 20, la pre-cumbre del cambio climático, y que caminamos a que este año 2014 Perú sea la sede de otra reunión fracasada mientras el mundo sigue avanzando sin parar hacia una catástrofe ambiental?
 
¿Podría por lo menos esa concentración de medios hacer una prensa realmente independiente, que trate de presentar los hechos lo más objetivamente posible, que de espacio a las diversas corrientes de opinión, que tenga una agenda que se corresponda con la importancia social de los acontecimientos?   
 
La verdad es que no. Son escenarios imposibles.
Debemos preguntarnos entonces ¿Por qué no? ¿Por qué es imposible?
¿Es por pura casualidad, porque así se jugaron los dados del destino? Si en el Perú también hay izquierdistas, también hay pensadores sociales, también hay defensores de los derechos humanos, ¿por qué no podría ser uno de ellos quien resulte propietario de este monopolio de medios de comunicación escrita?
 
¿Por qué no es posible?
 
Economía política
La respuesta está en la relación entre la economía y la política. Quienes con justeza critican la concentración de los medios como Vargas Llosa, Rosa María Palacios o Álvarez Rodrich desde una defensa liberal de la democracia, no ven esta conexión. Les parece irrelevante que el grupo El Comercio que concentra los medios, defienda a rajatabla y a grito pelado un modelo económico que ha generado hiperconcentración de la riqueza. Como si fuera pura coincidencia. Casualidad nomás.
 
Pero no es casualidad. Porque si lo fuera, sería imaginable que las cosas fueras distintas, que los medios concentrados tuvieran una postura más social. Sería imaginable que los dados del destino puedan ser tirados diferentes y en vez de 5 salga un 8. Pero no es así: los dados están cargados.
 
Cuando se pone a la venta el diario Correo y los demás medios del grupo EPENSA, como ha reconocido Fritz Du Bois, los poderosos de la economía recordaron una decisión que habían tomado: “no podemos permitir que se repita el 2011”. ¿Cómo? ¿Cuál es la conexión? ¿De qué estamos hablando?
 
Pues sí, luego de domesticar a “cosito” y asegurarse de que no iba a tocar el modelo neoliberal, perdón sus bolsillos, perdón el modelo que llena sus bolsillos, la cúpula de la CONFIEP decidió que no querían pasar nuevamente un susto como el que les dio Ollanta. Lo domesticaron fácil, pero eso no lo sabían de antemano: estuvieron asustados. Por eso le tienen tanta ley al domesticador mayor, don Luis Miguel Castilla.
 
Para evitarse el susto, o para decirlo de otra manera, para asegurarse que los candidatos con posibilidades del 2016 sean solamente aquellos fieles al modelo neoliberal, decidieron que no podían dejar abierta ninguna ventana por donde pudiera colarse alguna crítica. La República considerada demasiado peligrosa.
 
Es evidente, hecho el análisis, que la compra de Correo por El Comercio no fue solamente un asunto comercial, no fue sólo un grupo económico ganándole a otro en los negocios. Fue un operativo político. En este operativo, El Comercio no es solamente un grupo dedicado a los medios de comunicación: es quien asegura una línea política, quien critica cualquier idea izquierdista luego de deformarla, quien inventa infundios contra potenciales candidatos progresistas y defiende a Cipriani, quien machaca todos los días que el libre mercado es lo mejor y que el estado debe dejar a las empresas libres para hacer lo que quieran.
 
No sé cuánto cobraron los Agois, padre, esposa, hijo político o quien sea, por Epensa y el Correo, pero lo más probable es esto: pudieron haber cobrado mucho más. Ellos estaban vendiendo  diarios y revistas, mientras por el otro lado se estaban comprando posibilidades de ser gobierno. En el Perú de hoy las grandes empresas mineras y bancos están haciendo mucha plata, y eso es lo que estaba en juego al final del camino.
 
Varias teorías
Daron Acemoglu y James Robinson, los autores de “¿Por qué fracasan los países?”, dirían que en este caso instituciones económicas extractivistas están reforzando instituciones políticas extractivistas. Es decir, un poder económico re-concentrado por las hiperganancias mineras obtenidas gracias a la política económica neoliberal, se pone en acción para asegurar sus negocios desde la política (en este caso, asegurándose a su favor los medios de comunicación). Habiendo más dinero en juego, estarán dispuestos a actuar e invertir más en que transformar la institucionalidad política a su favor.
 
Carlos Marx diría que es una cuestión de clases sociales, que la clase económicamente dominante está reforzando su poder y propagandiza una ideología, el neoliberalismo, que defiende sus intereses. Podría añadir que si en la estructura económica hay más concentración, eso se expresa también en la superestrucura política.
 
Demócratas
Sería más fácil si solo enfrentáramos a El Comercio. Me temo que no es así. Tampoco parece casualidad que salgan en defensa de su monopolización de los medios Alan García y los fujimoristas, los mayores defensores de las mineras y los grupos de poder económico. El bloque poder económico – medios de comunicación – representantes políticos está compacto.
 
El debate actual muestra una vez más que para defender la democracia, es necesario ir más allá de la igualdad política y los derechos civiles. Una excesiva concentración de la riqueza y del poder económico constituye una amenaza que también deben ser combatida.
 
Publicado en el semanario Hildebrandt en sus trece, 17 de enero de 2014

La economía del fallo

Escribe Pedro Francke
 
El fallo de La Haya tiene sin duda consecuencias mucho más importantes que las económicas. Pero, vaya, esta es una página económica.
 
Perú se queda con 21,928 km2, Chile con 16,352 km2. ¿Pero tienen similar valor los kilómetros cuadrados de uno y otro lado? Sin duda no.
 
Como se sabe, la principal y casi única actividad económica actual en la zona en litigio es la pesca. Sobre ésta, el gerente del principal grupo industrial pesquero chileno, el grupo Angelini, declaró tras el fallo que “en los últimos años la casi totalidad de las capturas se han producido en la zona de explotación económica que conserva el país”. En otras palabras: casi toda la pesca de la zona en disputa seguirá siendo chilena. Como se sabe, el área en disputa ante La Haya ha sido usufructuada exclusivamente por Chile desde los convenios pesqueros de 1952 y 1954. La “casi totalidad” de esa riqueza seguirá en manos de Chile.

Desde luego el fallo golpeará económicamente a los pescadores artesanales peruanos, que en la zona cerca de frontera enfrentan en límite marítimo delimitado por el paralelo del Hito 1, lo que les restringe seriamente la zona de pesca. Pero el fallo no solo atenta contra ellos, lo que ya es bastante serio dada su difícil situación económica. También afecta, indirectamente, la alimentación de todos los peruanos, en especial de la zona sur de nuestro país.

Algunos medios resaltan las mejores posibilidades comerciales con Chile. Pero lo cierto es que tenemos acuerdos comerciales con Chile hace muchos años que han beneficiado principalmente al vecino del sur, cuyas inversiones en el Perú decuplican a la de los peruanos en Chile. La asimetría es brutal.

El fallo puede tener otro efecto económico, mediante su impacto en el gasto militar. Delimitadas las fronteras entre ambos países, el gasto en armamento debería disminuir, en primer lugar en nuestro vecino del sur. Por esa vía podemos lograr que los 2 mil millones de dólares en armas que gasta el Perú en armas de guerra se reduzcan a la mitad, y que todo ese dinero se dedique a la salud, a la educación y a la lucha contra la pobreza mediante una protección y uso sostenible de los recursos naturales, en especial de los pescadores artesanales afectados. Solo así el balance económico del fallo puede ser favorable para los peruanos.

Publicado en el Diario La Primera, 29 de enero de 2014 

martes, 28 de enero de 2014

El diálogo como alternativa para resolver los conflictos socioambientales


·        Presentan informe final del proyecto “Mitigación de conflictos y desarrollo en la Amazonía”.

·        Bagua beneficiaria del proyecto.

“Sí es factible llegar a un consenso entre las comunidades indígenas, las industrias extractivas y el Estado frente a conflictos socioambientales”, declaró Deborah Kennedy, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la presentación del informe final del proyecto: “Mitigación de conflictos y desarrollo en la Amazonía”. Gracias a este proyecto se han generado espacios de diálogo que han fortalecido a las comunidades indígenas de Bagua, Satipo, Napo y Lamas. Cuatro zonas del país donde hay poca presencia del Estado y no hay suficientes alternativas económico-legales para sus habitantes.

Este proyecto, que ha durado tres años, ha trabajado bajo la premisa de que el diálogo es una alternativa para generar puntos de encuentro entre las comunidades indígenas afectadas por un proyecto extractivo, las empresas y el gobierno,  ofreciendo una posibilidad de resolver el conflicto sin violencia. “Después del Baguazo y de las grandes protestas, surgieron grandes propuestas: hemos logrado crear nuestra propia agenda política con una visión ancestral”, afirmó Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía  Norte del Perú (ORPIAN-P), quien destacó como logro la promulgación de la Ordenanza Regional de Consulta Previa de Amazonas.

Por su parte, los Kichwas del Napo lograron, a través de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA), ser incorporados al proceso de Consulta Previa del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna- Kichwa. “Queremos negociar qué desarrollo queremos para los pueblos indígenas en el futuro.  Desarrollo es invertir en educación, en salud. ..Este proyecto nos ha empoderado para poder compartir nuestras necesidades y preocupaciones”, explica Richard Rubio, presidente de esta organización. Mientras, en Lamas, las organizaciones indígenas vienen participando en la cogestión del ACR-Cordillera Escalera. “Estos son algunos ejemplos que nos muestran como el diálogo, con información adecuada, constituye una alternativa viable para transformar los conflictos y llegar a  soluciones aceptables para todos los involucrados”, explicó Dina Guerra, coordinadora del proyecto que ha sido llevado a cabo por las organizaciones Catholic Relief Services (CRS), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), y Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción).

Además, este proyecto logró poner en marcha el observatorio “Vigilante Amazónico”, gracias al cual se han monitoreado más de 20 conflictos socio-ambientales. “Ha permitido a las organizaciones indígenas y sus líderes, fortalecer su conocimiento y ejercicio de derechos, su capacidad de análisis, propuesta e incidencia y promover campañas de difusión en la opinión pública”, sostiene Julia Cuadros, directora de CooperAcción.

Otro logro del proyecto ha sido incrementar la participación de las mujeres en espacios que estaban reservados exclusivamente para los hombres. “Al estar mejor capacitadas, se han sentido seguras de poder aportar y asumir nuevos roles dentro de las comunidades y organizaciones, logrando ser elegidas como dirigentes”, asevera Guerra.

El evento contó con la presencia del  Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien afirmó que: “El gran desafío que todavía tiene el país es acelerar y atender la agenda amazónica que no se reduce sólo a la Consulta Previa”. Asimismo, remarcó la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la Amazonía con los derechos de los pueblos indígenas, e hizo referencia a los resultados arrojados por el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014 que indican que, a pesar de que las expectativas de inversión son muy elevadas para los próximos años, el país ha retrocedido en materias como la institucionalidad, educación , salud o infraestructura, lo que demuestra según el defensor que “la competitividad económica no va de la mano de una mejora en la calidad de vida de los peruanos. El crecimiento económico es importante para el país, pero no es más importante que la vigencia y el respeto de los derechos de todos los peruanos, y en especial a aquellos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad como son los pueblos indígenas”

Además, el defensor apuntó el dato de que existen en la actualidad 19 conflictos que involucran directamente a pueblos indígenas de la Amazonía, 6 de los cuales tienen que ver con el derecho que les asiste a ser consultados. “Cuando hay pueblos indígenas en estos proyectos mineros e hidrocarburíferos tienen que ser consultados”, declaró. En este punto, coincidió con la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, quien precisó que “si no se avanza en otros temas como la titulación de de tierras, la educación o la salud, la consulta previa aparece muy solitaria”. Otra de las invitadas fue la supervisora de Gestión de Responsabilidad Social de Petroperu-miembro de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos., Clara Indacochea, la cual  reseñó durante su presentación la necesidad de escuchar a los pueblos indígenas y de entablar un diálogo intercultural con ellos. “En ese construir conjunto entre los pueblos indígenas, el gobierno y las empresas mediante el diálogo se podrá decir que una industria de hidrocarburos es sostenible”.

sábado, 25 de enero de 2014

Dirigente indígena de Loreto llega a Lima para informarse sobre el futuro de la consulta previa en el Lote 192


ü  El presidente de las comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza se reunió con representantes de la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Interculturalidad.

 

El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, se reunió con el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega,  y con la titular del Viceministerio de Interculturalidad, Patricia Balbuena,  para expresar su preocupación frente al vencimiento del contrato de la empresa Pluspetrol y la posibilidad de que no se implemente el proceso de consulta previa alrededor del Lote 192. Chino Dahua pidió que las comunidades indígenas ejerzan el derecho a la consulta previa y que ambas entidades vigilen el cumplimiento del mismo.
 
Casi un año y medio después de que el Gobierno anunciara la consulta previa en el Lote 192 este proceso no sólo está estancado sino que existe mucha incertidumbre sobre su futuro, pues se debe de realizar antes del próximo año cuando vence el contrato de concesión de Pluspetrol sobre este lote. “No he recibido ninguna comunicación, ni por vía formal ni informal, del Ministerio de Energía y Minas que señale que no se vaya a implementar la consulta previa”, aseveró Patricia Valbuena. Sin embargo, estos rumores no han sido desmentidos desde esta cartera ministerial.
 
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega declaró: “Estamos comprometidos con que se plantee y se haga efectiva la consulta previa a ustedes y a todos los pueblos indígenas del país cuando haya amenazas o proyectos que los puedan afectar directamente”.
 
La consulta previa en este Lote es emblemática por ser la primera que anunció el Ejecutivo, por la grave contaminación que sufren desde hace más de 40 años las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón y porque este lote resulta estratégico para el Perú pues se extrae de él casi el 12% de todo el crudo nacional.
 
Tras las permanentes denuncias de derrame de petróleo presentadas por monitores indígenas, el Gobierno peruano declaró la emergencia ambiental en tres de las cuatro cuencas: Pastaza, Tigre y Corrientes-prorrogada en esta última zona por otros 90 días más-. “No hay todavía una capacidad de respuesta efectiva. Tienen que ver acciones de emergencia”, reclamó la viceministra de Interculturalidad. “Lo que ha pasado en estas cuatros cuencas no se puede repetir”, añadió.
 
La Defensoría del Pueblo recomienda al Poder Ejecutivo, al Gobierno Regional de Loreto, y los municipios de la zona a  cumplir-en los plazos establecidos-con la aplicación de los planes de emergencia ambiental aprobados para estas zonas. “Dada la gravedad de la situación ambiental y sus posibles efectos en la integridad de las personas, se requiere la acción inmediata, efectiva y sistemática dentro de los plazos previstos”, afirmó Eduardo Vega. “Hemos insistido con las entidades del poder Ejecutivo en dos cosas: en que se tienen que buscar los mecanismos para asegurar el presupuesto para estas actividades -pues no cuenta con una partida extraordinaria- y mayores niveles de coordinación que hagan que la ejecución sea más eficiente”, sostuvo Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.
 
El presidente de Fediquep reclama al Estado el cumplimiento del Plan de Emergencia, pues hasta el momento denuncia que no se han solucionado problemas inmediatos como la falta de agua saludable o la contaminación de los alimentos. “Tenemos derecho a vivir en paz, con tranquilidad, sin ese crimen ambiental. Nos preocupa que sigamos tomando esas aguas y alimentos contaminados”, reivindica Aurelio Chino.

viernes, 24 de enero de 2014

Fiscalía archiva investigaciones contra Alberto Fujimori y sus ex ministros sobre las Esterilizaciones Forzadas

Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, expresó hoy su indignación por la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados en las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante el régimen fujimorista, con lo cual se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país.
 
La institución feminista deploró la Resolución, con fecha 22 de enero de 2014, emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.
 
Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.
 
Demus informó que ayer 23 de enero, el titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Marco Guzmán Baca, emitió la referida notificación que pondría fin a la investigación fiscal que se reinició en noviembre del 2012 ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde se monitorea el Acuerdo de Solución Amistosa en torno al caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, y que involucra a 2,074 mujeres denunciantes a nivel nacional.
 
Ante la CIDH el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, lo que se desdice con la decisión fiscal.
 
La Resolución señala que los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático de parte de Alberto Fujimori. Y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado por falta de dolo de parte de los ex ministros, asesores y directores de salud.
 
Demus sostiene que con esa apreciación, el fiscal no toma en cuenta la política estatal vigente entre los años 1996-2000, que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese periodo y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de las metas establecidas, que tuvo como consecuencia un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento.
 
“Esta resolución vulnera, nuevamente, el derecho a la verdad y al acceso a justicia y reparación de las víctimas de esterilización forzada en nuestro país”, remarcó la institución que junto con otras organizaciones de derechos humanos ha venido acompañando el caso de Mamérita Mestanza.
 
Subrayó que las esterilizaciones forzadas implican delitos contemplados en la legislación penal peruana y constituyen graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo al sistema internacional de derechos humanos, configurando un crimen de lesa humanidad por haber sido una práctica sistemática y generalizada, que amerita investigación y sanción.
 
La primera investigación fiscal se archivó en mayo del 2009 durante el gobierno aprista, y en este 2014, un poco más de cuatro años después, la justicia nacional le cierra sus puertas una vez más a las miles de peruanas esterilizadas forzadamente que siguen con las secuelas de ese hecho violento en sus vidas. El Estado les responde con la impunidad.

Comunidades indígenas de la Amazonía fortalecidas frente a conflictos socioambientales

Presentan informe final del proyecto  “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía"
Caholic Relief Services (CRS), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), y CooperAcción presentan resultados del proyecto  “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía”, implementado cuatro zonas del país: Bagua, Condorcanqui, en Amazonas, Lamas en San Martín, Selva Central y Napo en Loreto. En estas zonas del país difícilmente llegan servicios, hay poca presencia del Estado y no hay suficientes alternativas económicas legales para sus habitantes.  En todas ellas, existen conflictos socio-ambientales que no permiten una adecuada gestión del desarrollo de las zonas.

El proyecto “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía” trabajó en temáticas como la Consulta Previa y conflictos socio-ambientales. Algunos  casos emblemáticos son la implementación de la Ordenanza regional de Consulta previa del Gobierno Regional de Amazonas, la incorporación de  los pueblos Kichwas, al proceso del ACR Maijuna, ahora Maijuna Kichwa y la consulta y cogestión del ACR – Cordillera Escalera en Lamas.

Estos casos fueron difundidos en el Observatorio de conflictos Vigilante Amazónico www.vigilanteamazonico.pe, información trabajada por las propias comunidades. Así, las comunidades han venido trabajado sus agendas indígenas, que plantean prioridades y propuestas para aportar al desarrollo del país.

La presentación del informe del proyecto se realizará el martes 28 de enero en el Hotel Sol de Oro (Sala Ejecutivo III), desde las 8:30 de la mañana.  Durante este evento se expondrán los principales logros del mismo y contará con la presencia de Eduardo Vega, Defensor del Pueblo; Clara Indacochea, Supervisora de Gestión de Responsabilidad Social (PETROPERU); Mayu Velasco Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas (Ministerio de Cultura), Edwin Montenegro, presidente de ORPIAN-P y Richard Rubio de FECONAMNCUA.

El acceso es limitado. Confirmaciones a: hiperactivacomunicaciones@gmail.com
Teléfono: 6206950


¿De quién dicen que es el mar? ¿De Grau?


Escribe Pedro Francke
 
Queremos el mar que por justicia nos corresponde, para los peruanos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya debe resolver este tema de manera equitativa. Es todo lo que pedimos, ya que la actual postura chilena de plantear una línea demarcatoria horizontal y no una bisectriz, es evidentemente injusta. El estado peruano ha hecho esfuerzos por sustentar nuestra demanda en este tribunal internacional. Sobre eso ya se ha hablado bastante. Sobre lo que se ha hablado poco es: ¿el mar está siendo, y será, para los peruanos? ¿o solo para unos poquísimos peruanos y varias trasnacionales? ¿estamos defendiendo el mar de Grau para quién?
 
Pesca
El 98 por ciento de la anchoveta que se pesca en el Perú se convierte en harina de pescado y se exporta. Buena parte de esa exportación, por cierto, tiene un origen oscuro: mientras en el Ministerio de la Producción se registran 850 mil toneladas de producción (datos 2012),  se exportan 1 millón 320 mil (La República, 11.04.2013). ¿Cómo así? Pues porque hay sobrepesca, pesca negra, pesca más allá de las cuotas legales. No es poco: es 50% más allá del límite. No es poco: 470 mil toneladas a 1,700 dólares la tonelada valen nada menos que 800 millones de dólares.
 
Los responsables de semejante agujero negro son principalmente las empresas afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería, que controlan el 90 por ciento de las exportaciones de harina de pescado.Tienen de su lado a IMARPE, controlado por la Marina Peruana que en vez de hacer ciencia tapa la sobreexplotación pesquera. La SNP son apenas una docenita de empresas. Son las mismas empresas que han puesto el grito en el cielo, hecho tremendo lobby, comprado titulares de periódicos y logrado un fallo de una sala de la Corte Suprema (nada menos, ¿cuánto habrá costado?),  contra un Decreto Supremo del gobierno que establece que las grandes bolicheras no se pueden llevar el pescado de calidad que se ubica en las primeros 10 millas de mar cerca de la costa.Ese DS los obliga a que vayan a pescar un poco más allá para que dejen espacio a los 40 mil pescadores artesanales para la mesa popular.
 
Lo peor es que en reciente comunicado la CONFIEP, que junta a las grandes empresas de todos los sectores, respaldó en tono airado los reclamos de la SNP por seguir acaparando el pescado.
 
No es demasiado raro: en la pesca están algunos de los más grandes grupos de poder económico en el Perú, como el grupo Brescia, tal vez el con más poder económico del país y parte del muy exclusivo grupo de billonarios peruanos (se encuentran entre los 8 con más de mil millones de dólares). Como los Brescia Cafferatta además están en las finanzas (Seguros Rímac, Banco Continental), en la minería (Minsur) y en los hoteles (cadena Libertadores), tienen fuerza para promover sus intereses a lo largo y ancho de los diversos gremios empresariales. El grupo Romero también tiene su empresa pesquera, aunque de menor envergadura.
 
El control de la pesca por unos pocos grupos empresariales de gran tamaño no solamente ha ido en desmedro de los pescadores artesanales, que apenas si logran sobrevivir en algunas caletas y con crecientes problemas pues el pescado escasea (razón por la que llega cada vez más caro a las mesas urbanas). Al destinar la enorme mayoría del pescado a harina para la exportación, se quita a los peruanos más pobres de una fuente de proteínas y hierro importante, precisamente cuando la anemia afecta a más de la mitad de los niños en edad pre-escolar y a 42% de las mujeres gestantes, causando pérdidas y retrasos en la capacidad de aprendizaje de nuestros niños.
 
Queremos el mar para los peruanos. Para todos los peruanos, en especial para nuestras mujeres y niños que merecen una buena alimentación, y para los pescadores artesanales y pequeños y medianos empresarios pesqueros. No solamente los 38 mil kilómetros cuadrados en manos de los chilenos, sino todo el mar de norte a sur.
 
Petróleo
Pocos asocian el mar con el petróleo. Pero el escándalo de los petroaudios, ese del “faenón” con el papi de Lucianita León y su amigo Químper, se refería precisamente a un negociado orientado a que una empresa noruega obtuviera la concesión de 4 lotes petroleros en el mar peruano.
 
La cuestión es que si desde hace 5 décadas ha habido un solo lote petrolero en producción en el mar del norte, el gobierno aprista sacó a licitación otros cuatro lotes en el mar, los lotes Z-50, Z-53, Z-54 y Z-55 entre Lima y Pisco. Estos eran tan apetitosos que provocaron el grito de “faenón” por parte de Alberto Químper.
 
El escándalo no solamente obligó al gobierno aprista a paralizar esas nuevas concesiones. Afectó también a la empresa Petrotech que venía operando en la zona sacando 10 mil barriles diarios de petróleo. Petrotech vendió a Savia, una empresa formada por la asociación de la estatal Korea National Oil Company y la estatal colombiana Ecopetrol, para asombro de aquellos que creen que toda empresa estatal es mala.
 
Los coreanos y colombianos aprovecharon una oferta, ya que el dueño de Petrotech, William Kallop, estaba en la mira de Alan García porque fue quien pagó el chuponeo de BTR que sacó a luz los petroaudios. La venta fue de US$ 900 millones de los que, como ya se ha hecho costumbre, ni un sol fue a pagar al erario peruano que sigue sin cobrar impuestos sobre estas ganancias de capital, bajo el pretexto de que lo vendido son unas empresas cascarones constituidas en Islas Cayman. Perdimos US$ 300 millones de dólares que debieron pagar de impuesto a la renta. Por hacer negocios en nuestro mar. Por pura coincidencia, nadie piense mal, poco después el ex – ministro aprista Hernán Garrido-Lecca se veía forzado a reconocer que había hecho “consultorías” por 400 mil soles para Savia. ¿De quién dicen que es el mar, de Grau?
 
¿El problema ha sido solo por la transacción, la venta de la empresa petrolera de un gringo a una estatal coreano- colombiana? Tras el escándalo de los petroaudios, el entonces presidente de Petroperú César Gutiérrez tuvo que reconocer en el Congreso ante una comisión investigadora que  “Petroperú es dueño de las plataformas de explotación en el mar que hoy día las administra la Empresa Petrotech. Petroperú recibe por la renta de esas plataformas 10 millones de dólares al año y le compra el íntegro de producción a Petrotech y le paga a Petrotech por el petróleo que le compra 382 millones de dólares al año, o sea, tenemos infraestructura, solamente rentamos con 10 millones y pago 382”. El mismo contrato y las mismas condiciones legales están vigentes hoy. Insisto, ¿de quién es el mar, de los peruanos?
 
Este gobierno viene intentando sacar a licitación no solo esos lotes, sino además los lotes Z-56, Z-57 (Salaverry-Trujillo), Z-58, Z-59 y Z-60 (Mollendo-Arequipa). ¿A favor de los peruanos?
 
Contaminación
Mientras tanto, en julio del 2013 esta explotación petrolera por la empresa Savia generó un derrame de petróleo que llegó hasta las costas de Lobitos, afectando a los ecosistemas y a los pescadores artesanales de la zona.
 
En Ilo, en la zona sur precisamente cercana al límite con Chile, el mar está contaminado por las operaciones de la Southern Peru Copper Corp. La Southern ha botado por décadas sus relaves, es decir los residuos tóxicos que salen de la explotación minera, al mar, en la bahía de Ite. Un estudio de hace ya dos década reveló que “los relaves depositados (1,7 m3/seg) poseían una dispersión radial de aproximadamente 15 km hacia el Sur……tuvo un ritmo de crecimiento de 40 a 60 metros por año debido a que las olas esparcen los relaves en el mar formando los mencionados depósitos en la orilla y el fondo marino.El 55 % de estos relaves tenían contenido sólido. Los principales elementos y sustancias contenidos en los relaves eran Cobre, Plomo, Mercurio, Zinc, Fierro, Sílice, Cianuro, grasas, etc. Aproximadamente unos 300 km2 de la Bahía de Ite quedaron contaminados”. La misma empresa ahora quiere explotar una mina mucho mayor, Tía María, y promete no contaminar. Imposible creerle.
 
Al día siguiente
Mar para los peruanos. Mar sano, no lleno de contaminación y basura. Mar que sustente la alimentación de nuestras familias, niños y mujeres. Mar nuestro.
 
Al día siguiente del fallo de La Haya, que esperamos favorable, debemos ser firmes en exigir a Chile su cumplimiento inmediato. Desde hoy, hay que insistir en que el mar sea de y para todos los peruanos, de hoy y de generaciones futuras.
 
Publicado en Hildebrandt en sus trece, 24 de enero de 2014