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Presentan informe final del proyecto
“Mitigación de conflictos y desarrollo en la Amazonía”.
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Bagua beneficiaria del proyecto.
“Sí es factible llegar a un consenso
entre las comunidades indígenas, las industrias extractivas y el Estado frente
a conflictos socioambientales”, declaró Deborah Kennedy, directora de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la presentación
del informe final del proyecto: “Mitigación de conflictos y desarrollo en la
Amazonía”. Gracias a este proyecto se han generado espacios de diálogo que han
fortalecido a las comunidades indígenas de Bagua, Satipo, Napo y Lamas. Cuatro
zonas del país donde hay poca presencia del Estado y no hay suficientes
alternativas económico-legales para sus habitantes.
Este proyecto, que ha durado tres
años, ha trabajado bajo la premisa de que el diálogo es una alternativa para
generar puntos de encuentro entre las comunidades indígenas afectadas por un
proyecto extractivo, las empresas y el gobierno, ofreciendo una posibilidad de resolver el
conflicto sin violencia. “Después del Baguazo y de las grandes protestas, surgieron
grandes propuestas: hemos logrado crear nuestra propia agenda política con una
visión ancestral”, afirmó Edwin Montenegro, presidente de la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), quien destacó como
logro la promulgación de la Ordenanza Regional de Consulta Previa de Amazonas.
Por su parte, los Kichwas del Napo
lograron, a través de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo,
Curaray y Arabela (FECONAMNCUA), ser incorporados al proceso de Consulta Previa
del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna- Kichwa. “Queremos negociar qué
desarrollo queremos para los pueblos indígenas en el futuro. Desarrollo es invertir en educación, en
salud. ..Este proyecto nos ha empoderado para poder compartir nuestras
necesidades y preocupaciones”, explica Richard Rubio, presidente de esta
organización. Mientras, en Lamas, las organizaciones indígenas vienen
participando en la cogestión del ACR-Cordillera Escalera. “Estos son algunos
ejemplos que nos muestran como el diálogo, con información adecuada, constituye
una alternativa viable para transformar los conflictos y llegar a soluciones aceptables para todos los
involucrados”, explicó Dina Guerra, coordinadora del proyecto que ha sido
llevado a cabo por las organizaciones Catholic Relief Services (CRS), la
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro de Antropología y
Aplicación Práctica (CAAAP), y Acción Solidaria para el Desarrollo
(CooperAcción).
Además, este proyecto logró poner en
marcha el observatorio “Vigilante Amazónico”, gracias al cual se han
monitoreado más de 20 conflictos socio-ambientales. “Ha permitido a las
organizaciones indígenas y sus líderes, fortalecer su conocimiento y ejercicio
de derechos, su capacidad de análisis, propuesta e incidencia y promover
campañas de difusión en la opinión pública”, sostiene Julia Cuadros, directora
de CooperAcción.
Otro logro del proyecto ha sido
incrementar la participación de las mujeres en espacios que estaban reservados
exclusivamente para los hombres. “Al estar mejor capacitadas, se han sentido
seguras de poder aportar y asumir nuevos roles dentro de las comunidades y
organizaciones, logrando ser elegidas como dirigentes”, asevera Guerra.
El evento contó con la presencia
del Defensor del Pueblo, Eduardo Vega,
quien afirmó que: “El gran desafío que todavía tiene el país es acelerar y
atender la agenda amazónica que no se reduce sólo a la Consulta Previa”.
Asimismo, remarcó la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la Amazonía
con los derechos de los pueblos indígenas, e hizo referencia a los resultados
arrojados por el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial
2013-2014 que indican que, a pesar de que las expectativas de inversión son muy
elevadas para los próximos años, el país ha retrocedido en materias como la
institucionalidad, educación , salud o infraestructura, lo que demuestra según
el defensor que “la competitividad económica no va de la mano de una mejora en
la calidad de vida de los peruanos. El crecimiento económico es importante para
el país, pero no es más importante que la vigencia y el respeto de los derechos
de todos los peruanos, y en especial a aquellos que se encuentran en una
especial situación de vulnerabilidad como son los pueblos indígenas”
Además, el defensor apuntó el dato de
que existen en la actualidad 19 conflictos que involucran directamente a
pueblos indígenas de la Amazonía, 6 de los cuales tienen que ver con el derecho
que les asiste a ser consultados. “Cuando hay pueblos indígenas en estos
proyectos mineros e hidrocarburíferos tienen que ser consultados”, declaró. En
este punto, coincidió con la viceministra de Interculturalidad, Patricia
Balbuena, quien precisó que “si no se avanza en otros temas como la titulación
de de tierras, la educación o la salud, la consulta previa aparece muy
solitaria”. Otra de las invitadas fue la supervisora de Gestión de
Responsabilidad Social de Petroperu-miembro de la Sociedad Peruana de
Hidrocarburos., Clara Indacochea, la cual
reseñó durante su presentación la necesidad de escuchar a los pueblos
indígenas y de entablar un diálogo intercultural con ellos. “En ese construir
conjunto entre los pueblos indígenas, el gobierno y las empresas mediante el
diálogo se podrá decir que una industria de hidrocarburos es sostenible”.
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