Conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de las personas con discapacidad

Congresistas de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Alianza Popular conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de derechos del más de un millón y medio de ciudadanos con discapacidad que viven en Perú. Los congresistas se comprometieron a fiscalizar el cumplimiento de las normas ya aprobadas como la Ley General de la Persona con Discapacidad,  a impulsar propuestas que apoyen los derechos civiles y políticos y a promover la asignación de recursos presupuestales para las políticas. Esta bancada inclusiva (Bancada ‘”IN”) contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS), organización con una trayectoria de casi dos décadas defendiendo los derechos de las personas con discapacidad.

 

“La conformación de esta bancada es una iniciativa inédita en la historia de nuestro país. Debemos luchar por la equidad de las personas con discapacidad. Hoy en día no somos tratados como el resto de ciudadanos. Por eso, la creación de esta bancada es una luz al final del túnel”, declaró José Antonio Isola, director de SODIS.

 

Todos los congresistas que participaron en el acto oficial, celebrado el pasado viernes 16, coincidieron en la necesidad de mejorar la fiscalización de las normas, y se comprometieron a apoyar e impulsar políticas. Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, condenó la discriminación y exclusión de las personas con discapacidad, especialmente, en el sector educativo y laboral.  En la actualidad, más de 120.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanecen fuera de las aulas. Además, el 60% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse, lo cual restringe su acceso a servicios básicos.

 

Alberto de Belaunde, parlamentario de Peruanos por el Kambio, señaló como prioridad la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica para dotar de una mayor autonomía a las personas con discapacidad. “Si dotamos de las herramientas necesarias a las personas con discapacidad podemos estar de igual a igual”, declaró Paloma Noceda, congresista de Fuerza Popular.

 

El anuncio de la bancada, compuesta por 26 congresistas, se acompañó  de la presentación de una guía legislativa con propuestaspolíticas urgentes, consensuadas y  respaldadas por las organizaciones de personas con discapacidad que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El documento elaborado presenta propuestas concretas que se pueden hacer desde el Congreso para eliminar las barreras en educación, salud, empleo, accesibilidad y autonomía de la persona con discapacidad.

 

“Las personas con discapacidad son un sector invisibilizado. La conformación de esta bancada y la presentación de esta guía constituyen un esfuerzo importante a favor de los derechos de  estos ciudadanos”, declaró Percy Medina, jefe de IDEA Internacional-organización que ha apoyado la conformación de la bancada, junto con la Unión Europea-. El arquitecto Jaime Huerta, usuario de una silla de ruedas, reconoció la importancia de esta iniciativa  que velará por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de una manera transversal a través de todas las políticas que se dicten en el Congreso.

Avanzan las negociaciones en la Mesa de Diálogo para el multimillonario proyecto Las Bambas

ü  El Gobierno, pobladores de Cotabambas y la minera MMG se reunieron durante los días 7 y 8 de septiembre.

ü  La población ha pedido al Ejecutivo que declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia.

 

El diálogo entre el Gobierno de Pedro Pablo Kucyznski, los pobladores de Cotambambas y la minera MMG comienza a cobrar impulso. Tras dos días de intensas reuniones celebradas ayer y hoy, se han logrado aprobar las reglas del juego que regirán el proceso de diálogo, es decir, el reglamento. El Estado presentó un balance sobre el cumplimiento de los compromisos asumidosque han sido calificados por la población como insuficientes y han pedido al Ejecutivo que  declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia donde el 88% de sus habitantes viven en la pobreza. La próxima cita está programada para los días 6 y 7 de octubre donde se abordarán las preocupaciones ambientales y la responsabilidad social empresarial, cumpliendo con el apretado  cronograma  de la mesa que tiene 180 días para llegar a acuerdos que ayuden a promover el desarrollo integral de Cotabambas, provincia que espera poder beneficiarse de la mayor inversión minera en la historia del país.

 

“Hemos pedido al Estado que declare de interés nacional el desarrollo de la provincia de Cotabambas”, declara Rodolfo Abarca, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Cotabambas. “No contamos con servicios básicos. Necesitamos proyectos de gran envergadura en agricultura, educación, salud para tener un futuro mejor”, comenta Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha de Cotabambas.  Un reclamo sobre el que pesa su preocupación porque durante la reunión Proinversión no ha informado en qué fecha ni a cuánto ascendería el monto quese recibiría por canon minero.

 

En el eje ambiental, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica sobre las cinco modificaciones realizadas al proyecto en un lapso de 20 meses a su Estudio de Impacto Ambiental. Además, demandaron el asfaltado de la carretera por la que transitan casi 300 camiones diarios transportando el mineral. 

 

“En el eje de responsabilidad social, el Ministerio de Energía y Minas presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no ha habido avances”, remarca Ana Leiva, directora de CooperAcción. Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte de un convenio marco, en vista de que la minera no pagará impuestos hasta por lo menos el año 2022. Asimismo, explica Leiva, se pidió que la minera cumpla con los principios de responsabilidad social y ambiental del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y de la Cámara China de Minería, Metálicos y Químicos. 

 

El diálogo comienza a desbloquearse en un proceso que parecía encallado. No hay que olvidar que esta mesa se instaló hace casi siete meses a raíz del conflicto que estalló el 25 de  septiembre del 2015 y que se cobró la vida de tres personas, una decena de heridos y 21 personas detenidas. La viceministra de Derechos Humanos, Guisella Vignolo, se mostró dispuesta durante la reunión a mejorar las condiciones de vida de las familias que han quedado rotas  tras el incidente, aunque por el momento se ha comprometido a realizar una evaluación de su situación. Hasta el momento, la única ayuda que se les ha prometido a estas familias es un fondo de 850 soles mensuales durante dos años- aunque tan solo está asegurado el primer año-, además de trasladar sus casos ante el Consejo Nacional de Reparaciones para que pudieran recibir una pensión.

 

“Pedimos un diálogo horizontal, y que participen los ministros titulares”, explica Rodolfo Abarca. A las reuniones celebradas durante estos dos días asistieron el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shino; el viceministro de Políticas Agrarias, Juan Carlos Gonzales y la viceministra de Derechos Humanos quienes estuvieron acompañados por 21 funcionarios del Gobierno nacional.

 

Este proceso de diálogo, heredado del gobierno de Ollanta Humala, cuenta con novedades: se asegura la participación de un traductor de quechua que pueda facilitar las comunicaciones, una demanda que los pobladores han reclamado de manera insistente desde el inicio de la mesa. Además, se contará con un facilitador, una propuesta de la sociedad civil sobre la que se mostraban discordantes algunos representantes del sector público, pero que finalmente aceptaron que la Oficina Nacional de Diálogo sea la que  designe un facilitador profesional que propicie un “diálogo horizontal y la construcción de consensos”.

 

La Mesa de Diálogo será presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad civil y cuatro miembros de la empresa MMG. Experiencias en mesas de diálogo anteriores han mostrado que la dificultad no sólo subyace en alcanzar acuerdos, sino en que se cumplan en plazos razonables; por ello, los equipos negociadores han acordado la creación de un comité, integrado por representantes estatales, de la sociedad civil y de la empresa minera,  que dé seguimiento a los acuerdos.  Las próximas reuniones están programadas para los días  6 y 7 de octubre y para el 20 y 21 de octubre donde se abordará los ejes de de derechos humanos y desarrollo sostenible.