ü El presidente de las comunidades indígenas de la
cuenca del Pastaza se reunió con representantes de la Defensoría del Pueblo y
el Viceministerio de Interculturalidad.
El presidente de la Federación Indígena Quechua del
Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, se reunió con el Defensor del Pueblo,
Eduardo Vega, y con la titular del
Viceministerio de Interculturalidad, Patricia Balbuena, para expresar su preocupación frente al
vencimiento del contrato de la empresa Pluspetrol y la posibilidad de que no se
implemente el proceso de consulta previa alrededor del Lote 192. Chino Dahua
pidió que las comunidades indígenas ejerzan el derecho a la consulta previa y
que ambas entidades vigilen el cumplimiento del mismo.
Casi un año y medio
después de que el Gobierno anunciara la consulta previa en el Lote 192 este
proceso no sólo está estancado sino que existe mucha incertidumbre sobre su
futuro, pues se debe de realizar antes del próximo año cuando vence el contrato
de concesión de Pluspetrol sobre este lote. “No he recibido ninguna
comunicación, ni por vía formal ni informal, del Ministerio de Energía y Minas
que señale que no se vaya a implementar la consulta previa”, aseveró Patricia
Valbuena. Sin embargo, estos rumores no han sido desmentidos desde esta cartera
ministerial.
Por su parte, el Defensor
del Pueblo, Eduardo Vega declaró: “Estamos comprometidos con que se plantee y
se haga efectiva la consulta previa a ustedes y a todos los pueblos indígenas
del país cuando haya amenazas o proyectos que los puedan afectar directamente”.
La consulta previa en este Lote es emblemática por
ser la primera que anunció el Ejecutivo, por la grave contaminación que sufren
desde hace más de 40 años las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón y porque este lote resulta estratégico
para el Perú pues se extrae de él casi el 12% de todo el crudo nacional.
Tras las permanentes denuncias de derrame de
petróleo presentadas por monitores indígenas, el Gobierno peruano declaró la
emergencia ambiental en tres de las cuatro cuencas: Pastaza, Tigre y Corrientes-prorrogada
en esta última zona por otros 90 días más-. “No hay todavía una capacidad de
respuesta efectiva. Tienen que ver acciones de emergencia”, reclamó la
viceministra de Interculturalidad. “Lo que ha pasado en estas cuatros cuencas
no se puede repetir”, añadió.
La Defensoría del Pueblo recomienda al Poder Ejecutivo,
al Gobierno Regional de Loreto, y los municipios de la zona a cumplir-en los plazos establecidos-con la
aplicación de los planes de emergencia ambiental aprobados para estas zonas.
“Dada la gravedad de la situación ambiental y sus posibles efectos en la
integridad de las personas, se requiere la acción inmediata, efectiva y
sistemática dentro de los plazos previstos”, afirmó Eduardo Vega. “Hemos
insistido con las entidades del poder Ejecutivo en dos cosas: en que se tienen
que buscar los mecanismos para asegurar el presupuesto para estas actividades -pues
no cuenta con una partida extraordinaria- y mayores niveles de coordinación que
hagan que la ejecución sea más eficiente”, sostuvo Alicia Abanto, adjunta para
el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.
El presidente de Fediquep reclama al Estado el
cumplimiento del Plan de Emergencia, pues hasta el momento denuncia que no se
han solucionado problemas inmediatos como la falta de agua saludable o la
contaminación de los alimentos. “Tenemos derecho a vivir en paz, con
tranquilidad, sin ese crimen ambiental. Nos preocupa que sigamos tomando esas aguas
y alimentos contaminados”, reivindica Aurelio Chino.
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