DEMUS-Estudio para la
defensa de los derechos de la mujer, hizo un balance negativo sobre el estado
de los derechos humanos de las peruanas en el año que culmina, especialmente
los relacionados a su autonomía sexual y reproductiva, sobre los que se ha
cernido una permanente amenaza por la acción de congresistas de posiciones
conservadoras y la falta de voluntad política del Ejecutivo.
La institución
feminista, en el análisis elaborado por su asociada Jeannette Llaja Villena,
considera que uno de los riesgos latentes es la intención de eliminar la
obligación estatal de brindar educación sexual a adolescentes planteada en el proyecto
de ley del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes y de reconocer derechos
absolutos al concebido lo que implicaría inclusive la ilegalidad del aborto
terapéutico.
También evidencia la
contradicción entre el discurso oficial favorable a los derechos humanos de las
mujeres, expuesto en citas internacionales y otros de carácter nacional, y las
decisiones de Estado que en el 2013 no han generado cambios orientados al
reconocimiento integral de todos los derechos que les corresponde.
“El gobierno habla
del derecho a una vida libre de violencia pero le asigna apenas un 0.07% del
presupuesto del Ejecutivo, aprueba el Plan para la prevención del embarazo
adolescente con dos años de retraso, y hasta hoy no da luz verde al protocolo
del aborto terapéutico”, afirmó Llaja.
Asimismo indicó que
es negativo el desempeño estatal en torno a las observaciones que el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo sobre el Quinto Informe Periódico del
Perú a inicios del año pasado, en su 107° reunión entre el 11 y 28 de marzo del
2013.
Por ejemplo no ha
tomado acciones para garantizar justicia y reparación a las víctimas de
violencia sexual durante el conflicto armado interno, y a las que fueron
esterilizadas contra su voluntad en el régimen fujimorista, contra quienes se cometieron
crímenes de lesa humanidad. No existe ningún sancionado hasta la fecha ni
reparaciones integrales.
Tampoco ha aprobado
el protocolo de aborto terapéutico ni promovido la revisión de la legislación
punitiva de las interrupciones de embarazo –previendo las excepciones por
violación e incesto- y menos incluido la anticoncepción oral de emergencia como
parte de los métodos proveídos en los establecimiento públicos de salud para
prevenir las gestaciones tempranas y mortalidad materna.
Además no ha
impulsado una legislación que penalice las agresiones domésticas. “Si bien se
cuenta con un tipo penal específico para el feminicidio ello no es suficiente
para enfrentar la violencia de género una de cuyas manifestaciones crecientes
es la violencia sexual, pese a lo cual el gobierno no destina el presupuesto
suficiente ni lo articula a las prioridades nacionales”, manifestó Llaja
Villena.
DEMUS también deplora
que no se cuente con una Ley Marco contra la violencia hacia las mujeres y que
no se haya tipificado el acoso político, sancionado los crímenes de odio por
orientación sexual e identidad de género, y el proyecto de ley sobre alternancia
resultara archivado.
Igualmente, que el
sistema de justicia no garantice que las denuncias por violencia de las mujeres
sean todas investigadas, los responsables sancionados y las víctimas accedan a
medios eficaces de protección, suficientes Cámaras Gesell, defensa pública y
toma de testimonios en su lengua materna en los casos necesarios para darles
seguridad y privacidad.
Y que la formación en
género de magistradas y magistrados aún no sea obligatoria ni se les evalúe
desde esta perspectiva en los procesos de acceso, ratificación y ascenso, como
garantía de una valoración de pruebas y ponderación de penas, libre de
estereotipos y prejuicios machistas.
Llaja Villena agregó
que este panorama demuestra que el discurso oficial en defensa de los derechos
de las mujeres tiene un techo marcado por la falta de laicidad del Estado que
lo hace permeable a los intereses de grupos conservadores opuestos a los
derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres adultas, a
quienes no reconocen el derecho a decidir con autonomía sobre sus cuerpos y sus
vidas.
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