Incertidumbre: en 18 días vence el contrato del Lote 192

A tan solo 18 días de vencer el contrato del Lote 192 aún no se ha dado la licitación de uno de los lotes más  importantes del país, actualmente produce el 17% del crudo nacional. Pese al rechazo de las comunidades indígenas Pluspetrol –empresa argentina que explotó el lote los últimos 15 años- sigue siendo una opción para continuar con la administración de dicho lote, pues la licitación ha sido declarada desierta, y hay una preocupación real de parte de las comunidades indígenas de Loreto que Perupetro negocie directamente con Pluspetrol.

Escriben Magali Zevallos y Iara Urbina

Las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto, se encuentran viviendo momentos de incertidumbre, en 18 días se definiría el destino de estas poblaciones que han padecido por más de 40 años los lastres de la contaminación petrolera, y la incapacidad del Estado para estar presente en estas zonas. La cercanía del vencimiento del contrato de este lote petrolero obligó al Estado a atender las demandas de estos pueblos indígenas, a partir de ello se establecieron mesas de trabajo, compromisos de remediación ambiental, proceso de diálogo para la consulta previa, entre otros. Sin embargo, hay mucha incertidumbre entre las poblaciones y sus federaciones respecto a quién administrará el lote.

Mediante un comunicado las Federaciones Indígenas señalaron que la actual operadora del Lote 192 continúa sin implementar las recomendaciones que el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA han hecho para la remediación ambiental. “Pluspetrol cumple un papel nocivo, no sólo en nuestros territorios sino frente al interés nacional. La actual operadora del Lote 1AB y, ahora, también postora del Lote 192, pretende excluir más de 90 sitios contaminados que han sido identificados por entidades del Estado”.

 

Tras ser declarada desierta la licitación, uno de los escenarios que plantean los economistas en cuanto a las negociaciones de este lote es que la empresa podría negociar con condiciones a su favor y podría pedir que se reduzca más el porcentaje de regalías, que en el caso del petróleo ligero bajó de 35% a 20%, mientras que para el petróleo pesado disminuyó de 25% a 15%.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas señala que por un lado ha habido errores técnicos y falta de claridad política, y en esta disyuntiva se plantea una pregunta ¿no habrá sido que han endurecido las bases para que no hayan postores? “Si es así, no queda más que negociar directamente con Pluspetrol, esa es la especulación que se hace y en ese caso, se puede decir que como ninguno se ha presentado, las bases pedían demasiado y en la negociación directa se bajan sustancialmente los requisitos y regalías pero ya con un solo postor”.

Ante esta premisa los integrantes de las Federaciones Indígenas señalaron que no permitirán que la historia se repita y que antes de realizarse la licitación, el nuevo operador y el Estado deben acercarse a los territorios para conversar con las comunidades y sus organizaciones. “El Estado no puede ser débil ante Pluspetrol y debe exigirle que se haga cargo del daño cometido”.

Piden que Petroperú asuma Lote 192

Las comunidades del Tigre realizaron una movilización presidida por su gobernador regional, Fernando Meléndez, donde protestaron en contra de la disminución del canon petrolero que recibe Loreto. Con pancartas y banderolas exigieron que Petroperú sea la empresa que se encargue de la explotación del Lote 192 ya que, es la propuesta más viable para operar dicho lote.

Aunque el presidente Ollanta Humala ya ha salido a descartar esa opción.

Herrera Descalzi señala que según la Ley N°30130, la empresa estatal no puede participar al 100% en la licitación del Lote 192, sí es que hubiera la intención política, el caso tendría que ser llevado al Congreso de la República, y la salida sería por la emisión y publicación de un Decreto de Urgencia, es decir depende de la voluntad política del gobierno.

Al respecto, el economista Humberto Campodónico sostiene que esa negativa viene desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Lo que sucede es que el ministro Alonso Segura no quiere que la empresa estatal tome el rol que le corresponde; por lo tanto, el peso viene del Ministerio de Economía, esa es la realidad, el MEF se opone y como tiene mucho poder, están impidiendo que esto suceda”. “Si es que Petroperú entra al Lote 192, hay que modificar esa ley. Si hay voluntad política, se encontrará la forma” manifiesta Campodónico.
“Sí existe la posibilidad de que Petroperú entre al Lote 192, porque esto le va a permitir generar un mejor flujo de caja, Petroperú no tendría que pagar los 345 millones de dólares que cuestan los activos porque serían del Estado, la tarifa del oleoducto tampoco. Tiene que haber un nuevo paquete económico, financiero y productivo muy bien definido”, dice Campodónico.

El congresista Manuel Dammert comentó que le parece sorprendente que el presidente haya declarado en contra del ingreso de Petroperú al Lote 192. “Petroperú debería participar en el lote petrolero. La medida sería la más beneficiosa para el Estado y las comunidades indígenas. “Si hay voluntad política, se puede cambiar la ley en diez días”.

Dammert es el impulsor de una iniciativa ciudadana que declara de necesidad pública e interés nacional priorizar la modernización de la Refinería de Talara, y que además adopta medidas para fortalecer Petroperú S.A., en ese marco legal Petroperú podría estar a cargo del Lote 192. “La Ley N° 30130 impide que Petroperú asuma el Lote 192 y obliga la venta del 49% de los activos de la empresa. “En el estudio de la consultora Wood Mackenzie realizado para Petroperú, se sustenta que para reactivar en conjunto a Petroperú y garantizar la Refinería de Talara, Petroperú debería participar en los lotes petroleros. Es decir, según ese estudio técnico, si Petroperú se queda solo con la refinería, ésta no se podrá sustentar financieramente”, sostiene el congresista.

Reunión con representantes indígenas

Rosa María Ortíz, titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que faltan pocos puntos para llegar a acuerdos con las federaciones de comunidades y que este 14 de agosto recibirá a algunos representantes de las Federaciones Indígenas para concluir los acuerdos pendientes para la consulta previa: “Se ha postergado hasta el 14 de este mes una reunión con algunas comunidades, para dar respuesta a algunas repreguntas planteadas por sus representantes”, señaló la ministra.  

Las comunidades ashuar y quechuas de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza, así como de sus federaciones FECONACO y FEDIQUEP, señalaron que “de lo que se trata es de dar respuesta no a preguntas, sino a justas demandas de mejores condiciones para la explotación petrolera. Se está minimizando los impactos en la tierra, en la salud y en nuestras vidas”. Cabe señalar que la programación de esta reunión es una continuación del frustrado diálogo con las comunidades del Corrientes y Pastaza, que se desarrolló en julio en Iquitos.

Datos:

Pluspetrol tiene 12 multas que ascienden a los 39 millones de soles en infracciones ambientales, según un informe de Ojo Público. Fuentes del sector petrolero, dijeron que las empresas que hayan sido sancionadas por transgresiones a normas socioambientales no podrán calificar en la licitación del lote, para así no generar conflictos sociales con las comunidades indígenas.

Según el informe final publicado por el Grupo de Trabajo del Congreso de la República, Pluspetrol, al igual que Oxy en 1996 y 2002, no han remediado los daños realizados a las comunidades.

Normativas aprobadas por el Gobierno peruano alimentan la conflictividad social

“Este paquete de proyectos es la amenaza más grande desde la Constitución de 1920 contra la propiedad comunal, con la idea de que todas las tierra rurales deben estar en un mercado y el que quiere pagar más gana las tierras. Con eso desaparecen las comunidades indígenas y parte de nuestra identidad. Hay una población rural e indígena que está dispuesta a protestar, a cuestionar, y es muy crítica a estos intentos de quitarles las tierras para dársela a inversionistas. No va a haber paz social si se sigue bajo esta lógica, va  a haber conflicto”, afirmó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común. Por su parte, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria, alertó del peligro de la desaparición de las comunidades  con estos paquetazos, e informó sobre el paro nacional  de los pueblos que tendrá lugar el 22 y 23 de junio en rechazo por estas normas y por la criminalización de la protesta que sufren.

Durante los últimos dos años del gobierno de Humala, son tres los paquetazos que han sido aprobados por el Congreso de la República o mediante decretos supremos por el Poder Ejecutivo. Es claro que también juegan un papel central en estas políticas los Ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este momento el Congreso evalúa la aprobación de un nuevo paquete normativo (proyecto de ley 3941), y el actual presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que buscaría obtener facultades especiales para que la aprobación de los futuros paquetazos no requiera involucrar al Congreso.

César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), y aseguró que este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que los ecosistemas sean viables”. Asimismo, citó el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas naturales protegidas.

Estas normas deberían haber sido consultadas en tanto afectan directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus recursos naturales y a la autodeterminación.

Debilitamiento de la propiedad comunal

“De implementarse la ley 30230, se podrían aplicar “procedimientos especiales” -los cuales no han sido definidos- para quitar las tierras de las comunidades, y entregarlas a las compañías mineras, petroleras y grandes inversionistas, como los interesados en el monocultivo de palma africana”, explicó Richard Smith, director del IBC. A pesar de que el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley, al no especificarlo de manera clara. “Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos los territorios de las comunidades”, precisa el director del IBC.

Silvana Baldovino, de la SPDA, mencionó que estos paquetazos se orientan a las comunidades campesinas  y a las tierras eriazas, e hizo un paralelo con la causas que generaron el Baguazo, como la promulgación de una serie  de decretos (Decreto legislativo 1064, entre otros) que flexibilizaba la toma de decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las tierras.

Hay que recordar que aún quedan por titular casi 4.000 comunidades. Además, El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petrolíferas.

Abandono del modelo primario-exportador

El economista Humberto Campodónico no augura éxito a los paquetes normativos que pretenden atraer la inversión y reactivar la economía a través de la flexibilización de los estándares ambientales y sociales. Remarcó la necesidad de pasar de un modelo económico primario-exportador hacia una economía que apueste por la diversificación productiva y la industrialización. El ex presidente de Petroperú señaló la alta dependencia que tiene la economía peruana de la exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65% de las mismas. Superando ampliamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera a un país dependiente cuando depende más del 25% de su economía de la exportación de los “commodities” (productos básicos).

Campodónico comentó que este modelo económico, de acuerdo a estudios internacionales, termina por perjudicar a la industria nacional, deviene en corrupción, favorece el rentismo o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe preocupación por generar recursos propios pues reciben unos ingresos fijos por estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país, gerenando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los recursos naturales”, afirmó.

Aumento de la conflictividad

Según la Defensoría del Pueblo en el Perú, se registraron en el mes de abril 229 conflictos, de los cuales, 175 están activos y  154 (es decir, el 67,2%) se deben a cuestiones socioambientales, la mayoría  de los cuales son por la minería (112) e hidrocarburos (20). Laureano del Castillo, de Cepes, señala que muchos de los conflictos socioambientales se deben a la presencia de actividades extractivas en tierras comunales, y que las normas elaboradas desde el Poder Ejecutivo vulneran convenios internacionales como el 169 de la OIT. “Las comunidades campesinas y nativas tienen más del 60% del total de las tierras agropecuarias.  Vamos  a afectar su sustento, pero no solo eso. Alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en las ciudades provienen de  la agricultura familiar. Quitar tierras para poner proyectos minas, carreteras u otros proyectos de inversión solo alimentará la conflictividad en el país”, señaló

OXFAM presenta estudio sobre Desafíos en la superposición de uso de tierras para industrias extractivas y agricultura en Perú y Ghana

La actividad minera y petrolera ha entrado en competencia directa con la agricultura de pequeña escala en muchos países. Las tensiones por el control de la tierra y, sobre todo, por el agua, han producido protestas y conflictos violentos en las comunidades. Reconciliar estos dos importantes impulsores del desarrollo se ha convertido en un tema crucial de gobernabilidad y desarrollo.

Según estudio de la Universidad de Queensland, Clark University (2014), los costos para las corporaciones en la conflictividad social pueden llevar a ser muy altos, cerca de los US$ 20millones semanalmente, en el caso de grandes proyectos mineros valorizados entre US$3,000 y US$5,000 millones.

Según el FMI, el Perú debe diversificar la economía en sectores estratégicos como la agricultura y no depender tanto de la minería. Si observamos lo que pasa en zonas con actividad minera, como en Espinar, entre 2004 y 2012, la provincia contó con más de mil millones de soles por recursos de canon y del aporte de la empresa minera bajo el convenio marco. Esa cifra constituyó el 86% del total de los recursos que recibió entre esos años dirigidos a mejorar condiciones de vida inmediata pero sin atender cambios estructurales de productividad y competitividad.

Según el informe,  las cinco cuencas de drenaje que presentaban mayor proporción de su área bajo concesión a la industria minera eran el Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari. La superposición se ha incrementado rápidamente, desde el año 2002, especialmente en las regiones de la costa y del centro del Perú. A partir del 2007 se empezó a otorgar desproporcionadamente áreas agrícolas, especialmente en la costa peruana.

 

El geógrafo Anthony Bebbington señaló que uno de los desafíos a superar tiene  que ver con vencer la limitación de información, el marco legal incompleto y la asimetría en el acceso a la información entre los actores. Explicó además que uno de los indicadores más importantes son las concesiones otorgadas para la actividad extractiva, en zonas en donde se desarrolla pequeña agricultura, así como los cambios expuestos en el suelo y en la sociedad después de una actividad extractiva.

“Las concesiones nos indican que son decisiones tomadas por actores públicos y privados. Decisiones que tienen que ver con el uso de la tierra. Conscientemente dictadas. Otros indicadores de cambios están en la tierra y los que son de carácter social. Aunque sea un indicador negativo, sirve para medir”, añadió.

La problemática entre ocupación de territorios agrícolas por parte de las actividades extractivas tiene impacto también en la seguridad alimentaria del país, tema que OXFAM ha venido trabajando en los últimos años en nuestro país mediante la campaña CRECE.

Por ello,  Giovanna Vásquez Luque, representante de OXFAM, señaló que la pequeña agricultura  en Perú no tiene la atención, ni la prioridad necesaria por parte del Estado, a pesar de que destinan el 76% de sus tierras a la producción de tubérculos y el 72% a hortalizas; es decir son la base de nuestra seguridad alimentaria y de la gastronomía.

“En el país no ha habido una política agraria adecuadamente implementada para ese sector porque ni siquiera se encontraba data del mismo hasta el año pasado. El censo de 2012 nos habla que hay 2,260 mil pequeños productores y llama la atención que el sector no se ha disminuido sino que muy por el contrario ha aumentado aproximadamente en 500,000 mil. Las regiones de mayor concentración de la pequeña agricultura son Cusco, Puno y Cajamarca. Regiones en donde la industria extractiva tiene una presencia importante”.

Vásquez menciono que una muestra del poca prioridad del sector fue el diseño en el año 2013 de la discusión de la política en seguridad alimentaria donde se diseñó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara y una Ley marco que garantiza el Derecho a la Alimentación, la cual aún no está aprobada por el legislativo a pesar de los esfuerzos conjuntos de sociedad civil para lograr su envío al ejecutivo, anoto.

El estudio a cargo del profesor Bebbington de la Universidad de Clark,  dice que la agricultura continúa siendo el mayor empleador de la población rural en el Perú. El 25% vive hoy en zonas rurales, de ese porcentaje, el 25.2% es el sector agrícola que aporta a la PEA y aporta el 7.2% al PBI nacional. La pequeña agricultura es un sector en el que hay una gran cantidad de gente empleada.

En los años futuros, es probable que los distintos usuarios de la tierra compitan cada vez más por el acceso a los mismos recursos de tierra y agua. Los mapas que muestran dónde se superponen los usos propuestos de la tierra, identifican así dónde la expansión de las industrias extractivas podría amenazar los medios de subsistencia que dependen de la tierra y el agua existentes.

Pese a los beneficios que genera, el desarrollo puede traer consigo también riesgos e incertidumbre para las comunidades. Las personas y los grupos responden a nuevos riesgos con un amplio rango de estrategias para sobreponerse a estos problemas.

El informe, advierte además que la producción agrícola y las industrias extractivas están dándose en las mismas áreas geográficas en el Perú y Ghana.

Puede predecirse que la superposición de la agricultura con las industrias extractivas conllevará a un conflicto social permanente, a menos que los gobiernos manejen esta situación de manera efectiva y mediante una adecuada coordinación de políticas.

Nuestro país está experimentado el espectacular crecimiento basado en la minería pero que según instancias como Banco Mundial, BID, etc., crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Los conflictos entre extractivas y comunidades locales están expresando raíces profundas de preocupación de agricultores, por ejemplo sobre el impacto en sus medios de vida.

Ver informe: http://www.oxfamblogs.org/lac/informe-de-investigacion-sobre-mineria-y-agricultura/

Altos niveles de contaminación ponen en peligro la seguridad alimentaria de comunidades indígenas

ü  Apus revelan que siguen comiendo productos de fuentes de agua contaminadas “los ríos nos abastecen de nuestra principal fuente de alimentación”.

Los apus de las comunidades que integran la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) denunciaron que su seguridad alimentaria está en peligro pese a la emergencia ambiental declarada por el Estado peruano en la cuenca del Pastaza, vigente desde marzo pasado, pues están obligados a consumir los peces y el agua del río y lagunas (cochas) contaminadas, porque las autoridades competentes no han ejecutado acciones y medidas concretas para resolver este grave problema, que pone en riesgo la salud y la vida de los pueblos indígenas.

El apu de la comunidad de Nuevo Andoas, Ricardo Arahuana, señaló que no tienen otro lugar para abastecerse de alimentos. “Estas lagunas son los únicos lugares donde pescamos todos los días, aun cuando sabemos que todo está absolutamente contaminado”, manifestó. “A raíz de la emergencia ambiental lo único que trajo el gobierno a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa) son 800 kits de 37 litros de agua cada uno, que consiste en llenar el bidón con agua, luego echarle unas pastillas de cloro que debe ser batido por 10 minutos. El cloro que echamos al agua no eliminan los elementos tóxicos que tienen nuestros ríos por la contaminación petrolera, seguimos tomando agua contaminada, la emergencia ambiental está solo en el papel”, dice.

Sebastián Uchurahua, apu de la comunidad de Alianza Capahuari, agregó que incluso consumen animales, como: majaz, venado, sajino, otros, que a su vez beben del agua de las lagunas y del río altamente contaminado. Sostuvo que muchos pobladores “tienen ronchas, dolores de cabeza y diarreas” a causa de la contaminación. “Los habitantes de las 27 comunidades aledañas tenemos que comer el pescado y tomar el agua de estas cochas (lagunas) porque no hay más lugares de donde sacar el agua”, señala.

A su turno, el apu de la Comunidad Alianza Topal, Edison Sánchez, manifestó que hay muchas especies de peces que han desaparecido por la contaminación, “estas lagunas son nuestra única fuente de alimentación y de mercado”. “El gobierno central y el gobierno regional de Loreto se comprometieron a solucionar los problemas de seguridad alimentaria, seguimos esperando”, dice Sánchez.

“Hace 40 años un indígena de Andoas para cazar caminaban 80 minutos, hoy en día tiene que caminar de 2 a 3 días, estamos esperando el diagnóstico social que se ha comprometido el Estado a elaborar, ese diagnóstico nos va a revelar cómo están diezmados estos pueblos, cuál es la magnitud y hasta dónde han llegado los impactos de la explotación petrolera. Si no hay en esas zonas estado de derechos estos pueblos corren el riesgo de desaparecer”, dice Jorge Tacuri, asesor de la Fediquep.

Congreso denunció situación

Los indígenas quechuas del Pastaza no son los únicos que han denunciado la amenaza de la inseguridad alimentaria en la zona, el Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón del Congreso, también ha hecho eco de esta situación.

El 97% de familias (encuestadas) quechuas del Pastaza aseguraron que actualmente “es difícil acceder a los recursos de caza, que son el complemento alimenticio central de la dieta diaria”. El origen se debe al alejamiento de los animales “por el ruido de las instalaciones petroleras, los animales buscan nuevos nichos ecológicos adecuados para su reproducción”, dice el informe del Congreso.

“Hay una amenaza contra la soberanía alimentaria de esta población, debido a la reducción de espacios de uso y aprovechamiento por parte de la empresa Pluspetrol, que repercuten en el acceso y control de recursos alimenticios”, señala el informe.

Agrega además que el acceso a la caza “está afectado por las restricciones para ingresar libremente a zonas donde hoy existen instalaciones ‘privadas’ de la empresa”, que han reducido “el acceso a tierras”. 

32 apus de las comunidades indígenas de cuatro cuencas de Loreto llegan a Lima

Los máximos representantes indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón llegarán a Lima para sostener una reunión con integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de discutir sobre  los cinco puntos de la agenda previa al proceso de consulta: diagnóstico ambiental y social, remediación ambiental, indemnización, compensación por el uso de suelo (servidumbre) y titulación de tierras.

La reunión se llevará a cabo mañana martes, 1 de octubre, a las 8:00 am con la Comisión Multisectorial que está a cargo de responder toda la problemática ambiental en el marco de la declaratoria de emergencia en la cuenca del Pastaza, y a las 3:00 p.m. será la segunda reunión en las en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, denunció la inacción del Estado peruano frente a la declaratoria de emergencia ambiental en la Cuenca del Pastaza, recordó que han pasado seis meses desde que está vigente la declaratoria, sin embargo hasta la fecha no se ha solucionado temas primordiales como el agua, “seguimos consumiendo agua contaminada”, “seguimos consumiendo alimentos contaminados”, queremos que nos expliquen en qué consiste esa declaratoria, dice Chino.

“Las comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza sienten que la declaratoria de emergencia ambiental ha resultado poco eficaz para resolver los graves problemas de salud que vienen afrontando debido a la alarmante contaminación en la que se encuentran expuestos estas poblaciones”, señala Ana Leyva, responsable de Desca Fedepaz, del Grupo Técnico de las Federaciones Indígenas (Fediquep y Feconat- Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre).

“Los líderes indígenas necesitan saber si el instrumento de la emergencia ambiental responderá a las necesidades reales del impacto que hay en la zona, pues se tiene que eliminar la situación de riesgo con lo que conviven”, dice Leyva.

Agrega que las actividades previstas no responden a la gravedad de la situación, “carecen del carácter urgente e inmediato, es decir no se está protegiendo la salud de las personas, además del agua contaminada, las poblaciones están alimentándose de animales del monte y peces del río los cuales también sufren estragos de la contaminación”, finaliza Leyva.

Estado no actúa ante décadas de contaminación por explotación petrolera

Fediquep denuncia que el Estado no ha solucionado contaminación por 40 años en ríos, quebradas y suelos en la cuenca del Pastaza, pese a declaratoria de emergencia.
De las cuatro cuencas afectadas por los impactos de la explotación petrolera y los constantes derrames, solo dos cuencas han sido declaradas en emergencia ambiental: Pastaza (marzo) y Corrientes (7 de septiembre).

Tras las constantes denuncias de las federaciones indígenas de cuatro cuencas –Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón- de influencia directa de la empresa petrolera Pluspetrol, que se encuentra ubicada en la selva norte, límite con Ecuador en la región Loreto, hace 6 meses (marzo) se ha declarado en emergencia ambiental a la cuenca del río Pastaza, sin embargo, a la fecha el Estado no ha puesto en marcha ningún plan de remediación ambiental ni otras acciones concretas para atender el desastre ambiental en esta zona donde se produce más del 30% de petróleo de extracción primaria del total del país.

La Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), que agrupa a 27 comunidades que suman cerca de 15 mil habitantes, denunció que el Estado no ha fiscalizado ni señalado la responsabilidad que tiene Pluspetrol en cuanto a la contaminación en la zona; y ha mostrado pruebas de que esta empresa ha incurrido en graves daños contra el medioambiente, que perjudican seriamente la salud y supervivencia de los pobladores, que deben abastecerse de los alimentos procedentes de los ríos contaminados.

Lagunas desaparecidas

Hace cuatro décadas, Ushpayacu era una laguna grande y limpia, que desembocaba al río Capahuari y luego al Pastaza. Durante muchos años abasteció de alimentos (peces) y recursos hídricos a los habitantes, tanto para su consumo como para el comercio. Sin embargo, ha reducido su volumen desde hace una década, por la ausencia de control y fiscalización por parte de las autoridades, y la negligencia de las empresas que hasta la fecha no han sido sancionadas.

El año 2006, el Estado peruano determinó que Pluspetrol debía remediar los daños en esta laguna, debido a que asumió los pasivos ambientales de su antecesora (Oxi). En este lugar se puede leer un letrero de la petrolera que señala que los trabajos de remediación ya fueron concluidos con la aprobación y “visto bueno” del Ministerio de Energía y Minas.

La Fediquep indicó que hubo negligencia de funcionarios del Estado, ya que Pluspetrol en vez de remediar rellenó el lugar. En un primer momento la petrolera pretendió señalar que nunca hubo laguna en la zona, miembros de la Fediquep han desmentido dichas afirmaciones con mapas satelitales, donde se observa que efectivamente había una gran laguna en la década pasada. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, visitó la laguna Ushpayacu en marzo y junio de este año para constatar la tragedia ambiental, y pidió perdón por el abandono en nombre del Estado.

Según denuncia de las federaciones indígenas, otra laguna cercana, Shanshococha, fue afectada por Pluspetrol hace siete años, cuando la empresa vertió sus desechos en sus aguas. “Al anunciarse la presencia en la zona de las congresistas Marisol Pérez Tello y Verónika Mendoza, la empresa rellenó con tierra y agua el lugar, aparentemente todo quedó normal, pero después de ello, comenzó a drenar el petróleo, lo cual fue informado al Ministerio del Ambiente”, señala el apu de la Comunidad Los Jardines, Román Payma.

Otra laguna que desapareció en 1995 por negligencia de la empresa Oxi, actualmente es un campo lleno de arbustos y pasto, pero al caminar por este espacio, el olor a petróleo se respira muy fuerte y en vez de arroyos hay combustible seco. Se encontró animales muertos sobre el petróleo seco. Aunque Pluspetrol se comprometió a subsanar este pasivo ambiental, aun no hay remediación a la vista.

Botaderos

Los monitores ambientales de las federaciones indígenas informaron que han desenterrado cuatro botadores, e indicaron que hay cerca de 20 toda la zona. Denunciaron que la empresa petrolera ha tenido que talar árboles con total impunidad, a fin de enterrar fierros, recipientes de metal y residuos sólidos sumamente peligrosos. “Los bidones y todos los materiales encontrados son sumamente peligrosos, porque contienen sustancias tóxicas altamente contaminantes no solo del suelo, sino del aire, y no han pasado por ningún proceso para el almacenamiento de residuos sólidos”, dicen los monitores.

“Las pruebas de este crimen contra la naturaleza fueron enviadas a Lima, a través de cartas y fotografías, denunciando la ilegal remoción de tierras que Pluspetrol ha hecho en la cuencas de los ríos en los últimos años. Las autoridades ambientales comprobaron en diversos estudios que, además de petróleo, había residuos de plomo, cadmio y otros elementos químicos”.

Estudios oficiales

Desde el Estado estudios gubernamentales confirman que hay altos índices de contaminación ambiental en la cuenca del Pastaza. Así, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó un estudio de 29 muestras de sedimentos en cuerpos de agua, dando cuenta que en todas había restos de cadmio, en 23 de hidrocarburos, en tres de zinc y en una de arsénico. Además, solo en muestras de cuerpos de agua, 17 están contaminadas con plomo, tres por hidrocarburos y uno por bario.

La ANA ha concluido que el 52% de las zonas de sedimentos muestreadas requieren de tratamiento o remediación, y realizar estudios específicos para determinar el origen de los elementos encontrados.

Por su parte, la Digesa hizo un estudio de fuentes de agua en 11 comunidades, donde fueron evaluados ríos, quebradas,  afloramientos naturales, otros. El resultado fue que 11 muestras de suelos están contaminadas por coliformes, y nueve por hierro.

Mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente, tomó 48 muestras de suelos, los resultados arrojan que casi la mitad (23) están contaminados por hidrocarburos medianos; 12 por hidrocarburos pesados, 7 por bario y 2 por plomo. En todos los casos, superaron entre 50 y 60 veces el límite permitido

Todos estos elementos pueden causar diversas enfermedades, como cáncer, anemia; afectaciones al sistema nervioso, el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, la sangre; además de abortos e infertilidad.

El Congreso de la República, a través del Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, formado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología concluyó que no se cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) entre 1996 y 2002, ni con el Plan Ambiental Complementario (PAC) entre 2005 y 2009.

La Oxy y Pluspetrol son “responsables de los daños ambientales ocasionados por la exploración, explotación y producción de petróleo” durante cuatro décadas; y que el también Estado era “corresponsable” de esta situación “por no tener los mecanismos adecuados de control para un desarrollo empresarial, respetando el medio ambiente y las comunidades nativas”, dice el informe.

El informe destaca los reportes de los monitores ambientales. “El monitoreo realizado por Fediquep y otras organizaciones indígenas han registrado 112 derrames de hidrocarburos, entre 2007 y 2011, más de la mitad de estos han tenido su origen en fallas del ducto de transporte de hidrocarburos, las otras causas principales son los desbordes de los tanques sumideros, así como los desbordes de pozas y tanques”.

Oro negro contamina la amazonía

 

No solo la minería ilegal y la deforestación están destruyendo nuestra amazonía.

Escribe Magali Zevallos

La mayor productora de gas y petróleo en nuestro país es la empresa Argentina Pluspetrol, que se encuentra asentada desde hace trece años en territorio de cuatro pueblos indígenas: Achuar, Quechua, Cocama y Urarinas (lote 1AB y 8), en la región Loreto.  La ubicación de los lotes sobre el territorio de estos cuatro pueblos no se ha visto reflejado con ningún beneficio para las poblaciones indígenas, la explotación petrolera ha significado para ellos la destrucción de sus bosques, la contaminación de sus suelos y ríos; la desaparición de sus quebradas y lagunas (cochas), y por ende la depredación de sus únicas fuentes de alimentación.

Es decir, la seguridad alimentaria y la salud de estas poblaciones se encuentran amenazadas.

Para palpar esta realidad fuimos hasta Andoas. El viaje es un desafío, comprende aire, carretera y surcar durante 19 horas los ríos Huallaga, Marañón y Pastaza.  El vuelo de Lima hacia Tarapoto dura una hora; para hacer la conexión a Yurimaguas se requiere de un auto, 125 Km. de carretera, aproximadamente 3 horas de viaje.

Al llegar a la comunidad achuar Nueva Andoas, población que convive desde hace cuatro décadas con la explotación de petróleo,  - primero  con la administración de  Occidental Petroleum y posteriormente a cargo de Pluspetrol - donde se encuentra el Lote 1AB,  que produce más de 15,000 barriles de petróleo por día, no cuenta con un puerto fluvial, hay un aeropuerto de la empresa de uso exclusivo de la petrolera.  Los servicios básicos como agua, desagüe no existen, salvo algunas piletas de agua que han sido colocadas por la empresa.  La cobertura de salud y educación es otro drama.

Pese a los millonarios ingresos generados por la explotación de este recurso, las comunidades de influencia directa e indirecta están abandonadas.  En estas zonas tampoco llegan los programas sociales, la bandera de la inclusión social le sigue dando la espalda a estas poblaciones, que durante décadas vienen sufriendo los embates del impacto acumulativo de la extracción petrolera.

Derrame de hidrocarburo

Del 2007 al 2011, los programas de vigilancia territorial indígena han reportado 112 derrames de hidrocarburos, así lo afirma el informe “Impactos Petroleros en Territorios Indígenas: Experiencias del Programa de Vigilancia Territorial del río Corrientes y los registros de derrames de los Programas de Vigilancia Territorial Indígena”, elaborado por las federaciones indígenas, como: FECONACO, FEDIQUEP y FECONAT.

De los 82 Derrames acontecidos en el lote 1AB, 71 han sido reportados en la Cuenca

del Río Corrientes, 10 en la Cuenca del Pastaza y 1 en la Cuenca del Río Tigre.

Más de la mitad de los derrames identificados han tenido su origen en fallas del ducto de transporte de hidrocarburos, además de los desbordes de los tanques sumideros y de pozas. Las  tuberías que trasladan el petróleo están deterioradas porque fueron instaladas en los años 70.

Emergencia Ambiental

De las cuatro cuencas afectadas por el impacto de las actividades de hidrocarburos: Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre, las dos primeras han sido declaradas en emergencia ambiental.

El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, denunció la inacción del Estado peruano ante la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza, vigente desde hace seis meses (marzo), por lo que demandó la presencia del presidente Ollanta Humala y el jefe de gabinete Juan Jiménez, para que se tomen medidas concretas para dar solución a esta problemática.

“En la cocha Ushpayacu hubo muchos derrames, lo que ha hecho Pluspetrol es llenar con tierra, ahora en esa laguna ya no hay peces.  Se puede destruir una laguna con total impunidad”, se pregunta el apu.

Estas afirmaciones las pudimos constatar haciendo un recorrido de los puntos críticos de contaminación, la quebrada Ushpayacu hoy es un depósito de crudo, el olor es fuerte y se puede observar cómo salen burbujas de color negro. La segunda parada es en la laguna Shanshococha que hace cuatro décadas era la fuente de alimentación de las comunidades, acá se puede ver como flota el petróleo en algunos ojos de agua.

Los bosques y los suelos también han sido impactados.  Se  han deforestado bosques para uso de botaderos, que son pozas excavadas que no cuentan con procedimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos, como el recubrimiento de geomembrana.

Guardianes ambientales

Frente a la ausencia de organismos supervisores y de fiscalización, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el  trabajo que vienen realizando desde el 2007 los monitores ambientales, que se encuentran agrupados en las Federaciones indígenas, ha sido de vital importancia para visibilizar el desastre ambiental en esta zona.

El informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón,  de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, afirma que a la fecha el Estado Peruano no cuenta con un registro que permita identificar los pasivos ambientales derivados de las actividades de hidrocarburos.

“En la selva peruana hay problemas por el abandono de infraestructura petrolera, suelos contaminados por efluentes, derrames, fugas,  emisiones,  depósitos de residuos petroleros en quebradas, ríos, cochas, otros, que aún no se encuentran considerados en instrumentos de gestión ambiental”, sostiene el documento.

Inicio de diálogo

Con la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza se ha iniciado el diálogo entre las comunidades indígenas, Pluspetrol y el Estado.

En la última Asamblea promovida por la Fediquep, Alfredo Zúñiga, gerente de Relaciones Comunitarias de la Pluspetrol reconoció que existe una grave contaminación en la zona.

Está en manos del Estado y las autoridades determinar las responsabilidades de la contaminación y los pasivos ambientales.  Y que los espacios de diálogo permitan revertir la ruptura que hay entre el Estado y las poblaciones indígenas, quienes en nombre del desarrollo viven contaminados desde hace 40 años.