El lote 192 en su laberinto

ü  Sigue sin llegarse a acuerdos sobre la titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y las comunidades.

ü  Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.

Los plazos se agotan y  las propuestas no convencen. La Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo se reunió con representantes de las comunidades de las  cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en el 2012.

 

Las comunidades indígenas enfrentan con desconfianza este proceso tras la falta de actuación del Estado durante 43 años de explotación petrolera, la misma que ha ocasionado contaminación del agua y la tierra de estas poblaciones. Así lo documentan diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)  que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

 

Sin embargo, se muestran firmes en sus reclamos. “No queremos que ratifiquen contratos sin consulta previa y sin cumplir las  cinco demandas que tenemos”, declara Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Es por ello que el líder indígena no firmó el Acta de Acuerdos (los dirigentes de las otras cuencas sí lo hicieron) pues señalaba que “las partes están de acuerdo en encontrar una solución que asegure la continuidad de la operación petrolera, bajo el criterio de protección ambiental”.  No obstante, el diálogo con el Ejecutivo continúa abierto.

 

Pese a las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en las  que remarca que las comunidades verán respetados todos sus derechos, existen temas pendientes que ponen en duda esta afirmación.

 

Titulación ‘regresiva’

El Ejecutivo planteó titular sólo aquellas tierras con aptitud agropecuaria, pero no aquellas que tienen aptitud forestal. “Si el 95% del territorio amazónico tiene aptitud forestal, la propuesta del Gobierno significa no reconocer derecho de propiedad, sino sólo contratos de cesión de uso de suelos forestales, que desconocen derecho de propiedad”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que estuvo presente en la reunión.

 

Asimismo, el Gobierno sostuvo en la reunión que no tocará las servidumbres petroleras gratuitas dadas por el Ejecutivo en favor de la empresa. Sin embargo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos tienen derecho de propiedad sobre los territorios que han usado ancestralmente, lo que equivale a un  título de propiedad. “Como no reconoce que esos son territorios son los de los pueblos indígenas, y cree erróneamente que es del Estado, dispone de ello”. Así, tampoco el Ejecutivo reconoce el pago de servidumbres petroleras en favor de las comunidades nativas.

 

Ruiz afirma que si se analiza las propuestas ofrecidas por el Ejecutivo en el ámbito de titulación, “no hay nada nuevo, hay una actitud regresiva. Hay que exigir judicialmente la titulación de tierras, y eso pasa por interponer una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto, y en favor de las cuatro cuencas, para que titule el territorio”.

 

Remediación a cargo de Pluspetrol

Respecto a la remediación de pasivos ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha identificado hasta 92 pasivos ambientales, los que, según este organismo deben que ser remediados por la empresa Pluspetrol. Sin embargo, esta propuesta ha sido acogida con recelo entre las comunidades. “¿Cómo vamos a confiar si esa empresa nos está matando?”, se cuestiona el  presidente de Fediquep, Aurelio Chino.

 

Una desconfianza que compartía el Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República que publicó en su informe: “La licitación del Lote 1-AB hace surgir preocupaciones, porque se teme que Pluspetrol Norte S. A., al igual que Oxy en 1996 y 2002, vaya dejando pasivos no remediados propios, pero también los que correspondían a las actividades de la Occidental Petroleum, creando así un círculo vicioso”. Además, no hay que olvidar que Pluspetrol cuenta con un largo expediente de sanciones impuestas por el Organismo Supervisor en Energía y Minería (Osinergmin).

 

Contra reloj

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional.  Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20  a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.

El Estado debe priorizar la deuda pendiente que tiene con el pueblo indígena

El gobierno tenía programado realizar el año pasado la consulta previa a las comunidades indígenas alrededor del Lote 192, ex Lote 1AB, antes de licitar el mayor bloque petrolero de la selva norte del país, el próximo año vencerá el contrato con la Pluspetrol. El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, nos habla del proceso de consulta, las demandas indígenas tras la inacción del Estado peruano durante 40 años de contaminación ambiental en la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

-Más allá de las evasivas ante las responsabilidades de la contaminación ¿qué espera del proceso de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros?

Esperemos llegar a un buen acuerdo, que entiendan nuestra realidad. Estamos hablando de vidas de todos los pueblos indígenas. Es lo que más nos preocupa. Aunque nosotros no tenemos una vida segura, por haber tomado por 40 años agua contaminada, no queremos dejar esta situación a nuestros hijos, ni a las nuevas generaciones. Queremos que vivan bien, sin contaminación. Por ello estamos luchando.

-En el caso que la reunión que han pedido al gobierno central, ¿cuáles son los temas prioritarios que debería responder el Estado?

-Lo que pedimos es que se prioricen la deuda pendiente que tiene el Estado con el pueblo indígena, como la titulación de nuestras tierras, remediación ambiental, compensación por el uso de nuestro territorio, indemnización, diagnóstico social. Pedimos que se remedie totalmente nuestra agua y territorios, que están contaminados por petróleo.

-En el tema de remediación, ¿cuánto tiempo tomaría hacer esto en todos los puntos que han identificado?

-No tenemos proyecciones, pero pienso que tomará mucho tiempo, son 40 años de explotación petrolera sin control y fiscalización. No creo que el Estado tenga tecnología para que remedie todo en el más breve plazo. Por eso pienso que ahora que saben del agua contaminada, y dicen que cuentan con tecnología de punta., ¿por qué no aplican esa tecnología? La remediación ambiental por los menos tomará entre 5 a 10 años.

-Se dice que como salida algunos sectores del gobierno estarían planteando la ampliación del contrato y que  con ello no sería necesaria la realización de la consulta previa

-Eso va a generar problemas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si el gobierno va a querer manejar las cosas de esa manera le vamos a decir que por su culpa estamos contaminados. Nosotros estamos a favor del desarrollo, pero con un desarrollo que respete a los pueblos indígenas, ya hemos sido postergados por décadas.

-El Estado, buscando un acercamiento,  puede presentarles como propuesta programas sociales como Juntos, Beca 18.

-Ya conocemos eso. No nos pueden engañar con programas. Ya hemos hablado de nuestros pedidos, ahora tienen que cumplirse. Si el actual gobierno se hace presente con esos programas, es responsabilidad del Estado, es nuestro derecho a ser atendidos, como lo son otras zonas declaradas en extrema pobreza.

-Ustedes han criticado que se hacen muchos estudios, visitas, pero no hay ninguna acción concreta. Por ejemplo, los servicios básicos. Son 40 años de la extracción de petróleo, hay ingresos directos al Gobierno Central, Regional y Local, pero no cuentan con agua potable y desagüe. Los gobernantes siempre han recalcado que la inversión privada trae desarrollo, pero aquí no llega...

 -¿Cómo vamos a creer que aquí, en la frontera, va haber desarrollo con el ingreso de una empresa petrolera? Queremos sentarnos con el presidente para decirle que ya hemos vivido 40 años sin desarrollo. Acá no ha llegado el desarrollo, al contrario, hay destrucción. ¿Desarrollo es tener, como en Andoas, bodeguitas o discotecas? No. ¿Por qué no nos preguntan a los apus ¿Qué pensamos, cual es nuestra visión de desarrollo? Ellos (los gobernantes) deberían saber cuál es nuestra visión de desarrollo. Cada pueblo tiene diferentes formas de pensar. Nuestros mercados están llenos de venados, sachavacas. Entonces, nosotros le plantearíamos cuál es nuestra visión de desarrollo. No es desarrollo traer de la ciudad cinco mil sacos de cemento a la selva, millares de ladrillos. Eso no es desarrollo para nosotros.

-¿Pero cuál es la presencia del Estado en el tema de fiscalización ambiental? ¿Cómo fiscaliza los derrames?

-Si las autoridades vienen, nunca llegan a las comunidades, nunca han tenido acercamientos con las poblaciones. Llegan a la empresa, que les lleva en su propia camioneta, y los lleva donde quieren. Ellos les dicen que no hay derrames, que ya han limpiado. A mí me gustaría que esas autoridades, quienes deben fiscalizar vengan a las comunidades, que nos busquen, somos nosotros quienes conocemos nuestros territorios,  si nos buscan caminemos juntos y les mostraremos lo que no les muestra la petrolera.

-¿Cuál es el trabajo que viene desarrollando los monitores ambientales de las Federaciones Indígenas?

-Cuando hemos notado que estábamos abandonados por el Estado, el 2006 hicimos una asamblea del pueblo Quechua, donde planteamos que los jóvenes sean los monitores para que vigilen que la empresa trabaje responsablemente. Empezamos a capacitarlos poco a poco desde el 2007.

Una vez que estaban capacitados, empezaron a caminar y supimos cómo trabaja Pluspetrol. Por ejemplo, en Chanchococha, la empresa ni siquiera conocía el camino. Allí descubrimos que el Estado no hace nada ante los derrames de petróleo. Por eso el Estado ha perdido nuestra confianza.  Acá el rol de los monitores es fundamental.

-¿Si no fuera por los monitores, no se conocería de los derrames en la zona?

-Recuerdo que el Ministro del Ambiente, Pulgar Vidal nos pidió disculpas. Pero con eso no basta, no basta una disculpa si no hay remediación.

-Usted ha señalado varias ausencias del Estado, como en el tema de fiscalización. ¿En qué otros aspectos no hay Estado?

-En educación, un solo profesor trabaja con 60 alumnos. Uno solo. En salud, hay puestos de salud construidos, pero están vacíos. Hay que preguntar si tienen sueros o vacunas para picaduras. Son 10 mil habitantes en el pueblo Quechua, solo hay dos médicos en las comunidades: Alianza Cristiana y Nuevo Andoas. En todos los demás hay obstetras y enfermeras. En las comunidades de Nuevo Andoas, no hay laboratoristas.

En cuanto a Seguridad alimentaria. ¿De qué manera está afectado la seguridad alimentaria en esta zona de influencia petrelera?

-En la asamblea de Fediquep hemos presentado las condiciones en las que se encuentran  nuestras aguas. Nuestros animales están bebiendo de esos pozos contaminados y abandonados. Hemos informado al gobierno nacional y al gobierno regional sobre la contaminación de los peces. Fuimos a una reunión en Iquitos, invitados por el Gobierno Regional de Loreto, para elaborar un plan sobre seguridad alimentaria. Una vez que estaba armado el plan, les pregunté en cuántos días estará ejecutándose, y nos dijeron que recién iban a buscar el presupuesto. ¿Por qué nos llaman para luego decirnos eso? Es lamentable lo que estamos sufriendo, porque seguimos comiendo esos animales que a su vez comen del agua contaminada.

 
-¿Qué es lo que reclaman al Estado para subsanar estas deficiencias?

-Exigimos que nos atiendan urgentemente. Lo que necesitamos es agua y comida limpia. Pero no nos atienden, no hay avances, solo vienen a hacer puros estudios. Sentimos que seguimos siendo abandonados, pese a que sale tanta riqueza del territorio Quechua.

-¿Qué consecuencias trae este problema?

-El Estado no cumple con lo que se ha comprometido. El Estado no está asumiendo esa responsabilidad, debe asumir la remediación total de nuestro territorio y de nuestras fuentes de agua como era antes. Ahora que tanto hablan de tecnología de punta, ¿por qué no pueden aplicarla para limpiar nuestras aguas? El gobierno regional se comprometió a poner 16 plantas de agua, y hasta la fecha no hay nada. Hemos priorizado a dos comunidades: Alianza Topal y Andoas Viejo, porque allí está fuerte la contaminación. Pero si allí no pueden poner dos plantas, menos van a poner 16. Y seguimos tomando esas aguas contaminadas, por eso nuestra preocupación.

-¿Quiénes son los responsables de la contaminación, el Estado o la empresa Pluspetrol?

-Los responsables son los dos, el Estado y la empresa. El Estado por firmar los convenios y permitir la contaminación impune, y la empresa por trabajar irresponsablemente y no respetar nuestros derechos como quechuas.

Altos niveles de contaminación ponen en peligro la seguridad alimentaria de comunidades indígenas

ü  Apus revelan que siguen comiendo productos de fuentes de agua contaminadas “los ríos nos abastecen de nuestra principal fuente de alimentación”.

Los apus de las comunidades que integran la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) denunciaron que su seguridad alimentaria está en peligro pese a la emergencia ambiental declarada por el Estado peruano en la cuenca del Pastaza, vigente desde marzo pasado, pues están obligados a consumir los peces y el agua del río y lagunas (cochas) contaminadas, porque las autoridades competentes no han ejecutado acciones y medidas concretas para resolver este grave problema, que pone en riesgo la salud y la vida de los pueblos indígenas.

El apu de la comunidad de Nuevo Andoas, Ricardo Arahuana, señaló que no tienen otro lugar para abastecerse de alimentos. “Estas lagunas son los únicos lugares donde pescamos todos los días, aun cuando sabemos que todo está absolutamente contaminado”, manifestó. “A raíz de la emergencia ambiental lo único que trajo el gobierno a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa) son 800 kits de 37 litros de agua cada uno, que consiste en llenar el bidón con agua, luego echarle unas pastillas de cloro que debe ser batido por 10 minutos. El cloro que echamos al agua no eliminan los elementos tóxicos que tienen nuestros ríos por la contaminación petrolera, seguimos tomando agua contaminada, la emergencia ambiental está solo en el papel”, dice.

Sebastián Uchurahua, apu de la comunidad de Alianza Capahuari, agregó que incluso consumen animales, como: majaz, venado, sajino, otros, que a su vez beben del agua de las lagunas y del río altamente contaminado. Sostuvo que muchos pobladores “tienen ronchas, dolores de cabeza y diarreas” a causa de la contaminación. “Los habitantes de las 27 comunidades aledañas tenemos que comer el pescado y tomar el agua de estas cochas (lagunas) porque no hay más lugares de donde sacar el agua”, señala.

A su turno, el apu de la Comunidad Alianza Topal, Edison Sánchez, manifestó que hay muchas especies de peces que han desaparecido por la contaminación, “estas lagunas son nuestra única fuente de alimentación y de mercado”. “El gobierno central y el gobierno regional de Loreto se comprometieron a solucionar los problemas de seguridad alimentaria, seguimos esperando”, dice Sánchez.

“Hace 40 años un indígena de Andoas para cazar caminaban 80 minutos, hoy en día tiene que caminar de 2 a 3 días, estamos esperando el diagnóstico social que se ha comprometido el Estado a elaborar, ese diagnóstico nos va a revelar cómo están diezmados estos pueblos, cuál es la magnitud y hasta dónde han llegado los impactos de la explotación petrolera. Si no hay en esas zonas estado de derechos estos pueblos corren el riesgo de desaparecer”, dice Jorge Tacuri, asesor de la Fediquep.

Congreso denunció situación

Los indígenas quechuas del Pastaza no son los únicos que han denunciado la amenaza de la inseguridad alimentaria en la zona, el Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón del Congreso, también ha hecho eco de esta situación.

El 97% de familias (encuestadas) quechuas del Pastaza aseguraron que actualmente “es difícil acceder a los recursos de caza, que son el complemento alimenticio central de la dieta diaria”. El origen se debe al alejamiento de los animales “por el ruido de las instalaciones petroleras, los animales buscan nuevos nichos ecológicos adecuados para su reproducción”, dice el informe del Congreso.

“Hay una amenaza contra la soberanía alimentaria de esta población, debido a la reducción de espacios de uso y aprovechamiento por parte de la empresa Pluspetrol, que repercuten en el acceso y control de recursos alimenticios”, señala el informe.

Agrega además que el acceso a la caza “está afectado por las restricciones para ingresar libremente a zonas donde hoy existen instalaciones ‘privadas’ de la empresa”, que han reducido “el acceso a tierras”. 

32 apus de las comunidades indígenas de cuatro cuencas de Loreto llegan a Lima

Los máximos representantes indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón llegarán a Lima para sostener una reunión con integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de discutir sobre  los cinco puntos de la agenda previa al proceso de consulta: diagnóstico ambiental y social, remediación ambiental, indemnización, compensación por el uso de suelo (servidumbre) y titulación de tierras.

La reunión se llevará a cabo mañana martes, 1 de octubre, a las 8:00 am con la Comisión Multisectorial que está a cargo de responder toda la problemática ambiental en el marco de la declaratoria de emergencia en la cuenca del Pastaza, y a las 3:00 p.m. será la segunda reunión en las en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, denunció la inacción del Estado peruano frente a la declaratoria de emergencia ambiental en la Cuenca del Pastaza, recordó que han pasado seis meses desde que está vigente la declaratoria, sin embargo hasta la fecha no se ha solucionado temas primordiales como el agua, “seguimos consumiendo agua contaminada”, “seguimos consumiendo alimentos contaminados”, queremos que nos expliquen en qué consiste esa declaratoria, dice Chino.

“Las comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza sienten que la declaratoria de emergencia ambiental ha resultado poco eficaz para resolver los graves problemas de salud que vienen afrontando debido a la alarmante contaminación en la que se encuentran expuestos estas poblaciones”, señala Ana Leyva, responsable de Desca Fedepaz, del Grupo Técnico de las Federaciones Indígenas (Fediquep y Feconat- Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre).

“Los líderes indígenas necesitan saber si el instrumento de la emergencia ambiental responderá a las necesidades reales del impacto que hay en la zona, pues se tiene que eliminar la situación de riesgo con lo que conviven”, dice Leyva.

Agrega que las actividades previstas no responden a la gravedad de la situación, “carecen del carácter urgente e inmediato, es decir no se está protegiendo la salud de las personas, además del agua contaminada, las poblaciones están alimentándose de animales del monte y peces del río los cuales también sufren estragos de la contaminación”, finaliza Leyva.

Estado no actúa ante décadas de contaminación por explotación petrolera

Fediquep denuncia que el Estado no ha solucionado contaminación por 40 años en ríos, quebradas y suelos en la cuenca del Pastaza, pese a declaratoria de emergencia.
De las cuatro cuencas afectadas por los impactos de la explotación petrolera y los constantes derrames, solo dos cuencas han sido declaradas en emergencia ambiental: Pastaza (marzo) y Corrientes (7 de septiembre).

Tras las constantes denuncias de las federaciones indígenas de cuatro cuencas –Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón- de influencia directa de la empresa petrolera Pluspetrol, que se encuentra ubicada en la selva norte, límite con Ecuador en la región Loreto, hace 6 meses (marzo) se ha declarado en emergencia ambiental a la cuenca del río Pastaza, sin embargo, a la fecha el Estado no ha puesto en marcha ningún plan de remediación ambiental ni otras acciones concretas para atender el desastre ambiental en esta zona donde se produce más del 30% de petróleo de extracción primaria del total del país.

La Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), que agrupa a 27 comunidades que suman cerca de 15 mil habitantes, denunció que el Estado no ha fiscalizado ni señalado la responsabilidad que tiene Pluspetrol en cuanto a la contaminación en la zona; y ha mostrado pruebas de que esta empresa ha incurrido en graves daños contra el medioambiente, que perjudican seriamente la salud y supervivencia de los pobladores, que deben abastecerse de los alimentos procedentes de los ríos contaminados.

Lagunas desaparecidas

Hace cuatro décadas, Ushpayacu era una laguna grande y limpia, que desembocaba al río Capahuari y luego al Pastaza. Durante muchos años abasteció de alimentos (peces) y recursos hídricos a los habitantes, tanto para su consumo como para el comercio. Sin embargo, ha reducido su volumen desde hace una década, por la ausencia de control y fiscalización por parte de las autoridades, y la negligencia de las empresas que hasta la fecha no han sido sancionadas.

El año 2006, el Estado peruano determinó que Pluspetrol debía remediar los daños en esta laguna, debido a que asumió los pasivos ambientales de su antecesora (Oxi). En este lugar se puede leer un letrero de la petrolera que señala que los trabajos de remediación ya fueron concluidos con la aprobación y “visto bueno” del Ministerio de Energía y Minas.

La Fediquep indicó que hubo negligencia de funcionarios del Estado, ya que Pluspetrol en vez de remediar rellenó el lugar. En un primer momento la petrolera pretendió señalar que nunca hubo laguna en la zona, miembros de la Fediquep han desmentido dichas afirmaciones con mapas satelitales, donde se observa que efectivamente había una gran laguna en la década pasada. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, visitó la laguna Ushpayacu en marzo y junio de este año para constatar la tragedia ambiental, y pidió perdón por el abandono en nombre del Estado.

Según denuncia de las federaciones indígenas, otra laguna cercana, Shanshococha, fue afectada por Pluspetrol hace siete años, cuando la empresa vertió sus desechos en sus aguas. “Al anunciarse la presencia en la zona de las congresistas Marisol Pérez Tello y Verónika Mendoza, la empresa rellenó con tierra y agua el lugar, aparentemente todo quedó normal, pero después de ello, comenzó a drenar el petróleo, lo cual fue informado al Ministerio del Ambiente”, señala el apu de la Comunidad Los Jardines, Román Payma.

Otra laguna que desapareció en 1995 por negligencia de la empresa Oxi, actualmente es un campo lleno de arbustos y pasto, pero al caminar por este espacio, el olor a petróleo se respira muy fuerte y en vez de arroyos hay combustible seco. Se encontró animales muertos sobre el petróleo seco. Aunque Pluspetrol se comprometió a subsanar este pasivo ambiental, aun no hay remediación a la vista.

Botaderos

Los monitores ambientales de las federaciones indígenas informaron que han desenterrado cuatro botadores, e indicaron que hay cerca de 20 toda la zona. Denunciaron que la empresa petrolera ha tenido que talar árboles con total impunidad, a fin de enterrar fierros, recipientes de metal y residuos sólidos sumamente peligrosos. “Los bidones y todos los materiales encontrados son sumamente peligrosos, porque contienen sustancias tóxicas altamente contaminantes no solo del suelo, sino del aire, y no han pasado por ningún proceso para el almacenamiento de residuos sólidos”, dicen los monitores.

“Las pruebas de este crimen contra la naturaleza fueron enviadas a Lima, a través de cartas y fotografías, denunciando la ilegal remoción de tierras que Pluspetrol ha hecho en la cuencas de los ríos en los últimos años. Las autoridades ambientales comprobaron en diversos estudios que, además de petróleo, había residuos de plomo, cadmio y otros elementos químicos”.

Estudios oficiales

Desde el Estado estudios gubernamentales confirman que hay altos índices de contaminación ambiental en la cuenca del Pastaza. Así, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó un estudio de 29 muestras de sedimentos en cuerpos de agua, dando cuenta que en todas había restos de cadmio, en 23 de hidrocarburos, en tres de zinc y en una de arsénico. Además, solo en muestras de cuerpos de agua, 17 están contaminadas con plomo, tres por hidrocarburos y uno por bario.

La ANA ha concluido que el 52% de las zonas de sedimentos muestreadas requieren de tratamiento o remediación, y realizar estudios específicos para determinar el origen de los elementos encontrados.

Por su parte, la Digesa hizo un estudio de fuentes de agua en 11 comunidades, donde fueron evaluados ríos, quebradas,  afloramientos naturales, otros. El resultado fue que 11 muestras de suelos están contaminadas por coliformes, y nueve por hierro.

Mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente, tomó 48 muestras de suelos, los resultados arrojan que casi la mitad (23) están contaminados por hidrocarburos medianos; 12 por hidrocarburos pesados, 7 por bario y 2 por plomo. En todos los casos, superaron entre 50 y 60 veces el límite permitido

Todos estos elementos pueden causar diversas enfermedades, como cáncer, anemia; afectaciones al sistema nervioso, el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, la sangre; además de abortos e infertilidad.

El Congreso de la República, a través del Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, formado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología concluyó que no se cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) entre 1996 y 2002, ni con el Plan Ambiental Complementario (PAC) entre 2005 y 2009.

La Oxy y Pluspetrol son “responsables de los daños ambientales ocasionados por la exploración, explotación y producción de petróleo” durante cuatro décadas; y que el también Estado era “corresponsable” de esta situación “por no tener los mecanismos adecuados de control para un desarrollo empresarial, respetando el medio ambiente y las comunidades nativas”, dice el informe.

El informe destaca los reportes de los monitores ambientales. “El monitoreo realizado por Fediquep y otras organizaciones indígenas han registrado 112 derrames de hidrocarburos, entre 2007 y 2011, más de la mitad de estos han tenido su origen en fallas del ducto de transporte de hidrocarburos, las otras causas principales son los desbordes de los tanques sumideros, así como los desbordes de pozas y tanques”.

Eligen consultora para valorizar pago de compensación por uso de territorio indígena

Foto: Solsticio

      Pluspetrol acepta que EFCO, consultora propuesta por la Federación, sea la encargada de valorización.

      Empresa tiene plazo hasta el 1 de octubre para responder propuesta de consultora.

En la última reunión entre la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep)* y la empresa Pluspetrol se acordó designar a la empresa EFCO para que realice el trabajo de valorización por el uso de tierras, debido a que la empresa petrolera opera en territorio de comunidades indígenas (Lote 1AB).

La valorización arrojará los montos que Pluspetrol deberá compensar a las comunidades por las actividades que afectaron territorio indígena.

La empresa EFCO, representada por Alfredo Portilla Claudio, presentará su propuesta técnica ante el directorio de Pluspetrol hoy (25 de septiembre). La empresa petrolera tendrá plazo hasta el próximo martes, 1 de octubre, para responder a la propuesta de la consultora.

Grupo Palomares revelará estudios

Otra decisión acordada por Pluspetrol y Fediquep es que la petrolera autorizará al Grupo Palomares, a revelar los resultados de estudios ambientales y valorización de tierras que realizó dicha empresa a pedido de la petrolera el año 2011. El resultado del estudio ha sido manejado con total reserva por parte de Pluspetrol.

De otro lado, los apus de las comunidades que integran Fediquep expresaron su malestar y preocupación por la ausencia en la reunión del grupo de trabajo, de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas, ya que en estas reuniones se vienen discutiendo demandas y  reparaciones legitimas de los pueblos indígenas que habitan en el distrito de Andoas, Datem del Marañon, Loreto, en la frontera con Ecuador, quienes conviven con la actividad petrolera desde hace 40 años en ausencia del Estado.

Cabe señalar que la compensación por el uso de tierras en territorio indígena es solo uno de los puntos de agenda que debe resolver el Estado y la petrolera con las poblaciones indígenas, queda pendiente temas vitales como la remediación ambiental y la indemnización por los daños ambientales.

* Integrada por 27 comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza

Oro negro contamina la amazonía

 

No solo la minería ilegal y la deforestación están destruyendo nuestra amazonía.

Escribe Magali Zevallos

La mayor productora de gas y petróleo en nuestro país es la empresa Argentina Pluspetrol, que se encuentra asentada desde hace trece años en territorio de cuatro pueblos indígenas: Achuar, Quechua, Cocama y Urarinas (lote 1AB y 8), en la región Loreto.  La ubicación de los lotes sobre el territorio de estos cuatro pueblos no se ha visto reflejado con ningún beneficio para las poblaciones indígenas, la explotación petrolera ha significado para ellos la destrucción de sus bosques, la contaminación de sus suelos y ríos; la desaparición de sus quebradas y lagunas (cochas), y por ende la depredación de sus únicas fuentes de alimentación.

Es decir, la seguridad alimentaria y la salud de estas poblaciones se encuentran amenazadas.

Para palpar esta realidad fuimos hasta Andoas. El viaje es un desafío, comprende aire, carretera y surcar durante 19 horas los ríos Huallaga, Marañón y Pastaza.  El vuelo de Lima hacia Tarapoto dura una hora; para hacer la conexión a Yurimaguas se requiere de un auto, 125 Km. de carretera, aproximadamente 3 horas de viaje.

Al llegar a la comunidad achuar Nueva Andoas, población que convive desde hace cuatro décadas con la explotación de petróleo,  - primero  con la administración de  Occidental Petroleum y posteriormente a cargo de Pluspetrol - donde se encuentra el Lote 1AB,  que produce más de 15,000 barriles de petróleo por día, no cuenta con un puerto fluvial, hay un aeropuerto de la empresa de uso exclusivo de la petrolera.  Los servicios básicos como agua, desagüe no existen, salvo algunas piletas de agua que han sido colocadas por la empresa.  La cobertura de salud y educación es otro drama.

Pese a los millonarios ingresos generados por la explotación de este recurso, las comunidades de influencia directa e indirecta están abandonadas.  En estas zonas tampoco llegan los programas sociales, la bandera de la inclusión social le sigue dando la espalda a estas poblaciones, que durante décadas vienen sufriendo los embates del impacto acumulativo de la extracción petrolera.

Derrame de hidrocarburo

Del 2007 al 2011, los programas de vigilancia territorial indígena han reportado 112 derrames de hidrocarburos, así lo afirma el informe “Impactos Petroleros en Territorios Indígenas: Experiencias del Programa de Vigilancia Territorial del río Corrientes y los registros de derrames de los Programas de Vigilancia Territorial Indígena”, elaborado por las federaciones indígenas, como: FECONACO, FEDIQUEP y FECONAT.

De los 82 Derrames acontecidos en el lote 1AB, 71 han sido reportados en la Cuenca

del Río Corrientes, 10 en la Cuenca del Pastaza y 1 en la Cuenca del Río Tigre.

Más de la mitad de los derrames identificados han tenido su origen en fallas del ducto de transporte de hidrocarburos, además de los desbordes de los tanques sumideros y de pozas. Las  tuberías que trasladan el petróleo están deterioradas porque fueron instaladas en los años 70.

Emergencia Ambiental

De las cuatro cuencas afectadas por el impacto de las actividades de hidrocarburos: Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre, las dos primeras han sido declaradas en emergencia ambiental.

El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, denunció la inacción del Estado peruano ante la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza, vigente desde hace seis meses (marzo), por lo que demandó la presencia del presidente Ollanta Humala y el jefe de gabinete Juan Jiménez, para que se tomen medidas concretas para dar solución a esta problemática.

“En la cocha Ushpayacu hubo muchos derrames, lo que ha hecho Pluspetrol es llenar con tierra, ahora en esa laguna ya no hay peces.  Se puede destruir una laguna con total impunidad”, se pregunta el apu.

Estas afirmaciones las pudimos constatar haciendo un recorrido de los puntos críticos de contaminación, la quebrada Ushpayacu hoy es un depósito de crudo, el olor es fuerte y se puede observar cómo salen burbujas de color negro. La segunda parada es en la laguna Shanshococha que hace cuatro décadas era la fuente de alimentación de las comunidades, acá se puede ver como flota el petróleo en algunos ojos de agua.

Los bosques y los suelos también han sido impactados.  Se  han deforestado bosques para uso de botaderos, que son pozas excavadas que no cuentan con procedimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos, como el recubrimiento de geomembrana.

Guardianes ambientales

Frente a la ausencia de organismos supervisores y de fiscalización, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el  trabajo que vienen realizando desde el 2007 los monitores ambientales, que se encuentran agrupados en las Federaciones indígenas, ha sido de vital importancia para visibilizar el desastre ambiental en esta zona.

El informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón,  de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, afirma que a la fecha el Estado Peruano no cuenta con un registro que permita identificar los pasivos ambientales derivados de las actividades de hidrocarburos.

“En la selva peruana hay problemas por el abandono de infraestructura petrolera, suelos contaminados por efluentes, derrames, fugas,  emisiones,  depósitos de residuos petroleros en quebradas, ríos, cochas, otros, que aún no se encuentran considerados en instrumentos de gestión ambiental”, sostiene el documento.

Inicio de diálogo

Con la declaratoria de emergencia ambiental en Pastaza se ha iniciado el diálogo entre las comunidades indígenas, Pluspetrol y el Estado.

En la última Asamblea promovida por la Fediquep, Alfredo Zúñiga, gerente de Relaciones Comunitarias de la Pluspetrol reconoció que existe una grave contaminación en la zona.

Está en manos del Estado y las autoridades determinar las responsabilidades de la contaminación y los pasivos ambientales.  Y que los espacios de diálogo permitan revertir la ruptura que hay entre el Estado y las poblaciones indígenas, quienes en nombre del desarrollo viven contaminados desde hace 40 años.