32 apus de las comunidades indígenas de cuatro cuencas de Loreto llegan a Lima

Los máximos representantes indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón llegarán a Lima para sostener una reunión con integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de discutir sobre  los cinco puntos de la agenda previa al proceso de consulta: diagnóstico ambiental y social, remediación ambiental, indemnización, compensación por el uso de suelo (servidumbre) y titulación de tierras.

La reunión se llevará a cabo mañana martes, 1 de octubre, a las 8:00 am con la Comisión Multisectorial que está a cargo de responder toda la problemática ambiental en el marco de la declaratoria de emergencia en la cuenca del Pastaza, y a las 3:00 p.m. será la segunda reunión en las en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, denunció la inacción del Estado peruano frente a la declaratoria de emergencia ambiental en la Cuenca del Pastaza, recordó que han pasado seis meses desde que está vigente la declaratoria, sin embargo hasta la fecha no se ha solucionado temas primordiales como el agua, “seguimos consumiendo agua contaminada”, “seguimos consumiendo alimentos contaminados”, queremos que nos expliquen en qué consiste esa declaratoria, dice Chino.

“Las comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza sienten que la declaratoria de emergencia ambiental ha resultado poco eficaz para resolver los graves problemas de salud que vienen afrontando debido a la alarmante contaminación en la que se encuentran expuestos estas poblaciones”, señala Ana Leyva, responsable de Desca Fedepaz, del Grupo Técnico de las Federaciones Indígenas (Fediquep y Feconat- Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre).

“Los líderes indígenas necesitan saber si el instrumento de la emergencia ambiental responderá a las necesidades reales del impacto que hay en la zona, pues se tiene que eliminar la situación de riesgo con lo que conviven”, dice Leyva.

Agrega que las actividades previstas no responden a la gravedad de la situación, “carecen del carácter urgente e inmediato, es decir no se está protegiendo la salud de las personas, además del agua contaminada, las poblaciones están alimentándose de animales del monte y peces del río los cuales también sufren estragos de la contaminación”, finaliza Leyva.

Detrás de cada aborto está la historia de una mujer que busca sobrevivir

En nuestro país se realizan 370 mil abortos cada año, la mayoría de ellos en condiciones de riesgo que conllevan muertes totalmente evitables. Pero ¿cuáles son los costos de abortar en contextos de restricciones legales? la penalización del aborto tiene un alto costo para las mujeres que lo pagan con la afectación de sus derechos a  la vida, salud y su libertad; asimismo, es una pérdida de productividad laboral, limitaciones en las partidas del presupuesto público para atender dichas complicaciones, y los costos económicos para las mujeres que toman esta decisión; así lo señala la última publicación del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) que contiene tres estudios sobre el aborto en Lima, entre ellos destacan las Historias de vida de mujeres que abortaron por violación sexual.

Este es el tercer estudio de la publicación, y está enfocado en los testimonios de mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos producto de una violación sexual. Para las mujeres que participaron de este estudio su victimario siempre fue parte del entorno familiar.  En efecto, de las 12 mujeres que participaron en el estudio, de las que finalmente se seleccionaron cinco historias, sólo en dos ocasiones el violador no fue la pareja sentimental.

Los relatos de las mujeres evidenciaron serias dificultades de acceso a la salud sexual y reproductiva, tampoco tuvieron acceso a la justicia  y, en general, ninguna forma de protección frente a la violencia (lo que se evidencia en la completa ausencia de denuncia formal ante el sistema de justicia).  En este sentido, el Estado sólo aparece posteriormente a la violencia cuando la mujer embarazada debe enfrentar el contexto de ilegalidad del aborto en casos de violación, situación en la  que ellas son re-victimizadas por circuitos informales, además de tener que solventar gastos para los que no cuentan con recursos propios.

Tal es el caso de Ana, que sufrió la violencia física y psicológica por parte de su esposo, además de ser violada por el durante años.  Ana acudió a un centro de salud en el que nadie la derivó a un centro de emergencia mujer o cualquier otro espacio de contención.   Cuando ella habló con el personal de salud al descubrir que estaba embarazada, solo recibió indiferencia. Para poder solventar el aborto, Ana tuvo que gastar sus únicos ahorros.  Luego de esta experiencia, esta mujer decidió terminar con el círculo de violencia y actualmente vive con sus dos hijos tratando de salir adelante.

Se trata de cinco historias de mujeres reales que se han visto enfrentadas a una decisión difícil sin soportes ni contención estatal, cinco mujeres que nos recuerdan la importancia  de volver a colocar en la palestra la discusión en torno a la despenalización del aborto por violación sexual, realidad que afecta a miles de mujeres cada año en nuestro país; el país precisamente con más alta tasa de denuncia de violaciones sexuales en Sudamérica.

Estado no actúa ante décadas de contaminación por explotación petrolera

Fediquep denuncia que el Estado no ha solucionado contaminación por 40 años en ríos, quebradas y suelos en la cuenca del Pastaza, pese a declaratoria de emergencia.
De las cuatro cuencas afectadas por los impactos de la explotación petrolera y los constantes derrames, solo dos cuencas han sido declaradas en emergencia ambiental: Pastaza (marzo) y Corrientes (7 de septiembre).

Tras las constantes denuncias de las federaciones indígenas de cuatro cuencas –Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón- de influencia directa de la empresa petrolera Pluspetrol, que se encuentra ubicada en la selva norte, límite con Ecuador en la región Loreto, hace 6 meses (marzo) se ha declarado en emergencia ambiental a la cuenca del río Pastaza, sin embargo, a la fecha el Estado no ha puesto en marcha ningún plan de remediación ambiental ni otras acciones concretas para atender el desastre ambiental en esta zona donde se produce más del 30% de petróleo de extracción primaria del total del país.

La Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), que agrupa a 27 comunidades que suman cerca de 15 mil habitantes, denunció que el Estado no ha fiscalizado ni señalado la responsabilidad que tiene Pluspetrol en cuanto a la contaminación en la zona; y ha mostrado pruebas de que esta empresa ha incurrido en graves daños contra el medioambiente, que perjudican seriamente la salud y supervivencia de los pobladores, que deben abastecerse de los alimentos procedentes de los ríos contaminados.

Lagunas desaparecidas

Hace cuatro décadas, Ushpayacu era una laguna grande y limpia, que desembocaba al río Capahuari y luego al Pastaza. Durante muchos años abasteció de alimentos (peces) y recursos hídricos a los habitantes, tanto para su consumo como para el comercio. Sin embargo, ha reducido su volumen desde hace una década, por la ausencia de control y fiscalización por parte de las autoridades, y la negligencia de las empresas que hasta la fecha no han sido sancionadas.

El año 2006, el Estado peruano determinó que Pluspetrol debía remediar los daños en esta laguna, debido a que asumió los pasivos ambientales de su antecesora (Oxi). En este lugar se puede leer un letrero de la petrolera que señala que los trabajos de remediación ya fueron concluidos con la aprobación y “visto bueno” del Ministerio de Energía y Minas.

La Fediquep indicó que hubo negligencia de funcionarios del Estado, ya que Pluspetrol en vez de remediar rellenó el lugar. En un primer momento la petrolera pretendió señalar que nunca hubo laguna en la zona, miembros de la Fediquep han desmentido dichas afirmaciones con mapas satelitales, donde se observa que efectivamente había una gran laguna en la década pasada. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, visitó la laguna Ushpayacu en marzo y junio de este año para constatar la tragedia ambiental, y pidió perdón por el abandono en nombre del Estado.

Según denuncia de las federaciones indígenas, otra laguna cercana, Shanshococha, fue afectada por Pluspetrol hace siete años, cuando la empresa vertió sus desechos en sus aguas. “Al anunciarse la presencia en la zona de las congresistas Marisol Pérez Tello y Verónika Mendoza, la empresa rellenó con tierra y agua el lugar, aparentemente todo quedó normal, pero después de ello, comenzó a drenar el petróleo, lo cual fue informado al Ministerio del Ambiente”, señala el apu de la Comunidad Los Jardines, Román Payma.

Otra laguna que desapareció en 1995 por negligencia de la empresa Oxi, actualmente es un campo lleno de arbustos y pasto, pero al caminar por este espacio, el olor a petróleo se respira muy fuerte y en vez de arroyos hay combustible seco. Se encontró animales muertos sobre el petróleo seco. Aunque Pluspetrol se comprometió a subsanar este pasivo ambiental, aun no hay remediación a la vista.

Botaderos

Los monitores ambientales de las federaciones indígenas informaron que han desenterrado cuatro botadores, e indicaron que hay cerca de 20 toda la zona. Denunciaron que la empresa petrolera ha tenido que talar árboles con total impunidad, a fin de enterrar fierros, recipientes de metal y residuos sólidos sumamente peligrosos. “Los bidones y todos los materiales encontrados son sumamente peligrosos, porque contienen sustancias tóxicas altamente contaminantes no solo del suelo, sino del aire, y no han pasado por ningún proceso para el almacenamiento de residuos sólidos”, dicen los monitores.

“Las pruebas de este crimen contra la naturaleza fueron enviadas a Lima, a través de cartas y fotografías, denunciando la ilegal remoción de tierras que Pluspetrol ha hecho en la cuencas de los ríos en los últimos años. Las autoridades ambientales comprobaron en diversos estudios que, además de petróleo, había residuos de plomo, cadmio y otros elementos químicos”.

Estudios oficiales

Desde el Estado estudios gubernamentales confirman que hay altos índices de contaminación ambiental en la cuenca del Pastaza. Así, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó un estudio de 29 muestras de sedimentos en cuerpos de agua, dando cuenta que en todas había restos de cadmio, en 23 de hidrocarburos, en tres de zinc y en una de arsénico. Además, solo en muestras de cuerpos de agua, 17 están contaminadas con plomo, tres por hidrocarburos y uno por bario.

La ANA ha concluido que el 52% de las zonas de sedimentos muestreadas requieren de tratamiento o remediación, y realizar estudios específicos para determinar el origen de los elementos encontrados.

Por su parte, la Digesa hizo un estudio de fuentes de agua en 11 comunidades, donde fueron evaluados ríos, quebradas,  afloramientos naturales, otros. El resultado fue que 11 muestras de suelos están contaminadas por coliformes, y nueve por hierro.

Mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente, tomó 48 muestras de suelos, los resultados arrojan que casi la mitad (23) están contaminados por hidrocarburos medianos; 12 por hidrocarburos pesados, 7 por bario y 2 por plomo. En todos los casos, superaron entre 50 y 60 veces el límite permitido

Todos estos elementos pueden causar diversas enfermedades, como cáncer, anemia; afectaciones al sistema nervioso, el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, la sangre; además de abortos e infertilidad.

El Congreso de la República, a través del Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, formado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología concluyó que no se cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) entre 1996 y 2002, ni con el Plan Ambiental Complementario (PAC) entre 2005 y 2009.

La Oxy y Pluspetrol son “responsables de los daños ambientales ocasionados por la exploración, explotación y producción de petróleo” durante cuatro décadas; y que el también Estado era “corresponsable” de esta situación “por no tener los mecanismos adecuados de control para un desarrollo empresarial, respetando el medio ambiente y las comunidades nativas”, dice el informe.

El informe destaca los reportes de los monitores ambientales. “El monitoreo realizado por Fediquep y otras organizaciones indígenas han registrado 112 derrames de hidrocarburos, entre 2007 y 2011, más de la mitad de estos han tenido su origen en fallas del ducto de transporte de hidrocarburos, las otras causas principales son los desbordes de los tanques sumideros, así como los desbordes de pozas y tanques”.

Eligen consultora para valorizar pago de compensación por uso de territorio indígena

Foto: Solsticio

      Pluspetrol acepta que EFCO, consultora propuesta por la Federación, sea la encargada de valorización.

      Empresa tiene plazo hasta el 1 de octubre para responder propuesta de consultora.

En la última reunión entre la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep)* y la empresa Pluspetrol se acordó designar a la empresa EFCO para que realice el trabajo de valorización por el uso de tierras, debido a que la empresa petrolera opera en territorio de comunidades indígenas (Lote 1AB).

La valorización arrojará los montos que Pluspetrol deberá compensar a las comunidades por las actividades que afectaron territorio indígena.

La empresa EFCO, representada por Alfredo Portilla Claudio, presentará su propuesta técnica ante el directorio de Pluspetrol hoy (25 de septiembre). La empresa petrolera tendrá plazo hasta el próximo martes, 1 de octubre, para responder a la propuesta de la consultora.

Grupo Palomares revelará estudios

Otra decisión acordada por Pluspetrol y Fediquep es que la petrolera autorizará al Grupo Palomares, a revelar los resultados de estudios ambientales y valorización de tierras que realizó dicha empresa a pedido de la petrolera el año 2011. El resultado del estudio ha sido manejado con total reserva por parte de Pluspetrol.

De otro lado, los apus de las comunidades que integran Fediquep expresaron su malestar y preocupación por la ausencia en la reunión del grupo de trabajo, de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas, ya que en estas reuniones se vienen discutiendo demandas y  reparaciones legitimas de los pueblos indígenas que habitan en el distrito de Andoas, Datem del Marañon, Loreto, en la frontera con Ecuador, quienes conviven con la actividad petrolera desde hace 40 años en ausencia del Estado.

Cabe señalar que la compensación por el uso de tierras en territorio indígena es solo uno de los puntos de agenda que debe resolver el Estado y la petrolera con las poblaciones indígenas, queda pendiente temas vitales como la remediación ambiental y la indemnización por los daños ambientales.

* Integrada por 27 comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza

Estado debe aplicar estrategias sociales para reducir indicadores de trata de personas en Madre de Dios

ü  Promsex pide tomar acciones en educación, salud y aspectos laborales para reducir este flagelo, y no solo medidas persecutorias.

ü  Agregó que estas problemáticas ocurren donde el Estado “está ausente”.

En Madre de Dios lo único que brilla es el oro, es una investigación que acaba de publicar el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que revela la ausencia de estrategias gubernamentales para atender las consecuencias que viene generando la fiebre del oro en esta región, como los graves impactos en la salud de las víctimas por la falta de acceso a los establecimiento de salud.

 La presidenta ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Susana Chávez, manifestó que para lograr la reducción de indicadores de la trata de personas, el Estado “debe desarrollar estrategias en el campo social y debe estar presente a través de acciones concretas en la educación y la salud, teniendo en consideración las particularidades que ofrece la región  Madre de Dios y el fenómeno de fiebre de oro”. En este último campo, aconsejó desarrollar “una estrategia humanitaria” dirigida hacia las víctimas de la trata, asunto que hasta el momento ha estado ausente en las acciones estatales.

 Chávez demandó que se realice una verificación de cuántos niños no van a las escuelas; y también indicó que debe tomar acciones para modificar las normas laborales, para contrarrestar no solamente los efectos de la trata, sino de la explotación laboral, consecuencias directas de la minería ilegal en Madre de Dios.

 “Este problema (trata de personas) ocurre donde el Estado está ausente. No puede entenderse esta realidad si no se tiene claro la problemática”, expresó Chávez. Agregó que la trata de personas genera en las víctimas “daños que lo arrastrarán por toda su vida”.

 En cuanto al papel del gobierno regional de Madre de Dios, Chávez destacó “que ha hecho esfuerzos con diversas instancias multisectoriales”, pero al mismo tiempo afirmó que “necesita un apoyo político de alto nivel”. “No es fácil la intervención cuando hay autoridades inmersas en este delito”, denunció. Asimismo, recomendó atender este problema “no solamente de manera policial, sino socialmente”.

 Resultados del informe

Cita el informe que estos problemas son originados por la debilidad del Estado para poder brindar los servicios de salud. La zona “La Pampa, ubicada entre la carretera Interoceánica por el sur y el río Inambari por el norte, tiene una alta prevalencia de accidentes y que pese a ello solo cuenta con siete establecimientos de salud, que carecen de las condiciones necesarias para atender los problemas de salud. A ello se agrega la inaccesibilidad impuesta por las “redes de seguridad” de la minería informal que opera en este lugar, quienes con el uso de la  violencia impiden que las  autoridades policiales y fiscales ingresen a las zonas.

 Señala el estudio que estrategias como  la Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED), no han sido pensadas para las víctimas de trata, por lo que su alcance es deficitario. Tampoco se adecuan a las necesidades de esta población que, en su mayoría, son migrantes, indocumentados, quechua hablantes o nativos, que se trasladan a estas zonas enfrentándose a un hábitat totalmente inhóspito e insalubre, acrecentado por la terrible contaminación por mercurio.  Tal como se señala en el Informe del Instituto de la Amazonia Peruana y el Ministerio del Ambiente (Abril 2011).

 Cabe señalar que para el desarrollo de esta investigación se contó con la colaboración de 40 informantes secretos, quienes ayudaron a construir un perfil de salud, de las víctimas de trata, quienes se encuentran afectados por una serie de enfermedades. El informe revela los principales problemas de los establecimientos de salud, sus precarias condiciones,  ausencia de medios para traslado de paciente, ausencia de medios de comunicación, poca coordinación con autoridades de salud, barreras de idioma, junto al desconocimiento de cómo enfrentar el problema de la trata de personas.

Resumen ejecutivo: http://promsex.org/images/docs/Publicaciones/resumenejecutivoTrata.pdf

¿EL GOBIERNO QUIERE REALMENTE AVANZAR EN ORDENAR LA MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA?

Escribe: Julia Cuadros F.

Nos hacemos esta pregunta, porque por un lado vemos los esfuerzos desde el Ministerio del Ambiente en materia de normatividad sobre pequeña minería y minería artesanal, la diferenciación entre minería informal y minería ilegal; y por otro lado el discurso retórico de la Presidencia del Consejo de Ministros o la indolencia de Ministerios como el de Energía y Minas, o Economía y Finanzas. Si realmente hubiera la voluntad de resolver el gran problema de la informalidad e ilegalidad de la minería en pequeña escala, se deberían atender, entre otras medidas, las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo[1] hizo en su Informe Especial sobre Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú.

Las concesiones mineras continúan creciendo en nuestro país. Hablando de concesiones mineras tituladas, tenemos que en el régimen de Minería Artesanal, entre Noviembre de 2010 a Junio de 2013, los titulares de concesiones crecieron de 9,900 a 12,300, un 20% aproximadamente. Es decir, continúa creciendo el número de concesiones lo cual agrava aún más el problema, porque muchas de esas concesiones o se convertirán en operaciones legales o en el peor de los casos serán tomadas por mineros ilegales.

Mientras que el área concesionada para minería artesanal creció de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas.

De las aproximadamente 70 mil Declaraciones de Compromiso presentadas a noviembre de 2012, a agosto de 2013, sólo 20,875 mineros habían iniciado el trámite de formalización, de los cuales sólo 3,317 pequeños mineros y mineros artesanales contaban con título de concesión minera y la diferencia consignada en el Anexo 2 del DS 032-2013-EM que no contaba con título, sólo había manifestado su voluntad de suscribir convenios de explotación. La diferencia entre las cifras declaradas es más que notable con la realidad exorbitante de la minería informal e ilegal en el país.

Si de lo que se trata es de ordenar la minería en pequeña escala, una primera medida de gobierno debiera dar es la moratoria o suspensión de las concesiones mineras hasta que no se den pasos seguros hacia el ordenamiento y formalización.

Obviamente la otra medida es inversión pública en el sector de pequeña minería y minería artesanal. Sin ir más lejos, los pequeños productores mineros y los mineros artesanales requieren de apoyo tanto del Estado como de colegios profesionales, universidades, para elaborar a bajo costo los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctiva (IGAC)

Ello debe ir acompañado del fortalecimiento de capacidades y de recursos económicos para los Gobiernos Regionales que tienen la gran tarea de la formalización en sus manos. Por ejemplo la Región Arequipa  ha recibido 17,000 Declaraciones de Compromiso; si sólo 1,000 IGAC fueran presentados hasta el 19 de Abril de 2014 en que se vence el plazo, se requerirá más personal capacitado, de los 5 que Arequipa tiene actualmente, para que la aprobación del IGAC no sea un trámite administrativo, sino que sea un instrumento de gestión ambiental realmente útil, que permita remediar los daños ya producidos por la actividad en pequeña escala informal y prever impactos ambientales futuros.

La interdicción contra los mineros ilegales tiene que continuar, pero es insuficiente, tiene que haber más apoyo estatal a la formalización, con recursos y capacidades y no dejar solos a los Gobiernos Regionales en esta tarea.

Estas acciones deben hacerse en diálogo y con la presencia de los representantes legítimos de los PPM y PMA que tienen la voluntad de formalizarse y que han iniciado los trámites. Repetimos, se requiere una intervención multisectorial, donde se articulen varias estrategias: formalización, desarrollo tecnológico, diversificación económica, fortalecimiento de servicios públicos, educación, salud.

Solucionar un problema de la magnitud de la minería informal e ilegal en nuestro país va a ser un esfuerzo largo y tremendo para el Perú y para cualquier gobierno; reconocemos que no hay soluciones sencillas y que en este caso son muy complejas y requieren ser abordadas con inteligencia y voluntad política. El país tiene el reto de revertir la tendencia a un crecimiento explosivo y descontrolado de estas actividades, diseñando un camino y estrategias claras y articuladas entre todos los sectores, hacia un desarrollo que mejore la vida de peruanos y peruanas.

Víctimas de trata en Madre de Dios, también son víctimas del olvido del Estado

 

   Las víctimas de trata además de sufrir esclavitud, no tienen acceso a los servicios de salud.

      
       Los servicios del Ministerio de Salud aún no tiene una estrategia eficaz que disminuya el impacto de la trata y explotación sexual en su salud.   

Una investigación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), da cuenta que las víctimas de trata de personas en Madre de Dios, a causa de la “fiebre del oro”, fenómeno que mejor describe la minería informal en esta región”, sufren de graves impactos en su salud debido al acceso tardío a los establecimiento de salud, produciendo daños muchas veces irreparables.

El informe de Promsex sostiene que estos problemas son originados por la debilidad del Estado para poder brindar estos servicios y ante la falta de  intervenciones sanitarias, que afectan de manera particular  la zona de la “La Pampa”, ubicada entre la carretera Interoceánica por el sur y el río Inambari por el norte, que a pesar de su concentración poblacional, la alta prevalencia de accidentes que se producen debido a las precarias condiciones de trabajo y de vivienda,  hay solo siete establecimientos de salud, que carecen de las condiciones necesarias para atender los problemas de salud.

Estrategias como  la Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED), no han sido pensadas para las víctimas de trata, por lo que su alcance es deficitario. Tampoco se adecuan a las necesidades de esta población que, en su mayoría, son migrantes, indocumentados, quechua hablantes o nativos, que se trasladan a estas zonas enfrentándose a un hábitat totalmente inhóspito e insalubre, acrecentado por la terrible contaminación por mercurio.  Tal como se señala en el Informe del Instituto de la Amazonia Peruana (IIA) y el Ministerio del Ambiente (Abril 2,011).

A ello se agrega la inaccesibilidad impuesta por las “redes de seguridad” de la minería informal que opera en “La Pampa”, quienes con el uso de la  violencia impiden que las  autoridades policiales y fiscales ingresen a las zonas, permitiendo a veces la presencia del personal de salud lo que podría ser una oportunidad para la ayuda humanitaria, condición mínima que debe ofrecer el Estado.

Para el desarrollo de esta investigación, que contó con la colaboración de 40 informantes secretos, quienes ayudaron a construir un perfil de salud, de las víctimas de trata, quienes se encuentran afectados por una serie de enfermedades, que no difieren mucho del perfil de la zona, pero cuyos problemas se hacen más graves, debido al retraso para asistir a un establecimiento de salud  Explicando la cronicidad de sus males.  Y la pérdida de días laborables, ampliando el tiempo de explotación y de retención obligada de las víctimas

El informe señala los problemas de los establecimientos de salud, sus precarias condiciones,  ausencia de medios para traslado de paciente, ausencia de medios de comunicación, poca coordinación con autoridades de salud, barreras de idioma, junto al desconocimiento de cómo enfrentar el problema de la trata de personas.

Balbina Cárdenas, Coordinadora de Crecer Seguras de Madre de Dios señaló que Promsex ha planteado una serie de propuestas a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Madre de Dios, con el fin de que atienda la problemática de la trata de personas. “La Diresa ha recogido las propuestas y con ello viene realizando algunas estrategias, con un enfoque de derecho a la salud,  género e interculturalidad, constituyéndose en una oportunidad invalorable para mejorar los servicios públicos de salud, en base a las necesidades de las personas a las que debe atender”.

Oro negro contamina la amazonía

 

No solo la minería ilegal y la deforestación están destruyendo nuestra amazonía.

Escribe Magali Zevallos

La mayor productora de gas y petróleo en nuestro país es la empresa Argentina Pluspetrol, que se encuentra asentada desde hace trece años en territorio de cuatro pueblos indígenas: Achuar, Quechua, Cocama y Urarinas (lote 1AB y 8), en la región Loreto.  La ubicación de los lotes sobre el territorio de estos cuatro pueblos no se ha visto reflejado con ningún beneficio para las poblaciones indígenas, la explotación petrolera ha significado para ellos la destrucción de sus bosques, la contaminación de sus suelos y ríos; la desaparición de sus quebradas y lagunas (cochas), y por ende la depredación de sus únicas fuentes de alimentación.

Es decir, la seguridad alimentaria y la salud de estas poblaciones se encuentran amenazadas.

Para palpar esta realidad fuimos hasta Andoas. El viaje es un desafío, comprende aire, carretera y surcar durante 19 horas los ríos Huallaga, Marañón y Pastaza.  El vuelo de Lima hacia Tarapoto dura una hora; para hacer la conexión a Yurimaguas se requiere de un auto, 125 Km. de carretera, aproximadamente 3 horas de viaje.

Al llegar a la comunidad achuar Nueva Andoas, población que convive desde hace cuatro décadas con la explotación de petróleo,  - primero  con la administración de  Occidental Petroleum y posteriormente a cargo de Pluspetrol - donde se encuentra el Lote 1AB,  que produce más de 15,000 barriles de petróleo por día, no cuenta con un puerto fluvial, hay un aeropuerto de la empresa de uso exclusivo de la petrolera.  Los servicios básicos como agua, desagüe no existen, salvo algunas piletas de agua que han sido colocadas por la empresa.  La cobertura de salud y educación es otro drama.

Pese a los millonarios ingresos generados por la explotación de este recurso, las comunidades de influencia directa e indirecta están abandonadas.  En estas zonas tampoco llegan los programas sociales, la bandera de la inclusión social le sigue dando la espalda a estas poblaciones, que durante décadas vienen sufriendo los embates del impacto acumulativo de la extracción petrolera.

Derrame de hidrocarburo

Del 2007 al 2011, los programas de vigilancia territorial indígena han reportado 112 derrames de hidrocarburos, así lo afirma el informe “Impactos Petroleros en Territorios Indígenas: Experiencias del Programa de Vigilancia Territorial del río Corrientes y los registros de derrames de los Programas de Vigilancia Territorial Indígena”, elaborado por las federaciones indígenas, como: FECONACO, FEDIQUEP y FECONAT.

De los 82 Derrames acontecidos en el lote 1AB, 71 han sido reportados en la Cuenca

del Río Corrientes, 10 en la Cuenca del Pastaza y 1 en la Cuenca del Río Tigre.

Más de la mitad de los derrames identificados han tenido su origen en fallas del ducto de transporte de hidrocarburos, además de los desbordes de los tanques sumideros y de pozas. Las  tuberías que trasladan el petróleo están deterioradas porque fueron instaladas en los años 70.

Emergencia Ambiental

De las cuatro cuencas afectadas por el impacto de las actividades de hidrocarburos: Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre, las dos primeras han sido declaradas en emergencia ambiental.

El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, denunció la inacción del Estado peruano ante la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza, vigente desde hace seis meses (marzo), por lo que demandó la presencia del presidente Ollanta Humala y el jefe de gabinete Juan Jiménez, para que se tomen medidas concretas para dar solución a esta problemática.

“En la cocha Ushpayacu hubo muchos derrames, lo que ha hecho Pluspetrol es llenar con tierra, ahora en esa laguna ya no hay peces.  Se puede destruir una laguna con total impunidad”, se pregunta el apu.

Estas afirmaciones las pudimos constatar haciendo un recorrido de los puntos críticos de contaminación, la quebrada Ushpayacu hoy es un depósito de crudo, el olor es fuerte y se puede observar cómo salen burbujas de color negro. La segunda parada es en la laguna Shanshococha que hace cuatro décadas era la fuente de alimentación de las comunidades, acá se puede ver como flota el petróleo en algunos ojos de agua.

Los bosques y los suelos también han sido impactados.  Se  han deforestado bosques para uso de botaderos, que son pozas excavadas que no cuentan con procedimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos, como el recubrimiento de geomembrana.

Guardianes ambientales

Frente a la ausencia de organismos supervisores y de fiscalización, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el  trabajo que vienen realizando desde el 2007 los monitores ambientales, que se encuentran agrupados en las Federaciones indígenas, ha sido de vital importancia para visibilizar el desastre ambiental en esta zona.

El informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón,  de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, afirma que a la fecha el Estado Peruano no cuenta con un registro que permita identificar los pasivos ambientales derivados de las actividades de hidrocarburos.

“En la selva peruana hay problemas por el abandono de infraestructura petrolera, suelos contaminados por efluentes, derrames, fugas,  emisiones,  depósitos de residuos petroleros en quebradas, ríos, cochas, otros, que aún no se encuentran considerados en instrumentos de gestión ambiental”, sostiene el documento.

Inicio de diálogo

Con la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza se ha iniciado el diálogo entre las comunidades indígenas, Pluspetrol y el Estado.

En la última Asamblea promovida por la Fediquep, Alfredo Zúñiga, gerente de Relaciones Comunitarias de la Pluspetrol reconoció que existe una grave contaminación en la zona.

Está en manos del Estado y las autoridades determinar las responsabilidades de la contaminación y los pasivos ambientales.  Y que los espacios de diálogo permitan revertir la ruptura que hay entre el Estado y las poblaciones indígenas, quienes en nombre del desarrollo viven contaminados desde hace 40 años.