ü Las organizaciones impulsoras, agrupadas en el colectivo Déjala Decidir, denuncian las
difamaciones y calumnias vertidas contra éstas.
La próxima sesión para que la Comisión de Justicia del Congreso
debata sobre la iniciativa ciudadana -respaldada por más de 64 mil personas-está
programada para el 12 de mayo. Integrantes del colectivo Déjala Decidir
denunciaron y rechazaron en una
conferencia de prensa las difamaciones y calumnias vertidas contras las
organizaciones que sustentan el proyecto de ley (03839/2014-IC). Asimismo,
exigieron un debate “democrático, justo, imparcial y laico”.
Rossina Guerrero, directora de incidencia pública de PROMSEX, recordó
que el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, trató de
esquivar lo que establece la Ley de Participación y control ciudadanos. El día
16 de abril, fecha límite del plazo para su discusión (existe como máximo 120
días para que pueda ser debatida la iniciativa ciudadana) trató de archivar
esta iniciativa sin invitar a las organizaciones a sustentarla. Alertó además de
que Eguren abrió la posibilidad para participar en el debate a personas que,
bajo la modalidad de “expertos”, pertenecen todas al ámbito religioso.
Hay que recordar que, de acuerdo al estudio de opinión realizado
por IPSOS Perú en 2013, el 53% de la ciudadanía entrevistada opinó que sí se
debería permitir el aborto en caso de violación. Además, en la mayoría de los
países en donde se ha logrado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres
no se penaliza el aborto, es el caso de países como Uruguay, España, Canadá o
Estados Unidos. Países como Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador tampoco lo
penalizan cuando se trata de un embarazo resultado de una violación. Sin
embargo, en el Perú está penalizado, siendo además el país con mayor tasas de
denuncias por violación sexual de toda América Latina. Se estima que se producen
cada año 35.000 embarazos por violación, según la investigación “Apuntes para
la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007.
Por otro
lado, rechazaron y denunciaron las
difamaciones vertidas contra las organizaciones promotoras. En la anterior
comisión celebrada el 28 de abril,
la ponente Amparo Medina, Presidenta de la Red Pro-Vida y Familia de
Ecuador, acusó a la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, a la
ONG Católicas por el Derecho a Decidir y al Fondo de Población de las Naciones
Unidas de impulsar el aborto en el continente
latinoamericano y de tener fines de lucro para esta (supuesta) iniciativa. Además
de cuestionar la financiación de las organizaciones, llegando a afirmar que
Católicas por el Derecho a Decidir recibe fondos de la revista Playboy.
“Exigimos a la Comisión un debate imparcial en el marco de un Estado
laico. Rechazamos las afirmaciones de estas personas, pertenecientes a grupos
extremistas religiosos, que relativizan además el dolor de las mujeres violadas
sexualmente, y que producto de ello han quedado embarazadas”, afirmó Gladys
Vía, de Católicas por el Derecho a Decidir. “Creemos que las Iglesias están para que se viva la fe, y el Estado está
para garantizar los derechos de todos, en especial de las mujeres”, declara Vía. Según datos del
Ministerio de la Mujer, 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están
vinculadadas a un aborto inseguro. “Debemos decir alto a estas calumnias sin
sustento, que tratan de deslegitimar a las organizaciones y a esta propuesta, y
de generar temor entre la población”, afirmó Liz
Meléndez, directora de Flora Tristán.
Por su parte, María Ysabel Cedano, directora de Demus, calificó de
“falsas” las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez,
afirmando que “fueron las ONG que piden ahora la despenalización del aborto por
violación sexual, las que pidieron aprobar las AQV (Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria)”. Cedano explicó que rechazaron la campaña de esterilizaciones
forzada llevada a cabo por el exmandatario Fujimori pues configuró un crimen de
lesa humanidad. Asimismo, Cedano recordó a la congresista que el Estado peruano
violó los derechos humanos de María Mamérita Mestanza, tal y como quedó reconocido
en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado por
el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La
única política contra las maternidades voluntarias fueron las esterilizaciones
forzadas y las violaciones que sucedieron en el conflicto armado interno”,
especificó la directora de Demus.
No hay comentarios:
Publicar un comentario