Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) analiza la situación y el estancamiento del proceso de la consulta previa en el Lote 192, anunciado por el Gobierno hace más de un año.
P.- Ha pasado más de un año desde que el Gobierno anunciara que se realizaría la consulta previa en el Lote 192, sin embargo, aún no se ha realizado y el proceso está actualmente estancado. ¿Por qué?
R.- Los pueblos indígenas y sus organizaciones han planteado con todo derecho y legitimidad que antes de iniciar un proceso de consulta se atiendan las demandas relacionadas con los 40 años de actividad petrolera. Y ahí es donde se ha producido este estancamiento del proceso y por eso no se ha iniciado hasta ahora porque en la práctica no se ha tomado ninguna medida concreta. Estas poblaciones siguen bebiendo agua contaminada y sufriendo los impactos de la actividad petrolera.
Creo que no se tuvo en cuenta que se trataba de una zona donde lo más importante y principal a resolver era toda esta carga histórica de la actividad petrolera y los impactos que ha tenido y sigue teniendo hasta el momento. Durante 40 años se han producido muchos impactos de carácter cultural, social y económico que nunca han sido atendidos, ni reparados, ni tomados en cuenta por el Estado Peruano. Y eso es lo más importante cuando se plantea un proceso de consulta.
P.- Si no se tuvo en cuenta por parte del Ejecutivo esta carga histórica, ¿Considera que desde el Gobierno se tomó esta consulta previa como un mero trámite administrativo?
R.- Creo que ha habido desde el Gobierno la idea de que la consulta previa era un proceso que se podía resolver tan solo diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos, materiales que se pueden obtener de la actividad petrolera, en este caso, sin tomar en cuenta que la cosmovisión y la forma de relación que tienen los pueblos indígenas respecto a su territorio es completamente diferente a cómo la sociedad occidental y en este caso, el Ejecutivo ve y valora el territorio. Mientras que, para el Gobierno la intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios: ganancias materiales, recursos económicos, inversión…Para los pueblos indígenas el territorio constituye un espacio a partir del cual se estructura toda su vida, su identidad cultural, y se asegura la reproducción de las sociedades indígenas.
Lo importante aquí es señalar que la consulta es un derecho de los pueblos indígenas, no es un favor del Estado, y que este derecho tiene que ser implementado a través de los procesos de consulta. Creo que el Gobierno tiene mucho interés en que estos procesos se lleven a cabo de manera rápida, como un trámite rápido, cumpliendo los plazos rígidamente que plantea la ley y también hay un cierto interés en que se lleguen a acuerdos previos entre las comunidades donde se va a hacer una actividad extractiva y las empresas, de tal modo que ya no haya necesidad de que se haga proceso de consulta. Dentro del Gobierno hay un sector, que creo que es mayoritario y que tiene más peso, que sigue viendo la consulta previa como un obstáculo para las inversiones. Esto coincide con la presión que ejercen algunos gremios empresariales.
P.- ¿Por qué en el Lote 169 sí se ha llevado a cabo un proceso de consulta previa y en el Lote 192 no? ¿Qué diferencias hay?
R.- Se tratan de dos realidades diferentes. El Lote 192 es una realidad mucho más compleja por todos los elementos históricos, los desencuentros, los desengaños y los impactos que a nivel social y ambiental se vienen produciendo ahí desde hace mucho tiempo. Y en el Lote 169 no hay esta historia previa y la realidad de las organizaciones indígenas es distinta. Por una parte, las organizaciones del Lote 192 han tenido la capacidad para analizar, evaluar y plantear una estrategia de relación con el Estado que ha tenido logros importantes: la formación de comisiones ambiental, social, la declaratoria de emergencia, el mismo hecho de evitar que primero se haga la licitación y después la consulta previa haciendo que el Gobierno se replante su posición. Mientras, las organizaciones del Lote 169 no tienen la fortaleza y la trayectoria que tienen las del Lote 192.
P.- En base a ello, ¿considera que la Consulta Previa se implementa en aquellos lugares donde el Gobierno confía en que no haya un desencuentro? Y añadido a ello, el hecho de que por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos se realice la consulta tras el proceso de licitación, ¿Qué capacidad de decisión les queda a los pueblos indígenas?
R.-No creo que lo haga especialmente en aquellos lugares donde pueda resultar más fácil, porque creo que las consultas también están en función de los nuevos proyectos que se quieren implementar- el Gobierno ha anunciado más de 20 procesos de consulta en lotes petroleros-, pero también están en función de la necesidad de obtener petróleo, para tener una mayor producción. Como sabemos la producción petrolera en el Perú es muy pequeña y la cantidad de crudo que se necesita exportar para cubrir la demanda interna es todavía muy alta. Es una realidad y creo que el Gobierno debe de seguir buscando nuevas fuentes de energía, pero esta búsqueda tiene que hacerse cumpliendo estándares internacionales y nacionales, cumpliendo regulaciones y leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas que son los que viven en los territorios donde están estos recursos.
Por ello considero que en estos procesos de consulta lo que debe primar es el espíritu del Convenio 169 para resolver las ambigüedades que pueda tener la Ley de Consulta. Los pueblos indígenas en un proceso de consulta pueden no llegar a un acuerdo con el gobierno que está haciendo la consulta. Ante una situación así, y de acuerdo a la ley, el Estado es quien tiene la atribución para decidir si continúa o no con ese proyecto, pero si el gobierno decide continuar con una actividad tiene la obligación de explicar y demostrar cómo -aún cuando va a continuar con un proyecto- va a garantizar la vida de los pueblos indígenas y minimizar o evitar los impactos negativos que pongan en riesgo los derechos de los pueblos indígenas. Simultáneamente, ellos pueden recurrir a instancias de nivel nacional o internacional para suspender el proyecto.
P.- El contrato de concesión de Pluspetrol sobre el Lote 192 vence en 2015, sin embargo, aún no ha realizado una consulta previa. ¿Es una estrategia del Gobierno evitar esta consulta para tratar de renovar el contrato?
R.- El contrato vence ya para 2015 y por lo tanto el Gobierno tiene que apurarse en implementar un proceso de consulta pero para hacerlo, las organizaciones indígenas de la zona han planteado unas condiciones. Simultáneamente, hay una presión cada vez más fuerte de los sectores empresariales. Todas estas piezas hacen pensar que el Gobierno podría-porque ya ha pasado más de un año y no se ha avanzado prácticamente nada-tomar la decisión de que no se haga ninguna consulta y extender el contrato que tiene actualmente Pluspetrol y continuar con la actividad sin necesidad de un proceso de consulta. Esto según los abogados es muy difícil porque existe una normatividad que impide esto, pero ante una situación como la que estamos viviendo y la importancia que tiene este lote para el país y la incapacidad del Gobierno para atender las demandas legítimas y justas que plantean las organizaciones indígenas de la zona, se podría dar esta “salida” o “solución” por parte del Ejecutivo para garantizar la producción petrolífera Se trata de un lote estratégico para el Perú- representa casi el 12% de la producción a nivel nacional-porque si se dejase de explotar, se paralizaría la industria en el país, se paralizaría el país en realidad.
P.- Se declaró la emergencia ambiental en tres de las cuatro cuencas pero el Estado no tomó medidas que mejoraran sustancialmente su calidad de vida, y además la posibilidad de que cumpla con las condiciones mínimas que exigen las comunidades indígenas está en el aire. ¿Qué calidad de vida y perspectivas les espera entonces a las comunidades indígenas del Lote 192?
R.- Las perspectivas son muy negativas porque si no hay siquiera la capacidad para atender las demandas que están planteando las organizaciones indígenas por los daños producidos hace 40 años, no existe ninguna posibilidad de que se atiendan las demandas que ahora tienen los pueblos indígenas en esta zona. Sería muy grave que el Gobierno rompa el diálogo o que recurra a la extensión del contrato para que ya no haya necesidad de hacer consulta. Las organizaciones indígenas en estas zonas hasta el momento han tenido una capacidad de respuesta-y siguen teniendo- pacífica, empleando todos los recursos legales que el mismo Estado ha aprobado. Pero creo que también estas organizaciones estarían dispuestas a defender su territorio y sus derechos con medidas que puedan ser ya más de fuerza. Creo que se generaría una situación de ingobernabilidad, muy conflictiva, de escalamiento del conflicto a una situación muy grave que podría ser inmanejable.
P.- ¿Tiene el Gobierno un compromiso real con los derechos de los pueblos indígenas?
R.- Yo no veo un compromiso claro o serio por parte del Gobierno. El Ejecutivo está más interesado en hacer que se aprueben las actividades extractivas que se quieran realizar en esta zona, está apurado porque la consulta se haga cumpliendo los plazos establecidos y llegando a acuerdos para que se permita la actividad extractiva en el Lote 192. No está mirando con suficiente realismo las demandas que se han planteado por parte de los indígenas y tampoco está teniendo en cuenta la cosmovisión de los indígenas sobre el territorio. El Gobierno pienso que está equivocado. Es difícil que se atienda al 100% las demandas que plantean los pueblos indígenas en estas zonas, pero creo que haría bien en identificar cuáles son las demandas y problemas críticos, para plantear medidas concretas, de tal modo que se genere un marco de confianza que no existe. Creo que lo más difícil en el Lote 192 es generar confianza a los pueblos indígenas que, durante 40 años han sufrido los impactos de esta explotación petrolera, y han tenido experiencias de frustración y engaño por parte de las autoridades que han gobernado el país. Eso es lo que debería hacerse, y no estar pensando en una salida que desconozca el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, y priorice la viabilidad económica y la inversión privada antes que la sostenibilidad ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
P.- ¿Considera que la Ley de Consulta Previa y su reglamento desvirtúa el contenido del Convenio 169 de la OIT?
R.- Sí, en todo caso, no recoge totalmente el espíritu del Convenio 169 de la OIT, que sí es mucho más claro. Pero también el tema de fondo tiene que ver con el modelo de crecimiento y de desarrollo que prioriza el gobierno y el Estado en los últimos 20 años basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas. Por otro lado, existe un afán, en este Gobierno sobre todo, de respetar los derechos de los pueblos indígenas. La pregunta sería: ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo-absolutizando la extracción de recursos naturales que están en territorio indígena-, y a la vez respetar derechos de los pueblos indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no, porque el gobierno no ha sabido resolver esta situación. Me da la impresión de que ya el Gobierno a estas alturas ha optado por priorizar el crecimiento económico y supeditar los derechos a las necesidades económicas. Sin embargo, el Ejecutivo debiera encontrar otra salida.
¿Es necesario explotar recursos naturales? Sí, es necesario. ¿Es necesario obtener petróleo y minerales para el desarrollo de país? Sí, es necesario. Pero también es fundamental que se respeten los derechos de los pueblos que viven en esos territorios donde están esos recursos. El Gobierno tiene la obligación ética, moral y política de encontrar una solución a esto: respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo, y a la vez también buscar cómo obtener recursos para la energía que necesite el país.
P.- ¿Se necesita una reorientación de la política económica del país?
R.- Claro que sí, porque un modelo económico y de crecimiento que está totalmente supeditado a la extracción de recursos es un modelo que está condenado a tener conflictos muy serios, con situaciones de ingobernabilidad muy serios, sobre todo porque los pueblos indígenas y sus organizaciones van a exigirle al gobierno que respete sus derechos y porque en algún momento estos recursos se van a terminar, porque son no renovables.
Si bien el Gobierno ha dicho que quiere diversificar la economía, lo cierto es que no se percibe nada en concreto. La minería y el petróleo siguen siendo los sectores a partir de los cuales, el gobierno, mide el crecimiento del país. Este modelo es una amenaza que va a estar siempre sobre los pueblos indígenas.
Ese es un tema de fondo que necesita resolverse y que no tenemos por lo menos ni a corto ni a mediano plazo una solución. Lo que queda ahora entonces en esta coyuntura es tratar de defender y exigir el cumplimiento de los derechos de los indígenas y vigilar y hacer incidencia política para que los procesos de consulta se den de acuerdo a lo que establece la ley y especialmente, el Convenio 169 de la OIT.
Por Nylva Hiruelas
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