No
solo la minería ilegal y la deforestación están destruyendo nuestra
amazonía.
Escribe Magali Zevallos
La mayor productora de gas y petróleo en nuestro país
es la empresa Argentina Pluspetrol, que se encuentra asentada desde hace trece
años en territorio de cuatro pueblos indígenas: Achuar, Quechua, Cocama y
Urarinas (lote 1AB y 8), en la región Loreto. La ubicación de los lotes sobre el territorio
de estos cuatro pueblos no se ha visto reflejado con ningún beneficio para las
poblaciones indígenas, la explotación petrolera ha significado para ellos la destrucción
de sus bosques, la contaminación de sus suelos y ríos; la desaparición de sus quebradas
y lagunas (cochas), y por ende la depredación de sus únicas fuentes de alimentación.
Es decir, la seguridad alimentaria y la salud de estas poblaciones se
encuentran amenazadas.
Para palpar esta realidad fuimos hasta Andoas. El
viaje es un desafío, comprende aire, carretera y surcar durante 19 horas los
ríos Huallaga, Marañón y Pastaza. El
vuelo de Lima hacia Tarapoto dura una hora; para hacer la conexión a Yurimaguas
se requiere de un auto, 125 Km. de carretera, aproximadamente 3 horas de viaje.
Al llegar a la comunidad achuar Nueva Andoas, población que convive desde hace cuatro décadas con
la explotación de petróleo, - primero con la administración de Occidental Petroleum y posteriormente a cargo
de Pluspetrol - donde se encuentra el Lote 1AB,
que produce más de 15,000 barriles de petróleo por día, no cuenta con un puerto fluvial, hay un aeropuerto de
la empresa de uso exclusivo de la petrolera. Los servicios básicos como agua, desagüe no
existen, salvo algunas piletas de agua que han sido colocadas por la empresa. La cobertura de salud y educación es otro
drama.
Pese a los millonarios ingresos generados por la explotación de este
recurso, las comunidades de influencia directa e indirecta están abandonadas. En estas zonas tampoco llegan los programas
sociales, la bandera de la inclusión social le sigue dando la espalda a estas poblaciones,
que durante décadas vienen sufriendo los embates del impacto acumulativo de la
extracción petrolera.
Derrame de hidrocarburo
Del 2007 al 2011, los programas de vigilancia territorial indígena han
reportado 112 derrames de hidrocarburos, así lo afirma el informe “Impactos Petroleros en Territorios
Indígenas: Experiencias del Programa de Vigilancia Territorial del río
Corrientes y los registros de derrames de los Programas de Vigilancia
Territorial Indígena”, elaborado por las federaciones indígenas, como: FECONACO,
FEDIQUEP y FECONAT.
De los 82 Derrames acontecidos en el lote 1AB, 71 han sido reportados
en la Cuenca
del Río Corrientes, 10 en la Cuenca del Pastaza y 1 en la Cuenca del
Río Tigre.
Más de la mitad de los derrames identificados han tenido su origen en
fallas del ducto de transporte de hidrocarburos, además de los desbordes de los
tanques sumideros y de pozas. Las
tuberías que trasladan el petróleo están deterioradas porque fueron
instaladas en los años 70.
De las cuatro cuencas afectadas por el impacto de las actividades de
hidrocarburos: Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre, las dos primeras han sido
declaradas en emergencia ambiental.
El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza
(Fediquep), Aurelio Chino Dahua, denunció la inacción del Estado peruano ante
la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza, vigente desde hace seis
meses (marzo), por lo que demandó la presencia del presidente Ollanta Humala y
el jefe de gabinete Juan Jiménez, para que se tomen medidas concretas para dar
solución a esta problemática.
“En la cocha Ushpayacu hubo muchos derrames, lo que ha
hecho Pluspetrol es llenar con tierra, ahora en esa laguna ya no hay peces. Se puede destruir una laguna con total
impunidad”, se pregunta el apu.
Estas afirmaciones las pudimos constatar haciendo un
recorrido de los puntos críticos de contaminación, la quebrada Ushpayacu hoy es
un depósito de crudo, el olor es fuerte y se puede observar cómo salen burbujas
de color negro. La segunda parada es en la laguna Shanshococha que hace cuatro
décadas era la fuente de alimentación de las comunidades, acá se puede ver como
flota el petróleo en algunos ojos de agua.
Los bosques y los suelos también han sido impactados. Se han deforestado
bosques para uso de botaderos, que son pozas excavadas que no cuentan con
procedimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos, como el recubrimiento
de geomembrana.
Guardianes ambientales
Frente a la ausencia de organismos supervisores y de fiscalización,
como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el trabajo que vienen realizando desde el 2007
los monitores ambientales, que se encuentran agrupados en las Federaciones
indígenas, ha sido de vital importancia para visibilizar el desastre ambiental
en esta zona.
El informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Situación
Indígena de las Cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, de la Comisión
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso
de la República, afirma que a la fecha el Estado Peruano no cuenta con
un registro que permita identificar los pasivos ambientales derivados de las
actividades de hidrocarburos.
“En la selva peruana hay problemas por el abandono de infraestructura
petrolera, suelos contaminados por efluentes, derrames, fugas, emisiones, depósitos de residuos petroleros en quebradas,
ríos, cochas, otros, que aún no se encuentran considerados en instrumentos de
gestión ambiental”, sostiene el documento.
Inicio de diálogo
Con la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza se
ha iniciado el diálogo entre las comunidades indígenas, Pluspetrol y el Estado.
En la última Asamblea promovida por la Fediquep, Alfredo
Zúñiga, gerente de Relaciones Comunitarias de la Pluspetrol reconoció que
existe una grave contaminación en la zona.
Está
en manos del Estado y las autoridades determinar las responsabilidades de la
contaminación y los pasivos ambientales. Y que los espacios de diálogo permitan revertir
la ruptura que hay entre el Estado y las poblaciones indígenas, quienes en
nombre del desarrollo viven contaminados desde hace 40 años.
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